
El escenario para las venideras elecciones parlamentarias es muy particular. El Gobierno Nacional -y los factores políticos y movimientos sociales que lo respaldan - tienen como objetivo minimizar la cantidad de escaños que podría perder y, en consecuencia, mantener una amplia mayoría en el Poder Legislativo.
Las probabilidades de éxito en esta estrategia no son pocas, debido, sobre todo, a dos razones: que el Presidente Chávez mantiene una popularidad bastante más que aceptable, la cual se ha demostrado que puede ser transmitida casi a cualquier candidato que cuente con su aprobación; la segunda es que la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales favorece ampliamente a los factores políticos mayoritarios mientras que perjudica de manera importante a las organizaciones minoritarias. Nosotros hemos suscrito desde nuestro Manifiesto que no creemos en la dictadura de las mayorías, por lo cual sería insincero que no manifestásemos abiertamente nuestro rechazo a una normativa tan antidemocrática. Es decir, una mayoría del PSUV de 50,01% de los votos le aseguraría una representación de más del 80% en la Asamblea Nacional.

Las probabilidades de éxito, hasta ahora, no son muchas, dado que, por una parte, los diferentes partidos de oposición no gozan de una gran aceptación –ni siquiera juntos- dentro del pueblo por causas que no pretendemos analizar en este texto, puesto que sería tema para profundizar por sí solo; por otra parte los líderes de la oposición parecen no haber llegado a acuerdos sustantivos en cuanto a postulación de candidatos, quizá por la prevalencia de intereses individuales y partidistas que, si bien no tienen nada de pecaminoso en sí mismos, para nada favorecen al proceso de negociación, en un contexto donde la mentada “unidad”, más que un cliché representa una estrategia ineludible para los fines partidistas de la oposición política.
En suma, el Presidente Chávez procura profundizar el proceso sociopolítico que lidera ¿Cómo? Monopolizando las discusiones, evitando obstáculos y sabotajes, y sancionando leyes que aceleren el proceso (muchas, hay que decirlo, en el mismo espíritu de algunos planteamientos que fueron rechazados en diciembre de 2007); así, la oposición busca frenar ese mismo proceso ¿Cómo? Ejerciendo contraloría, haciendo contrapeso, sancionando leyes apegadas a la negativa del referéndum sobre la reforma y, quién sabe, derogando o modificando algunas de las leyes aprobadas recientemente.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional goza en estos momentos de la ventaja que usualmente disfrutan las administraciones en el poder, es decir, la capacidad de utilizar estratégicamente la gestión pública para favorecer sus opciones electorales, a través del incremento de la asignación de recursos en momentos puntuales o la capacidad de coordinar el anuncio de acciones populares justo en el período donde pueden tener el mayor impacto positivo posible sobre la campaña electoral. Todo esto de forma totalmente legítima, racional desde la óptica política e históricamente eficaz.

Si el gobierno quiere ganar las próximas elecciones parlamentarias no debe hacer grandes cambios en su estrategia. Va muy bien encaminado.
Pero si la oposición quiere lograr una mayoría en el parlamento, tiene que reconocer que si bien la popularidad del PSUV ha decaído, la de sus partidos no ha crecido en lo más mínimo. Está obligada a responder al alerta que ha levantado esa multitudinaria población que todavía no se identifica con ninguno de los partidos del escenario actual. Tiene que llegar a acuerdos internos, pero renunciando a la torpeza de designar candidatos a dedo. Tiene que tomar en cuenta el liderazgo y la trayectoria de los candidatos dentro de sus regiones específicas. La oposición no debe enfrascarse en cuestiones metodológicas –que si tarjeta única, alianza perfecta o primarias-, ni retardar más las acciones. Debe actuar pronto, comenzar a definir y ejecutar. Pero, sobre todo, más importante que todo lo demás, la oposición debe formular –más allá de intenciones redentoras, pretendidamente heroicas y “súper democráticas” - planteamientos específicos y proyectos puntuales en materia de legislación propiamente dicha, capaces de atraer genuinamente la atención del pueblo.
De nuestra parte, queda invitarlos a que participen, se informen y comenten sobre este tema. Sean cuales sean nuestras intenciones de voto, los ciudadanos tenemos el deber de activarnos. Para ello, sugerimos hacer seguimiento a las discusiones fomentadas por personas como Gabriel López, periodista de ANTV a través de su cuenta en twitter (@gabovzla), y Eugenio Martínez, columnista de El Universal (@puzkas), así como vale la pena revisar y participar en iniciativas como la del blog Cumbre Ciudadana (@CunbreC).
Lo que queremos en ProMedio es, en definitiva, propiciar la discusión sobre el tema. Tienen los lectores la palabra…