Normas de Campaña Electoral: La ley de la selva

Así como cuando los ruidos de campaña te despiertan en la madrugada. Así es una infracción a las normas de propaganda electoral. El 26 de septiembre los venezolanos estrenaremos en una elección la Ley Orgánica de Procesos Electorales (julio, 2009). Valdría la ocasión para hacerla letra viva durante lo que queda de campaña, así que repasemos algunas normas.

La propaganda electoral hecha con sistemas de sonido sólo está permitida los días viernes, sábados y domingos entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche y, por todos los dioses: “se prohíbe el volumen que altere la tranquilidad ciudadana”.

Tampoco se puede lastimar a los árboles con los “muy ecológicos” pendones de las campañas. De hecho, si usted observa un cartel de propaganda electoral en alguno de estos sitios, se está incumpliendo la norma:

1. Edificios de entes públicos.
2. Templos, clínicas, hospitales y unidades geriátricas.
3. Monumentos públicos y árboles.
4. Lugares públicos destinados a actividades infantiles.
5. Centros de educación preescolar, básica y media.

Hay una norma tan básica que casi podría resumirse así: “no matarás y no obstaculizarás el libre tránsito de personas y vehículos en los sitios públicos”. Señores candidatos, la campaña electoral no es la excepción. Sumar minutos al tráfico de la ciudad debería restarles votos.

A ver… Sobre los bienes públicos: desde los vehículos institucionales hasta la computadora de trabajo de un empleado público, por ejemplo, pertenecen al Estado venezolano. Es decir, eso no es suyo, quítele la calcomanía del partido. ¿Han pasado recientemente por algún MinPoPo o una Gobernación?

Por otro lado, si alguien le empastela la fachada de su casa o edificio con propaganda electoral, sin su autorización, usted no sólo está en el derecho de retirarla, sino de denunciar al abusador.

La campaña de estas elecciones parlamentarias culmina el jueves 23 de septiembre a la medianoche. Eso implica dos cosas: que a partir de ese día no se puede hacer campaña y que comienzan a correr los 30 días de plazo que tienen los partidos para retirarla de las calles. Esto, por supuesto, no exime de la misma responsabilidad a las Alcaldías, encargadas de velar por el orden de las municipalidades.

Campaña en medios

Hicimos un cuadro. Cada partido político u organización postulante tiene derecho al siguiente espacio en los medios de comunicación por día. ¿Oyó, Señor Presidente?

Prensa		Radio	Televisión (Nacional y por suscripción)
Estándar	Tabloide
½ pág	1 pág	4 minutos	3 minutos

Pero, en el caso de las alianzas (cuando distintos partidos apoyan exactamente a los mismos candidatos), “se entenderá como una sola agrupación”.

La campaña vía telefonía celular también está regulada: María Corina, reina, los candidatos no pueden enviar más de tres mensajes de texto semanales por operadora telefónica. Gracias.

La propaganda en los medios de comunicación debe estar identificada por el nombre de la organización que la promueve y su RIF. Sin estos datos, la pieza se considerará anónima y la propaganda anónima está prohibida.

Para comprar los espacios de publicidad, cada partido designó a un “Autorizado para contratar”. Cualquier publicidad pautada por personas distintas a las autorizadas tampoco está permitida. De hecho, si los medios publican o transmiten una pieza de propaganda que no esté identificada, ni provenga del “autorizado para contratar”, podría ser sancionado porque “los medios de comunicación no podrán efectuar por cuenta propia ningún tipo de difusión de propaganda” tendente a apoyar o desalentar las simpatías hacia una candidatura.

Además, aun cuando una pieza sea tan mala que incumpla con la mayoría de las normas, los medios no podrán negarse a transmitirla o publicarla. La norma dice que “en caso de duda o controversia, los interesados podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que determine si la propaganda electoral cumple con los requisitos establecidos en la Ley”.

He aquí el resto de pecados capitales de las piezas de campaña en medios de comunicación:

• Atente contra el honor, vida privada, intimidad, propia imagen confidencialidad y reputación de las personas.
• Promueva la guerra, discriminación o intolerancia.
• Promueva la desobediencia a las leyes.
• Desestimule el ejercicio del derecho al voto.
• Contenga expresiones obscenas y denigrantes contra los órganos y entes del Poder Público, instituciones y funcionarias o funcionarios públicos.
• Que utilicen la imagen, sonido o la presencia de niñas, niños o adolescentes.
• Utilice los símbolos nacionales o regionales de la patria o de los próceres de la República Bolivariana de Venezuela, o los colores de la Bandera Nacional o Regional.
• Utilice la imagen, nombres o apellidos de cualquier ciudadano, así como los colores y símbolos que identifiquen a un partido, sin su autorización.
• Violente la normativa establecida en la legislación en materia de protección animal.
• Sea financiada con fondos de origen ilícito.
• Sea financiada con fondos públicos distintos a los previstos en la ley.
• Sea financiada con fondos de origen extranjero.
• Sea financiada con fondos privados no declarados al CNE y al SENIAT.
• Atente contra la salud mental de las ciudadanas y ciudadanos.
• Promueva estereotipos de discriminación de género de cualquier otro tipo.

De toda esta lista que prácticamente se explica sola, quisiéramos detenernos en dos aspectos: la normativa en materia de protección animal (¿WTF? ¿No les da mucha curiosidad?) y el financiamiento con fondos públicos “distintos a los previstos en la ley”. NPI, tampoco sabemos…

Encuestas y resultados

Continuando con la propaganda electoral en medios, sólo se pueden publicar resultados de encuestas hasta el sábado 18 de septiembre y eso incluye los programas grabados en el caso de los medios audiovisuales. Antes de ese día, todas las encuestas deben ser publicadas con su ficha técnica, no sólo porque lo diga la norma, sino porque aporta profundidad a la información. ¡Seamos serios!

Ningún medio de comunicación podrá emitir resultados electorales antes del primer boletín del CNE. Ninguno, Telesur. No se puede. Esto incluye la información que emiten los medios a través sus portales de Internet y sus cuentas en las redes sociales. En caso de que ocurra, el CNE puede ordenar a Conatel “la interrupción inmediata de la señal”.

Así como la “participación de candidatos y dirigentes de los partidos en programas de opinión e informativos de radio o televisión o en los medios de comunicación social impresos, digitales u otros medios de información masiva, no se considera propaganda electoral”, la opinión de los particulares en las redes sociales tampoco estará normada. Faltaba más.

¿Denuncias? Asegúrese de tener pruebas.

En ProMedio creemos que una ciudadanía bien informada puede hacer grandes diferencias. El CNE, a través de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, tiene a los Fiscales Electorales en todo el país, y también varios sistemas de monitoreo de la campaña en medios; el CNE puede abrir averiguaciones administrativas de oficio e imponer multas elevadísimas a los infractores, pero, sabemos, no es suficiente.

El papel del Ciudadano Rector es clave en el adecentamiento de nuestras campañas electorales. Si usted observa alguna de estas irregularidades, hágase con una prueba: una foto, un video, un clip de audio, un panfleto o un recorte de prensa. Luego vaya a este link “Denuncias de Campaña” en la página del CNE, llene todos los datos y denuncie con la confianza del que sabe que tiene la razón. Luego publíquelo en su blog y en sus redes, para que el resto del mundo tenga la oportunidad de saberlo.

Una opción adicional sería decidir su voto a favor de la candidatura que respete a cabalidad las normas de campaña, pero en ProMedio nunca nos ha gustado llamar a la abstención.

Nota: el caso de los funcionarios públicos en campaña amerita todo un texto a parte, por la importancia y gravedad del tema. Haremos un esfuerzo por entregárselos pronto.

Fuentes:

• Ley Orgánica de Procesos Electorales (Título VI sobre la Campaña Electoral)
• Reglamento Nº 6 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en materia de propaganda durante la campaña electoral
• Reglamento especial sobre la campaña electoral para las Elecciones Parlamentarias 2010

La MUD propone…

El programa de gobierno, que a continuación presento a la ignorancia pública, tiene entre otras virtudes fundamentales, la de que no podrá ser ejecutado en Venezuela durante los próximos setenta y cinco años, lo cual es una verdadera garantía de su efectividad, puesto que es perfectamente conocido que toda cosa que se ejecuta o se pone en práctica en Venezuela termina por ser un desastre.

(José Ignacio Cabrujas, “Mi programa de gobierno”)

La cita del epígrafe viene a cuento sencillamente porque siempre es necesaria una cita de Cabrujas, sobre todo cuando de propuestas políticas se trata, puesto que todas, por más buenas que sean, parecen guardar cierta relación secreta con el humor.

Las presentadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no son la excepción. No obstante, más allá del “criticonismo” estéril, lo que queremos en ProMedio es presentarle al lector un breve comentario sobre algunas de ellas.

Llama la atención que una de las críticas más recurrentes a la MUD en particular, y a la oposición política venezolana en general, sea su presunta “falta de propuestas”, cuando hay a disposición un documento como el que hemos leído no sin detenimiento, lo cual habla más de “falta de difusión” y que de ideas, muchas de ellas valiosas.

En una oportunidad anterior, para hacer un breve análisis sobre la noción de separación de poderes que maneja el Gobierno, nos fundamentamos en las bases programáticas oficiales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). De igual forma, esta vez decidimos revisar las Propuestas Programáticas de la MUD, denominadas “un centenar de soluciones para la gente”, y que se esbozan a partir de cinco ejes fundamentales:

A) Reconciliar al país y fortalecer la institucionalidad democrática

B) Vigorizar y remozar el Poder Público

C) Construir una sociedad productiva y de progreso

D) Mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos

E) Proyectar y promover confianza, respeto y prosperidad en el mundo 

Advertencia: 

Dada la inviabilidad de comentarlo todo, nos concentramos en algunas de las propuestas que juzgamos más relevantes. Aunque es fruto de una esmerada selección, lo que sigue no es sino un comentario sucinto de algunas de las premisas más representativas de cada uno de los cinco objetivos generales. Adicionalmente, esperamos la contribución de todos para generar el debate.

… 

A) Reconciliar al país y fortalecer la institucionalidad democrática 

La primera propuesta de la MUD consiste en: “1. Reivindicar la Constitución de 1999, como base para la acción política y punto de encuentro entre quienes pertenecen a distintas plataformas partidistas o ideológicas”. Recogemos este enunciado porque consideramos que hay que destacar que este documento programático tiene como punto de partida y punta de lanza al texto constitucional; como si la consigna principal de la Mesa fuera la propia defensa de la Constitución, ese proyecto de país que reúne a los ciudadanos venezolanos en un solo clamor.

En el mismo marco de reconciliación, la MUD se propone promover la pluralidad en el ámbito comunicacional: “Garantizar que todos los medios de comunicación en manos del Estado respondan a los intereses de todos los ciudadanos, sin ninguna discriminación, y no a los del gobierno o de cualquier parcialidad política” (8) y “Restituir, con sujeción a la ley, las concesiones de radio y televisión eliminadas contraviniendo derechos humanos” (9). De esta forma, no deja de ser interesante que la reconciliación nacional pase –desde la óptica de la MUD- por la libertad de prensa y la libertad de expresión. Sin embargo, esta proposición debe alimentarse de un enérgico debate sobre el ejercicio del buen periodismo y el deber ser de los medios de comunicación en una sociedad democrática. La revisión y actualización del Proyecto RATELVE podría ser un inicio prometedor para esta nueva visión.

Otro de los puntos neurálgicos de esta primera parte lo constituye el planteamiento número 5: “Promover una amnistía para liberar a todos los que permanecen detenidos por razones políticas; permitir el regreso de los exiliados y declarar el cese de la persecución política”. Que existan “presos políticos” en una sociedad que se precie de llamarse “democrática” es, cuando menos, una inmoralidad. Sin embargo, se debe tener cuidado con el concepto mismo de “preso político”, pues es un arma que corta para los dos lados, un concepto tan ideológico y susceptible como el de “terrorismo”. Por ejemplo, ¿alguien que esté tras rejas por haber participado en un Golpe de Estado, es un preso político o un delincuente justamente convicto? ¿Cuáles son los límites legales para expresar disidencia? Estas discusiones deberán pasar por la depuración y despolitización de los tribunales, y por el establecimiento de reglas de juego claras para la vida pública.

B) Vigorizar y remozar el Poder Público 

Para darle un nuevo espíritu a la política nacional, las 16 organizaciones que aglutina la MUD se comprometen a promover “la independencia y autonomía de las ramas del Poder Público en sus diferentes ámbitos Nacional, Estadal y Municipal” (11). Trabajar por la autonomía de los poderes públicos es, sin duda, uno de los más grandes y nobles retos por cumplir en medio del contexto actual (Ver “Separación de poderes” I y II). En la misma línea se inscribe la propuesta número 19: “Dotar a la Alcaldía Metropolitana de Caracas de competencias y recursos suficientes, que le permitan cumplir el papel que le asigna el artículo 18 de la Constitución. Además, debe preverse el carácter electivo del Jefe o Jefa del Gobierno del Distrito Capital”. Más allá de las simpatías y antipatías hacia el que ostente la Alcaldía Metropolitana, consideramos que devolverle competencias a una institución, cuyo dirigente es elegido por el pueblo, es un acto de justicia. No se pueden supeditar los esquemas legales a la coyuntura del momento o al funcionario de turno. La estabilidad de las instituciones es indispensable para el desarrollo de cualquier país.

Llama la atención, no obstante, que en el parágrafo 21 se proponga una reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales “para garantizar la representación proporcional de todos los grupos políticos en las instancias de representación popular”. De este modo, quienes suscriben parecen compartir la misma distorsión con la que fue alterada originalmente la configuración de los circuitos. Creemos que esa ordenación no puede tener fines concretamente electorales. La pregunta es: ¿se entiende por “grupos políticos” a grupos de seres humanos que cambian de opinión, o a masa de electores que viven para votar y sólo saben hacerlo de una forma? Es decir, la intención última nos parece válida, pero ¿no sería mejor solicitar restituir la configuración original de los circuitos y ya?                  

C) Construir una sociedad productiva y de progreso 

Este objetivo está orientado hacia los asuntos nacionales en materia económica, financiera, monetaria y fiscal. Podría decirse que la base de este punto estriba en la inclusión del sector privado en el aparato productivo. Así se evidencia en la propuesta número 30: “Conformar una gran alianza de los sectores público y privado que facilite la creación de millones de empleos de calidad en las próximas décadas, a través de la consolidación y ampliación de las empresas radicadas en Venezuela y el aumento de las inversiones socialmente productivas”. Como está registrado en el artículo 299 de la Constitución, el desarrollo de la economía venezolana no es responsabilidad exclusiva del Estado, sino también de la “iniciativa privada”.

La MUD parte de la necesidad de la generación de fuentes de trabajo de calidad para incrementar los niveles de producción. Por ello, también propone la reiterada diversificación de nuestro aparato productivo y “Eliminar la excesiva dependencia de nuestra economía de los recursos derivados de la producción petrolera” (32). Utopía o no, es una de las premisas contempladas en el documento. Venga de donde venga, sería deseable que se lograra cumplir esta propuesta: romper con la tendencia histórica de utilizar los recursos petroleros para apalancar la permanencia del gobernante de turno, a través de redes clientelares y gastos efectistas, en vez aprovecharlos para generar crecimiento y desarrollo en el mediano y largo plazo.

D) Mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos 

Este es, probablemente, el eje vital de las propuestas programáticas de la MUD. Dentro de él, las organizaciones de la Unidad prevén “Garantizar la continuidad y la más alta calidad de las políticas y programas sociales en el marco de un sistema de protección social moderno e integral” (48). Dicho en cristiano, no está contemplado, al menos programáticamente, intentar frenar el trabajo de las Misiones ni de otro tipo de programas sociales, uno de los argumentos más reiterados por el Presidente Hugo Chávez Frías al momento de desacreditar a los partidos de oposición.

Antes de tener calidad de vida, indudablemente es necesario preservar a la vida misma. Con un enfoque preventivo, la propuesta número 57 enuncia la estrategia para enfrentar el problema que más aqueja a la ciudadanía venezolana: “Desarrollar un plan de seguridad ciudadana que esté compuesto por elementos de: pedagogía de la no violencia, organización social, control de factores de riesgos y fortalecimiento de organismos policiales, así como la integración de la acción de municipios, estados y el gobierno nacional”.

De igual modo, aparece la idea de “Aprobar una Ley de Desarme y Control de Armas por parte del Estado, que incluya la regulación estricta del porte de armas y la rendición de cuentas del presupuesto ejecutado por el Estado en su compra” (58). De esta forma, lo que más se destaca es el enfoque integral en materia de seguridad, que contempla desde la prevención a través de la educación (uno de los enfoques clásicos de la izquierda a nivel mundial) hasta una mejor coordinación de las acciones por parte de todos los organismos nacionales, regionales y municipales, articulación que en este momento no se está dando plenamente, sobre todo con la creación de la Policía Nacional y la progresiva pérdida de recursos y relevancia de las policías municipales, que son las que están en mejor capacidad de abordar las acciones en el plano comunitario o “comunal”.

Sobre la educación, la propuesta 65 está orientada hacia las mejoras del personal docente: “Mejorar y ampliar los incentivos para hacer atractiva la profesión Docente. Para ello se deberán introducir mejoras sustantivas en las condiciones de trabajo, en remuneraciones y beneficios sociales de los maestros y profesores, así como en los sistemas de seguimiento de las funciones docentes en todos los niveles educativos. Se trata de promover en los docentes una perspectiva de especificidad y especialidad”. Aunque no entendemos del todo a qué se refieren con “perspectivas de especificidad y especialidad”, sí nos queda claro que, como con la profesión del policía, la MUD se compromete a velar por las mejoras del recurso humano para procurar la resolución de los problemas macro.

Por otra parte, es evidente que la MUD no exhibe una orientación demasiado clara en materia de vivienda. Si bien propone la elaboración de un Plan Nacional de Urbanización Básica (81) encaminado a la recuperación de espacios públicos, la número 79 se empeña en “Diseñar e implementar una política de satisfacción de las necesidades de alojamiento de la población, destinada a facilitar el acceso al crédito hipotecario y a mejorar integralmente las condiciones de las viviendas. Dicha política se centrará en la capacidad nacional y en la autoconstrucción”. En vez de pormenorizar la manera en que se podría ejecutar la construcción de viviendas, esta propuesta se desconecta del clamor popular y se extravía en una meditación sobre créditos y mejoras de viviendas que no existen todavía. En cuanto a la última oración, nos preguntamos ¿qué es la “autoconstrucción” sino la única alternativa que los pobres han tenido para tener una casa?

Sin embargo, el elemento de “capacidad nacional” sí parece una mejora importante en el enfoque habitacional, pues se han dado una serie de proyectos de vivienda con países como China, Brasil e Irán, que si bien han avanzando relativamente bien, no permiten el efecto multiplicador sobre la economía que tendría la utilización de constructoras nacionales, que tienen la capacidad, la tecnología y los recursos necesarios para emprender estos proyectos a menor costo: verbigracia, el nuevo viaducto Caracas– La Guaira, 100% criollo y construido en tiempo récord.

A pesar de los esfuerzos, no son pocas las propuestas de la MUD que tienen un tono demagógico ciertamente cuestionable. Por ejemplo, el planteamiento 51 no sólo parece quimérico, sino insensato: “Eliminar la pobreza extrema a través de la implementación de programas de apoyo familiar que estén condicionados a la asistencia escolar, a la cobertura de los sistemas de salud y de nutrición, y al reentrenamiento laboral”. Es cuestionable que se crea que es posible superar la exclusión y la pobreza a través de programas inspirados en el asistencialismo. Ahora, programas de asistencia escolar como los que existen en Brasil y México sí son dignos de estudiar, a pesar de que han tenido poca discusión en Venezuela, donde Gobierno y oposición se han centrado en discutir sobre las misiones sociales que se adelantan desde 2004, sin detenerse a evaluar seriamente qué experiencias han tenido otras naciones latinoamericanas.

En materia de salud, se propone “Aprobar un seguro público de salud de cobertura amplia y universal, financiado con recursos fiscales, que garantice a toda la población servicios adecuados y de buena calidad” (69). Igualmente, “Mejorar de manera sustantiva la atención en programas prioritarios: salud materno-infantil, alimentación de grupos vulnerables, atención de adultos mayores, control de enfermedades endémicas y crónicas” (72). En este aspecto, las propuestas suenan un poco generales, sin ideas concretas que destaquen cómo lograr esas mejoras, que parecen de necesidad obvia. Asimismo, la instauración de un “seguro público de salud” no está muy clara. ¿La mejora de la red asistencial pública no haría innecesaria la instauración de un seguro de salud gubernamental? ¿Uno de los problemas actuales del país no es precisamente el agudo decrecimiento de la calidad de la atención en las clínicas privadas, dada la difusión de los seguros privados por la ausencia de una red hospitalaria pública funcional y un sistema integrado de salud? 

En cuanto a “Diseñar y ejecutar un programa de fortalecimiento de los postgrados nacionales de la salud, y aprobar medidas que eviten la migración de profesionales recién graduados a otros países y promuevan el retorno de profesionales especializados” (74), ¿cómo es que puede evitarse que los médicos recién graduados migren y otros especialistas regresen, si no es mejorando sustancialmente sus condiciones? Puede promoverse que “otros especialistas” regresen al país través de incentivos, pero ¿cómo evita la emigración de los profesionales recién graduados? ¿Se va a aprobar una Ley que se los prohíba? ¿No es precisamente este tipo de medidas coercitivas las que algunos miembros de la MUD le critican al Gobierno Nacional del Presidente Hugo Chávez?

Asimismo, también se propone “Diseñar y ejecutar un amplio programa de inversión pública para la recuperación y ampliación de los servicios de salud (ambulatorios y hospitales), y de los espacios para educación, cultura y deportes” (84). Esta propuesta particular pretende abarcar tanto que acaba diciendo muy poco, a diferencia de la número 85: “Diseñar y ejecutar un amplio plan de vialidad y transporte para las próximas décadas que cuente con recursos de la inversión pública y se combine con opciones de participación de la iniciativa privada”.

En materia cultural las propuestas de la MUD destacan pero por su vaguedad: “Desarrollar una política que respete la libertad de creación, y promueva la protección y restauración del patrimonio, la ampliación de la infraestructura, la formación y capacitación de los artistas, administradores y gerentes, y la difusión amplia de los bienes culturales” (92). En este punto, creemos que el plan es un poco escueto y absolutamente perfectible. Pero convencidos de que sólo puede construirse a través del diálogo, consideramos que una de las razones de ser de esta discusión, es la de lograr que aquellos sectores que no se sienten bien representados en las propuestas hagan llegar sus voces.

E) Proyectar y promover confianza, respeto y prosperidad en el mundo 

El último eje de acción se focaliza en el posicionamiento de Venezuela en el plano internacional. Nos atreveríamos a afirmar que en este punto la propuesta crucial es “Evaluar los compromisos internacionales suscritos por la República a la luz de los valores que sustentan esta alianza y de políticas de genuina y democrática cooperación, seguridad e integración” (96). En este punto la palabra clave nos parece “evaluación”, a la que habría que darle el buen uso del término: veamos desde una posición equilibrada qué es lo que se está haciendo, qué es bueno y exitoso, qué necesita mejorarse y ejecutarse de otra manera y qué requiere una reformulación estratégica.

La MUD parece estar clara en que la manera de mejorar y optimizar nuestra política exterior no es dando un giro radical de 180º grados, sino trabajando sobre aquello que puede mejorar, y una de esas áreas es precisamente la firma de innumerables acuerdos internacionales por parte del Gobierno Nacional, convenios que en algunos casos parecen innecesarios, que probablemente se emprenden sin el debido proceso de licitación y que, además, en ocasiones parecen beneficiar más al vínculo político con otra nación que a las verdaderas necesidades o fortalezas del país (Venezuela no necesita contratar, por ejemplo, cooperación para fabricar bicicletas o construir viviendas, pues en el país hay muchos empresarios que en caso de presentarles la oportunidad podrían aprovecharla con resultados positivos para todos).

Finalmente, la número 95 parece una propuesta justa: “Diseñar y ejecutar una política internacional amplia y soberana, que promueva la convivencia amistosa con todos los países sobre la base de la confianza y beneficios mutuos, y proyecte los valores de nuestra democracia: garantía de todos los derechos humanos, cooperación, justicia, respeto a la autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de los conflictos”. Más claro, imposible.

Corolario: 

Pertinentes o no, factibles o no, adecuadas o no, las propuestas de la MUD sí existen, están sobre el papel y acá les hemos presentado algunas, con cierto arbitrio pero con criterio. En eso que llaman “sociedad democrática”, la tarea de los ciudadanos es la de exigir de parte de sus líderes propuestas para evaluarlas y, eventualmente, decidir. Esa es, entonces, nuestra sencilla invitación: evaluemos, discutamos y decidamos entre todos.

Diputados y diputadas… ¿y con qué se come eso?

Probablemente hoy exista más conocimiento que hace cinco años sobre la función de un diputado de la Asamblea Nacional. En 2005, con un 75% de abstención y con la sombra del abandono de la competencia electoral por parte de los partidos de oposición, se eligió la Asamblea Nacional que hoy tenemos y que vamos a modificar este próximo 26 de septiembre. Muchas cosas que han pasado desde entonces nos han obligado a prestar mayor atención a una institución poco tomada en cuenta en el pasado por la mayoría de la población venezolana. Sin embargo, aún existe un gran desconocimiento sobre la verdadera función de un diputado, cosa que se refleja en las ofertas electorales de los candidatos y en las demandas de la gente cuando los reciben de campaña en sus comunidades.

Podemos aclarar, en primera instancia, qué no es un diputado. Un diputado no puede “resolver” problemas de la cotidianidad, como una calle en mal estado o un servicio público deficiente; esto porque el diputado no es parte del Poder Ejecutivo, donde sí figuran cargos gerenciales como el de los Alcaldes, Gobernadores y el del propio Presidente de la República. Un diputado no puede enjuiciar a un corrupto o dictar sentencia sobre algún caso judicial, porque no es parte de la Fiscalía ni de la Contraloría. Un diputado no puede defender a una persona del abuso de terceros, públicos o privados, porque no forma parte de instituciones que sí lo deben hacer como la Defensoría del Pueblo.

Un diputado, en cambio, puede interpelar a funcionarios y personas en torno a hechos de interés nacional, y emitir informes sobre estas interpelaciones que ayuden a los integrantes de los poderes que sí se encargan de estos asuntos, a dictar sentencias y llevar juicios. Un diputado sí puede impulsar leyes que regulen la actuación de los órganos de la República y el cumplimiento de funciones que garanticen que la calle no esté rota y que el servicio público funcione.

En términos generales, un diputado es el integrante del Poder Legislativo –encarnado en nuestro caso por la Asamblea Nacional- y es elegido por votación libre, directa y secreta por los electores de cada región del país, de quienes es su representante.

En tal sentido, un diputado debe representar los intereses de las regiones, que deben ser tan diversos como se necesiten en tanto que la Asamblea Nacional es la que promulga leyes que regirán todos los aspectos de la vida nacional, incluyendo la elección de los integrantes de los otros poderes (Judicial, Electoral y Moral) y la supervisión de los actos que realice el Ejecutivo. En pro de esa diversidad de intereses, los diputados no necesariamente deben ser miembros de partidos políticos, sino que también podrían incluir activistas de toda índole (sindicalistas, artistas, periodistas, científicos), siempre y cuando prive el criterio y la organización que exige la tarea de hacer leyes. En suma, la ocupación de un diputado debería ser una amalgama entre los "conocimientos parlamentarios" y la conexión con la gente y sus necesidades.

Nuestra actual Asamblea Nacional está conformada por 167 diputados y diputadas, de los cuales 110 se eligen uninominalmente (en las distintas circunscripciones), 52 se eligen por listas estadales y los tres restantes son representantes de las etnias indígenas. La Ley Orgánica de Procesos Electorales, aprobada por la actual gestión de la Asamblea Nacional, en su artículo 8 desvincula la incidencia de los cargos nominales en la adjudicación de cargos lista, con lo cual quien logre la mayoría, por pequeña que sea, obtendrá un número de escaños mayor en proporción al número de votos obtenidos.

AN por Estados (haz clic)

En caso de dudas, nunca está demás consultar nuestra Constitución, que dedica gran parte del Título V a definir las tareas de los diputados y del Poder Legislativo. Los artículos que tocan el tema son los conformados desde el 186 hasta el 224. El artículo 187 establece detalladamente las atribuciones que le corresponden a la Asamblea Nacional, de las cuales destacaremos las siguientes:

• Ordinal 1: Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional.
• Ordinal 3: Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca.
• Ordinal 6: Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público.
• Ordinal 7: Autorizar los créditos adicionales al presupuesto.
• Ordinal 8: Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los casos establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela.
• Ordinal 10: Autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles del dominio privado de la Nación, con las excepciones que establezca la ley.
• Ordinal 14: Autorizar el nombramiento del Procurador o Procuradora General de la República y de los Jefes o Jefas de Misiones Diplomáticas Permanentes.
• Ordinal 17: Autorizar la salida del Presidente o Presidenta de la República del territorio nacional cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos.
• Ordinal 18: Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución.

Además, la Asamblea Nacional elige a los Rectores del Consejo Nacional Electoral, al Fiscal General y al Defensor del Pueblo y a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí radica gran parte de la importancia del Poder Legislativo, del que depende el funcionamiento de casi toda la institucionalidad del país.

Si echamos un breve vistazo a las funciones anteriormente señaladas, podemos identificar fácilmente que hay algunas de ellas que no se cumplen totalmente en la actualidad, o al menos no con la transparencia esperada, sobre todo las que se refieren a los viajes del Presidente, a la firma de convenios internacionales y a la aprobación del Presupuesto nacional y presupuestos ordinarios y extraordinarios de las instituciones públicas. Asimismo, la Asamblea Nacional se ha mostrado tímida, en el mejor de los casos, a la hora de interpelar a funcionarios del Poder Ejecutivo por casos como el de PDVAL.

Este 26 de septiembre estaremos eligiendo a los diputados que integrarán la Asamblea Nacional desde enero del 2011 hasta enero del 2016, no sólo a los diputados nominales y por lista de la AN, sino también a los del Parlamento Andino y a los representantes indígenas. Es menester, pues, que los electores estén informados acerca de quiénes son sus candidatos. La información detallada la podemos encontrar en la página del CNE.

De esta manera iniciamos en ProMedio nuestra ya acostumbrada campaña de época electoral: Infórmate y vota.

Franklin Brito… ¡mis respetos!

El amigo Julio Jiménez (@JulioCoco en Twitter), nos ha enviado este texto publicado originalmente en su Tumblr a propósito de la reciente muerte del productor agrícola Franklin Brito, quien murió de inanición producto de una huelga de hambre extensa y recurrente en protesta por las irregularidades cometidas en torno a la expropiación y luego devolución en términos dudosos de sus tierras. Así como Julio Jiménez, tu también puedes enviar tu texto a nuestro correo, con gusto lo revisaremos y publicaremos.

Franklin Brito

Debo comenzar diciendo que lamento y deploro que muchos opositores, incluso algunos de sus dirigentes, desearan su muerte para usarlo como bandera política y así descalificar al régimen de Chávez. A Franklin Brito (FB) lo conocí al inicio de su huelga de hambre, allí conversé con él y percibí inmediatamente su gallardía y voluntad para hacer valer su posición. Nunca pidió, ¡Siempre Exigió!

Su lucha fue un proceso enmarcado en un enredo jurídico y de patrañas políticas desde la cúspide de ambos bandos. Eso afectó su capacidad de lucha y su credibilidad. ¿Cómo la huelga de hambre de Ledezma y la de los estudiantes en la OEA perjudicaron la lucha de FB? ¿Qué consecuencias le trajo esto? Ciertamente la huelga de hambre de FB carecía de apoyo mediático, pero el giro que se le dio durante esos sucesos no le ayudó, las “recomendaciones” y “asesorías” que recibió en el ínterin lo llevaron a entender y llevar su proceso de otra manera.

Un momento clave en su lucha es cuando levanta su huelga de hambre y se ve obligado a reiniciarla. En mi opinión fue allí donde pasó lo peor; ese momento aún está poco claro a nivel político y jurídico porque aún no se sabe qué oferta le hizo el gobierno y qué fue lo que no cumplió.

Todo proceso de lucha tiene una táctica para lograr un objetivo. En ese momento Franklin Brito transformó la táctica en el objetivo; si su huelga de hambre se transformó en punto de honor fue por la indolencia del gobierno y la mala asesoría de los opositores involucrados con la familia. Calculó mal el gobierno las intenciones de un FB afectado por la inanición y de una familia sin preparación para tomar decisiones. La estrategia del gobierno de enredar la cosa jurídica y declarar la “insanidad” de FB le dio resultados en medio del hecho electoral, donde viene el segundo capítulo clave en la lucha de FB: su estado de salud se hace irreversible. No va a mejorar. Hay que esperar lo peor… En ese punto se creyó que Brito o lograba sus objetivos o Chávez se afectaba seriamente. Grave e irresponsable error.

¿Dónde estuvo el error? Por un lado, en pensar que el gobierno se iba a quedar de brazos cruzados, y por el otro, en no entender que la lucha estaba feneciendo y que había que cambiar de método, porque en esos términos ya estaba perdida. Impulsar la huelga de hambre de Franklin Brito al punto de quiebre, sin ver que podían combinarse otros métodos y discursos, fue una BARRABASADA. Los que tomaron decisiones, incluyendo al mismo FB, no calibraron que su caso no era apoyado, y que era desconocido por las mayorías. Así que la inminente inmolación de Brito obedecía a mantener un punto de honor para afectar al gobierno en la opinión pública, lo que…

Franklin Brito

Aunque no nos guste y nos duela, la lucha de la familia Brito no tuvo apoyo popular, ni fue referente en la lucha social venezolana. ¿Por qué? porque el venezolano común no vio ese proceso de lucha como un hecho colectivo, ni como un suceso que les afectase, principalmente porque la difusión de la lucha fue mal llevada. El hecho de presentar ante la opinión pública a Franklin Brito como un héroe y un mártir tuvo un efecto inverso. No lo hicieron parecer del pueblo. Quienes por Twitter y en los programas de opinión hacían loas e impulsaban la huelga de FB lo llevaron al punto de no retorno.

En mi opinión, muchos opositores -incluso “dirigentes”- son responsables de la muerte de Franklin Brito y ahora hablan de ÉL como héroe… ¡Coños de su Madre! Pero eso no exculpa para nada la actuación del Gobierno Chavista que se gradúa de Fascista y de extrema derecha con la muerte de Franklin Brito. Para los que no lo saben, FB era chavista y al verle el tuétano al régimen y criticarlo comenzó a pagar el precio de rebelarse: todos los ataques, acciones y agresiones que lo llevaron a decidir y ejecutar su huelga fueron producto de la retaliación política. Quienes lo invaden y despojan de sus tierras y bienes no son otros que quienes él criticó y combatió cuando era chavista.

El Gobierno cometió tres actos durante la lucha de Franklin Brito que hay que ver con detenimiento antes de asquearse. En el inicio, el Gobierno intentó negociar con FB en condiciones muy por debajo de sus exigencias sin contar con su determinación, y como el chavismo -acostumbrado a chantajear y comprar voluntades- no encontró fisuras en Franklin Brito, tuvo que desacreditarlo. Fue criminal la campaña gubernamental de descrédito en su contra, sin contar el chantaje y la presión que el Gobierno ejerció y ejerce sobre los productores agropecuarios amigos y vecinos de FB, presión que fue y es arrecha. En segundo lugar, la decisión política del Gobierno para que FB no se les muriera antes del 26 de septiembre fue un hecho que definió todas sus acciones y su discurso; el secuestro forzado, el célebre video donde FB señala a Globovisión, las restricciones, TODO lo calcularon en términos electorales. Es asqueante -a niveles de baño de carretera- lo sucedido a Franklin Brito en cautiverio.

Digan lo que digan, el gobierno lo tenía preso para ganar tiempo. En tercer lugar, el montaje político, jurídico y mediático del Gobierno en el escenario de su muerte antes del 26 de septiembre ya estaba preparado. Ciertamente, hace un tiempo Franklin Brito perdió conciencia y capacidad de decidir producto de la inanición, el gobierno encontró un arma; usó esa condición de la mejor manera y en las narices de todos.

Hicieron de Brito una víctima ajena al gobierno de Chávez y dejaron que se dijera de todo en los círculos opositores, en el medio de un conjunto de inconsistencias de método, discurso y decisiones, lo cual, conjuntamente con el aislamiento físico del huelguista, llevo al régimen a tomar el control sobre el caso. Las acusaciones sobre la familia Brito cesarán después de las elecciones. Su intención es desensibilizar al electorado chavista de la muerte de Franklin Brito. No se extrañen, incluso, de que si el impacto electoral de la muerte de FB supera lo estimado por el gobierno, éste haga algunas concesiones con la familia Brito.

Caricatura de Edo

Es importante que podamos abstraer de lo sucedido con Franklin Brito un conjunto de conclusiones y reflexiones. Si no, habrá muerto en vano.

1. Franklin Brito fue un hombre que, junto a su familia, se enfrentó a un Estado autoritario y perdió. Una lucha no se sustenta sólo bajo la fuerza de voluntad y un espíritu indoblegable como el suyo, pues también hace falta inteligencia. Hubo un momento donde no fue inteligente continuar la huelga. Se pudo haber hecho otras cosas, pero escogieron el peor camino.
2. Con el deceso de Franklin Brito Chávez se pone a nivel de Margaret Tatcher, a quien también se le murió un huelguista por inanición. Con esta experiencia se demuestra el total desprecio del Gobierno por las causas humanas y demuestra su decidida intención de superponer el poder sobre lo social. En mi opinión, quien diga que el Gobierno actuó torpemente con Franklin Brito se equivoca. Este gobierno es así e hizo y hace lo planificado.
3. Una lucha Justa y Digna como la de Franklin Brito no puede ser asimilada y decidida sobre la base del odio e intereses oscuros.
4. La muerte de Franklin Brito no tendrá las repercusiones esperadas por muchos opositores que la esperaban con ansias. Duélale a quien le duela, la gente en los sectores populares, las mayorías lo ven como otro muerto más, igual al familiar que perdieron en manos del hampa. La sensibilidad del venezolano en situación de pobreza va en función de realidades e intereses distintos a la causa de Brito; por eso mi arrechera e indignación hacia quienes desde la oposición estimularon que FB se inmolara. Inhumanos que no conocen este pueblo.
5. Con el deceso de Franklin Brito -sumado a la parodia estudiantil y al show de Ledezma- se deslegitima la huelga de hambre como método de lucha. ¿Después de su muerte quién coño va a tomar esa ruta? Ha sido agotado un método de lucha pacífica en la confrontación contra Chávez.
6. No entiendo ni entenderé en este momento otro apoyo a la lucha que dio Franklin Brito que no sea trabajar más duro para ganar el 26 de septiembre. Que alguien me explique cómo una vigilia ayuda a conseguir la victoria en la Asamblea Nacional ¿Quieren reivindicar a Franklin Brito? ¡Trabajemos más duro! Fariseos y malos samarios quienes lloran por él y hablan pestes de Chávez en las redes sociales y por pin, pero no ayudan en la lucha.

Traslado de restos de Brito al cementerio

Finalizo con las siguientes palabras… aunque maldigo el día y la hora en que debo escribirlas: Franklin Brito, te ganaste mi respeto, aunque hace días que no te apoyo en tu forma de lucha, porque no quería que murieras. Pienso que pudiste hacer otras cosas para vencer, y que vivo podías hacer más que muerto. Para mí valías más vivo que muerto. ¡Fue tu decisión! La respeto aunque no la comparto. Aprendí de tu determinación, de tu voluntad y de tu espíritu indoblegable; pero también aprendí de los errores que cometiste y los que se cometieron contigo ¡Le echaste bola, viejo! Es hora de que descanses. ¡Un Abrazo!

¿Ganamos algo votando?

Hemos tomado este texto de Xavier Rodríguez Franco directamente de su Blog y con su autorización, ya que concordamos perfectamente con lo que plantea. Recuerden que ustedes tambien pueden enviar sus textos al correo y con gusto lo publicaremos.

La pregunta con la que inicio este breve escrito, la he encontrado formulada en diversas circunstancias familiares, ha sido debatida entre diferentes grupos de la sociedad y hasta enunciada en los espacios de opinión pública de los más diversos países. Por fortuna en todas estas discusiones que he presenciado, ésta pregunta nunca ha despertado indiferencia y siempre ha propiciado un debate germinalmente ciudadano, con implicaciones más directas de lo que muchos de nosotros hemos creído.

No han sido pocos, aquellos que relativizando la importancia de su aporte electoral en cada comicio, aseguran que votando afianzan aún más un sistema vicioso y su continuidad en la asignación de cargos en el sistema político imperante. También existen otros muchos que dicen que como “ellos no pusieron” a los gobernantes de turno, entonces que el mal gobierno sea removido por quienes lo eligieron. Este tipo de argumentos que algunos solemos escuchar y en ocasiones esgrimir, siempre consigue alimentar aquel alegato a la violencia tan poco constructivo de que “lo ilegal no se discute sino que se combate”.

Sin embargo, cuando se reflexiona de esta manera, se deja de lado la posibilidad de que con nuestro concurso la eventual práctica tramposa, tenga mayor cantidad de agraviados y que a su vez puedan estar éstos más dispuestos a fiscalizar e interpelar un proceso de tan grandes implicaciones ciudadanas.

Recordando una reflexión hecha al respecto por el profesor chileno Fernando Mires [1] es importante el rescate ciudadano de la percepción de “agente social” que tienen aquellas sociedades, que por cualquier circunstancia, están sometidas al ejercicio autoritario del poder. En ese artículo Mires argumenta que “votando no hay nada que perder. No votando, los abstencionistas de hoy, deberán vivir arrepentidos para siempre”. En efecto, al no ejercer nuestro derecho al voto no podemos exigir la respetabilidad del mismo, así como tampoco podemos evitar perder la posibilidad de poder ver materializada la opinión política de cada uno de nosotros. Es por ello que lo que perdemos es único, incalculable y además irrepetible.

En nuestro país han habido innumerables eventos que nos demuestran lo amenazante que nos resulta la abstención para la supervivencia de un ambiente mínimo de pluralidad y de convivencia ciudadana. La desaparición sistemática de opciones, ha sido alimentada también por aquellos que al no ver su opción representada, han preferido alejarse y no participar. Lo cual le habilita el espacio a las posiciones más radicales, haciendo del juego político un asunto bipolar de “pros” versus “antis”. Esto además consigue alimentar la concepción totalitaria de la democracia (Claude Lefort; 1994) que asegura que la mayoría, por su condición numeraria, ha de abrogarse la representación total de la voluntad general, por lo tanto las minorías, los discrepantes y los indiferentes han de asumir el mismo rol: el anonimato en los asuntos públicos.

Por estas y otras muchas razones, la pregunta y su respuesta colectiva tiene mucho sentido cívico, pues nuestra participación electoral hace visible socialmente el ejercicio de nuestra conciencia de lo público. Circunstancia que en los actuales momentos, muchos países precisamente no tienen dentro de su patrimonio cultural. Es por ello que la redacción de estas líneas es a su vez una invitación a llenar con nuestros designios los espacios públicos que podamos mientras existan.

Nota publicada originalmente en Ciudadanía Estudiantil

Separación de poderes II: de libertades y contrapesos

Tanto las bases programáticas del PSUV, como aquellas declaraciones de la Presidenta del TSJ, derivan, posiblemente, de una concepción holística del sistema sociopolítico, según la cual “el Estado es una totalidad que no sólo representa la suma de las partes, sino que tiene prioridad teleológica, causal y jerárquica sobre éstas (…) No son las personas o los individuos los que dan lugar al Estado, sino viceversa y el bien supremo es el bien de la totalidad que es completamente independiente del de los individuos que de ella forman parte y se impone sobre éstos”(1).

Adicionalmente, si los distintos poderes del Estado venezolano progresivamente van subordinándose a uno solo (en este caso, el Ejecutivo), encarnado en una persona que asegura representar la “voluntad del Pueblo”, y el Estado a su vez se impone sobre los individuos, vemos que comenzamos a entrar en la definición clásica de lo que constituye una tiranía o autocracia. Tal vez no se pueda aseverar que se ha llegado a este nivel, pero los indicios analizados del programa del PSUV y las declaraciones de Estela Morales parecen indicar esa dirección.

Frágil libertad

La imposición del Estado sobre los individuos y la subordinación del Estado al Poder Ejecutivo, presunto representante de esa abstracción denominada “Pueblo” (utilizada como justificación universal, pero rara vez escuchada), lejos de incrementar la libertad y el bienestar, termina –como se afirma en un trabajo de Antonio José Herrera y Miguel Ángel Latouche- “privatizando lo público a favor de los intereses de la clase política en el poder” a partir de un “proceso paulatino pero constante que lleva a determinar los intereses colectivos en función de las visiones de lo público que tiene la clase política dominante y, en consecuencia, el ámbito de lo político se particulariza” (2).

Si algo debemos retomar (o exhumar) del Libertador Simón Bolívar –más que sus restos mortales- es precisamente la base de su pensamiento político, inspirado en el de grandes filósofos de la Ilustración y precursores de la Revolución Francesa, como el Barón de Montesquieu, quien sobre estos puntos fijó -en su obra El Espíritu de las Leyes- una posición que ha servido de fundamento a la democracia moderna:

“Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad; falta la confianza, porque puede tenerse que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y el poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos; como que el juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre los particulares”.

De esta forma, lejos de estar sugiriendo malabarismos teóricos con finalidades difusas u orientaciones reaccionarias, consideramos que el PSUV y el Presidente de la República deberían plantearle claramente al país cuál es su proyecto político y cuál es su fundamento ideológico y estratégico, puesto que lo expresado en su base programática tiene más tintes de “socialismo real” (eufemismo utilizado para designar indirectamente al comunismo “duro”), neo-estalinismo y “democracia popular” (pero de las que existieron en Europa del Este, con Stasi incluida) que de otra cosa.

Eso es lo que se estará decidiendo el próximo 26 de septiembre, y los venezolanos merecen (y deben exigirlo) escuchar la verdad claramente, para decidir fundamentándose en elementos sólidos y no emocionales.

En ProMedio, somos de la opinión de que en pocos momentos de la historia democrática moderna de Venezuela ha estado más patente la necesidad de una verdadera autonomía y separación de los poderes públicos. Tal como plantea uno de los corredactores de la Constitución Nacional, Vladimir Villegas, el “cambio revolucionario no puede interpretarse como la vuelta a un esquema de poder en el cual se le dé rango constitucional, por vía de hecho y no de derecho, a la sumisión de unos poderes frente a otros, y a la consagración del culto a la personalidad, propio de sistemas políticos atrasados, los cuales pueden llegar a cautivar durante un buen tiempo a las grandes mayorías, pero que terminan erosionados por sus propias limitaciones, contradicciones e incluso barbaridades”.

Autonomía palpable

La reflexión sobre el destino de la democracia en Venezuela no puede verse reducida a la elucubración abstracta: la supeditación de los Poderes Públicos al Poder Ejecutivo tiene consecuencias palpables en el venezolano de pie, que impactan directamente su bienestar, bolsillo y seguridad.

Tomemos por ejemplo el nunca suficientemente discutido “Caso PDVAL”. En cualquier país del mundo, la putrefacción (o “vencimiento”) de miles de toneladas de alimentos, por un monto de cientos de millones de dólares, sería un escándalo político de inmensas proporciones, que habría implicado renuncias y arrestos a funcionarios del más alto nivel, además de investigaciones independientes que habrían conducido a la implementación verificable de correcciones integrales sobre toda la política alimentaria.

Pero en Venezuela, donde el Gobierno Nacional ha expropiado cientos de fincas, fábricas y galpones, así como destinado cuantiosos recursos a una “soberanía alimentaria” que no termina de verse por ningún lado (salvo en las cuentas bancarias de los exportadores brasileños, argentinos y uruguayos) y acosado a los mayores productores alimenticios del país, este caso apenas sirve para cuestionar los fundamentos mismos de la gestión gubernamental y su proyecto de país. Pues, resulta que toda la responsabilidad de este inmenso entramado de ineptitud y corrupción es culpa de sólo tres personas: nuestros nuevos y criollitos “Chinos de RECADI”.

¿Dónde está la Contraloría, que debe prevenir e investigar este tipo de situaciones a gran escala? ¿Dónde está el Contralor, quien debería no sólo abordar la corrupción implícita en el caso PDVAL, sino también el funcionamiento y la ineficacia de una política económica y alimentaria que ha debilitado la producción nacional y nos ha hecho dependientes del extranjero en proporciones nunca vistas desde la mitad del siglo XX?

¿Por qué la Asamblea Nacional se ha negado, por lo menos siete veces, a realizar las investigaciones del caso y a exigir la comparecencia del responsable de esta situación, el Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo y Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, de quien dependía en última instancia PDVAL?

¿Por qué el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, no se avoca a rectificar sus políticas, y a exigir el fin de la “impunidad” y el cumplimiento de todo el peso de la ley sobre los responsables, como sí lo hace en otros casos? ¿Por qué no demuestra que, efectivamente, la autonomía de los Poderes Públicos funciona en Venezuela, caiga quien caiga?

¿Por qué algunos seguidores del Presidente, que saben la gravedad de lo ocurrido con el caso PDVAL y sufren día a día los efectos de la corrupción y la ineficiencia, prefieren callar sus voces y dejan las críticas que desearían hacer en las manos de una oposición que dicen detestar?

Denostar a la oposición por “explotar políticamente” este caso es absurdo, pues es un caso político por definición, en virtud de que afecta el bienestar común de todos los venezolanos, y da cuenta de los detalles de una gestión que nos gobierna a todos y debería tratar de gobernar para todos. Al contrario, esta vez las críticas de la oposición toman mayor relevancia precisamente ante la inacción y pasividad de los Poderes Públicos que deberían actuar para prevenir, castigar y corregir estas situaciones.

Estas son algunas de las reflexiones que juzgamos fundamentales para pensar en las elecciones del 26 de septiembre de 2010, en las que nos pronunciaremos precisamente sobre el Poder Legislativo, poder que, con una clara incidencia sobre su funcionamiento, hoy promueve el modelo de país propuesto por el Presidente de la República.

Ahora esperamos poder oír y leer sus reflexiones al respecto, e iniciar una sana e incluyente discusión que apunte hacia la construcción colectiva del bienestar común.

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(1) Rey, Juan Carlos: “Ensayos de Teoría Política”. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1998. Pág. 241.

(2) Herrera, Antonio y Latouche, Miguel Ángel: “Hugo Chávez: Personalismo revolucionario en formato democrático”. Foreign Affairs Latinoamérica, Vilumen 8, Número 3

Separación de poderes I: discursos encontrados

“Los príncipes que han querido hacerse tiranos, han comenzado siempre por reunir en su persona todas las magistraturas”

Barón de Montesquieu (“El Espíritu de las Leyes”)

El 18 de julio de 2010, el diario El Universal publicó un sencillo reportaje sobre las “Bases Programáticas” y la “Declaración de Principios” del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en un intento por determinar si el programa político del Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, se corresponde con las premisas básicas del comunismo (como lo ha denunciado el Cardenal Jorge Urosa Savino) o si realmente estamos frente a un nuevo modelo de socialismo adecuado a las particularidades del Siglo XXI y sus realidades políticas, económicas y sociales.

Durante la lectura del reportaje, llama la atención la denuncia que realizara su autor, el periodista Francisco Olivares, acerca de ciertas pretensiones expresadas en la plataforma programática del PSUV, incluida la “necesidad” de reinterpretar el concepto clásico de la separación de los poderes públicos, uno de los pilares de la democracia universalmente aceptados, al cual se le inscribe dentro de lo que se ha dado en llamar “concepción liberal burguesa”. Hoy, a pocas semanas de una nueva oportunidad para elegir los integrantes de uno de esos poderes –el Legislativo-, se nos hace urgente volver la mirada sobre este asunto.

Cuando el río suena...

Ante la alarma que genera la lectura del conciso reportaje de Olivares, por la potencial implicación de sus aseveraciones, y convencidos del peligro que encierran las distorsiones mediáticas, decidimos acudir directamente a la fuente primaria: las Bases Programáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), publicadas en la página oficial del partido de gobierno. De esta forma, se pudo verificar que -tal como lo expresó en su momento el periodista de El Universal- el programa político del PSUV cuestiona la necesidad de la división de los poderes públicos. De hecho, lo hace de una manera aún más contundente que la expresada en el artículo del diario El Universal (posiblemente por limitaciones de espacio): “El ejercicio intransferible de la soberanía, de la cual emanan y a la cual están subordinados todos los poderes públicos (legislativo, judicial, ejecutivo, electoral y moral), implica necesariamente que el pueblo los concentre en sus manos como forma de superar la concepción liberal burguesa de la separación formal de poderes. Por eso, los mandatos que delega el pueblo en diversas esferas del poder, sólo pueden ser ejercidos obedeciendo a sus intereses y como expresión directa de la participación popular en la constitución de los poderes públicos y en la formación, ejecución y control de políticas públicas”.

Aunque es bastante preocupante lo planteado como guía programática del PSUV, no es la primera vez que términos similares han sidomanifestados públicamente. Se debe recordar que el 05 de diciembre de 2009, la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estela Morales, generó controversia al pronunciarse a favor de una nueva modificación de la Constitución Nacional.

En esa oportunidad Morales manifestó que “la división de poderes es un principio que debilita al Estado", señalando que una “cosa es la separación de poderes y otra es la división" y destacando que aunque cada Poder Público debe actuar independientemente, la “existencia del Consejo de Estado o el principio de colaboración entre los poderes son muy sanos y permiten que el Estado, que es uno, y el Poder, que es uno divido en competencias, puedan coordinar".

Poco después, el 09 de diciembre de 2009, Morales amplió sus declaraciones, cuando indicó que el nuevo “constitucionalismo” nace en la República Bolivariana de Venezuela “con la modernidad de la participación popular y, sobre todo, el nacimiento de un nuevo pacto social”, al tiempo que enfatizaba en que la autonomía de los poderes públicos debía ser interpretada de una manera “lógica y racional”, distinta del “aislamiento”.

En este sentido, llama la atención la ambigüedad (¿calculada?) de estas opiniones. Las declaraciones de la magistrada nos permiten reflexionar a partir una serie de inquietudes que surgen: ¿qué buscaba la Presidenta del TSJ con semejantes señalamientos? ¿Por qué “debilitaría” al Estado venezolano la división de funciones y competencias entre sus diferentes Poderes? ¿No existe suficiente coordinación entre ellos? Si es así, ¿por qué? ¿Se resolvería esa situación con nuevas modificaciones de carácter constitucional? ¿O lo planteado por la Presidenta del TSJ y el programa político del PSUV sencillamente apuntan hacia otra dirección?

A todo esto se suman las reiteradas y enfáticas afirmaciones del Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, manifestando que el Gobierno Nacional respeta la autonomía de los poderes públicos, y que los cuestionamientos al respecto se derivan del interés de poderosos sectores económicos, aliados del Imperialismo, que se quieren mantener por encima del cumplimiento de la Ley.

Entonces, ¿qué provoca que el Presidente de la República se esfuerce tanto en desmentir lo que está establecido en el programa político de su partido?

Cable a tierra

El artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) establece que el Poder Público Nacional se divide en cinco (5) poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. De esta forma, observamos que lejos de cuestionar la necesidad de la separación de los poderes públicos, los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente agregaron dos (2) poderes a la tríada que ha sido tradicional en la cultura y la historia política Occidente: el Poder Ciudadano (ejercido por el Consejo Moral Republicano, cuyos órganos son la Contraloría General, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, de acuerdo al artículo 273) y el Poder Electoral (ejercido por el Consejo Nacional Electoral, tal como lo establece el artículo 292).

El mismo artículo 136 determina que “cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. Por lo tanto, la “colaboración” dentro del Poder Público Nacional para el logro de los objetivos del Estado ya está constitucionalmente establecida. Es decir, no hacen falta nuevas modificaciones sobre este punto. La “colaboración” implica necesariamente la coordinación entre los diversos poderes, pero con la salvedad de que cada uno mantiene sus competencias e independencia de acción.

Así, dado que la realidad política nos impulsa a releer su proyecto original, podríamos sugerirle a la Presidenta del TSJ una detenida relectura del artículo 145 de la Constitución Nacional, el cual determina que “los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna (…) Su nombramiento o remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política”.

Es necesario recalcar esto en el sentido de que Estela Morales debe limitarse a realizar su trabajo con base en la interpretación del marco constitucional y legal vigente, y no a partir de lineamientos emanados -o recibidos- a propósito de su filiación política. No está demás aclarar que aunque la Presidenta del TSJ puede expresar su deseo de una nueva Constituyente o modificaciones a la Carta Magna, debe tener bien en cuenta que mientras eso no suceda, los Poderes Públicos en Venezuela son autónomos, y que las decisiones del Poder Judicial no deben provenir -directa ni indirectamente- del Ejecutivo, algo que no siempre parece quedar claro en nuestra actual coyuntura política.