
Ante todo, hay que entender la corrupción como un fenómeno complejo y multicausal. Efectivamente hay diversas modalidades (política, administrativa, económica), pero todas derivan de un conflicto ético relacionado con la deshonestidad. Es una maximización de los intereses particulares en desmedro del bienestar colectivo. Para combatirlo, es menester empezar a concebir la dimensión social del problema. Ciertamente, constituye una amenaza al sistema democrático; y lo es en la medida en que erosiona la credibilidad del propio sistema y de su institucionalidad.
Desde luego que la corrupción no es tema nuevo en nuestra historia republicana, y también es un constructo profundamente arraigado en la simbología sociocultural venezolana. Tulio Bruni Celli comentaba que “como consecuencia de la impunidad de que han gozado y gozan los corruptos en Venezuela, se ha creado por la fuerza del mal ejemplo y de las circunstancias, no

El actual gobierno está emprendiendo algunas medidas para la reducción de la corrupción. En el plano normativo, nuestros legisladores sancionaron en el 2003 la Ley contra la corrupción(en sustitución de la vieja Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público). En el plano ejecutivo las acciones de vigilancia y control han quedado, principalmente, en manos de la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional y la contraloría social. Cabe destacar que en este último punto la organización no gubernamental Transparencia Venezuela ha trabajado conjuntamente con el Estado, particularmente en el área de promoción y capacitación y, especialmente, en la evaluación de gestiones del poder municipal.
La contraloría social ha sido, entonces, el pilar fundamental de la actual política anticorrupción. Consiste en la organización comunitaria mediante la promoción de la ética pública y del principio de corresponsabilidad. Bajo esas premisas, se han organizado comités encargados de la fiscalización del patrimonio público y de la canalización de las denuncias. Estos comités están llamados a hacer frente a la corrupción y a la burocracia que la permite. En nuestra opinión, consideramos que sería muy útil que estos estrecharan vínculos con los Consejos Comunales.
Por medio de la contraloría social es que, en muchos casos, los órganos de control han asignado responsabilidades políticas y administrativas a funcionarios públicos. La sociedad ha elevado sus denuncias, especialmente ante la Asamblea Nacional y la Contraloría General, agilizando y facilitando los procesos. Esto le ha permitido al Estado tomar acciones en casos como los de Fondafa, el Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora, y más recientemente, Pdvsa, gobernación de Amazonas y alcaldías de municipios de Delta Amacuro (Pedernales y Tucupita).
