Equidad universitaria vs. Equidad social

Desde la condición de universitario de clase media, es fácil decir que no todos los venezolanos deben ingresar en una universidad puesto que un país también requiere ciudadanos que contribuyan y produzcan desde otros ámbitos. Eso tiene lógica y razón de ser, pero no es fácilmente sustentable cuando quien argumenta cuenta, precisamente, con la fortuna de ser estudiante universitario. El tema es traído a colación porque la propuesta del Ministerio de Educación Superior de la confección de un nuevo Sistema Nacional de Ingreso podría resumirse, escuetamente, en la idea de que todo el que quiera ingresar a una casa de estudios superiores lo haga.

Buena parte de los rectores de distintas universidades del país han coincidido en el espíritu de la propuesta del ministro Acuña pero discrepan en cuanto a los mecanismos y otros detalles. El planteamiento prevé una atención preferencial para bachilleres “pertenecientes a sectores sujetos a exclusión social” y ese ha sido su punto más polémico, primero por las condiciones del trato preferencial, el número de cupos y, luego, por la imprecisión de la propia población mencionada. De momento, no nos atrevemos a asegurar que la posición social sea, per se, un aval que le garantice al Estado la voluntad y el rendimiento que la universidad reclama, de la misma manera en que no abogamos por lo contrario. No creemos que la pobreza –o la comodidad, o la opulencia- sean condiciones determinantes o susceptibles de preferencia a la hora de obtener un cupo en la universidad. Ahora bien, detrás de la condición socioeconómica y la opresión hay, en este contexto, un problema más trascendental, nada oculto y relevante: el acceso a la educación media y diversificada y, en última instancia, la calidad de esa instrucción. Y entonces surge la inquietud ¿cuántos venezolanos de los estratos sociales bajos ingresan a la universidad?

Pensamos que hay que estar claros en que la universidad venezolana es excluyente, pero también hay que apuntar que eso no es un capricho de la universidad. El sistema de ingreso (CNU/Prueba Interna/Acta y convenio) es profundamente imperfecto, pero su exclusión es también el producto de un sistema que es excluyente en todas las demás esferas de la vida nacional. ¿O acaso es incluyente que el niño que vive en el barrio no pueda comer decentemente, jugar libremente y, finalmente, acceder a una educación digna en una escuela digna? Entonces hay que preguntarse, cuando menos, dónde comienza la exclusión, quién la propicia o quién la permite.

La prueba de aptitud académica del Consejo Nacional de Universidades, altamente viciada e ineficaz, ha quedado eliminada. Igualmente, desde el Ministerio se ha manifestado la intención de suprimir las pruebas de admisión internas que tienen algunas universidades, exámenes que serían sustituidos por un análisis de las notas de los alumnos con respecto a los compañeros de sus propios planteles y por un proceso de consignación de documentos personales. Nosotros comprendemos la necesidad de un redimensionamiento del sistema de ingreso, pero creemos que ello no debería pasar por la eliminación de exámenes que, con todo, si son bien formulados, son los únicos instrumentos que tratan indiscriminadamente a la masa estudiantil: las mismas preguntas para un grupo numeroso, del que sólo ingresan quienes contesten mejor. Ciertamente la oferta es mucho más reducida que la demanda, pero eso obedece a un tema de capacidad física, docente y presupuestaria. Entonces nos preguntamos no sin ingenuidad, ¿el Estado está apuntando adónde debe? O, ahora con suspicacia, ¿será que, más que revolucionaria, la propuesta es simplemente demagógica?

No pretendemos tener la razón absoluta, pero consideramos que hay cierta distorsión sobre la idea de universidad y sus funciones, pues ésta es, por definición, una élite, por cuanto comprende a un grupo selecto –siempre tiene que haber mecanismos de selección- que se debe a la productividad de un país desde la academia, la investigación. Una universidad de espaldas al país es aquella que es vista como una fábrica de títulos en serie, una opción para conseguir trabajo o, peor aún, como un donativo social. En este punto, tomamos en cuenta una de las múltiples y pertinentes reflexiones del profesor Orlando Albornoz, pues mucho se habla del ingreso, pero ¿qué pasa con el egreso?, ¿qué ocurre en el campo laboral? y, también, ¿qué papel tiene ahora para el Estado venezolano la educación superior en contraposición a la educación familiar y ciudadana? La universidad, insistimos, es un espacio para la creación, el debate y la producción de conocimiento que es una de las formas de contribuir con la nación. Pero no es un espacio impermeable, sino uno conectado con su entorno y tan lleno de vicios como esa realidad que le da contexto, en la cual creemos, ha de residir alguna posible solución. Esto es, consideramos que la realidad universitaria no puede ser tratada como algo diametralmente diferente de realidad social, pues la una está imbuida por la otra, por lo cual a la hora de una reestructuración sería menester revisar, minuciosa e inteligentemente, las variables del entorno.

Nuestro llamado no tiene que ver con los gritos vacíos de autonomía, ni con las pintas que, apartando los insultos, demandan una universidad “vestida de pueblo”. Nuestro llamado está orientado hacia la construcción de universidad llena de jóvenes talentosos, vengan de dónde vengan, una universidad justa y equitativa y, ante todo, hacia la consolidación de una sociedad con iguales y sinceros niveles de justicia y equidad.

¿Beligerancia o no beligerancia?

La mediación del Presidente Chávez en el conflicto colombiano ha sido un tema que ha dominado las discusiones desde finales de 2007, subiendo de tono en el último mes, de forma paralela al marcado deterioro de las relaciones bilaterales Venezuela – Colombia.

Ciertamente, el papel de mediador requiere de un mínimo de imparcialidad por parte de aquel que lo vaya a desempeñar. Sin embargo, no fue este el caso del Primer Mandatario nacional, que en ningún momento ha dejado de exhibir con quién restan sus simpatías. Y nosotros no podemos dejar de señalar que eso de la no injerencia e intervención en los asuntos internos de otras naciones es una hojilla que corta para los dos lados. Por ejemplo: ¿Qué diría el Presidente Chávez si el Presidente Uribe exige la liberación de los comisarios de la PM?

En todo caso, ciertamente la situación de conflicto en Colombia nos afecta por el desborde de la violencia y criminalidad a través de la frontera. Sin embargo, lo primero que hay que hacer es activar planes integrales y estratégicos de seguridad fronteriza, que nos parece que han estado sospechosamente fuera de la discusión, mientras que el sicariato, el narcotráfico, el secuestro y la criminalidad se multiplican en Zulia, Táchira, Apure y otros estados cercanos a la frontera (¿No sintieron espanto con el reciente asesinato de un alto capo de la droga colombiano en Mérida, mientras estaba cómodamente instalado en un chalet?).

Es preocupante el torrente de insultos que el Presidente Chávez le ha venido propinando a su homólogo de la hermana República. Lamentablemente, las formas sí importan en diplomacia y esa retórica incendiaria, en medio de una situación tan delicada, puede tener resultados desastrosos. El término “bélico” ha empezado a ser utilizado, en un contexto donde Venezuela no sólo es mucho más endeble militarmente hablando, sino que además ni siquiera se garantiza su propio abastecimiento de alimentos. De hecho, ésta es una de las mayores debilidades estratégicas que existen en geopolítica (sin considerar que mucho de lo que comemos viene de Colombia).

Nosotros llamamos a la calma y advertimos que hay guerras que han empezado por menos que esto: dos gobiernos ideológicamente antagónicos, con un posicionamiento geopolítico diametralmente opuesto, con diferendos territoriales, dos mandatarios ególatras con rivalidad personal, y una larga frontera presa de cualquier clase de situaciones de criminalidad, narcotráfico, contrabando y corrupción. Prudencia, cordura y mesura es lo que exige la situación.

De igual forma, no se debe olvidar que Álvaro Uribe, más allá de nuestra opinión acerca de su gestión o perfil ideológico, ha sido electo dos veces con porcentajes contundentes y actualmente cuenta con más del 70 % de popularidad. De esta forma, no resulta muy lógico o respetuoso con el pueblo colombiano, referirse a su Presidente como si de un usurpador se tratara.

Ahora, respecto a la propuesta del Presidente Chávez: ¿Beligerancia para las FARC-EP? Es una pregunta compleja.

Existen razones estructurales que han permitido el surgimiento de las FARC-EP y otros grupos insurgentes y si estas desigualdades (como la falta de movilidad social vertical de la sociedad colombiana) no son atendidas, poco podrá hacerse en favor de la paz. Los asesinatos de rebeldes desmovilizados en Colombia (M-19), por ejemplo, no son cuentos de camino. Y una de las razones de que no se firme el TLC con los Estados Unidos es que los legisladores demócratas exigen mayores investigaciones sobre los asesinatos de sindicalistas y los vínculos del gobierno con los paramilitares.

Sin embargo, es importante destacar qué significa el status de beligerancia. La beligerancia implica reconocer que el conflicto armado dentro de un Estado constituye jurídicamente un estado de guerra, en el cual los actores participantes se rigen por las normas pertinentes, o son considerados iguales en sus condiciones y facultades por un tercer Estado que se declara neutral (en este caso, Venezuela). La beligerancia en sí misma no tiene nada que ver con retirar a las FARC-EP de la lista de grupos terroristas, aunque ciertamente el retiro de esa etiqueta respaldaría la búsqueda de reconocimiento formal por parte de esta organización insurgente.

Asimismo, el status de beligerancia no es una condición sine qua non para que existan conversaciones de paz. De decidirlo así, las FARC-EP y el gobierno colombiano podrían sentarse a negociar hoy mismo. De tal forma, que son falsas las acusaciones de aquellos que plantean que el no darle el status beligerante a las FARC-EP es una forma de apoyar la prolongación de la guerra.

Asimismo, si bien las FARC-EP son una organización que ha venido prostituyendo sus principios ideológicos a favor del narcotráfico y el terrorismo, no están solas en su brutalidad. Los paramilitares (AUC / Águilas Negras) son por mucho el principal generador de violencia y crímenes de derechos humanos en Colombia, a decir del mismo Departamento de Estado. Y el Ejército no se queda atrás.

Si Uribe se pudo sentar a negociar con las AUC, ¿por qué no hacerlo con las FARC-EP, ofreciendo concesiones similares?

Asimismo, hay condiciones necesarias que debe cumplir una organización para que le sea otorgado un status de beligerancia. En primer lugar, debe haber una situación de guerra u hostilidades generalizadas en el país. Aunque la situación de conflictividad en Colombia es dramática y elevada, creemos que ha disminuido mucho desde los años noventa como para hablar de “situación de guerra” como tal.

En segundo lugar, debe existir un control por parte de los insurgentes de porciones del territorio. En este sentido, es innegable que las FARC-EP controlan territorio pero, de nuevo, lo hacen en mucha menos medida que hace una década, aunque el Presidente Chávez afirme que limitamos al oeste con las FARC.

En tercer lugar, los insurgentes deben tener alguna forma de gobierno y organización militar propia. Las FARC-EP tuvieron durante el gobierno de Andrés Pastrana un territorio bajo su jurisdicción, pero ahora están muy disminuidas en ese sentido. Sin embargo, sí cuentan con un Ejército propio, al menos en lo referente a su estructura jerárquica.

En cuarto lugar, las FARC-EP deberían ejercer el control administrativo de su territorio para optar al status de beligerancia. Sin embargo, la efectividad de éste se ha visto reducida en una proporción importante durante el gobierno de Álvaro Uribe, y si no que lo diga el niño Emmanuel, de quien desconocían su ubicación. Si efectivamente tienen un control administrativo del territorio, ¿cuál es la necesidad de tener campamentos de secuestrados en condiciones tan miserables y moviéndose permanentemente?

Por último, los insurgentes deberían poder cumplir con el derecho de la guerra. En este sentido, se destaca que las FARC-EP no se han ganado su título de terroristas de forma inmerecida. Si están en condiciones de cumplir con la Convención de Ginebra, nos parece que deberían comenzar por hacerlo y luego exigir beligerancia.

Sin embargo, ProMedio tiene una posición de principios que parte de tres interrogantes cruciales: ¿Es suficiente la liberación de tres personas (y tres más por venir) para eliminar la etiqueta de terroristas de las FARC-EP, a pesar de que mantienen privadas de su libertad a centenares más? ¿No deberían las FARC-EP renunciar antes a las tácticas terroristas como el secuestro y el asesinato de civiles, antes de demandar que les sea reconocida su beligerancia? ¿Venezuela no debería exigir la liberación de sus ciudadanos y el cese de operaciones de la guerrilla en su territorio antes de brindarles apoyo político?

De trastornos bipolares y otros absurdos

El último post que escribimos en ProMedio fue el “Post-Electoral”, donde rescatábamos la frase del Presidente que invitaba a la oposición a “administrar su triunfo”. Desde esa fecha hasta acá han sucedido varias cosas interesantes.

La frase del Presidente Chávez (“no se desboquen”) no tuvo jurisdicción sobre su propia persona. Los días posteriores al 2D, el Presidente Chávez sufrió una severa resaca post electoral que dejó ver su descontento, su decepción, y sus ansias de revanchismo. Se apostaron numerosas vallas en el país con la frase: “Por ahora” (al menos no fue la tan mentada “Victoria de mierda”).

El Presidente Chávez no asimiló su derrota. Culpó a sus seguidores, e incluso llegó a renegar de aquellos que utilizaron la “excusa” de sentirse mal por “no haber cobrado una misión, porque tal alcalde me cae mal o porque no han recogido la basura de mi calle”. Para el Presidente Chávez, esas no eran razones para que sus seguidores le dieran esa puñalada trapera que lo llevó a decir: “En el 2013 me voy, ustedes tienen la culpa”. Sin embargo no ha perdido oportunidad para sugerir la posibilidad de una enmienda orientada directamente a permitir la reelección continua, cuestión que no perderemos de vista.

Por su parte, la oposición tampoco supo finalmente administrar su victoria. Comenzaron los protagonismos de mano de personajes como Manuel Rosales y su UNT, quienes pretendieron capitalizar el triunfo a su favor.
Pero llegó la navidad, y con ella un giro de 180º por parte del Presidente Chávez. ¿De un polo a otro? ¿Bipolar? La cuestión es que lanzó un par de rectas que la oposición no esperaba: Ley de Amnistía y cambio de gabinete.

Vamos primero con la ley. La amnistía presidencial realmente fue amplia. Los casos más emblemáticos: Los firmantes del Decreto Carmona, la detención de Rodríguez Chacín, así como las diferentes tomas y allanamientos, producto de los sucesos del 11A.

Pero no todo era perfecto y la oposición parece ser difícil de complacer. Ninguna amnistía es completa y, en este caso, el margen fue el mínimo: procesados por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los DDHH, además de quienes no se hayan puesto a derecho. Los comisarios de la PM están siendo procesados por delitos de este tipo y Nixon Moreno, acusado por violación, no se ha puesto a derecho, cosa que sin embargo no fue freno para que fuera absuelto por otros casos como la toma de la Gobernación de Mérida.

La exigencia de la oposición respecto a este punto no es pertinente. Creemos que lo adecuado sería hacer un gran esfuerzo conjunto no en solicitar la amnistía, sino en exigir y garantizar un proceso justo, con apoyo de los medios (no para ponerse un filtro amarillista y mostrar a las familias llorando, sino para presionar a los fiscales). Eso sí, no se olviden de exigir lo mismo para los miles de presos sin relevancia política, que también tienen meses, años, esperando un juicio, una sentencia.

No somos quiénes para juzgar a los comisarios, no hemos visto el juicio, ni las actas. Tampoco somos abogados, pero nos parece que se le hace un flaco servicio a estos ciudadanos si en vez de tratar de garantizarles un proceso equitativo, luchando de frente contra la politización del sistema judicial (¿o el 2D no demostró que sí se puede?), se arremete insensatamente contra una amnistía que fue un gesto correcto.

En cuanto a los enroques ministeriales, se buscó limpiar un poco la imagen del Ejecutivo y bajar de tono el perfil radical que había adoptado desde el último cambio. Se colocaron expertos en la materia y no sólo agentes políticos. La vuelta de Andrés Izarra y la designación de Ramón Carrizales, funcionario serio y poco mediático, así lo demuestran. Lo curioso es que Nicolás Maduro sobrevivió al cambio y se mantiene en la cartera de Relaciones Exteriores. Curioso porque los últimos traspiés del Presidente se han dado justamente a nivel internacional, y sobre todo desde que Maduro dirige la Cancillería, lo que deja mucho que pensar sobre el verdadero papel del Ministro.

El Presidente Chávez anunció la necesidad de refundar el Polo Patriótico, indicó deseos de acercarse a la clase media y a la burguesía y anunció su disposición de acabar con los grandes problemas sociales: inseguridad y desabastecimiento.

Amanecerá y veremos. Por lo pronto, los operativos de seguridad se han traducido en aumento de la matraca policial (no sabemos cuándo van a entender que el enemigo está dentro de los cuerpos de seguridad) y todavía no se consiguen leche, pan, azúcar, ni otros rubros de la cesta básica. Por el contrario, se anuncia pronta escasez de café, con insospechadas consecuencias para la vasta población cafeinómana de este país.