¿"Medio" golpe?

No deja de ser indignante cómo algunos medios de comunicación han decidido ignorar la gravedad de los acontecimientos ocurridos en Honduras y, concretamente, cómo han evadido el sintagma nominal “Golpe de Estado” en sus contenidos.

Dado que no podemos presentar a nuestros lectores un estudio riguroso sobre el tratamiento que los medios venezolanos han dado al Golpe del día de ayer, nos concentraremos en comentar algunas intervenciones de algunos de los periódicos de circulación nacional y regional.

Sin ahondar demasiado en detalles, si sólo nos limitamos a leer los titulares de algunas portadas de la prensa venezolana del día lunes 29 de junio, veremos no sin preocupación, por ejemplo, que Tal Cual es el único periódico escrito en Caracas que, siendo abiertamente de oposición, habla de Golpe de Estado en su portada-editorial (“Golpe en Honduras”).

El titular de primera página de El Nacional es, probablemente, el menos feliz de la jornada: “Poderes públicos aprobaron la destitución de Zelaya”. Acá no hay rastros de Golpe militar, ni de violencia, ni de protestas. Al contrario, ese titular podría ser aplicable a un largo juicio en que los poderes públicos, autónomos y apegados a la magna constitución hondureña, determinan, con evidencias y sentencias justas, que hay que relevar a Zelaya de sus funciones, dándole, seguramente, un lapso prudente a él y a su familia para que abandonen la residencia presidencial. Este titular no sólo ignora la gravedad del golpe, sino legitima la actuación de los militares hondureños y da un espaldarazo –no tan indirecto- a Michelletti.

Consideramos que ese titular es un grave error, porque atenta contra la verdad de los hechos y contra la inteligencia de los lectores. El periodismo existe para mostrar los hechos como son, no para enseñar el ángulo más bonito de la realidad, el perfil menos feo de la vida. Por eso ese titular nos avergüenza, porque habla muy mal del manejo que los medios hacen de la realidad, corriendo el riesgo de poner en crisis –más aún- su credibilidad. Nos avergüenza porque intuimos que detrás de ese titular no hay más que vaciedad, indolencia y estupidez, y eso nos duele porque El Nacional, además de una empresa, es una institución para el periodismo venezolano; y duele -y repugna- que sacrifique su tradición de una manera tan baja. La evasión, sin embargo, no causa extrañeza si recordamos el hecho consabido de que en 2002 el mismo periódico ordenó a sus periodistas que sustituyeran en sus textos “Golpe de Estado” por “vacío de poder”.

El Universal, otro ícono del periodismo venezolano, se contentó con escribir “Honduras en vilo” y aunque un poco menos insensato que el titular citado, éste también revela una voluntad de evasión que atenta contra la verdad. Ciertamente, todo hecho puede ser visto de una y mil maneras, pero ante un delito la noticia es el delito y, en todo caso, un testigo –¿qué son los periodistas y los medios sino testigos vivos?- no está en posición de absolver al delincuente.

Del mismo modo, otros periódicos tuvieron titulares bastante evasivos y eufemísticos (casi inverosímiles) como el del 2001: “Jefe del Congreso asume presidencia en Honduras”. Por ese orden, El Carabobeño tituló “Congreso destituyó al presidente Zelaya”, el Correo del Caroní se inclinó por “Destituido presidente de Honduras”. Pero creemos que uno de los menos atinados es el del diario La Hora, de Nueva Esparta: “Chávez advierte a Honduras con la guerra y afirma que la FANB ha sido puesta en alerta”. Vale acotar que además de la incómoda sintaxis y la rara extensión del titular, la portada está acompañada por una foto en la que aparece Michelletti muy sonriente, a cuatro columnas, con pose presidencial. Los diarios larenses no se quedan atrás con “Toque de queda en Honduras” (El Impulso) y “Venezuela en alerta militar por Honduras” (El Informador). Otro que llama poderosamente la atención es el del diario tachirense La Nación, el cual decidió titular, como en un cuento de hadas: “Nuevo presidente en Honduras: expulsado Zelaya a Costa Rica”. También destaca el titular de El Siglo: “Fuerza armada en alerta”; así como el de La región: “Toque de queda en Honduras”, diario en el cual este titular aparece jerárquicamente de tercero en la página, después un flamante cintillo de Michael Jackson y de la noticia de un arrollamiento.

Hay que destacar que algunos periódicos regionales fueron mucho más atinados y frontales al momento de dar cuenta de los hechos, llamando Golpe al Golpe. Sin embargo, la mayor parte de estos son medios afiliados al oficialismo, lo cual nos parece menos loable, habida cuenta de las buenas relaciones de los presidentes de Honduras y Venezuela. Lo que queremos subrayar acá es la falta de sensatez con que la mayoría de los medios impresos más críticos al gobierno han tratado, casi en bloque, el Golpe Militar ocurrido ayer en la nación centroamericana, confundiendo, en nuestro criterio, una cosa con la otra y, sobre todo, el rol de agente político con el rol de medio de servicio público, torpemente por cierto.

En este sentido, no puede pasar inadvertido el comunicado del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) sobre la situación en Honduras, en el cual a pesar de condenar las acciones de los golpistas contra los medios de comunicación y el derecho a la información, se afirma que el "CNP no pretende fijar posición en torno a la crisis política, ni opinar sobre el fondo del asunto, de modo tal que ello pudiera ser considerado como injerencia extranjera en un asunto nacional”.

Es evidente que el CNP sí fija una posición mientras afirma precisamente que no pretende hacerlo. Calificar un Golpe de Estado como una “crisis política” ya es todo un manifiesto político. Por cierto, bien debería saber el CNP que una característica común a todas las tiranías y autocracias es invocar el derecho a la “no intervención extranjera” en sus asuntos internos, como una manera de pasar un manto de silencio sobre sus tropelías y abusos.

Asumiendo este tipo de actitudes sutiles, eufemistas y preciosistas, los medios venezolanos y el CNP sólo contribuyen a incrementar su propio descrédito doméstico e internacional, haciéndole un flaco servicio al gremio. Los invitamos, ahora, a examinar concienzudamente el asunto y preguntarse si parte de la indiferencia de la “comunidad internacional” a muchos de los abusos reales que se cometen en Venezuela contra la libertad de expresión y el derecho a la información, no estará motivada, precisamente, por el rechazo que generan unos medios que actúan abiertamente al servicio de intereses políticos y un gremio que, acaso sin proponérselo, sacrifica su ética profesional en el altar de la polarización.

Ojalá esta modesta crítica sirva de alerta. No podemos perder la facultad del entendimiento. No podemos permitir que nuestro oficio siga convirtiéndose en un instrumento de las opiniones y líneas políticas más insólitas. Y si no lo decimos nosotros, entonces quién.

ProMedio se pronuncia en contra del Golpe de Estado en Honduras

Apegados a los principios que rigen este grupo, consagrados en nuestro Manifiesto y, sobre todo, respondiendo a los principios democráticos que nos rigen como ciudadanos; los integrantes de ProMedio manifestamos, por esta vía, nuestro profundo desagrado por los hechos suscitados hoy en la República de Honduras.

En horas de la mañana, y luego de haber logrado un clima de calma y de diálogo para resolver la crisis política de las últimas semanas, el ejército de Honduras ha hecho preso y ha expulsado del país al Presidente legítimamente electo de esta hermana república, Manuel Zelaya.

No nos pronunciaremos acá sobre los detalles de la crisis que ha desembocado en tan vergonzosa actuación militar, puesto que sería irresponsable de nuestra parte sentar posición sobre temas de política interna que no conocemos sino superficialmente, pero sí expresamos nuestra convicción de que los caminos del diálogo y del debate siempre serán los únicos válidos y legítimos para dirimir las diferencias entre los factores políticos de cualquier país. Sí sostenemos que, independientemente de las conductas de los presidentes electos por el pueblo, nada justifica un golpe de Estado, puesto que siempre que haya institucionalidad y transparencia, habrá mecanismos soberanos para que los mandatarios se adecuen a sus funciones y se pongan a derecho y al servicio exclusivo del pueblo que decidió transferirle ciertas competencias. Pero, en todo caso, la voluntad popular no puede ser irrespetada por nada ni nadie.

No es tarea de los militares, ni debe serlo nunca, el inmiscuirse en los asuntos civiles, mucho menos si dichos asuntos se refieren al hecho político. Y es motivo de indignación, incluso más que el hecho de barbarie militar, el aval civil que otros poderes del Estado hondureño están haciendo sobre el golpe.

Creemos que ya son etapas históricamente superadas en Latinoamérica, aquellas donde las diferencias políticas son arregladas bajo la imposición del poder militar dentro de un mismo país. Creemos firmemente en la democracia, y creemos por ende, que los uniformes, las botas y las balas no son compatibles con las elecciones, el diálogo y el debate.

Esperamos que la comunidad internacional sepa presionar de manera firme a aquellos apologistas del militarismo que hoy pretenden hacer borrón y cuenta nueva en Honduras, y que no solo su accionar se quede en los pronunciamientos y las resoluciones, sino que busquen, por vías no violentas ni ilegales, la vuelta al país de Manuel Zelaya ejerciendo el cargo para el que fue electo, y del que sólo podrá separarse cuando el mimo pueblo que lo eligió, decida que ya no debe estar allí, o en todo caso, cuando constitucionalmente le corresponda entregar el cargo a un nuevo Presidente elegido por la vía electoral.

Política y medios: El Show, ¿debe continuar? (y II)

Guerra de poderes

Si le metemos la lupa al enfrentamiento histórico entre el Gobierno y los medios privados nos podemos encontrar con cosas interesantes. En primer lugar descubriremos que el asunto no es nuevo. Es famoso el caso del veto a Luis Herrera Campins por parte de los canales privados de televisión, debido a la decisión tomada por su gobierno de sancionar a varios canales con la suspensión de la señal por haber trasmitido cuñas de cigarros. Otro caso ocurrió cuando, luego del golpe del 4F, el gobierno de Carlos Andrés Pérez prohibió a los medios de manera informal sacar información sobre el entonces reo y militar golpista, Hugo Chávez. En el segundo gobierno de Rafael Caldera se planteó la realización de una ley para regular contenidos de los medios audiovisuales, muy parecida a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y la Television, e incluso, fue en este gobierno cuando se escuchó por primera vez aquello del derecho a la información veraz. Por su parte Jaime Lusinchi sufrió el ensañamiento de parte de los canales privados al final de su mandato cuando explotó el tema de Blanca Ibañez, incluso Venevisión sacó al aire una novela donde un personaje cometía hechos de corrupción engañado por su amante-secretaria en clara referencia al caso Lusinchi-Ibañez.

Actualmente el Gobierno Nacional y los medios se reclaman unos a otros abusos y atentados a la libertad de expresión. Pero el asunto es que, en Venezuela, las líneas se difuminan. Los medios son compañías privadas, manejadas por grandes representantes de la oligarquía criolla: los Cisneros, los Phelps, los Zuloaga. Son poderes fácticos que utilizan sus recursos mediáticos y económicos para subyugar o manipular al poder político. En algunos casos, como se observa claramente con Alberto Federico Ravell, los directivos de estas empresas asumen directamente un rol de conducción política, lo que en sí mismo puede no constituir una falta, si se admitiera sin medias tintas y con una clara diferenciación entre la labor informativa de la empresa y los objetivos político-partidistas personales.

Por su parte, el Gobierno Nacional pretende presentarse como víctima de una conspiración mediático – económica cuya inmensa fuerza sólo podría ser contenida gracias al apoyo incondicional del “Pueblo” (vocablo que en este caso parece no incluir a, mínimamente, ese 38% de los electores que no votó por el Presidente Chávez en 2006, y que aparentemente tampoco son ciudadanos en el pleno uso de sus facultades mentales, de acuerdo con la línea editorial oficial).

Sin embargo, esta pretensión está distorsionada en la medida que en Venezuela históricamente el máximo poder económico ha sido siempre el Estado. Y particularmente a partir de los últimos seis años, este Estado inmensamente rico ha sido puesto al servicio del Gobierno del Presidente Chávez, con recursos que superan con creces a los de cualquier conglomerado oligárquico que pueda existir en Venezuela, como lo evidencian las amenazas y acciones concretas del Ejecutivo contra los Phelps, Cisneros, Mendoza o Zuloaga. Si la correlación de poder fuera otra entre el sector privado y el Gobierno, no veríamos al Presidente Chávez tan confiado en sus políticas vis a vis los grandes grupos empresariales.

Asimismo, el poder económico del Estado está siendo utilizado para construir un poder mediático al servicio de éste. Al menos cuantitativamente, los resultados hasta ahora han sido importantes. A primera vista, vienen a la mente VTV, TVES, Telesur, ANTV, Ávila TV y Vive TV, sólo en lo referente a los medios televisivos. Esta estrategia parece corresponderse con lo que Andrés Izarra ha denominado la necesidad de lograr una “hegemonía comunicacional” como condición sine qua non para el éxito de la Revolución Bolivariana.

Ahora, el hecho de que estos medios no tengan éxito en las mediciones de audiencia se corresponde más con una pésima gestión que con la carencia de recursos, tal como lo ha señalado Pasqual Serrano, uno de los editores de Rebelión. Tal vez, si el Gobierno Nacional hiciera un uso más eficiente de estos medios no tendría necesidad de retirar las concesiones a otras plantas televisivas.

La guerra entre Chávez y los medios es tan solo un capítulo más del enfrentamiento entre la política y quienes manejan el capital privado. Incluso, podría definirse como la lucha entre una élite político – económica que busca mantener sus cuotas de poder y una nueva élite político-económica que busca surgir. No queremos con esto disminuir el hecho tácito de que al Presidente Chávez le molesta la disidencia. Eso es algo que ha demostrado no sólo con los medios y la oposición, sino también con todos los que se han “atrevido” a manifestar desacuerdos: adversarios, aliados, líderes comunitarios, miembros del gobierno, del PSUV, sindicatos, "intelectuales", etc.

El punto que buscamos enfatizar es que Globovisión, Venevisión, Televen o RCTV no son los grandes defensores de la democracia que tanto se autoproclaman. Cada uno de los dueños de estas televisoras posee intereses de índole económica que están seriamente amenazados con un gobierno como el del Presidente Hugo Chávez. Bajo esta premisa, son realmente posibles capítulos negros como los de Abril de 2002, o temas tan vergonzosos como el de Alberto Federico Ravell fungiendo de dirigente opositor, e incluso el del pacto Cisneros – Presidente Chávez. Es el mismo enfrentamiento histórico pero con un elemento novedoso: El poder político ha asumido las estrategias de guerra del poder económico y el poder económico está asumiendo las más negras estrategias del poder político. Toda una crisis de identidad.

Queda claro que los medios no están cumpliendo con varias de sus funciones, y están ejerciendo otras que no les son inherentes. Los extremos son malos, como reza el lugar común, y en eso estamos de acuerdo. Globovisión crea en su audiencia un ejército de alienados y apologistas de la violencia que invocan de manera irresponsable un artículo 350 que ni siquiera saben cómo manejar, sin mencionar el daño grave que Ravell está haciendo desde hace años a la oposición, a la política nacional en general y al periodismo venezolano.

Venezolana de Televisión, por su parte, abandona su rol como canal “del Estado” para convertirse en órgano propagandístico de un partido, el PSUV (porque es importante destacar que no todas las organizaciones afines al proceso político encabezado por el Presidente Chávez tienen cabida allí). VTV también aliena a su audiencia, inculcando valores antidemocráticos, como la exaltación del culto al personalismo, y ocultando la mayoría de los problemas graves y reales que sufrimos los venezolanos.

En Venezuela necesitamos medios y programas que entretengan, pero también otros que contribuyan con la formación ciudadana, cognitiva, ética, así como otros que informen de manera veraz e imparcial, que no asuman actividades de proselitismo político y que rescaten los valores deontológicos del ejercicio del periodismo. La Comunicación Social es un arma peligrosa, que puede canalizar y resolver muchos de los problemas de una nación ejerciendo una correcta actividad de contraloría social, de información y de opinión, sin construir realidades paralelas o artificios dicotómicos, y sin promover violencia, es decir, mostrando las cosas como son, más allá de lo trivial y lo aparente (o intentándolo) y, por supuesto, promoviendo el diálogo y la conciliación. Los mass media deben necesariamente replantearse, y eso no se logra cerrando medios sino dando el ejemplo de lo que se debería hacer, cosa que no está ni remotamente cerca de haberse logrado con la apertura de nuevos medios por parte del Gobierno Nacional. Llama la atención que no solo José Vicente Rangel y Vladimir Villegas hayan expresado su desacuerdo con una virtual medida de cierre de Globovisión, sino que también los partidos aliados del Gobierno Nacional (PCV y PPT) se han pronunciado en contra de tal escenario. Ningún medio tiene la verdad en sus manos, lo que sí tienen es una responsabilidad que ya va siendo necesario asuman como tal.

A nadie le conviene más el cierre de Globovisión que a los dueños y directivos de Globovisión. De hecho, tal vez ellos estén apostando a que los cierren. En este juego de poderes, poco parece importar el destino y bienestar de los cientos de trabajadores que dependen de esa planta.

Eventualmente, tanto el Gobierno como los dueños de Globovisión pueden terminar arrepintiéndose. Los intentos por monopolizar la capacidad de manipular al pueblo ignoran que éste terminará por desarrollar su propia conciencia, trascendiendo los polos políticos y sus ideologías.

Gritar insultos es tan fácil como señalar y mandar a callar (sobre todo cuando se tiene poder). El asunto aquí es recordar que el pueblo no es un telón de fondo detrás del conflicto entre un medio de comunicación y un gobierno. El asunto es recordar que los medios de comunicación y los gobiernos no están para el goce de unos pocos (de ellos mismos), sino que ambas entidades sociales constituyen dos formas de servir al público. Cualquier manifestación contraria es, por lo menos, anti-progresista. Es decir, regresista.