El amigo Rui Santos escribió en su Blog su visión particular sobre el tema de la expropiaciones inmobiliarias recientemente realizadas por el Estado venezolano. La visión de Rui, además de legitimarse en el hecho de que es una de las víctimas de la medida, nos pareció particularmente lúcida. Por eso reproducimos el texto en nuestro Blog. Lean y emitan sus propias opiniones. Recuerda que tú también puedes enviar tus textos por mail.
El domingo 31 de octubre se anunció la expropiación de (entre otras cosas) varios proyectos inmobiliarios en todo el país. La excusa es que las construcciones presentaban retraso, había sobreprecio en algunos casos y abusos relacionados con el cobro irregular de IPC/INPC. En fin, había trácalas, estafas y engaños. En muchos casos eso es cierto, y en esos casos, evidentemente, hay que actuar.
Y el problema, obviamente, no viene de que el Estado actúe protegiendo a la población, que para eso está. El problema viene de cómo lo hace. Y es que parece que a veces no se mide el alcance y las consecuencias de las medidas que se toman.
Sucede que sí, es cierto que hay casos donde se han cometido errores y abusos, y que deben ser corregidos, pero también es verdad que en muchos casos hay retrasos que obedecen a fallas en el suministro de cemento o acero (ambos rubros controlados desde hace algún tiempo por empresas del Estado), y en otros muchos casos, apartamentos ya listos no han podido ser entregados por no haber obtenido el permiso de habitabilidad, normalmente por atrasos en la instalación de luz eléctrica o suministro de agua (nuevamente, rubros controlados por empresas del Estado). Entonces, digamos que como mínimo yo le exigiría al Estado que demuestre el nivel de eficiencia que le exige a las constructoras. Vamos, que con el control de los medios de producción relacionados a esos sectores de la economía, no debería ser tan difícil, ¿cierto?
Por otro lado, anunciar medidas así, de golpe, y sin dar detalles, no es la manera más inteligente de ganarse a la clase media. Es decir, a veces lo que le preocupa a uno no es el qué sino el cómo. Y en este caso, el cómo no está claro para nadie. El término ocupación temporal suena tan parecido a invasión que más de uno durmió ayer con taquicardia. Y cuando se habla de expropiar un conjunto residencial, pues a nadie le queda muy claro qué cosa le expropian a quién.
Me explico: si expropian un edificio, y yo soy propietario ya, con hipoteca firmada con el banco, llaves en mis manos y en proceso de remodelación del apartamento o mudanza, ¿también expropian mi apartamento? ¿o expropian sólo los apartamentos que son propiedad de la constructora promotora?, ¿y las áreas comunes de quién son?
Por otra parte, si aún no soy propietario pero ya pagué lo acordado con la constructora/promotora, ¿me harán un nuevo contrato, esta vez con el Estado? Porque al parecer no están expropiando la empresa con la que tengo el contrato, sino la construcción como tal. Jurídicamente hablando tengo un contrato con una empresa, sobre un inmueble que ya no es suyo. Las dudas son peores si soy un comprador que no ha terminado de pagar lo convenido con la empresa. Es decir, ¿a quién le pago a partir de ahora?
Todo lo anterior se reduce a un hecho bien simple: todos los compradores tienen algún tipo de relación contractual con una empresa, en base a un proyecto que esa empresa ofreció en preventa. El problema es que el proyecto que es objeto del contrato en cuestión ya no pertenece a la empresa, mientras que el contrato sigue siendo entre las mismas partes. Y saldrá alguno a decir “el gobierno hace esto para favorecer a los compradores, y harán las cosas bien”. Pues no. De haber hecho “las cosas bien”, las habrían planificado como debe ser, y habrían emitido el fulano anuncio de expropiación, con todos los puntos sobre las íes.
Por otro lado, en relación con las denuncias y las sanciones, sólo hay dos cosas sobre las que me gustaría reflexionar:
Primero, si se quiere ser verdaderamente democrático y favorecer a las mayorías, la próxima vez que haya un volumen de denuncias, que no representa ni el 10% del total de posibles afectados, no estaría de más hacer su trabajo e investigar el asunto, antes de tomar medidas de tan alto impacto, en televisión y al estilo rockstar prepotente.
Segundo, en un país donde las cosas funcionan de verdad, los conflictos no se resuelven a punta de expropiaciones. Que si tienes una Defensoría del pueblo, un Indepabis y unos tribunales competentes, cualquier ciudadano que se sienta perjudicado en algo debería poder resolverlo usando esos organismos. Y si no, jubilen a ese gentío, y que el tío Hugo siga resolviendo todo, que ya está bueno de botar los reales pagándole a ineptos.
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