Separación de poderes II: de libertades y contrapesos

Tanto las bases programáticas del PSUV, como aquellas declaraciones de la Presidenta del TSJ, derivan, posiblemente, de una concepción holística del sistema sociopolítico, según la cual “el Estado es una totalidad que no sólo representa la suma de las partes, sino que tiene prioridad teleológica, causal y jerárquica sobre éstas (…) No son las personas o los individuos los que dan lugar al Estado, sino viceversa y el bien supremo es el bien de la totalidad que es completamente independiente del de los individuos que de ella forman parte y se impone sobre éstos”(1).

Adicionalmente, si los distintos poderes del Estado venezolano progresivamente van subordinándose a uno solo (en este caso, el Ejecutivo), encarnado en una persona que asegura representar la “voluntad del Pueblo”, y el Estado a su vez se impone sobre los individuos, vemos que comenzamos a entrar en la definición clásica de lo que constituye una tiranía o autocracia. Tal vez no se pueda aseverar que se ha llegado a este nivel, pero los indicios analizados del programa del PSUV y las declaraciones de Estela Morales parecen indicar esa dirección.

Frágil libertad

La imposición del Estado sobre los individuos y la subordinación del Estado al Poder Ejecutivo, presunto representante de esa abstracción denominada “Pueblo” (utilizada como justificación universal, pero rara vez escuchada), lejos de incrementar la libertad y el bienestar, termina –como se afirma en un trabajo de Antonio José Herrera y Miguel Ángel Latouche- “privatizando lo público a favor de los intereses de la clase política en el poder” a partir de un “proceso paulatino pero constante que lleva a determinar los intereses colectivos en función de las visiones de lo público que tiene la clase política dominante y, en consecuencia, el ámbito de lo político se particulariza” (2).

Si algo debemos retomar (o exhumar) del Libertador Simón Bolívar –más que sus restos mortales- es precisamente la base de su pensamiento político, inspirado en el de grandes filósofos de la Ilustración y precursores de la Revolución Francesa, como el Barón de Montesquieu, quien sobre estos puntos fijó -en su obra El Espíritu de las Leyes- una posición que ha servido de fundamento a la democracia moderna:

“Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad; falta la confianza, porque puede tenerse que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y el poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos; como que el juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre los particulares”.

De esta forma, lejos de estar sugiriendo malabarismos teóricos con finalidades difusas u orientaciones reaccionarias, consideramos que el PSUV y el Presidente de la República deberían plantearle claramente al país cuál es su proyecto político y cuál es su fundamento ideológico y estratégico, puesto que lo expresado en su base programática tiene más tintes de “socialismo real” (eufemismo utilizado para designar indirectamente al comunismo “duro”), neo-estalinismo y “democracia popular” (pero de las que existieron en Europa del Este, con Stasi incluida) que de otra cosa.

Eso es lo que se estará decidiendo el próximo 26 de septiembre, y los venezolanos merecen (y deben exigirlo) escuchar la verdad claramente, para decidir fundamentándose en elementos sólidos y no emocionales.

En ProMedio, somos de la opinión de que en pocos momentos de la historia democrática moderna de Venezuela ha estado más patente la necesidad de una verdadera autonomía y separación de los poderes públicos. Tal como plantea uno de los corredactores de la Constitución Nacional, Vladimir Villegas, el “cambio revolucionario no puede interpretarse como la vuelta a un esquema de poder en el cual se le dé rango constitucional, por vía de hecho y no de derecho, a la sumisión de unos poderes frente a otros, y a la consagración del culto a la personalidad, propio de sistemas políticos atrasados, los cuales pueden llegar a cautivar durante un buen tiempo a las grandes mayorías, pero que terminan erosionados por sus propias limitaciones, contradicciones e incluso barbaridades”.

Autonomía palpable

La reflexión sobre el destino de la democracia en Venezuela no puede verse reducida a la elucubración abstracta: la supeditación de los Poderes Públicos al Poder Ejecutivo tiene consecuencias palpables en el venezolano de pie, que impactan directamente su bienestar, bolsillo y seguridad.

Tomemos por ejemplo el nunca suficientemente discutido “Caso PDVAL”. En cualquier país del mundo, la putrefacción (o “vencimiento”) de miles de toneladas de alimentos, por un monto de cientos de millones de dólares, sería un escándalo político de inmensas proporciones, que habría implicado renuncias y arrestos a funcionarios del más alto nivel, además de investigaciones independientes que habrían conducido a la implementación verificable de correcciones integrales sobre toda la política alimentaria.

Pero en Venezuela, donde el Gobierno Nacional ha expropiado cientos de fincas, fábricas y galpones, así como destinado cuantiosos recursos a una “soberanía alimentaria” que no termina de verse por ningún lado (salvo en las cuentas bancarias de los exportadores brasileños, argentinos y uruguayos) y acosado a los mayores productores alimenticios del país, este caso apenas sirve para cuestionar los fundamentos mismos de la gestión gubernamental y su proyecto de país. Pues, resulta que toda la responsabilidad de este inmenso entramado de ineptitud y corrupción es culpa de sólo tres personas: nuestros nuevos y criollitos “Chinos de RECADI”.

¿Dónde está la Contraloría, que debe prevenir e investigar este tipo de situaciones a gran escala? ¿Dónde está el Contralor, quien debería no sólo abordar la corrupción implícita en el caso PDVAL, sino también el funcionamiento y la ineficacia de una política económica y alimentaria que ha debilitado la producción nacional y nos ha hecho dependientes del extranjero en proporciones nunca vistas desde la mitad del siglo XX?

¿Por qué la Asamblea Nacional se ha negado, por lo menos siete veces, a realizar las investigaciones del caso y a exigir la comparecencia del responsable de esta situación, el Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo y Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, de quien dependía en última instancia PDVAL?

¿Por qué el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, no se avoca a rectificar sus políticas, y a exigir el fin de la “impunidad” y el cumplimiento de todo el peso de la ley sobre los responsables, como sí lo hace en otros casos? ¿Por qué no demuestra que, efectivamente, la autonomía de los Poderes Públicos funciona en Venezuela, caiga quien caiga?

¿Por qué algunos seguidores del Presidente, que saben la gravedad de lo ocurrido con el caso PDVAL y sufren día a día los efectos de la corrupción y la ineficiencia, prefieren callar sus voces y dejan las críticas que desearían hacer en las manos de una oposición que dicen detestar?

Denostar a la oposición por “explotar políticamente” este caso es absurdo, pues es un caso político por definición, en virtud de que afecta el bienestar común de todos los venezolanos, y da cuenta de los detalles de una gestión que nos gobierna a todos y debería tratar de gobernar para todos. Al contrario, esta vez las críticas de la oposición toman mayor relevancia precisamente ante la inacción y pasividad de los Poderes Públicos que deberían actuar para prevenir, castigar y corregir estas situaciones.

Estas son algunas de las reflexiones que juzgamos fundamentales para pensar en las elecciones del 26 de septiembre de 2010, en las que nos pronunciaremos precisamente sobre el Poder Legislativo, poder que, con una clara incidencia sobre su funcionamiento, hoy promueve el modelo de país propuesto por el Presidente de la República.

Ahora esperamos poder oír y leer sus reflexiones al respecto, e iniciar una sana e incluyente discusión que apunte hacia la construcción colectiva del bienestar común.

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(1) Rey, Juan Carlos: “Ensayos de Teoría Política”. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1998. Pág. 241.

(2) Herrera, Antonio y Latouche, Miguel Ángel: “Hugo Chávez: Personalismo revolucionario en formato democrático”. Foreign Affairs Latinoamérica, Vilumen 8, Número 3

Separación de poderes I: discursos encontrados

“Los príncipes que han querido hacerse tiranos, han comenzado siempre por reunir en su persona todas las magistraturas”

Barón de Montesquieu (“El Espíritu de las Leyes”)

El 18 de julio de 2010, el diario El Universal publicó un sencillo reportaje sobre las “Bases Programáticas” y la “Declaración de Principios” del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en un intento por determinar si el programa político del Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, se corresponde con las premisas básicas del comunismo (como lo ha denunciado el Cardenal Jorge Urosa Savino) o si realmente estamos frente a un nuevo modelo de socialismo adecuado a las particularidades del Siglo XXI y sus realidades políticas, económicas y sociales.

Durante la lectura del reportaje, llama la atención la denuncia que realizara su autor, el periodista Francisco Olivares, acerca de ciertas pretensiones expresadas en la plataforma programática del PSUV, incluida la “necesidad” de reinterpretar el concepto clásico de la separación de los poderes públicos, uno de los pilares de la democracia universalmente aceptados, al cual se le inscribe dentro de lo que se ha dado en llamar “concepción liberal burguesa”. Hoy, a pocas semanas de una nueva oportunidad para elegir los integrantes de uno de esos poderes –el Legislativo-, se nos hace urgente volver la mirada sobre este asunto.

Cuando el río suena...

Ante la alarma que genera la lectura del conciso reportaje de Olivares, por la potencial implicación de sus aseveraciones, y convencidos del peligro que encierran las distorsiones mediáticas, decidimos acudir directamente a la fuente primaria: las Bases Programáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), publicadas en la página oficial del partido de gobierno. De esta forma, se pudo verificar que -tal como lo expresó en su momento el periodista de El Universal- el programa político del PSUV cuestiona la necesidad de la división de los poderes públicos. De hecho, lo hace de una manera aún más contundente que la expresada en el artículo del diario El Universal (posiblemente por limitaciones de espacio): “El ejercicio intransferible de la soberanía, de la cual emanan y a la cual están subordinados todos los poderes públicos (legislativo, judicial, ejecutivo, electoral y moral), implica necesariamente que el pueblo los concentre en sus manos como forma de superar la concepción liberal burguesa de la separación formal de poderes. Por eso, los mandatos que delega el pueblo en diversas esferas del poder, sólo pueden ser ejercidos obedeciendo a sus intereses y como expresión directa de la participación popular en la constitución de los poderes públicos y en la formación, ejecución y control de políticas públicas”.

Aunque es bastante preocupante lo planteado como guía programática del PSUV, no es la primera vez que términos similares han sidomanifestados públicamente. Se debe recordar que el 05 de diciembre de 2009, la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estela Morales, generó controversia al pronunciarse a favor de una nueva modificación de la Constitución Nacional.

En esa oportunidad Morales manifestó que “la división de poderes es un principio que debilita al Estado", señalando que una “cosa es la separación de poderes y otra es la división" y destacando que aunque cada Poder Público debe actuar independientemente, la “existencia del Consejo de Estado o el principio de colaboración entre los poderes son muy sanos y permiten que el Estado, que es uno, y el Poder, que es uno divido en competencias, puedan coordinar".

Poco después, el 09 de diciembre de 2009, Morales amplió sus declaraciones, cuando indicó que el nuevo “constitucionalismo” nace en la República Bolivariana de Venezuela “con la modernidad de la participación popular y, sobre todo, el nacimiento de un nuevo pacto social”, al tiempo que enfatizaba en que la autonomía de los poderes públicos debía ser interpretada de una manera “lógica y racional”, distinta del “aislamiento”.

En este sentido, llama la atención la ambigüedad (¿calculada?) de estas opiniones. Las declaraciones de la magistrada nos permiten reflexionar a partir una serie de inquietudes que surgen: ¿qué buscaba la Presidenta del TSJ con semejantes señalamientos? ¿Por qué “debilitaría” al Estado venezolano la división de funciones y competencias entre sus diferentes Poderes? ¿No existe suficiente coordinación entre ellos? Si es así, ¿por qué? ¿Se resolvería esa situación con nuevas modificaciones de carácter constitucional? ¿O lo planteado por la Presidenta del TSJ y el programa político del PSUV sencillamente apuntan hacia otra dirección?

A todo esto se suman las reiteradas y enfáticas afirmaciones del Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, manifestando que el Gobierno Nacional respeta la autonomía de los poderes públicos, y que los cuestionamientos al respecto se derivan del interés de poderosos sectores económicos, aliados del Imperialismo, que se quieren mantener por encima del cumplimiento de la Ley.

Entonces, ¿qué provoca que el Presidente de la República se esfuerce tanto en desmentir lo que está establecido en el programa político de su partido?

Cable a tierra

El artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) establece que el Poder Público Nacional se divide en cinco (5) poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. De esta forma, observamos que lejos de cuestionar la necesidad de la separación de los poderes públicos, los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente agregaron dos (2) poderes a la tríada que ha sido tradicional en la cultura y la historia política Occidente: el Poder Ciudadano (ejercido por el Consejo Moral Republicano, cuyos órganos son la Contraloría General, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, de acuerdo al artículo 273) y el Poder Electoral (ejercido por el Consejo Nacional Electoral, tal como lo establece el artículo 292).

El mismo artículo 136 determina que “cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. Por lo tanto, la “colaboración” dentro del Poder Público Nacional para el logro de los objetivos del Estado ya está constitucionalmente establecida. Es decir, no hacen falta nuevas modificaciones sobre este punto. La “colaboración” implica necesariamente la coordinación entre los diversos poderes, pero con la salvedad de que cada uno mantiene sus competencias e independencia de acción.

Así, dado que la realidad política nos impulsa a releer su proyecto original, podríamos sugerirle a la Presidenta del TSJ una detenida relectura del artículo 145 de la Constitución Nacional, el cual determina que “los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna (…) Su nombramiento o remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política”.

Es necesario recalcar esto en el sentido de que Estela Morales debe limitarse a realizar su trabajo con base en la interpretación del marco constitucional y legal vigente, y no a partir de lineamientos emanados -o recibidos- a propósito de su filiación política. No está demás aclarar que aunque la Presidenta del TSJ puede expresar su deseo de una nueva Constituyente o modificaciones a la Carta Magna, debe tener bien en cuenta que mientras eso no suceda, los Poderes Públicos en Venezuela son autónomos, y que las decisiones del Poder Judicial no deben provenir -directa ni indirectamente- del Ejecutivo, algo que no siempre parece quedar claro en nuestra actual coyuntura política.

Corrupción y anticorrupción en Venezuela

Uno de los objetivos fundamentales de ProMedio es el de delimitar y discutir aquellos temas donde la sociedad venezolana pueda llegar a un consenso que permita formular soluciones integrales con la participación de todos los sectores. Como un primer paso en esta dirección, hacemos una breve reflexión sobre la corrupción, problemática que salpica a moros y cristianos, y sobre las políticas que se han efectuado en Venezuela para reducirla. Intentamos hacer un breve abordaje del problema, desde un enfoque concentrado en el flagelo dentro del poder público, así como de los aciertos y desaciertos que han comportado las medidas para controlarlo.

Ante todo, hay que entender la corrupción como un fenómeno complejo y multicausal. Efectivamente hay diversas modalidades (política, administrativa, económica), pero todas derivan de un conflicto ético relacionado con la deshonestidad. Es una maximización de los intereses particulares en desmedro del bienestar colectivo. Para combatirlo, es menester empezar a concebir la dimensión social del problema. Ciertamente, constituye una amenaza al sistema democrático; y lo es en la medida en que erosiona la credibilidad del propio sistema y de su institucionalidad.

Desde luego que la corrupción no es tema nuevo en nuestra historia republicana, y también es un constructo profundamente arraigado en la simbología sociocultural venezolana. Tulio Bruni Celli comentaba que “como consecuencia de la impunidad de que han gozado y gozan los corruptos en Venezuela, se ha creado por la fuerza del mal ejemplo y de las circunstancias, no sólo una generalizada indiferencia frente a los delitos contra los dineros públicos, sino todavía algo peor: se ha llevado a la exaltación, a la veneración y hasta al aplauso social a quienes cínicamente exhiben y alardean de sus fortunas mal habidas”. En el siglo XIX, Bolívar lo advertía, llegando incluso a establecer la pena de muerte a quienes se atrevieran a lesionar el tesoro nacional, por lo que puso su empeño en la configuración de un Poder Moral. El siglo XX, bastante más flexible, pudo conocer de cerca los más altos niveles de corrupción tanto en sus gobiernos dictatoriales como en algunos de los regímenes democráticos. Y el camino andado del siglo XXI no ha sido la excepción. Hoy hay mucho dinero circulante y la corrupción ha encontrado acomodo en su “prima-hermana”: la burocracia. La proliferación de ministerios, institutos y oficinas dificulta la detección de irregularidades en medio de un Estado que ha devenido en una instancia poliédrica, multiforme y harto difícil de domesticar.

El actual gobierno está emprendiendo algunas medidas para la reducción de la corrupción. En el plano normativo, nuestros legisladores sancionaron en el 2003 la Ley contra la corrupción(en sustitución de la vieja Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público). En el plano ejecutivo las acciones de vigilancia y control han quedado, principalmente, en manos de la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional y la contraloría social. Cabe destacar que en este último punto la organización no gubernamental Transparencia Venezuela ha trabajado conjuntamente con el Estado, particularmente en el área de promoción y capacitación y, especialmente, en la evaluación de gestiones del poder municipal.

La contraloría social ha sido, entonces, el pilar fundamental de la actual política anticorrupción. Consiste en la organización comunitaria mediante la promoción de la ética pública y del principio de corresponsabilidad. Bajo esas premisas, se han organizado comités encargados de la fiscalización del patrimonio público y de la canalización de las denuncias. Estos comités están llamados a hacer frente a la corrupción y a la burocracia que la permite. En nuestra opinión, consideramos que sería muy útil que estos estrecharan vínculos con los Consejos Comunales.

Por medio de la contraloría social es que, en muchos casos, los órganos de control han asignado responsabilidades políticas y administrativas a funcionarios públicos. La sociedad ha elevado sus denuncias, especialmente ante la Asamblea Nacional y la Contraloría General, agilizando y facilitando los procesos. Esto le ha permitido al Estado tomar acciones en casos como los de Fondafa, el Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora, y más recientemente, Pdvsa, gobernación de Amazonas y alcaldías de municipios de Delta Amacuro (Pedernales y Tucupita).

Aún hay corrupción impune porque, a pesar de los avances en materia de participación ciudadana, todavía perviven el modelo burocrático y remanentes de la cultura de “aplauso social”. Si bien ahora hay un aparato jurídico importante, las probabilidades de su aplicación siguen siendo menores que las probabilidades de impunidad, y los organismos del Poder Ciudadano siguen teniendo ascendencia limitada en la ciudadanía. Algunos líderes del gobierno bolivariano han señalado que la revolución y la corrupción no son compatibles. Indiscutiblemente que no es revolucionario permitir (menos aún aupar) la corrupción. Hace falta más disciplina y rigurosidad en la determinación de responsabilidades y sanciones, pero no hay que olvidar que combatir la corrupción es una empresa de largo aliento.

Manifiesto ProMedio

1. Estado, nación, gobierno, partido de gobierno y sociedad deben ser entidades separadas y claramente delimitadas.

2. La Universidad es una institución al servicio de la nación y, por tanto, una comunidad independiente de los intereses del gobierno.

3. En ese sentido, la autonomía universitaria es imprescindible, entendida como la libertad que permite a las casas de estudio el ejercicio de sus funciones como tales, en conexión permanente con los requerimientos que el desarrollo nacional reclama.

4. La Universidad se nutre de la diversidad y el debate ideológico y académico.

5. Una de las funciones esenciales del Estado democrático es garantizar el respeto a las opiniones e inquietudes de las minorías.

6. Las organizaciones sociales y políticas que agrupan a los seguidores del presidente Chávez constituyen una mayoría en el actual contexto nacional.

7. Esto concede al gobierno la potestad de implementar las políticas que considere adecuadas en pos del desarrollo del país.

8. Sin embargo, cualquier proyecto que promueva cambios estructurales en el modelo sociopolítico venezolano no puede desarrollarse a través de la exclusión de amplios sectores de la población.

9. La dictadura de las mayorías es tan deleznable como cualquier otra dictadura: un sistema esencialmente rígido, vertical e injusto.

10. Los errores del pasado no pueden servir como excusa para justificar las equivocaciones del presente.

11. El deber del Estado no es decidir por los ciudadanos sino otorgarle las herramientas para que desarrollen su propia capacidad crítica de discernimiento.

12. La discusión actual no debe girar en torno de derechas e izquierdas, que sólo son etiquetas que poco contribuyen a estimular el debate.

13. El debate se debe generar en función de la justicia y la equidad como valores universales que no están adscritos a ninguna ideología particular, y a los que debe aspirar cualquier sociedad.

14. La verdadera meritocracia no es una consigna política vacía, sino una forma de justicia social, que permite que los más capacitados trabajen en pos de las grandes mayorías necesitadas y el bienestar social.

15. El diálogo permite el enriquecimiento de las ideas.

16. La polarización permite que aflore lo peor de cada uno de los sectores en pugna.

17. Los que gritan más duro no necesariamente son quienes tienen la razón.

18. Dialogar con el adversario es un acto valiente y constructivo.

19. Los cobardes suelen rechazar el diálogo para escudar sus propias carencias y temores.

20. El monólogo es una manera irreflexiva e irresponsable de huir del deber de justificarse con argumentos y no con consignas.

21. Las ideas deben combatirse con argumentos, no descalificando a priori a quien las emite.

22. La libertad es una condición humana inalienable, en todas sus variantes: de pensamiento, de opinión, de culto, de expresión y de prensa.

23. El periodismo es un servicio público. Para que sea eficiente exige constante autocrítica.

24. El acceso a las fuentes oficiales es fundamental para un periodismo ponderado y condición sine qua non para el ejercicio pleno y bilateral que supone el derecho a la información.

25. Se puede hacer periodismo sobre la política, pero no desde la política.

26. El periodismo está llamado a ser una trinchera para fiscalizar el poder y no una tribuna para ejercerlo.

27. El oficio periodístico no puede arrodillarse ante el poder. Debe cumplir con el sagrado propósito de ser la voz de los que no tienen voz.

28. La libertad de expresión no es una carta blanca para denigrar al adversario.

29.Es un derecho esencialmente democrático que nace de la comunicación libre y plural de las ideas, que exige responsabilidad y reclama respeto, y que se cristaliza en la tolerancia.

30. Lo importante no es salir en televisión ni pasar a las páginas de la historia: el trabajo más esencial es aquel que se realiza con sencillez, sin magnos epítetos, y a la luz de la cotidianidad.