Post - Electoral: ¿Hay un camino?

Tras un año de receso, ProMedio vuelve al ruedo. De entre el letargo y la anestesia, retornamos a la palestra para decir presente luego de las elecciones primarias de la oposición, y para reafirmar nuestra búsqueda constante por descifrar al país y reconstruir los puentes rotos.

Siempre nos ha gustado por acá ver más allá de lo evidente. La experiencia inédita en Venezuela de unas primarias presidenciales no sólo le han puesto nombre, apellido y rostro al rival del Presidente Hugo Chávez Frías en las próximas elecciones, sino que deja algunos hechos puntuales que, vistos desde un punto de vista crítico, pueden dejar muchas lecciones para nuestra vida política.

La participación fue alta, superando expectativas de los analistas políticos. Y ese hecho no sólo demuestra la disposición de la gente a participar, sino que la ciudadanía puede darle sorpresas a la clase partidista. Las famosas “maquinarias” devinieron en mitos, y los números de votos pintan interesante el panorama, ya que no sólo se superó el número de votantes del partido de gobierno en sus primarias legislativas, sino que además se superaron los estándares internacionales de participación en eventos similares.

Otro punto a destacar es la amplia ventaja que obtuvo el candidato ganador, tomando en cuenta que su contendor más cercano estuvo apoyado por los tradicionales AD y COPEI, y por el hasta ahora considerado partido fuerte de la oposición: UNT. ¿Cómo interpretarlo? ¿Rechazo de la gente a la política del pasado? ¿Pase de factura a los protagonistas tradicionales de la polarización actual?

Podemos agregar, también, que el tono de la campaña del ganador fue moderado. El mensaje a los electoresfue siempre contundente: ¡no más polarización! Mensaje que además ha sido reforzado con el gesto inteligente del triunfador, al invitar a los demás candidatos a compartir la tarima de su primer discurso como candidato presidencial oficial de la oposición.

Como toda moneda tiene dos caras, el hecho de que ganasen la mayoría de los candidatos apoyados por Capriles parecer haber sido el costo político más grande para Leopoldo López, lo cual supuso la pérdida de un bastión importante para su movimiento (Voluntad Popular): Chacao. Pero también arrojó resultados interesantes en casos como El Hatillo, donde ninguna de las postuladas por los polos opositores obtuvo la candidatura.

Otro punto que clasificaríamos como negativo fue la guerra sucia desatada en determinado momento en la campaña, que tuvo un pico altísimo en la rectal final, sobre todo después del anuncio del apoyo de Leopoldo López a Henrique Capriles. Lo visto la noche del 12 de febrero, sin embargo, parece comenzar a derribar las mezquindades de las individualidades.

Por otra parte, surge la interesante reacción del sector de los partidarios del Presidente Chávez, de la mano de su más visible cara de combate mediático, Mario Silva, quién lució torpe en su programa tratando de justificar matemáticamente una tesis de fraude, curiosamente similar a la esgrimida en el pasado por la oposición en el referendo revocatorio. El Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Diosdado Cabello, retomó esta tesis en sus declaraciones del lunes en la tarde, sugiriendo que “algo olía mal” dentro de las cifras de participación en las primarias. Paradójicamente, la mayor evidencia de lo contundente de la cifras de participación lo constituye precisamente esta reacción débil, confusa y extraña por parte de estos líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). ¿Dónde está el Presidente de la República, entidad omnipresente en nuestra cotidianidad, para fijar una línea política sobre este tema? ¿Cuál puede ser la conveniencia de desacreditar al CNE desde el sector que aglutina a los partidarios del Presidente? ¿Ello no iría en menoscabo de una estrategia en la que se ha invertido años de esfuerzo para que todos los sectores políticos respeten al árbitro electoral?

Los partidarios del Presidente Hugo Chávez Frías parecen estar adoptando las peores estrategias de la oposición, aquellas que le costaron el descrédito nacional e internacional entre 2002 y 2007. Para resolver un problema, primero hay que reconocer que existe. Utilizar el canal del Estado para denunciar un fraude, sin bases o pruebas y en menoscabo de un CNE cuya credibilidad es imprescindible para garantizar la estabilidad y la paz del país durante los procesos electorales de 2012, no sólo es irresponsable, sino posiblemente torpe desde el punto de vista político.

Los partidarios del Presidente deben recordar que las últimas elecciones que se celebraron en Venezuela (las legislativas de 2010), los partidos actualmente aglutinados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvieron mayor cantidad del voto popular que el PSUV, aunque la distribución de escaños no lo haya reflejado en virtud de la alteración previa de los circuitos electorales. Aunque esa no fue una elección presidencial, sí es un antecedente claro y una evidencia elocuente de que lo que vimos el 12 de febrero no surgió de la nada.

No estamos frente a un hecho electoral y político aislado, sino a una tendencia que se viene reflejando paulatinamente desde, al menos, 2007. Si el PSUV quiere recuperar su arrolladora fortaleza de antaño -legítimamente y en el marco de la legalidad, y no a través del uso abusivo del poder-, debe comenzar por identificar las causas de esta erosión de su popularidad en algunos sectores clave con los cuales antes contaba. Debe fomentar el debate y las críticas tanto dentro de sus mismas filas como con los otros sectores políticos del país, y a partir de estas críticas constructivas comenzar a trabajar por solucionar los muchos problemas que actualmente padece la ciudadanía, sin achacarlo a conspiraciones internacionales abstractas o a campañas mediáticas.

Ahora, si la estrategia de los partidarios del Presidente es la del avestruz, enterrando la cabeza en el suelo, gritando fraude y desconociendo la realidad, entonces la oposición podría seguir fortaleciéndose, de la misma manera en que, en su momento, el rechazo de la vía electoral por parte de la Coordinadora Democrática fortaleció el monopolio político de los sectores que respaldan al primer mandatario nacional.

En todo caso, la noticia más importante del 12F es que parece que existe en el panorama político nacional una alternativa real, sólida, fresca, aunque no virginal. Una alternativa que parece dispuesta a trabajar por la reconciliación y, sobre todo, a trabajar, en lugar de arengar, propiciar enemistades y predicar ideologías-dogmas, cerrados al reconocimiento del otro. Desde esta tribuna pudiéramos pensar que, de mantener esa energía, el contendor del Presidente tendrá de aquí a octubre mucha oportunidad de conquistar, a fuerza de honestidad, a muchos venezolanos desesperanzados. Eso sí, tendrá un doble reto: debatir la propuesta del partido de gobierno y su candidato-Presidente y debatir su visión de país ante su propia audiencia, variopinta y plural, que agrupa a sectores de todo el espectro político de izquierda a derecha y de arriba a abajo. De aquí a octubre, nada está decidido. La verdadera batalla, la de las ideas, aún debe comenzar.

De nuestra parte queda seguir participando del proceso social y político, no en el plano electoral, sino en un campo más amplio. Nos toca, entonces, ser vigilantes promotores de ciudadanía, esa condición que a ratos parece extraviársenos a los venezolanos. El llamado es a aprender las lecciones y trabajar para que la vida política continúe transformándose. Que el debate público se base en argumentos e ideas, no en consignas vacías y pasiones sectarias, y que se desarrolle siempre en un marco de respeto, cuestión ineludible para construir, juntos, un país en el que todos tengamos lugar para sumar esfuerzos y desterrar del país a la violencia y la intolerancia.

Diálogo y negociación: dinámica básica de un Parlamento

La gente de Asamblea Visible, nos envió este texto escrito por Francisco Alfaro, politólogo y miembro de la ONG que fue formada con el objeto de "empoderar al ciudadano en el ejercicio de su derecho constitucional y humano al acceso a la información parlamentaria". El texto en cuestión trata sobre la dinámica de diálogo y negociación que debe tener todo Parlamento, a la luz de la propuesta lanzada por el Presidente recientemente en su discurso de memoria y cuenta en la Asamblea Nacional. Disfruten el texto y discutámoslo.

El pasado sábado 15 de enero de 2011, el presidente de la República, Hugo Chávez, se dirigió a la Asamblea Nacional para presentar su informe de memoria y cuenta 2010 a los diputados del parlamento venezolano. Más allá de los aspectos históricos, administrativos y políticos enunciados por el primer mandatario nacional, es fundamental rescatar aquellas palabras que fueron destinadas a promover el diálogo y el encuentro entre venezolanos de distintas tendencias políticas:
“aren esta Asamblea y siembren la semilla del diálogo, del debate de altura, de la concordia nacional, de la búsqueda del reencuentro entre los venezolanos”.
Se supone que el diálogo y la negociación son los métodos de acción esperable de cualquier parlamento, en cualquier parte del mundo. Sin embargo, para la Asamblea Nacional del período 2011 – 2016, estos no sólo deben convertirse en métodos sino en objetivos en sí mismos, porque la polarización política del país hace necesario crear espacios de diálogo y de reconocimiento entre los venezolanos. La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad moral de servir de ejemplo de interacción entre venezolanos para la canalización de sus diferencias y la conjunción de propuestas de manera pacífica.

El reconocimiento del otro, “de aquel que piensa distinto a mí” es una condición imprescindible en cualquier democracia. Reconocimiento que va más allá de facilitar espacios, ya que debe implicar una verdadera inclusión. En esta misma tónica de diálogo, y en referencia a los diputados opositores de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el presidente Chávez manifestó su alegría por el regreso de este sector y señaló que la irrupción del otro hace que podamos abrirnos a la comprensión:
“Han llegado ellos y ellas en una irrupción del otro, pues bien, bienvenidos: La irrupción del otro puede ser la inauguración de un proceso que debe comenzar por la comprensión. No necesariamente el entendimiento en todo, no necesariamente el acuerdo, no. Se refieren a la comprensión, que nosotros realmente los comprendamos a ellos y a ellas; y que ellos o ellas nos comprendan a nosotros porque todos somos venezolanos, venezolanas y estamos en este mismo territorio”.
Asimismo, y en rescate de la otredad, agregó que como él no observa a los diputados de la oposición como enemigos sino como adversarios políticos.

La Asamblea Nacional, como Poder Público tiene, por una parte, funciones de contraloría a los otros poderes públicos y por otra, funciones legislativas, es decir de redacción, discusión y aprobación de leyes. El diálogo de pareceres y la negociación de posturas es la dinámica que debe privar en el hemiciclo de cualquier parlamento, haciendo honor a la palabra “parlamentar”.

En la Venezuela de hoy es necesario el diálogo, el reencuentro entre los venezolanos y recuperar la capacidad de valorar a una persona más allá del color político o ideología que pueda defender. Nuestros diputados deben ser ejemplo de diálogo, tolerancia, reconocimiento, escucha activa y respeto al otro dentro y fuera de la Asamblea.

Es necesario evitar repetir las escenas de intolerancia y de irrespeto que se observaron en la anterior legislatura para dar paso a debates de altura, donde lo fundamental sea la discusión de los temas y no la descalificación. En ese sentido, es muy destacable la participación del diputado Juan Carlos Caldera quien, el pasado 5 de enero, día de la toma de posesión de los nuevos parlamentarios, señaló que los venezolanos están cansados de la polarización y lo que buscan es diálogo entre los diversos sectores y partidos para la solución de los problemas del país. Por ello abogó a procurar la discusión constructiva y el debate con respeto, tolerancia e inclusión.

Para el logro de este objetivo será fundamental el trabajo de diputados que, más allá de representar una bancada determinada o de asumir determinado protagonismo político, estén interesados en crear puentes de entendimiento entre los bloques que actualmente polarizan la Asamblea Nacional y el país. Esta tarea, si bien no suele ser bien vista por los sectores radicales del país, sí pudiera traer réditos políticos a despecho de aquellos que respaldan actitudes extremistas, siendo un aporte fundamental para el rescate de la institucionalidad, el fortalecimiento del Estado y el reencuentro de los venezolanos.


Francisco Alfaro Pareja (@franciscojoseap)
Politólogo.
Director de Investigación y Formación.

Urgencia parlamentaria


Si fuésemos ciudadanos de otro país, quizás lo primero que se nos vendría a la mente al escuchar la frase “urgencia parlamentaria”, sería la convocatoria de un cuerpo legislativo para tocar temas relacionados con guerras, conflictos internos, terrorismo, criminalidad, o incluso con alguna catástrofe de orden natural o social.


¿En qué consiste la “urgencia parlamentaria” que hemos estado padeciendo en este último mes los venezolanos? No es la Ley de desarme lo que se aprobó bajo esta figura; esa se engavetó. No es una ley de materia penitenciaria; esa ni siquiera ha tomado protagonismo. Tampoco se trata de alguna ley relacionada con el impacto de las intensas lluvias que sufrimos recientemente; esa tarea se la dejaron al Presidente mediante una Ley Habilitante de 18 meses.

Esta “urgencia parlamentaria” ha abarcado hasta ahora tres grandes temas: conocimiento, información y opinión. Es curioso, en el pasado estos temas resultaban sensibles de regulación en regímenes totalitaristas, como el de Franco en España, Pinochet en Chile o Videla en Argentina, incluso para el de Pérez Jiménez en Venezuela, y ¿qué tienen en común estos gobiernos con el nuestro? Si somos rigurosos, tal vez sólo podamos atinar en un punto: son gobiernos militares.

Casi siempre de madrugada o muy tarde en la noche, los asambleístas de los partidos que apoyan al Gobierno sancionaron, en este último mes del año 2010, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos; la reforma a la Ley de Telecomunicaciones; la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones; la reforma a la Ley de Educación Superior y la modificación del Reglamento Interno de Debates de la propia AN; además de la Ley de Bancos, la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley de Instituciones del Sector Bancario y tal vez alguna otra que se nos pase.

Corresponde ahora a la sociedad civil en general, leer las distintas leyes con atención –cuando sus versiones definitivas estén disponibles- y evaluar sus implicaciones, especialmente en lo que concierne a la autonomía universitaria, a la posible censura (o autocensura) que provoquen en Internet y sobre todo en lo referente al tema de la criminilización de la opinión, por medio de sanciones concretas a funcionarios y a ciudadanos en general, por expresar sus ideas en cualquier ámbito. Creemos que si la sociedad no reacciona –nos referimos al ámbito de la opinión pública y la movilización pacífica- ante un cerco a la autonomía, entonces es que no tiene signos vitales. Y con una “sociedad vegetativa” pocas esperanzas se pueden albergar...


¿Por qué la prisa en legislar sobre materias, en algunos casos, tan sensibles? ¿Por qué no esperar la instauración de la nueva AN que aún cuenta con mayoría pro-gobierno? ¿Por qué imponer el criterio discrecional de una sola rama de pensamiento para los contenidos de esas leyes?


Pudiéramos estar de acuerdo con parte, e incluso con la totalidad, de los contenidos de las leyes aprobadas recientemente, pero lo cierto es que no hubo en ningún momento una consulta amplia como la que siempre se ha pretendido promover desde la bancada del PSUV en la AN. Cabría mencionar que aún hoy desconocemos los textos que fueron aprobados, pues la página de la AN lleva días caída y apenas hemos podido leer los textos de las proyectos de ley que se fueron filtrando en la prensa ¿Amplia consulta? ¿Transparencia informativa? ¿Democracia participativa y protagónica?

La actual Asamblea fue electa con una abstención superior al 70% de los electores inscritos en el CNE, y está a escasos días de culminar su período parlamentario. Aún así, ha aprobado a la velocidad de la luz todas las leyes mencionadas anteriormente y, además, ha recortado el ámbito de acción de la próxima AN a través de la Ley Habilitante otorgada -también en tiempo récord- al Presidente de la República.

Consideramos que esa no es precisamente una vía para bajar los niveles de confrontación política, y una muestra de ello es el resurgimiento de la tesis del 350 y de los promotores de los atajos políticos que buscan “salir de Chávez” sin profundizar mucho en el cómo. Por lamentable que sea, estas reacciones parecen ser una reacción natural al empeño de ejercer la dictadura de las mayorías en un momento en el cual, dicho sea de paso, esa mayoría se encuentra en entredicho.


El año 2011, año previo al importantísimo evento electoral para el nuevo período presidencial, se vislumbra como un año donde probablemente alcancemos los niveles de polarización que tuvimos en el año 2002, y todos sabemos cómo terminaron las cosas entonces. La aplicabilidad de las leyes aprobadas por la AN en este mes de diciembre también está en duda, pero las leyes están allí, algunas de las cuales ciertamente son bastante punitivas con respecto a los delitos de opinión y de expresión. Con mucha vergüenza y desesperanza, debemos afirmar que hoy somos un país menos democrático que ayer. Ante este panorama, no nos queda más que sugerir que usemos estas fechas festivas no para la congoja y la pura aflicción, sino para la reflexión y la resistencia. En el fondo, esta lucha es una lucha por el respeto a todo nivel.

El qué y el cómo (sobre las expropiaciones inmobiliarias)

El amigo Rui Santos escribió en su Blog su visión particular sobre el tema de la expropiaciones inmobiliarias recientemente realizadas por el Estado venezolano. La visión de Rui, además de legitimarse en el hecho de que es una de las víctimas de la medida, nos pareció particularmente lúcida. Por eso reproducimos el texto en nuestro Blog. Lean y emitan sus propias opiniones. Recuerda que tú también puedes enviar tus textos por mail.
El domingo 31 de octubre se anunció la expropiación de (entre otras cosas) varios proyectos inmobiliarios en todo el país. La excusa es que las construcciones presentaban retraso, había sobreprecio en algunos casos y abusos relacionados con el cobro irregular de IPC/INPC. En fin, había trácalas, estafas y engaños. En muchos casos eso es cierto, y en esos casos, evidentemente, hay que actuar.

Y el problema, obviamente, no viene de que el Estado actúe protegiendo a la población, que para eso está. El problema viene de cómo lo hace. Y es que parece que a veces no se mide el alcance y las consecuencias de las medidas que se toman.

Sucede que sí, es cierto que hay casos donde se han cometido errores y abusos, y que deben ser corregidos, pero también es verdad que en muchos casos hay retrasos que obedecen a fallas en el suministro de cemento o acero (ambos rubros controlados desde hace algún tiempo por empresas del Estado), y en otros muchos casos, apartamentos ya listos no han podido ser entregados por no haber obtenido el permiso de habitabilidad, normalmente por atrasos en la instalación de luz eléctrica o suministro de agua (nuevamente, rubros controlados por empresas del Estado). Entonces, digamos que como mínimo yo le exigiría al Estado que demuestre el nivel de eficiencia que le exige a las constructoras. Vamos, que con el control de los medios de producción relacionados a esos sectores de la economía, no debería ser tan difícil, ¿cierto?

Por otro lado, anunciar medidas así, de golpe, y sin dar detalles, no es la manera más inteligente de ganarse a la clase media. Es decir, a veces lo que le preocupa a uno no es el qué sino el cómo. Y en este caso, el cómo no está claro para nadie. El término ocupación temporal suena tan parecido a invasión que más de uno durmió ayer con taquicardia. Y cuando se habla de expropiar un conjunto residencial, pues a nadie le queda muy claro qué cosa le expropian a quién.

Me explico: si expropian un edificio, y yo soy propietario ya, con hipoteca firmada con el banco, llaves en mis manos y en proceso de remodelación del apartamento o mudanza, ¿también expropian mi apartamento? ¿o expropian sólo los apartamentos que son propiedad de la constructora promotora?, ¿y las áreas comunes de quién son?

Por otra parte, si aún no soy propietario pero ya pagué lo acordado con la constructora/promotora, ¿me harán un nuevo contrato, esta vez con el Estado? Porque al parecer no están expropiando la empresa con la que tengo el contrato, sino la construcción como tal. Jurídicamente hablando tengo un contrato con una empresa, sobre un inmueble que ya no es suyo. Las dudas son peores si soy un comprador que no ha terminado de pagar lo convenido con la empresa. Es decir, ¿a quién le pago a partir de ahora?

Todo lo anterior se reduce a un hecho bien simple: todos los compradores tienen algún tipo de relación contractual con una empresa, en base a un proyecto que esa empresa ofreció en preventa. El problema es que el proyecto que es objeto del contrato en cuestión ya no pertenece a la empresa, mientras que el contrato sigue siendo entre las mismas partes. Y saldrá alguno a decir “el gobierno hace esto para favorecer a los compradores, y harán las cosas bien”. Pues no. De haber hecho “las cosas bien”, las habrían planificado como debe ser, y habrían emitido el fulano anuncio de expropiación, con todos los puntos sobre las íes.

Por otro lado, en relación con las denuncias y las sanciones, sólo hay dos cosas sobre las que me gustaría reflexionar:

Primero, si se quiere ser verdaderamente democrático y favorecer a las mayorías, la próxima vez que haya un volumen de denuncias, que no representa ni el 10% del total de posibles afectados, no estaría de más hacer su trabajo e investigar el asunto, antes de tomar medidas de tan alto impacto, en televisión y al estilo rockstar prepotente.

Segundo, en un país donde las cosas funcionan de verdad,  los conflictos no se resuelven a punta de expropiaciones. Que si tienes una Defensoría del pueblo, un Indepabis y unos tribunales competentes, cualquier ciudadano que se sienta perjudicado en algo debería poder resolverlo usando esos organismos. Y si no, jubilen a ese gentío, y que el tío Hugo siga resolviendo todo, que ya está bueno de botar los reales pagándole a ineptos.

Post-Electoral IV: La relatividad de un resultado

Llevamos ya tres “Post-electorales” analizando los resultados de los comicios en torno a la relatividad de los triunfos y las derrotas. Éste, más que nunca, se centrará en lo mismo. Hemos tardado un poco en escribir sobre los resultados de las recientes elecciones parlamentarias, en tanto que hemos querido dejar que los partidos y analistas políticos "serios" nos ayuden a entender un poco lo que sucedió.

Esa madrugada del 27 de septiembre, el balcón volvió a dejar al pueblo esperando, el “carómetro”, que se ha vuelto la herramienta principal de análisis político-electoral en nuestro país, indicaba lo contrario a lo que sus oradores de orden declamaban: Ganar con cara de perder, perder con cara de ganar.

“¿En qué país 65 es más que 98?”, dijo Aristóbulo Istúriz, ahora diputado electo por el circuito 1 del Distrito Capital. Sólo se trasmitió el discurso de Istúriz desde el Alba Caracas y corten, vamos a Máster. No hubo el ya acostumbrado discurso rimbombante y triunfalista del líder de la revolución en Miraflores.

Por el lado opositor, en cambio, se veían rostros de satisfacción y triunfo, y discursos que iban por la misma vía: “Perdió el comunismo”, “perdió el centralismo”, “perdió el totalitarismo”, y así iban enumerándose todos los ismos que perdieron según la subjetividad del que estuviera en el micrófono.

Resultados que son y que pudieron ser

La Oposición obtuvo entonces un 53% de votos a nivel nacional (sumando los del PPT) pero sólo 65 curules, una cifra muy por encima de los esperados 50 diputados, y aún más por encima de los 45 que el PSUV pensó que obtendría la MUD. El PSUV entonces vio cómo sus proyecciones de 120 diputados no fueron alcanzadas y tuvieron que conformarse con la mayoría simple, que en algunos casos los pondrá en ventaja, en otras los obligará a negociar, y en no menos casos los obligará a irse por las ramas.

El asunto es que, con métodos favorables al gobierno o no, la AN recuperó su pluralismo, y en aquellas circunscripciones donde la oposición era mayoría, se lograron más o menos equiparar las fuerzas de las circunscripciones que favorecieron al PSUV. La aberración del sistema de elección le dio beneficios y afectó a ambas partes. Aunque habría que hacer notar que, habiendo aplicado el método D’Hont para los cargos nominales, la oposición habría obtenido al menos unos 75 diputados, según un cálculo que nos hizo llegar un lector, lo que aún no significaba la mayoría a pesar de la suma nacional tan reiterada.

Las reacciones que son y las que pudieron ser

Los resultados invitaban a ambos polos a reflexionar sobre su actuación, no sólo sobre la campaña, sino acerca del karma que cada uno viene arrastrando desde que comenzó la Era Chávez en Venezuela. Las preguntas eran sencillas: ¿en qué fallamos?, ¿en qué acertamos? ¿qué podemos hacer para cambiar las fallas?, ¿qué podemos hacer para afianzar los aciertos? Era sencillo, pero de nuevo los partidos obviaron el acto reflexivo y se concentraron en celebrar -algunos con menos ánimos que otros- el triunfo relativo que cada polo aseguró haber obtenido.

Al PSUV y a Chávez (máximo líder, imagen de campaña y principal manejador del carro rojo rojito), se les presentaban dos opciones: radicalizar ciegamente su posición, o reflexionar sobre el camino del proceso. Tal parece que escogieron la primera opción, con todo y el costo político que esa actitud le ha traído al partido de gobierno desde su primera derrota electoral el 2D. Incluso, se han visto amenazas de aprobar leyes y nombramientos que corresponderían al nuevo Parlamento por parte del actual, poniendo en evidencia la desesperación propia de quien es despedido o desalojado.

La oposición todavía tiene ante sí un par de retos: el de retomar el protagonismo desde el Parlamento, y el de trabajar arduamente por lograr la mayoría que sus contrarios han jurado que no volverán a tener. Por otra parte, rlarse del “fracaso” (también relativo) del PPT no es la mejor forma de comenzar a construir esa nueva mayoría, pues la emoción del “triunfo” a veces nos lleva a cometer torpezas. Esperemos que esas torpezas no persistan cuando se asuma el trabajo parlamentario.
Por su parte el PPT, con sus tres diputados electos, tiene el reto más grande de todos: el de mantener el discurso que los llevó allí en el que reivindican el derecho a disentir y a no formar parte de la estructura manipuladora de la polarización. Ciertamente, los resultados de Lara son un duro golpe en sus proyecciones, pero también es cierto que Amazonas no estaba en sus puntos a favor. Deberá el PPT mostrar con hechos, y ya no con eslogans de campaña, que merecen un puesto en el lado contrario al gobierno, y que merecen el apoyo de los mal llamados “ninis”.

Sobre los resultados individuales obtenidos por los partidos, se ve con claridad que AD, UNT y PJ siguen siendo los partidos más representativos de la oposición, pero no quisiéramos ahondar demasiado en este punto, porque nos parece un poco absurdo hablar de números partidistas en unas elecciones cuyas candidaturas estaban “entubadas” en los acuerdos pre-electorales y las primarias celebradas por la MUD.

Estamos seguros de que lo más sencillo para el bien del país, sería que el Gobierno Nacional rectificara su camino en la vía de la inclusión de las minorías y la reducción del lenguaje de confrontación. No queremos que nadie tumbe al Presidente. Lo que queremos -y estamos seguros de que es el clamor de mucha gente- que cada quién (oposición, gobierno y sectores independientes) asuma su papel.

Lamentablemente, hasta ahora ninguno de estos sectores da señales claras de tomar el rumbo que debería ser... De lo que sí estamos seguros en ProMedio, es de que la dinámica parlamentaria será muy entretenida a partir de enero del 2011. Estamos buscando alguien que nos ofrezca una chamba cubriendo el Parlamento, ¿saben de algo? ¡Avísennos!

Agenda Parlamentaria 2011-2015 de la MUD: Ni tan sorda, ni tan MUDa

Y resulta que sí, que la MUD sí tenía propuestas. No solo la que analizamos hace poco -que es un boceto de proyecto de gobierno-, sino que hasta Agenda Parlamentaria te tienen. Calladito se lo tenían. Quizás demasiado, pensamos por acá. Pero el asunto es que existe y, con suerte, debe haberle llegado a su hogar este fin de semana encartado en la prensa, y si no, puede usted ingresar en la página Web de la Unidad y descargarla.

Nosotros lo hicimos, y lo que encontramos a primera vista nos agradó. Consideramos que es perfectible pero no le sobra nada. Empieza con una especie de declaración de principios que deja buen sabor, porque reivindica el carácter ciudadano de la democracia, sobre la cual se dice lo siguiente: “... debe ser una forma de organización de la sociedad que permite autotransformarse y propiciar ciudadanos libres, autónomos y responsables”.

Tolerancia, diversidad, pluralismo y ciudadanía son palabras recurrentes en los primeros párrafos de la Agenda. Sin embargo, hay algo de triunfalismo también en estos primeros párrafos. Tal vez por la necesidad de crear una alarma en los votantes, la MUD condiciona su Agenda a ganar la mayoría parlamentaria: “El triunfo de los sectores democráticos en dichas elecciones parlamentarias tendrá un significado trascendente...”, dicen.

La MUD reclama una Asamblea Nacional al servicio de la sociedad, y aunque obvian el mea culpa por el abandono que protagonizaron en 2005 y que permitió la configuración de la AN que hemos soportado hasta hoy, no dudan en esgrimir, casi en tono amenazante, lo que son sus tópicos más importantes una vez estén en el Parlamento: revisión de leyes aprobadas por la actual AN, rescate de la descentralización y amnistía para los presos políticos. Prioridades que vemos un poco egoístas, porque llegan a solapar otras quejas de la sociedad como la inseguridad y la inflación que, aunque son nombradas en el documento, llegan a lucir como aspectos “segundones” dado el énfasis puesto en los tres puntos nombrados anteriormente.

Para “cambiar la cultura política del país”, la MUD propone cinco puntos fundamentales. A saber:

  1. Hacer de la AN un foro democrático para el debate, el diálogo y el consenso. En este punto, tímidamente hacen referencia indirecta a lo que hoy conocemos como Parlamentarismo de calle.
  2. Hacer de la AN un ente fiscalizador y contralor de la Administración Pública. Dónde por momentos pareciera que propusieran tomar atribuciones de la Fiscalía y de la Contraloría, aunque hacen referencia a la “complementariedad de los poderes públicos”.
  3. Hacer de la AN una institución auspiciadora y defensora de los derechos sociales. Acá se hace referencia, tal vez con un tono ligeramente demagógico, a la acción parlamentaria orientada a “mejorar” la calidad de vida, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social y personal y otras promesas electorales a las que ya estamos acostumbrados. Se habla de “reducir el clima de violencia”, y vemos esto como positivo en tanto tiene como punto de partida un diagnóstico: vivimos en un entorno lleno de violencia.
  4. Hacer de la AN un centro para el impulso y la defensa de los derechos políticos. En este apartado se propone, de nuevo, una ley de amnistía general para los presos políticos. También se habla de la garantía de las libertades de expresión e información y se asoma una posible ampliación de los derechos políticos de la gente, haciendo un guiño medio tímido al tema del Poder Popular. Además, se menciona la repotenciación del Poder Ciudadano.
  5. Hacer de la AN un órgano que apuntale la transformación del Estado. En este punto, la MUD incluye los temas de la descentralización y el manejo de los dineros públicos, mencionando no sólo el aspecto internacional, sino también la corrupción interna. Aquí es donde se hace oficial que la oposición adopta, sin guabineos, la Constitución Bolivariana como norte para crear un Estado incluyente. Importante es también la mención que el texto hace sobre el excesivo militarismo en el que estamos inmersos hoy en día, planteando devolver a la Fuerza Armada su carácter apartidista (que no apolítico). En ProMedio pensamos que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el presente, y juzgamos sano que en el futuro exista una frontera más clara entre lo militar y lo civil.


Una vez planteados los cinco puntos anteriores, el documento se dispone a enumerar una serie de leyes que se propondrían de parte del bloque político que surja de los escaños logrados por la MUD. No vamos a nombrar todas las propuestas (son 22, entre nuevas leyes y reformas de leyes ya existentes), sino que daremos nuestra impresión general y nos detendremos en aquellas que más nos llaman la atención.


Insistimos en que al leer el documento, incluyendo la enumeración de propuestas de ley, se nota una excesiva importancia al tema de los presos políticos. No es que creamos que no sea un tema importante, pero ciertamente sabemos, y los estudios de opinión así lo han dicho, que ese no es el tema principal que aqueja a la ciudadanía; de hecho, la ley que se refiere a la inseguridad, es relegada a puestos muy por debajo de las 10 primeras propuestas. Pareciera, pues, que los temas que más interesa a la MUD para plantear en la nueva AN son: presos políticos, descentralización, persecución política, manejo de dineros públicos, propiedad privada y reforma de leyes polémicas como la Ley RESORTE o la LOE.

Todavía notamos muy tímidos a los sectores opositores en algunos de los temas que el chavismo ha puesto sobre el tapete con elevada importancia: Poder Popular, Comunas, Consejos Comunales y todo aquello que signifique participación protagónica del pueblo y de los ciudadanos de a pie en los asuntos políticos. Se menciona apenas una “revisión” de la Ley de Consejos Comunales para garantizar su autonomía (esto está muy bien). Pensamos que debió haber más énfasis en estos temas.

Por otra parte, hay propuestas concretas en torno a temas que tradicionalmente han sido bandera de lucha de movimientos progresistas: igualdad de género, protección obrera y sindical, empleo, seguridad social, sin embargo vemos un vacío en propuestas más atrevidas. No leemos nada sobre derechos de la comunidad GLBTI, o sobre temas como el aborto y la legalización de drogas suaves. En ese sentido, son bastante tradicionales las propuestas de nuestros candidatos de oposición. Pensamos que ese terreno, que ha sido abandonado por el discurso pretendidamente “progresista” de los sectores pro-Gobierno, es un terreno que bien se pudiera tomar como propio para configurar una oposición no tan acartonada como a la que estamos acostumbrados.

Hay tres propuestas que nos agradan. La número 4 habla de un “Código Nacional de Convivencia”, que hace referencia indirecta al tema de los jueces de paz (que vienen siendo una especie de versión opositora del asunto comunal), que darían forma a un régimen de sanciones de delitos menores ejecutadas “barrio adentro” y no con carácter penal sino social (el trabajo comunitario como sanción). La segunda es la propuesta de un proyecto de ley de “Protección al ciudadano de exceso de requisitos y trámites administrativos” (¡CADIVI, Dios!) y finalmente el ofrecimiento de revisar la actual Ley de Conscripción y Alistamiento Militar, tema que pasó muy por debajo de la mesa (no de la Mesa) y que nos parece que reviste importancia, en tanto que la nueva ley incluye temas como la obligatoriedad de los patronos de solicitar la inscripción militar a los nuevos ingresos, so pena de multas elevadas y otras sanciones, o el derecho a las autoridades de pedir la tristemente célebre libreta militar a cualquier ciudadano, estableciendo también sanciones y multas al que no la tenga (¿Y el derecho al trabajo? ¿Y el derecho a la libre circulación? ¿Y el derecho a no inscribirnos en ningún listado militar porque simplemente no nos da la gana?)

En líneas generales, y asumiendo que la enumeración de las propuestas tiene la intención de priorizar las mismas en la Agenda Parlamentaria de Oposición, nosotros hubiésemos puesto casi perfectamente al revés dichas prioridades, sin embargo allí están. Además, están disponibles, han sido distribuidas entre los ciudadanos (tal vez no de manera muy eficiente, pero se he hecho) y es una gran manera de responder a las matrices de opinión que dictan que la oposición carece de propuestas concretas, pues si bien eso pudo ser cierto en algún momento, la realidad actual parece distinta.

Cabe destacar que en ninguna parte del documento se habla de socialismo, capitalismo, derecha o izquierda. Mucho menos se habla de “frenar el comunismo”. Pareciera que el redactor de la Agenda Parlamentaria no es el mismo Redactor Creativo de las campañas de algunos candidatos opositores.

El documento cierra con un reconocimiento a los sectores independientes como fuerza de opinión y ejecución necesaria para lograr una sociedad incluyente. Queremos ver la materialización de ese reconocimiento en la actividad parlamentaria de los diputados opositores que logren alcanzar escaños en la nueva Asamblea Nacional, a definir el próximo domingo.

No lo olviden, nuestro lema “Infórmate y Vota” no es simple discurso. Hemos dedicado todo este mes a contribuir con el flujo de la información, dándoles temas de conversación que a veces los grandes medios olvidan (u obvian) mencionar. En cuanto el voto, la responsabilidad recae sobre ustedes, queridos (e)lectores.

Normas de Campaña Electoral: La ley de la selva

Así como cuando los ruidos de campaña te despiertan en la madrugada. Así es una infracción a las normas de propaganda electoral. El 26 de septiembre los venezolanos estrenaremos en una elección la Ley Orgánica de Procesos Electorales (julio, 2009). Valdría la ocasión para hacerla letra viva durante lo que queda de campaña, así que repasemos algunas normas.


La propaganda electoral hecha con sistemas de sonido sólo está permitida los días viernes, sábados y domingos entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche y, por todos los dioses: “se prohíbe el volumen que altere la tranquilidad ciudadana”.


Tampoco se puede lastimar a los árboles con los “muy ecológicos” pendones de las campañas. De hecho, si usted observa un cartel de propaganda electoral en alguno de estos sitios, se está incumpliendo la norma:

  1. Edificios de entes públicos.
  2. Templos, clínicas, hospitales y unidades geriátricas.
  3. Monumentos públicos y árboles.
  4. Lugares públicos destinados a actividades infantiles.
  5. Centros de educación preescolar, básica y media.

Hay una norma tan básica que casi podría resumirse así: “no matarás y no obstaculizarás el libre tránsito de personas y vehículos en los sitios públicos”. Señores candidatos, la campaña electoral no es la excepción. Sumar minutos al tráfico de la ciudad debería restarles votos.

A ver… Sobre los bienes públicos: desde los vehículos institucionales hasta la computadora de trabajo de un empleado público, por ejemplo, pertenecen al Estado venezolano. Es decir, eso no es suyo, quítele la calcomanía del partido. ¿Han pasado recientemente por algún MinPoPo o una Gobernación?

Por otro lado, si alguien le empastela la fachada de su casa o edificio con propaganda electoral, sin su autorización, usted no sólo está en el derecho de retirarla, sino de denunciar al abusador.

La campaña de estas elecciones parlamentarias culmina el jueves 23 de septiembre a la medianoche. Eso implica dos cosas: que a partir de ese día no se puede hacer campaña y que comienzan a correr los 30 días de plazo que tienen los partidos para retirarla de las calles. Esto, por supuesto, no exime de la misma responsabilidad a las Alcaldías, encargadas de velar por el orden de las municipalidades.

Campaña en medios

Hicimos un cuadro. Cada partido político u organización postulante tiene derecho al siguiente espacio en los medios de comunicación por día. ¿Oyó, Señor Presidente?



Prensa
Radio
Televisión
(Nacional y por suscripción)
Estándar
Tabloide
½ pág
1 pág
4 minutos
3 minutos


Pero, en el caso de las alianzas (cuando distintos partidos apoyan exactamente a los mismos candidatos), “se entenderá como una sola agrupación”.

La campaña vía telefonía celular también está regulada: María Corina, reina, los candidatos no pueden enviar más de tres mensajes de texto semanales por operadora telefónica. Gracias.

La propaganda en los medios de comunicación debe estar identificada por el nombre de la organización que la promueve y su RIF. Sin estos datos, la pieza se considerará anónima y la propaganda anónima está prohibida.

Para comprar los espacios de publicidad, cada partido designó a un “Autorizado para contratar”. Cualquier publicidad pautada por personas distintas a las autorizadas tampoco está permitida. De hecho, si los medios publican o transmiten una pieza de propaganda que no esté identificada, ni provenga del “autorizado para contratar”, podría ser sancionado porque “los medios de comunicación no podrán efectuar por cuenta propia ningún tipo de difusión de propaganda” tendente a apoyar o desalentar las simpatías hacia una candidatura.

Además, aun cuando una pieza sea tan mala que incumpla con la mayoría de las normas, los medios no podrán negarse a transmitirla o publicarla. La norma dice que “en caso de duda o controversia, los interesados podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que determine si la propaganda electoral cumple con los requisitos establecidos en la Ley”.

He aquí el resto de pecados capitales de las piezas de campaña en medios de comunicación:



  • Atente contra el honor, vida privada, intimidad, propia imagen confidencialidad y reputación de las personas.
  • Promueva la guerra, discriminación o intolerancia.
  • Promueva la desobediencia a las leyes.
  • Desestimule el ejercicio del derecho al voto.
  • Contenga expresiones obscenas y denigrantes contra los órganos y entes del Poder Público, instituciones y funcionarias o funcionarios públicos.
  • Que utilicen la imagen, sonido o la presencia de niñas, niños o adolescentes.
  • Utilice los símbolos nacionales o regionales de la patria o de los próceres de la República Bolivariana de Venezuela, o los colores de la Bandera Nacional o Regional.
  • Utilice la imagen, nombres o apellidos de cualquier ciudadano, así como los colores y símbolos que identifiquen a un partido, sin su autorización.
  • Violente la normativa establecida en la legislación en materia de protección animal.
  • Sea financiada con fondos de origen ilícito.
  • Sea financiada con fondos públicos distintos a los previstos en la ley.
  • Sea financiada con fondos de origen extranjero.
  • Sea financiada con fondos privados no declarados al CNE y al SENIAT.
  • Atente contra la salud mental de las ciudadanas y ciudadanos.
  • Promueva estereotipos de discriminación de género de cualquier otro tipo.

De toda esta lista que prácticamente se explica sola, quisiéramos detenernos en dos aspectos: la normativa en materia de protección animal (¿WTF? ¿No les da mucha curiosidad?) y el financiamiento con fondos públicos “distintos a los previstos en la ley”. NPI, tampoco sabemos…

Encuestas y resultados

Continuando con la propaganda electoral en medios, sólo se pueden publicar resultados de encuestas hasta el sábado 18 de septiembre y eso incluye los programas grabados en el caso de los medios audiovisuales. Antes de ese día, todas las encuestas deben ser publicadas con su ficha técnica, no sólo porque lo diga la norma, sino porque aporta profundidad a la información. ¡Seamos serios!

Ningún medio de comunicación podrá emitir resultados electorales antes del primer boletín del CNE. Ninguno, Telesur. No se puede. Esto incluye la información que emiten los medios a través sus portales de Internet y sus cuentas en las redes sociales. En caso de que ocurra, el CNE puede ordenar a Conatel “la interrupción inmediata de la señal”.

Así como la “participación de candidatos y dirigentes de los partidos en programas de opinión e informativos de radio o televisión o en los medios de comunicación social impresos, digitales u otros medios de información masiva, no se considera propaganda electoral”, la opinión de los particulares en las redes sociales tampoco estará normada. Faltaba más.

¿Denuncias? Asegúrese de tener pruebas.


En ProMedio creemos que una ciudadanía bien informada puede hacer grandes diferencias. El CNE, a través de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, tiene a los Fiscales Electorales en todo el país, y también varios sistemas de monitoreo de la campaña en medios; el CNE puede abrir averiguaciones administrativas de oficio e imponer multas elevadísimas a los infractores, pero, sabemos, no es suficiente.


El papel del Ciudadano Rector es clave en el adecentamiento de nuestras campañas electorales. Si usted observa alguna de estas irregularidades, hágase con una prueba: una foto, un video, un clip de audio, un panfleto o un recorte de prensa. Luego vaya a este link “Denuncias de Campaña” en la página del CNE, llene todos los datos y denuncie con la confianza del que sabe que tiene la razón. Luego publíquelo en su blog y en sus redes, para que el resto del mundo tenga la oportunidad de saberlo.

Una opción adicional sería decidir su voto a favor de la candidatura que respete a cabalidad las normas de campaña, pero en ProMedio nunca nos ha gustado llamar a la abstención.

Nota: el caso de los funcionarios públicos en campaña amerita todo un texto a parte, por la importancia y gravedad del tema. Haremos un esfuerzo por entregárselos pronto.

Fuentes: