¿"Medio" golpe?

No deja de ser indignante cómo algunos medios de comunicación han decidido ignorar la gravedad de los acontecimientos ocurridos en Honduras y, concretamente, cómo han evadido el sintagma nominal “Golpe de Estado” en sus contenidos.

Dado que no podemos presentar a nuestros lectores un estudio riguroso sobre el tratamiento que los medios venezolanos han dado al Golpe del día de ayer, nos concentraremos en comentar algunas intervenciones de algunos de los periódicos de circulación nacional y regional.

Sin ahondar demasiado en detalles, si sólo nos limitamos a leer los titulares de algunas portadas de la prensa venezolana del día lunes 29 de junio, veremos no sin preocupación, por ejemplo, que Tal Cual es el único periódico escrito en Caracas que, siendo abiertamente de oposición, habla de Golpe de Estado en su portada-editorial (“Golpe en Honduras”).

El titular de primera página de El Nacional es, probablemente, el menos feliz de la jornada: “Poderes públicos aprobaron la destitución de Zelaya”. Acá no hay rastros de Golpe militar, ni de violencia, ni de protestas. Al contrario, ese titular podría ser aplicable a un largo juicio en que los poderes públicos, autónomos y apegados a la magna constitución hondureña, determinan, con evidencias y sentencias justas, que hay que relevar a Zelaya de sus funciones, dándole, seguramente, un lapso prudente a él y a su familia para que abandonen la residencia presidencial. Este titular no sólo ignora la gravedad del golpe, sino legitima la actuación de los militares hondureños y da un espaldarazo –no tan indirecto- a Michelletti.

Consideramos que ese titular es un grave error, porque atenta contra la verdad de los hechos y contra la inteligencia de los lectores. El periodismo existe para mostrar los hechos como son, no para enseñar el ángulo más bonito de la realidad, el perfil menos feo de la vida. Por eso ese titular nos avergüenza, porque habla muy mal del manejo que los medios hacen de la realidad, corriendo el riesgo de poner en crisis –más aún- su credibilidad. Nos avergüenza porque intuimos que detrás de ese titular no hay más que vaciedad, indolencia y estupidez, y eso nos duele porque El Nacional, además de una empresa, es una institución para el periodismo venezolano; y duele -y repugna- que sacrifique su tradición de una manera tan baja. La evasión, sin embargo, no causa extrañeza si recordamos el hecho consabido de que en 2002 el mismo periódico ordenó a sus periodistas que sustituyeran en sus textos “Golpe de Estado” por “vacío de poder”.

El Universal, otro ícono del periodismo venezolano, se contentó con escribir “Honduras en vilo” y aunque un poco menos insensato que el titular citado, éste también revela una voluntad de evasión que atenta contra la verdad. Ciertamente, todo hecho puede ser visto de una y mil maneras, pero ante un delito la noticia es el delito y, en todo caso, un testigo –¿qué son los periodistas y los medios sino testigos vivos?- no está en posición de absolver al delincuente.

Del mismo modo, otros periódicos tuvieron titulares bastante evasivos y eufemísticos (casi inverosímiles) como el del 2001: “Jefe del Congreso asume presidencia en Honduras”. Por ese orden, El Carabobeño tituló “Congreso destituyó al presidente Zelaya”, el Correo del Caroní se inclinó por “Destituido presidente de Honduras”. Pero creemos que uno de los menos atinados es el del diario La Hora, de Nueva Esparta: “Chávez advierte a Honduras con la guerra y afirma que la FANB ha sido puesta en alerta”. Vale acotar que además de la incómoda sintaxis y la rara extensión del titular, la portada está acompañada por una foto en la que aparece Michelletti muy sonriente, a cuatro columnas, con pose presidencial. Los diarios larenses no se quedan atrás con “Toque de queda en Honduras” (El Impulso) y “Venezuela en alerta militar por Honduras” (El Informador). Otro que llama poderosamente la atención es el del diario tachirense La Nación, el cual decidió titular, como en un cuento de hadas: “Nuevo presidente en Honduras: expulsado Zelaya a Costa Rica”. También destaca el titular de El Siglo: “Fuerza armada en alerta”; así como el de La región: “Toque de queda en Honduras”, diario en el cual este titular aparece jerárquicamente de tercero en la página, después un flamante cintillo de Michael Jackson y de la noticia de un arrollamiento.

Hay que destacar que algunos periódicos regionales fueron mucho más atinados y frontales al momento de dar cuenta de los hechos, llamando Golpe al Golpe. Sin embargo, la mayor parte de estos son medios afiliados al oficialismo, lo cual nos parece menos loable, habida cuenta de las buenas relaciones de los presidentes de Honduras y Venezuela. Lo que queremos subrayar acá es la falta de sensatez con que la mayoría de los medios impresos más críticos al gobierno han tratado, casi en bloque, el Golpe Militar ocurrido ayer en la nación centroamericana, confundiendo, en nuestro criterio, una cosa con la otra y, sobre todo, el rol de agente político con el rol de medio de servicio público, torpemente por cierto.

En este sentido, no puede pasar inadvertido el comunicado del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) sobre la situación en Honduras, en el cual a pesar de condenar las acciones de los golpistas contra los medios de comunicación y el derecho a la información, se afirma que el "CNP no pretende fijar posición en torno a la crisis política, ni opinar sobre el fondo del asunto, de modo tal que ello pudiera ser considerado como injerencia extranjera en un asunto nacional”.

Es evidente que el CNP sí fija una posición mientras afirma precisamente que no pretende hacerlo. Calificar un Golpe de Estado como una “crisis política” ya es todo un manifiesto político. Por cierto, bien debería saber el CNP que una característica común a todas las tiranías y autocracias es invocar el derecho a la “no intervención extranjera” en sus asuntos internos, como una manera de pasar un manto de silencio sobre sus tropelías y abusos.

Asumiendo este tipo de actitudes sutiles, eufemistas y preciosistas, los medios venezolanos y el CNP sólo contribuyen a incrementar su propio descrédito doméstico e internacional, haciéndole un flaco servicio al gremio. Los invitamos, ahora, a examinar concienzudamente el asunto y preguntarse si parte de la indiferencia de la “comunidad internacional” a muchos de los abusos reales que se cometen en Venezuela contra la libertad de expresión y el derecho a la información, no estará motivada, precisamente, por el rechazo que generan unos medios que actúan abiertamente al servicio de intereses políticos y un gremio que, acaso sin proponérselo, sacrifica su ética profesional en el altar de la polarización.

Ojalá esta modesta crítica sirva de alerta. No podemos perder la facultad del entendimiento. No podemos permitir que nuestro oficio siga convirtiéndose en un instrumento de las opiniones y líneas políticas más insólitas. Y si no lo decimos nosotros, entonces quién.

ProMedio se pronuncia en contra del Golpe de Estado en Honduras

Apegados a los principios que rigen este grupo, consagrados en nuestro Manifiesto y, sobre todo, respondiendo a los principios democráticos que nos rigen como ciudadanos; los integrantes de ProMedio manifestamos, por esta vía, nuestro profundo desagrado por los hechos suscitados hoy en la República de Honduras.

En horas de la mañana, y luego de haber logrado un clima de calma y de diálogo para resolver la crisis política de las últimas semanas, el ejército de Honduras ha hecho preso y ha expulsado del país al Presidente legítimamente electo de esta hermana república, Manuel Zelaya.

No nos pronunciaremos acá sobre los detalles de la crisis que ha desembocado en tan vergonzosa actuación militar, puesto que sería irresponsable de nuestra parte sentar posición sobre temas de política interna que no conocemos sino superficialmente, pero sí expresamos nuestra convicción de que los caminos del diálogo y del debate siempre serán los únicos válidos y legítimos para dirimir las diferencias entre los factores políticos de cualquier país. Sí sostenemos que, independientemente de las conductas de los presidentes electos por el pueblo, nada justifica un golpe de Estado, puesto que siempre que haya institucionalidad y transparencia, habrá mecanismos soberanos para que los mandatarios se adecuen a sus funciones y se pongan a derecho y al servicio exclusivo del pueblo que decidió transferirle ciertas competencias. Pero, en todo caso, la voluntad popular no puede ser irrespetada por nada ni nadie.

No es tarea de los militares, ni debe serlo nunca, el inmiscuirse en los asuntos civiles, mucho menos si dichos asuntos se refieren al hecho político. Y es motivo de indignación, incluso más que el hecho de barbarie militar, el aval civil que otros poderes del Estado hondureño están haciendo sobre el golpe.

Creemos que ya son etapas históricamente superadas en Latinoamérica, aquellas donde las diferencias políticas son arregladas bajo la imposición del poder militar dentro de un mismo país. Creemos firmemente en la democracia, y creemos por ende, que los uniformes, las botas y las balas no son compatibles con las elecciones, el diálogo y el debate.

Esperamos que la comunidad internacional sepa presionar de manera firme a aquellos apologistas del militarismo que hoy pretenden hacer borrón y cuenta nueva en Honduras, y que no solo su accionar se quede en los pronunciamientos y las resoluciones, sino que busquen, por vías no violentas ni ilegales, la vuelta al país de Manuel Zelaya ejerciendo el cargo para el que fue electo, y del que sólo podrá separarse cuando el mimo pueblo que lo eligió, decida que ya no debe estar allí, o en todo caso, cuando constitucionalmente le corresponda entregar el cargo a un nuevo Presidente elegido por la vía electoral.

Política y medios: El Show, ¿debe continuar? (y II)

Guerra de poderes

Si le metemos la lupa al enfrentamiento histórico entre el Gobierno y los medios privados nos podemos encontrar con cosas interesantes. En primer lugar descubriremos que el asunto no es nuevo. Es famoso el caso del veto a Luis Herrera Campins por parte de los canales privados de televisión, debido a la decisión tomada por su gobierno de sancionar a varios canales con la suspensión de la señal por haber trasmitido cuñas de cigarros. Otro caso ocurrió cuando, luego del golpe del 4F, el gobierno de Carlos Andrés Pérez prohibió a los medios de manera informal sacar información sobre el entonces reo y militar golpista, Hugo Chávez. En el segundo gobierno de Rafael Caldera se planteó la realización de una ley para regular contenidos de los medios audiovisuales, muy parecida a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y la Television, e incluso, fue en este gobierno cuando se escuchó por primera vez aquello del derecho a la información veraz. Por su parte Jaime Lusinchi sufrió el ensañamiento de parte de los canales privados al final de su mandato cuando explotó el tema de Blanca Ibañez, incluso Venevisión sacó al aire una novela donde un personaje cometía hechos de corrupción engañado por su amante-secretaria en clara referencia al caso Lusinchi-Ibañez.

Actualmente el Gobierno Nacional y los medios se reclaman unos a otros abusos y atentados a la libertad de expresión. Pero el asunto es que, en Venezuela, las líneas se difuminan. Los medios son compañías privadas, manejadas por grandes representantes de la oligarquía criolla: los Cisneros, los Phelps, los Zuloaga. Son poderes fácticos que utilizan sus recursos mediáticos y económicos para subyugar o manipular al poder político. En algunos casos, como se observa claramente con Alberto Federico Ravell, los directivos de estas empresas asumen directamente un rol de conducción política, lo que en sí mismo puede no constituir una falta, si se admitiera sin medias tintas y con una clara diferenciación entre la labor informativa de la empresa y los objetivos político-partidistas personales.

Por su parte, el Gobierno Nacional pretende presentarse como víctima de una conspiración mediático – económica cuya inmensa fuerza sólo podría ser contenida gracias al apoyo incondicional del “Pueblo” (vocablo que en este caso parece no incluir a, mínimamente, ese 38% de los electores que no votó por el Presidente Chávez en 2006, y que aparentemente tampoco son ciudadanos en el pleno uso de sus facultades mentales, de acuerdo con la línea editorial oficial).

Sin embargo, esta pretensión está distorsionada en la medida que en Venezuela históricamente el máximo poder económico ha sido siempre el Estado. Y particularmente a partir de los últimos seis años, este Estado inmensamente rico ha sido puesto al servicio del Gobierno del Presidente Chávez, con recursos que superan con creces a los de cualquier conglomerado oligárquico que pueda existir en Venezuela, como lo evidencian las amenazas y acciones concretas del Ejecutivo contra los Phelps, Cisneros, Mendoza o Zuloaga. Si la correlación de poder fuera otra entre el sector privado y el Gobierno, no veríamos al Presidente Chávez tan confiado en sus políticas vis a vis los grandes grupos empresariales.

Asimismo, el poder económico del Estado está siendo utilizado para construir un poder mediático al servicio de éste. Al menos cuantitativamente, los resultados hasta ahora han sido importantes. A primera vista, vienen a la mente VTV, TVES, Telesur, ANTV, Ávila TV y Vive TV, sólo en lo referente a los medios televisivos. Esta estrategia parece corresponderse con lo que Andrés Izarra ha denominado la necesidad de lograr una “hegemonía comunicacional” como condición sine qua non para el éxito de la Revolución Bolivariana.

Ahora, el hecho de que estos medios no tengan éxito en las mediciones de audiencia se corresponde más con una pésima gestión que con la carencia de recursos, tal como lo ha señalado Pasqual Serrano, uno de los editores de Rebelión. Tal vez, si el Gobierno Nacional hiciera un uso más eficiente de estos medios no tendría necesidad de retirar las concesiones a otras plantas televisivas.

La guerra entre Chávez y los medios es tan solo un capítulo más del enfrentamiento entre la política y quienes manejan el capital privado. Incluso, podría definirse como la lucha entre una élite político – económica que busca mantener sus cuotas de poder y una nueva élite político-económica que busca surgir. No queremos con esto disminuir el hecho tácito de que al Presidente Chávez le molesta la disidencia. Eso es algo que ha demostrado no sólo con los medios y la oposición, sino también con todos los que se han “atrevido” a manifestar desacuerdos: adversarios, aliados, líderes comunitarios, miembros del gobierno, del PSUV, sindicatos, "intelectuales", etc.

El punto que buscamos enfatizar es que Globovisión, Venevisión, Televen o RCTV no son los grandes defensores de la democracia que tanto se autoproclaman. Cada uno de los dueños de estas televisoras posee intereses de índole económica que están seriamente amenazados con un gobierno como el del Presidente Hugo Chávez. Bajo esta premisa, son realmente posibles capítulos negros como los de Abril de 2002, o temas tan vergonzosos como el de Alberto Federico Ravell fungiendo de dirigente opositor, e incluso el del pacto Cisneros – Presidente Chávez. Es el mismo enfrentamiento histórico pero con un elemento novedoso: El poder político ha asumido las estrategias de guerra del poder económico y el poder económico está asumiendo las más negras estrategias del poder político. Toda una crisis de identidad.

Queda claro que los medios no están cumpliendo con varias de sus funciones, y están ejerciendo otras que no les son inherentes. Los extremos son malos, como reza el lugar común, y en eso estamos de acuerdo. Globovisión crea en su audiencia un ejército de alienados y apologistas de la violencia que invocan de manera irresponsable un artículo 350 que ni siquiera saben cómo manejar, sin mencionar el daño grave que Ravell está haciendo desde hace años a la oposición, a la política nacional en general y al periodismo venezolano.

Venezolana de Televisión, por su parte, abandona su rol como canal “del Estado” para convertirse en órgano propagandístico de un partido, el PSUV (porque es importante destacar que no todas las organizaciones afines al proceso político encabezado por el Presidente Chávez tienen cabida allí). VTV también aliena a su audiencia, inculcando valores antidemocráticos, como la exaltación del culto al personalismo, y ocultando la mayoría de los problemas graves y reales que sufrimos los venezolanos.

En Venezuela necesitamos medios y programas que entretengan, pero también otros que contribuyan con la formación ciudadana, cognitiva, ética, así como otros que informen de manera veraz e imparcial, que no asuman actividades de proselitismo político y que rescaten los valores deontológicos del ejercicio del periodismo. La Comunicación Social es un arma peligrosa, que puede canalizar y resolver muchos de los problemas de una nación ejerciendo una correcta actividad de contraloría social, de información y de opinión, sin construir realidades paralelas o artificios dicotómicos, y sin promover violencia, es decir, mostrando las cosas como son, más allá de lo trivial y lo aparente (o intentándolo) y, por supuesto, promoviendo el diálogo y la conciliación. Los mass media deben necesariamente replantearse, y eso no se logra cerrando medios sino dando el ejemplo de lo que se debería hacer, cosa que no está ni remotamente cerca de haberse logrado con la apertura de nuevos medios por parte del Gobierno Nacional. Llama la atención que no solo José Vicente Rangel y Vladimir Villegas hayan expresado su desacuerdo con una virtual medida de cierre de Globovisión, sino que también los partidos aliados del Gobierno Nacional (PCV y PPT) se han pronunciado en contra de tal escenario. Ningún medio tiene la verdad en sus manos, lo que sí tienen es una responsabilidad que ya va siendo necesario asuman como tal.

A nadie le conviene más el cierre de Globovisión que a los dueños y directivos de Globovisión. De hecho, tal vez ellos estén apostando a que los cierren. En este juego de poderes, poco parece importar el destino y bienestar de los cientos de trabajadores que dependen de esa planta.

Eventualmente, tanto el Gobierno como los dueños de Globovisión pueden terminar arrepintiéndose. Los intentos por monopolizar la capacidad de manipular al pueblo ignoran que éste terminará por desarrollar su propia conciencia, trascendiendo los polos políticos y sus ideologías.

Gritar insultos es tan fácil como señalar y mandar a callar (sobre todo cuando se tiene poder). El asunto aquí es recordar que el pueblo no es un telón de fondo detrás del conflicto entre un medio de comunicación y un gobierno. El asunto es recordar que los medios de comunicación y los gobiernos no están para el goce de unos pocos (de ellos mismos), sino que ambas entidades sociales constituyen dos formas de servir al público. Cualquier manifestación contraria es, por lo menos, anti-progresista. Es decir, regresista.

Política y medios: El Show, ¿debe continuar? (I)

Una discusión de vieja data

Nuevamente los medios masivos son el punto focal en la agenda de la opinión pública nacional. Las recientes amenazas del Presidente de la República sobre tomar medidas extremas contra Globovisión, han colocado el tema de la función de los medios en nuestro país como principal centro de interés, una discusión que ya posee años de altibajos en el país.

El debate sobre el papel de los medios, en especial de la televisión, no es algo nuevo. Hace poco, ante la promulgación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y, luego, con el tema de Radio Caracas Television (ahora conocida como RCTV Internacional) y la creación de la Televisora Venezolana Social (TVES), re-descubrimos el proyecto RATELVE impulsado por el teórico venezolano Antonio Pasquali y otros insignes comunicólogos del Instituto Nacional de Investigaciones de la Comunicación (ININCO). Ese proyecto vio luz en los años 70 y, desde entonces, el tema va y viene según la coyuntura que lo impulsa o lo regresa al olvido.

Es interesante que esta polémica haya regresado a la palestra pública justo de la mano de las opiniones de dos representantes de la izquierda venezolana, José Vicente Rangel y de Vladimir Villegas. Y decimos que es interesante en tanto que, cuando la izquierda seria reclama el rescate de esta discusión, lo hace justamente para establecer desde un punto de vista crítico, propio del pensamiento impulsado por los teóricos de la Escuela de Frankfurt -escuela filosófica de planteamientos freudomarxistas-, el papel de los medios como mecanismos modeladores de opiniones y actitudes en nuestra sociedad masificada, y de la aberración que ocurre cuando la función educativa e informativa de la Televisión se ve influida por la función de entretener a partir de la producción serializada de “objetos culturales” (Industria Cultural). En cambio, cuando la bandera es alzada por el pensamiento conservador, generalmente se hace en la vía de la búsqueda de mecanismos de control y manejo de la opinión pública a favor del poder.

Es interesante ver entonces que un gobierno autoproclamado socialista, progresista y de izquierda, esgrime argumentos en su propio beneficio con la excusa del bienestar colectivo. Es decir, un discurso conservador disfrazado de crítico, o también, una mano derecha disfrazada de zurda.

La Venezuela mediática

El gobierno ataca a los canales privados, en especial Globovisión, atribuyéndole características que le son igualmente propias - acaso más profundamente- a los canales del Estado. Los acusa de mentirosos cuando VTV oculta información; los señala de manipuladores cuando “el canal de todos los venezolanos” emite micros que comparan a los defensores de la propiedad privada con Vito Corleone. Es tanta la similitud de los mecanismos de uno y otro canal, que en muchas ocasiones sólo sabemos a cual de los dos acudimos cuando vemos la mosca que los identifica.

Por otro lado está el caso de la “nueva” Venevisión, que luego de aquella reunión entre el Presidente y Gustavo Cisneros, modificó su línea editorial a un pretendido punto medio, a ratos más parecido a la autocensura que a la sensatez, que a veces resulta sonso, insípido, acrítico, llegando incluso a rozar la adulación a favor del Gobierno. Eso sí, sin llegar nunca al caso extremo del de VTV.

Los medios de comunicación, según la UNESCO, tienen tres grandes funciones: Educar, informar y entretener. Pero desde hace un tiempo para acá, el entretenimiento ha sido la principal actividad de los medios venezolanos, y se ha observado una suerte de espectacularización de la información, convirtiendo de esta manera programas informativos y de opinión en verdaderos shows, tal como ocurre con La Entrevista de Miguel Ángel Rodríguez, con el Aló Ciudadano de Leopoldo Castillo y también con La Hojilla de Mario Silva.

La función de difusión educativa y cultural ha quedado relegada a medios como Vale TV, con una programación de calidad conformada mayormente por documentales, casi todos producidos en otras latitudes . Paradójicamente (¿o no?) también este medio, propiedad de la Iglesia Católica, ha sido en el pasado objeto de amenazas del Gobierno Nacional para quitarle la concesión, como aparente corolario de las tensiones entre el Poder Ejecutivo y los representantes del Vaticano en Venezuela.

Y es que los mass media tienen como audiencia precisamente a una masa moldeable a su naturaleza “Pop”. No es que seamos masa, es que nos convertimos inevitablemente en masa cuando acudimos al show mediático. Cosa que no ocurre con otros medios como Internet, donde la interactividad y el diálogo entre individuos y/o colectivos se convierten en el entorno natural propio de la Web.

El asunto entonces es que oficios nobles como el periodismo se convierten en simple espectáculo a la luz de los mass media, los cuales sólo responden al share y al rating de una audiencia acostumbrada a consumir productos prefabricados. Un círculo vicioso del que necesariamente el periodismo debe escapar. En la Televisión, y en menor medida en la radio, los periodistas nos convertimos en actores, en artistas, en productos de entretenimiento. Y por ende, el periodismo se convierte en una especie de precursor de los Reality Shows. Hace unos años, Ernesto Villegas realizó una visita a la Escuela de Comunicación Social de la UCV, y contó que en un momento determinado se dio cuenta que su antiguo programa en VTV disminuía su rating cuando él trataba de asumir un enfoque equilibrado para tocar los contenidos políticos. Es decir, el radicalismo político se ha convertido en una preciada mercancía comunicacional, rentable a más no poder. La polarización es hoy un negocio con buenas cifras de consumo, y casi nadie quiere arriesgarse. Parece menos riesgoso creer y hacer creer que la mesura y la ecuanimidad no venden.

Los medios masivos deben necesariamente retomar su función informativa. Rescatar el uso de los géneros periodísticos, escapar de la excusa falaz de “dar al público lo que quiere” y centrarse en informar de manera oportuna y veraz, honesta e imparcial. Los periodistas debemos impedir que el medio trastoque los principios que cimientan el ejercicio del oficio. Tener presente que egresamos de una Universidad y no de una Escuela de actuación, y que nuestro compromiso irrenunciable es con la verdad y con el público.

...continuará.

Notas sobre la [In]Justicia (o de cómo avalar o rechazar sentencias desde la poltrona del televisor)

“Cuídate de vivir tiempos interesantes”: Este famoso proverbio chino nos viene a la mente cuando tratamos de discutir la reciente condena de treinta años de prisión contra los comisarios y efectivos de la Policía Metropolitana involucrados en los hechos violentos del 11 de abril de 2002. Es una oportunidad propicia para una breve discusión sobre el “interesante” estado de las cosas en esta sociedad polarizada, fracturada y disfuncional.

Decimos involucrados, así, en cursiva, porque no tenemos duda de que la PM estuvo involucrada en los lamentables sucesos del 11 de abril. Al igual que muchísimos otros grupos de choque de ambos sectores en pugna, así como unos cuantos miles de personas de diversa tendencia y posición política.

Sin embargo, el que estos oficiales hayan estado involucrados no quiere decir que sean efectivamente culpables de las muertes que se les imputan. Y es aquí que lamentablemente se pone “interesante” esta reflexión.

Como punto de partida, nos confesamos incapaces de pronunciarnos firmemente sobre la condena emitida en contra de los ex funcionarios policiales. El motivo para esta franca admisión de incapacidad es sencillo: no hicimos un concienzudo seguimiento del accidentado juicio que se le siguió a estos funcionarios por más de cuatro años. Asimismo, no hemos leído detalladamente ni las condenas en sí mismas, ni examinado las pruebas presentadas por cada una de las partes.

De tal forma, que a priori consideramos irresponsable manifestarse a favor o en contra de una sentencia resultante de un juicio del cual no conocemos mayores detalles. Y en este reconocimiento tan sencillo diferimos de un nutrido grupo de personas que se han lanzado prontamente a avalar o rechazar un fallo judicial, sin tener mayores conocimientos sobre los elementos que lo sustentan. Es lo mismo que comentar un libro que no hemos leído, o reseñar una película que no hemos visto, con la nada sutil diferencia de que en este caso se trata de seres humanos, de la vida de hombres y mujeres de carne y hueso: la de las víctimas de los aberrantes sucesos de abril; la de sus familiares; la de los ex funcionarios policiales; la de sus esposas e hijos.

Es por ello que esta breve reflexión no pretende ser judicial en su naturaleza, sino política en la valoración de los hechos y del ambiente político en el cual se desarrollan. Creemos que los sucesos de abril son lo suficientemente graves como para hacer apreciaciones superficiales con base sólo en nuestros propios (pre)juicios políticos; menos aún a partir de lo que hemos leído, visto u oído en los periódicos y medios audiovisuales de nuestra preferencia.

A estas alturas ya parece estar claro, incluso entre los sectores de oposición recalcitrante, que en abril de 2002 tuvo lugar un Golpe de Estado, promovido por algunos sectores militares, empresariales y civiles radicales. Todo indica que el detonante para esta acción inconstitucional, de larga fragua, fue el ataque indiscriminado por parte de un grupo de francotiradores (aún no identificados) en contra de los venezolanos que se encontraban en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, tanto los opositores que marchaban como los partidarios del Presidente Chávez, ambos grupos de ciudadanos, convocados irresponsablemente a Miraflores por parte de sus respectivos líderes políticos. Y fue allí donde los francotiradores desataron la muerte entre los allí presentes, venezolanos todos.

Para nosotros, este es uno de los puntos de mayor confusión. Por los videos, imágenes y recuerdos de ese día, pareciera ser la acción de francotiradores expertos la que causa la mayoría de las bajas entre los presentes. Los mismos documentos desclasificados de la CIA nos confirman que los sucesos estaban planeados con antelación. Sin embargo, una vez iniciada la confusión, es difícil señalar quién agredía y quién se defendía: si tenemos a miles de personas exaltadas reunidas en un sitio, y empiezan a caer muertos, es probable que se comience a disparar de forma indiscriminada.

Todos recordamos las imágenes de un grupo de partidarios del Presidente Chávez disparando desde el Puente Llaguno. Y todos hemos vistos las imágenes de la PM utilizando sus armas en la marcha. Pero de allí a afirmar que los muertos fueron causados por unos u otros hay un largo trecho, sobre todo si tomamos en consideración que las evidencias y la creencia común apuntan hacia la acción de francotiradores, que aparentemente fueron filmados e incluso algunos capturados, pero cuya identidad luego nunca supimos. Cabe destacar que tampoco tuvimos noticia de que fueran juzgados alguna vez.

Ahora, con el mismo razonamiento, admitimos que si bien los oficiales condenados pudieron haber participado activamente en los sucesos del 11 de abril, esto no es lo mismo que decir que son responsables directos de esas muertes y merecedores de la máxima pena. Lo que nos remite al tema de la duda razonable.

El juicio de los ex policías, dada su duración y todos los elementos polémicos que lo rodean, distó mucho de ser un proceso transparente. De hecho, podríamos decir que es parte de una cadena de sucesos, los de abril de 2002, que aún hoy están rodeados de múltiples incógnitas y misterios. Entonces, nuestra duda surge en torno a lo siguiente: ¿Cómo dictar la máxima pena de treinta años, sin ningún tipo de beneficio procesal, aún considerando que los acusados ya han estado cuatro años presos? ¿Hay algún tipo de mensaje aquí? ¿Se trata de una sentencia ejemplar?

Reiteramos: no queremos condenar o absolver con base a informaciones de prensa. Pero es precisamente lo confuso de esos hechos, y la alta carga emocional que los rodea, lo que nos lleva a preguntarnos si no es este “interesante” ambiente de crispación y polarización política el que lleva a una sentencia tan dura y definitiva hacia un hecho rodeado de la mayor opacidad. Es precisamente la duda la que nos lleva a retroceder y cuestionar. Y por otro lado, ¿dónde están los francotiradores? ¿Son los condenados, o estamos satisfaciendo ciegamente un clamor general de justicia?

Todos los sectores políticos deberían estar interesados en que se haga una verdadera justicia. Y más aún, en que la sociedad no cometa la injusticia de condenar no con los hechos sino con las vísceras. Y esto nos lleva directamente a uno de los mayores dramas de Venezuela: la disfuncionalidad de nuestro sistema judicial, acaso uno de los más graves síntomas de la crisis institucional que vive el país en los actuales momentos.

¿Debemos creer en que un fallo judicial en Venezuela es una limpia, irrefutable y “ciega” materialización concreta de la Justicia? ¿Con tanta presión política y social, este fallo no pudo haberse contaminado? ¿Por qué la duda? o, en todo caso, ¿Por qué prescindir de ella?

La destrucción y decadencia de las instituciones comienza cuando segmentos importantes de la población dejan de creer en ellas. Y el juicio de los ex policías se da justamente en un contexto en el cual la oposición política del país percibe que el sistema judicial está siendo utilizado como un arma política por parte del gobierno nacional. Esto es una situación peligrosa, pues sin credibilidad institucional, son oscuros los vaticinios para la estabilidad y gobernabilidad a mediano plazo.

Por ello, se debe demandar mayor transparencia a las instituciones, con un comportamiento que no sea abiertamente parcial (¿Recuerdan los gritos de “Uh, ah, Chávez no se va en el TSJ”?). Así como se debe exigir mayor madurez al pueblo, pues uno de los máximos provechos que, como sociedad, podemos extraer de los últimos diez años de vida política nacional, debe ser el de aprender a dudar de todo y armarse un criterio propio a partir del análisis razonado de los hechos.

Por principio, no nos oponemos a que se investigue la corrupción o se castiguen los desmanes. Pero no deja de generar suspicacia que aunque existan 17 gobernaciones en poder de los partidarios del Presidente Chávez, junto a más del 80 % de las Alcaldías y la casi totalidad de la Asamblea Nacional, prácticamente todas las investigaciones y acciones judiciales estén dirigidas contra políticos opositores y disidentes del chavismo, mientras que algunos personajes confesos, como los miembros del Colectivo La Piedrita, campean a sus anchas.

En este mismo sentido, si bien admitimos ser incapaces de valorar efectivamente la sentencia emitida en contra de los ex PM, sí creemos que no se ha dado con la transparencia que demandan estos “interesantes” tiempo que vivimos. Y las sensaciones encontradas que experimentan los ciudadanos, casi siempre atadas a una postura en pro o en contra del gobierno, puede ser un signo de que se continúan profundizando las divisiones entre los venezolanos. Y una nación dividida no es lo que necesitamos ni a lo que aspiramos.

La justicia es una herramienta política toda vez que en ella reposa la potestad de regular el equilibrio del sistema en el marco de ciertas normas establecidas colectivamente, es decir, la responsabilidad de poner orden en la sociedad (polis) mediante mecanismos, sanciones y límites de contención legal. Pero cuando los criterios de justicia están sometidos a afinidades y parcialidades políticas, o a intenciones arbitrarias, o a intereses personales, esa justicia se resquebraja; deja de ser justicia para convertirse en otra cosa, a veces en injusticia, por decir lo menos...

Proletarios… ¡uníos!

Proletarios… ¡uníos! ¿No fue acaso eso lo que escribieron los viejos Marx y Engels por allá en el siglo XIX? Parece insólito y paradójico que un gobierno autoproclamado como revolucionario, marxista y progresista vaya a contracorriente del interés de los trabajadores del sector público, al extremo de amenazar con militarizar instituciones como el Metro de Caracas en caso de que sus empleados ejercieran su derecho a huelga, previsto por cierto en el artículo 97 de la Constitución Nacional (por supuesto, con las limitaciones contempladas en los artículos 496 y 497 de la Ley Orgánica del Trabajo para aquellos que presenten un servicio público esencial).

¿Y no es este el mismo gobierno -altamente sensible y preocupado- que en noviembre del año antepasado promovía una Reforma Constitucional para reducir la cantidad de horas laborales en beneficio de la calidad de vida y el esparcimiento de los trabajadores? ¿Entonces podemos concluir que ese artículo de la no-aprobada reforma sí resultó ser la zanahoria caza-conejos, como manifestamos en aquella oportunidad? Porque resulta que casi todos los aspectos de dicha reforma se han impulsado por la vía de las leyes, menos éste y la creación del Fondo de Estabilidad Social para Trabajadores y Trabajadoras por Cuenta Propia.

Contestar las razones para esto no parece una cuestión fácil. Sin embargo, al menos quisiéramos recordar el tema y traerlo a la atención de nuestros lectores. Uno de los males históricos de la vida política nacional ha sido la corta memoria de los ciudadanos quienes, por ejemplo, parecen no rememorar que hace menos de dos meses estábamos “blindados” frente a la crisis económica internacional y no teníamos necesidad de tomar “medidas tácticas en lo económico” ni llamar “voraz” a sindicato alguno (sobre todo considerando que muchos de estos mismos sindicalistas andaban haciendo campaña activa por la Enmienda Constitucional).

Así las cosas, bajo el contexto de la grave crisis económica que vive el mundo entero y de austeridad nacional por los bajos ingresos de la renta petrolera, el movimiento sindical venezolano atraviesa una de las situaciones más conflictivas de los últimos años, cuando 1.42 millones de trabajadores públicos -un 62% del sector- están laborando bajo contrataciones colectivas vencidas o próximas a vencer. Esto incluye unos 800 mil de la administración pública centralizada y 500 mil empleados del sector magisterial que tienen tres años con la contratación vencida. Asimismo, los trabajadores petroleros están solicitando mejoras salariales. La discusión de la convención colectiva –consagrada en el artículo 96 de la CRBV- de los 36 mil empleados del sector eléctrico se paralizó en diciembre pasado, sin contar la situación de los médicos y enfermeros que laboran en nuestros hospitales.

Por fortuna, luego de una tensa situación en el Metro de Caracas, finalmente se logró firmar la contratación colectiva de los 4.500 empleados de esa institución. La movilización interna de los trabajadores tuvo su efecto, pero fue necesario llegar a un clima de tensión exacerbada –amenazas de paralización por un lado, y de militarización por el otro- para que cristalizara la convención. No deja de ser interesante que luego de unos tres meses de angustia, el presidente de la compañía celebre la firma como un triunfo del “gobierno obrerista”.

Ante el evidente descontento del resto de los sindicatos –los que siguen esperando una convención-, la respuesta oficial ya ha sido la descalificación por parte del Jefe de Estado, a quien le parece un exabrupto voraz y corrupto, por ejemplo, que los empleados de las empresas básicas de Guayana exijan sueldos de 3.000 y 5.000 Bs., seguros médicos y bonos para la educación privada de sus hijos.

Los trabajadores –muchos de ellos políticamente identificados con la Revolución Bolivariana- han insistido en que el Presidente Chávez está equivocado y ya hemos visto cómo el mismo primer mandatario ha tenido que retractarse parcialmente. No obstante, parece evidente que al presidente no le agradan los sindicatos. Valdría la pena recordar que el 24 de marzo del 2007, en un acto oficial, dijo que “en la revolución los sindicatos deben desaparecer”, enunciado claramente contrario a la libertad sindical consagrada en la Constitución (artículo 95), así como en convenios firmados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y sobre todo contrario a los principios de la lucha de clases, de la toma del poder por parte de la clase obrera, pilares fundamentales del marxismo.

El movimiento sindical, en efecto, no escapa a la realidad política y, al igual que el resto de la sociedad, exhibe fracturas hondas que dificultan la eficacia de sus solicitudes reivindicativas. Sin embargo, en menor o mayor grado, algunas de sus organizaciones han separado sus convicciones ideológicas de las necesidades reales para alzar sus voces y exigir sus derechos, lo cual, como deja entrever el discurso presidencial (antisindical), no deja de ser percibido –simplificadoramente- como un acto de indisciplina e individualismo intolerables. En ese mismo sentido, el Presidente Chávez ha sostenido que el que pare una empresa está provocando un “sabotaje” y, más aún, se está “metiendo” con él (con su persona, no con el país). Siendo así, parece evidente que se transita por un camino equivocado y denota una actitud muy de “patrón capitalista tradicional explotador”. Curioso ¿no?

Es cierto que la mayoría de los sindicatos muchas veces, tal como hacen los políticos usan a la masa trabajadora para obtener votos y después se olvidan de las promesas hechas, quizás por eso, en muchos sectores de la administración pública, hablar de sindicato es igual a hablar de ineficiencia y corrupción. Para nadie es un secreto que muchos de estos “lideres” son parte de la nómina de algún ministerio pero NO laboran en el mismo, solo hacen según su propio criterio gestiones en pro de las luchas sociales, pero cabría preguntarse ¿la lucha social se materializa negociando derechos “por debajo de cuerda” con alguna oficina de Recursos Humanos? Es cierto que muchos empleados no se sienten debidamente representados por algunos sindicatos de la administración pública, pero esto no puede fundamentar la actitud poco conciliadora del gobierno con el personal de las diferentes instituciones. ¿O es que acaso no es un derecho adquirido que un grupo de empleados y obreros quiera dignificar su sueldo por el trabajo que realizan día a día?

Tampoco podemos dejar de mencionar un fenómeno frecuente en las oficinas de la administración pública, uno de los “trapos sucios” mejor guardados del actual gobierno del Presidente Chávez: la situación de los trabajadores “contratados a tiempo determinado”. La amplia difusión de esta modalidad de contratación entre los principales ministerios y sus entes adscritos, nos permite inferir que, más que una ocurrencia casual de la gestión de un Ministro determinado, parece una política de Estado.

En muchos casos, estos funcionarios “disfrutan” de contratos draconianos que, por supuesto, no contemplan los mismos beneficios del personal fijo. En algunas situaciones, a estos “contratados” se les niega específicamente su condición de “empleados públicos” (para que no los proteja la Ley del Estatuto de la Función Pública, ni les toquen los aumentos correspondientes anunciados anualmente por el Presidente el 01 de mayo, ni los ampare la correspondiente convención colectiva); se les establecen cláusulas para que puedan ser despedidos en cualquier momento sin justificación ni pago de utilidad o compensación alguna; se les reduce arbitriamente el sueldo sin “derecho a pataleo” (lo que legalmente constituye despido indirecto); y la práctica más perversa y neoliberal: algunos son despedidos por quince días para que se venza la continuidad laboral y luego son “reenganchado”, pero, claro está, sin los beneficios y protecciones adquiridos a través de la contratación continua.

Lo dramático –trágico- es que bajo esta modalidad, aplicada incluso a los obreros que ganan sueldo mínimo, los contratados deben soportar cualquier tipo de vejación (trabajar continuamente fines de semana u horas extras, participación obligada en eventos políticos) sin poder reclamar. Con todo, parece insólito que muchos de nuestros ministros hayan sido ex sindicalistas. Estos testimonios no provienen de Polar, Coca Cola o Cargill: vayan a su ministerio más cercano y pregunten, que no hará falta mucha indagación. Esta es una forma barata y efectiva de incrementar la nómina del Estado sin incurrir en los gastos adicionales que esto conlleva.

Ante este panorama, acaso cabría preguntarse por qué los altos funcionarios públicos, los ministros, viceministros, legisladores, magistrados, rectores, no se ponen de ejemplo ante el país, y se reducen el sueldo para enfrentar la crisis y adaptarse al espíritu de “austeridad”. Lo que es justo para los empleados del Metro, también debería serlo para Rafael Ramírez ¿no?

A propósito, es importante recordar que una de las primeras acciones del gobierno del Presidente Evo Morales en Bolivia, con un alto valor simbólico, fue reducir su sueldo y el de sus ministros por la mitad. Pero al parecer, a diferencia de Evo y su equipo de gobierno, la moral revolucionaria criolla es un híbrido sui generis –¿mutante?- de socialismo verbal con capitalismo fáctico.

En todo caso, las ideas “de avanzada” que el gobierno nacional presume tener no parecen girar de la misma forma en torno al problema sindical. Ya hemos visto que el gobierno nacional no negocia con empresarios, pero ahora vemos no sin cierta e incómoda sorpresa que, en calidad de patrono, tampoco está demasiado dispuesto a dialogar con obreros, a menos que éstos le sean útiles para alguna acción gubernamental, como la intervención de las arroceras, por citar un ejemplo. Todo esto, insistimos, es muy curioso, al menos para tratarse de una “revolución socialista y progresista”.

Problemas como arroz

Prácticamente hemos perdido las esperanzas de que nuestro Presidente asuma la altura de su investidura y deje de lado su lenguaje divisionista, guerrerista y fanfarrón que sólo contribuye a polarizar más al país. Lejos estamos de tener un Presidente que tienda puentes, que se atreva a ser humilde y reconocer que la verdad no le pertenece y que, tal como rezan los principios dialécticos, busque en la posición contraria aquellas cosas que complementarían su visión de país.

Y es que el Presidente se torna cada vez más totalitarista, convierte cada vez más su revolución en un proyecto personalista y en las adversidades, ataca y somete en lugar de buscar lazos y unir.

Es así como, ante una situación económica difícil, y en vista de lo difícil que se le torna al gobierno mantener programas como Mercal o PDVAL, se lanza sobre la empresa privada e interviene, expropia y amenaza, y aún cuando ve a su “enemigo” agachar la cabeza y pedir diálogo, la respuesta del gobierno sigue siendo más amenazas, más insultos y cero negociación. ¿Acaso no comprende Chávez que su gobierno, y cualquier gobierno democrático, necesita del sector privado para impulsar la economía? ¿Acaso no sabe que el Estado no puede asumir todo el peso de los medios de producción porque simplemente eso provocaría el incremento de la burocracia y de la corrupción? La empresa privada comprende que necesita al gobierno, y que debe negociar con los entes reguladores. Pueden ejercer posiciones tramposas como es su naturaleza y por lo tanto especulan, evaden y manipulan valiéndose de su poder de producción, pero al final saben que sin el apoyo del Estado no pueden sobrevivir y que sólo es cuestión de buscar un punto común donde todos ganen. Pero el gobierno no.

Es tan ególatra y autosuficiente este gobierno, que aún sabiendo que no posee recursos para financiar una expropiación de una empresa tan grande como lo es Polar, no “come coba” en mostrar su poder y ejercer terror sobre los privados. Porque desde el principio esta “revolución” no llegó para curar heridas, sino para vengarlas. Vino a sustituir unos nombres por otros (conservando algunos que simplemente se tiñeron de rojo la franela) pero bajo la premisa de la venganza, del desquite. No, qué va, la reconciliación no es un objetivo de este gobierno. Su lema es simple y terrible: Si no te gusta, te vas.

Uno no puede, por sentido común, estar de acuerdo con las prácticas oligopólicas tradicionales de nuestra industria privada. Sabemos y reconocemos que las empresas formadas bajo el manto de la ideología neoliberal, solo piensan en cómo manipular los factores del mercado a su favor. Sabemos y reconocemos que evadir regulaciones sustituyendo artificialmente un producto primario por uno derivado (como el arroz blanco y el saborizado) es una práctica despiadada. Sabemos y reconocemos que una arepa en Bs.F. 20, 18 o 15 pudiera ser una exageración y una aberración comercial. Pero tampoco creemos que la solución sea adoptar medidas castigadoras como imponer un precio tan bajo como el 1,50 sugerido por el nuevo ministro de comercio Eduardo Samán (quien por cierto tuvo que corregir su comentario alegando que los medios lo habían "mal interpretado"). Ni siquiera los tarantines callejeros venden una arepa en ese precio. ¿Qué busca el gobierno entonces? ¿Ahogar terminalmente al sector privado, incluyendo a los pequeños y medianos comerciantes? ¿Se inventarán una “ruta de la arepa” jurando estar dando solución a los problemas? ¿Y cuando los dueños de las areperas dejen de vender arepas? ¿Cuándo cierren y despidan a sus trabajadores? ¿El Estado va a absorber esa masa laboral? ¿Cómo lo harán? ¿Bajo la modalidad de personal contratado, una práctica criticada por ellos mismos, pero bastante generalizada en los ministerios? ¿Y luego? ¿Anunciarán nuevas fusiones de ministerios para prescindir de los servicios de este personal contratado? ¿O cuando estos trabajadores comiencen a exigir sus derechos y a reclamar un discurso consecuente con la realidad de parte del gobierno, intervendrán y militarizarán las empresas como está ocurriendo con el Metro y con las empresas de Guayana?

Lo peor de todo esto es que la política del gobierno sigue siendo coyuntural, proselitista y cortoplacista. Y mientras los ministerios se abocan ahora a solucionar el problema de la “soberanía alimentaria” porque es el tema que Chávez puso de moda, y mientras el CICPC se ocupa de analizar muestras de una exposición científica, en las calles de Caracas el hampa nos sigue matando. La Morgue de Bello Monte continúa con una patrulla improvisada como furgoneta recogiendo los cadáveres de los muertos de los fines de semana, los cuerpos que sí duelen de verdad. El TSJ continúa dando beneficios de libertad condicional a los asesinos de las bandas que la policía anuncia como “desmanteladas” por TV y graduando de delincuentes a los que por “mala leche” no se ven tocados por esos beneficios (que resultan ser más inocentes que los que si salen beneficiados). Los funcionarios policiales corruptos continúan financiando y protegiendo secuestradores, asaltantes de bancos y sicarios. Los tribunales continúan discriminando la aplicación de justicia con base en los que pueden pagar un soborno y los que no. Y a fin de cuentas, se sigue alimentando el monstruo insaciable de la impunidad. ¿Y la oposición? Nada esperanzadora: si no van y se reúnen con un personaje tan terrible como Aznar para impulsar una “hoja de ruta contra los gobiernos totalitarios”, entonces se limitan a seguirle el rastro a la agenda temática que impone Hugo Chávez. No crean, no accionan, no impulsan sus propias iniciativas, no salen de su parálisis post-electoral.

No estamos hablando paja. No nos referimos a un capítulo de alguna serie de TV. Hablamos de Venezuela y de una bomba de tiempo a la que cada vez el conteo se le va quedando más corto ¿A quién le estallará en la cara?