Política y medios: El Show, ¿debe continuar? (I)

Una discusión de vieja data

Nuevamente los medios masivos son el punto focal en la agenda de la opinión pública nacional. Las recientes amenazas del Presidente de la República sobre tomar medidas extremas contra Globovisión, han colocado el tema de la función de los medios en nuestro país como principal centro de interés, una discusión que ya posee años de altibajos en el país.

El debate sobre el papel de los medios, en especial de la televisión, no es algo nuevo. Hace poco, ante la promulgación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y, luego, con el tema de Radio Caracas Television (ahora conocida como RCTV Internacional) y la creación de la Televisora Venezolana Social (TVES), re-descubrimos el proyecto RATELVE impulsado por el teórico venezolano Antonio Pasquali y otros insignes comunicólogos del Instituto Nacional de Investigaciones de la Comunicación (ININCO). Ese proyecto vio luz en los años 70 y, desde entonces, el tema va y viene según la coyuntura que lo impulsa o lo regresa al olvido.

Es interesante que esta polémica haya regresado a la palestra pública justo de la mano de las opiniones de dos representantes de la izquierda venezolana, José Vicente Rangel y de Vladimir Villegas. Y decimos que es interesante en tanto que, cuando la izquierda seria reclama el rescate de esta discusión, lo hace justamente para establecer desde un punto de vista crítico, propio del pensamiento impulsado por los teóricos de la Escuela de Frankfurt -escuela filosófica de planteamientos freudomarxistas-, el papel de los medios como mecanismos modeladores de opiniones y actitudes en nuestra sociedad masificada, y de la aberración que ocurre cuando la función educativa e informativa de la Televisión se ve influida por la función de entretener a partir de la producción serializada de “objetos culturales” (Industria Cultural). En cambio, cuando la bandera es alzada por el pensamiento conservador, generalmente se hace en la vía de la búsqueda de mecanismos de control y manejo de la opinión pública a favor del poder.

Es interesante ver entonces que un gobierno autoproclamado socialista, progresista y de izquierda, esgrime argumentos en su propio beneficio con la excusa del bienestar colectivo. Es decir, un discurso conservador disfrazado de crítico, o también, una mano derecha disfrazada de zurda.

La Venezuela mediática

El gobierno ataca a los canales privados, en especial Globovisión, atribuyéndole características que le son igualmente propias - acaso más profundamente- a los canales del Estado. Los acusa de mentirosos cuando VTV oculta información; los señala de manipuladores cuando “el canal de todos los venezolanos” emite micros que comparan a los defensores de la propiedad privada con Vito Corleone. Es tanta la similitud de los mecanismos de uno y otro canal, que en muchas ocasiones sólo sabemos a cual de los dos acudimos cuando vemos la mosca que los identifica.

Por otro lado está el caso de la “nueva” Venevisión, que luego de aquella reunión entre el Presidente y Gustavo Cisneros, modificó su línea editorial a un pretendido punto medio, a ratos más parecido a la autocensura que a la sensatez, que a veces resulta sonso, insípido, acrítico, llegando incluso a rozar la adulación a favor del Gobierno. Eso sí, sin llegar nunca al caso extremo del de VTV.

Los medios de comunicación, según la UNESCO, tienen tres grandes funciones: Educar, informar y entretener. Pero desde hace un tiempo para acá, el entretenimiento ha sido la principal actividad de los medios venezolanos, y se ha observado una suerte de espectacularización de la información, convirtiendo de esta manera programas informativos y de opinión en verdaderos shows, tal como ocurre con La Entrevista de Miguel Ángel Rodríguez, con el Aló Ciudadano de Leopoldo Castillo y también con La Hojilla de Mario Silva.

La función de difusión educativa y cultural ha quedado relegada a medios como Vale TV, con una programación de calidad conformada mayormente por documentales, casi todos producidos en otras latitudes . Paradójicamente (¿o no?) también este medio, propiedad de la Iglesia Católica, ha sido en el pasado objeto de amenazas del Gobierno Nacional para quitarle la concesión, como aparente corolario de las tensiones entre el Poder Ejecutivo y los representantes del Vaticano en Venezuela.

Y es que los mass media tienen como audiencia precisamente a una masa moldeable a su naturaleza “Pop”. No es que seamos masa, es que nos convertimos inevitablemente en masa cuando acudimos al show mediático. Cosa que no ocurre con otros medios como Internet, donde la interactividad y el diálogo entre individuos y/o colectivos se convierten en el entorno natural propio de la Web.

El asunto entonces es que oficios nobles como el periodismo se convierten en simple espectáculo a la luz de los mass media, los cuales sólo responden al share y al rating de una audiencia acostumbrada a consumir productos prefabricados. Un círculo vicioso del que necesariamente el periodismo debe escapar. En la Televisión, y en menor medida en la radio, los periodistas nos convertimos en actores, en artistas, en productos de entretenimiento. Y por ende, el periodismo se convierte en una especie de precursor de los Reality Shows. Hace unos años, Ernesto Villegas realizó una visita a la Escuela de Comunicación Social de la UCV, y contó que en un momento determinado se dio cuenta que su antiguo programa en VTV disminuía su rating cuando él trataba de asumir un enfoque equilibrado para tocar los contenidos políticos. Es decir, el radicalismo político se ha convertido en una preciada mercancía comunicacional, rentable a más no poder. La polarización es hoy un negocio con buenas cifras de consumo, y casi nadie quiere arriesgarse. Parece menos riesgoso creer y hacer creer que la mesura y la ecuanimidad no venden.

Los medios masivos deben necesariamente retomar su función informativa. Rescatar el uso de los géneros periodísticos, escapar de la excusa falaz de “dar al público lo que quiere” y centrarse en informar de manera oportuna y veraz, honesta e imparcial. Los periodistas debemos impedir que el medio trastoque los principios que cimientan el ejercicio del oficio. Tener presente que egresamos de una Universidad y no de una Escuela de actuación, y que nuestro compromiso irrenunciable es con la verdad y con el público.

...continuará.

Notas sobre la [In]Justicia (o de cómo avalar o rechazar sentencias desde la poltrona del televisor)

“Cuídate de vivir tiempos interesantes”: Este famoso proverbio chino nos viene a la mente cuando tratamos de discutir la reciente condena de treinta años de prisión contra los comisarios y efectivos de la Policía Metropolitana involucrados en los hechos violentos del 11 de abril de 2002. Es una oportunidad propicia para una breve discusión sobre el “interesante” estado de las cosas en esta sociedad polarizada, fracturada y disfuncional.

Decimos involucrados, así, en cursiva, porque no tenemos duda de que la PM estuvo involucrada en los lamentables sucesos del 11 de abril. Al igual que muchísimos otros grupos de choque de ambos sectores en pugna, así como unos cuantos miles de personas de diversa tendencia y posición política.

Sin embargo, el que estos oficiales hayan estado involucrados no quiere decir que sean efectivamente culpables de las muertes que se les imputan. Y es aquí que lamentablemente se pone “interesante” esta reflexión.

Como punto de partida, nos confesamos incapaces de pronunciarnos firmemente sobre la condena emitida en contra de los ex funcionarios policiales. El motivo para esta franca admisión de incapacidad es sencillo: no hicimos un concienzudo seguimiento del accidentado juicio que se le siguió a estos funcionarios por más de cuatro años. Asimismo, no hemos leído detalladamente ni las condenas en sí mismas, ni examinado las pruebas presentadas por cada una de las partes.

De tal forma, que a priori consideramos irresponsable manifestarse a favor o en contra de una sentencia resultante de un juicio del cual no conocemos mayores detalles. Y en este reconocimiento tan sencillo diferimos de un nutrido grupo de personas que se han lanzado prontamente a avalar o rechazar un fallo judicial, sin tener mayores conocimientos sobre los elementos que lo sustentan. Es lo mismo que comentar un libro que no hemos leído, o reseñar una película que no hemos visto, con la nada sutil diferencia de que en este caso se trata de seres humanos, de la vida de hombres y mujeres de carne y hueso: la de las víctimas de los aberrantes sucesos de abril; la de sus familiares; la de los ex funcionarios policiales; la de sus esposas e hijos.

Es por ello que esta breve reflexión no pretende ser judicial en su naturaleza, sino política en la valoración de los hechos y del ambiente político en el cual se desarrollan. Creemos que los sucesos de abril son lo suficientemente graves como para hacer apreciaciones superficiales con base sólo en nuestros propios (pre)juicios políticos; menos aún a partir de lo que hemos leído, visto u oído en los periódicos y medios audiovisuales de nuestra preferencia.

A estas alturas ya parece estar claro, incluso entre los sectores de oposición recalcitrante, que en abril de 2002 tuvo lugar un Golpe de Estado, promovido por algunos sectores militares, empresariales y civiles radicales. Todo indica que el detonante para esta acción inconstitucional, de larga fragua, fue el ataque indiscriminado por parte de un grupo de francotiradores (aún no identificados) en contra de los venezolanos que se encontraban en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, tanto los opositores que marchaban como los partidarios del Presidente Chávez, ambos grupos de ciudadanos, convocados irresponsablemente a Miraflores por parte de sus respectivos líderes políticos. Y fue allí donde los francotiradores desataron la muerte entre los allí presentes, venezolanos todos.

Para nosotros, este es uno de los puntos de mayor confusión. Por los videos, imágenes y recuerdos de ese día, pareciera ser la acción de francotiradores expertos la que causa la mayoría de las bajas entre los presentes. Los mismos documentos desclasificados de la CIA nos confirman que los sucesos estaban planeados con antelación. Sin embargo, una vez iniciada la confusión, es difícil señalar quién agredía y quién se defendía: si tenemos a miles de personas exaltadas reunidas en un sitio, y empiezan a caer muertos, es probable que se comience a disparar de forma indiscriminada.

Todos recordamos las imágenes de un grupo de partidarios del Presidente Chávez disparando desde el Puente Llaguno. Y todos hemos vistos las imágenes de la PM utilizando sus armas en la marcha. Pero de allí a afirmar que los muertos fueron causados por unos u otros hay un largo trecho, sobre todo si tomamos en consideración que las evidencias y la creencia común apuntan hacia la acción de francotiradores, que aparentemente fueron filmados e incluso algunos capturados, pero cuya identidad luego nunca supimos. Cabe destacar que tampoco tuvimos noticia de que fueran juzgados alguna vez.

Ahora, con el mismo razonamiento, admitimos que si bien los oficiales condenados pudieron haber participado activamente en los sucesos del 11 de abril, esto no es lo mismo que decir que son responsables directos de esas muertes y merecedores de la máxima pena. Lo que nos remite al tema de la duda razonable.

El juicio de los ex policías, dada su duración y todos los elementos polémicos que lo rodean, distó mucho de ser un proceso transparente. De hecho, podríamos decir que es parte de una cadena de sucesos, los de abril de 2002, que aún hoy están rodeados de múltiples incógnitas y misterios. Entonces, nuestra duda surge en torno a lo siguiente: ¿Cómo dictar la máxima pena de treinta años, sin ningún tipo de beneficio procesal, aún considerando que los acusados ya han estado cuatro años presos? ¿Hay algún tipo de mensaje aquí? ¿Se trata de una sentencia ejemplar?

Reiteramos: no queremos condenar o absolver con base a informaciones de prensa. Pero es precisamente lo confuso de esos hechos, y la alta carga emocional que los rodea, lo que nos lleva a preguntarnos si no es este “interesante” ambiente de crispación y polarización política el que lleva a una sentencia tan dura y definitiva hacia un hecho rodeado de la mayor opacidad. Es precisamente la duda la que nos lleva a retroceder y cuestionar. Y por otro lado, ¿dónde están los francotiradores? ¿Son los condenados, o estamos satisfaciendo ciegamente un clamor general de justicia?

Todos los sectores políticos deberían estar interesados en que se haga una verdadera justicia. Y más aún, en que la sociedad no cometa la injusticia de condenar no con los hechos sino con las vísceras. Y esto nos lleva directamente a uno de los mayores dramas de Venezuela: la disfuncionalidad de nuestro sistema judicial, acaso uno de los más graves síntomas de la crisis institucional que vive el país en los actuales momentos.

¿Debemos creer en que un fallo judicial en Venezuela es una limpia, irrefutable y “ciega” materialización concreta de la Justicia? ¿Con tanta presión política y social, este fallo no pudo haberse contaminado? ¿Por qué la duda? o, en todo caso, ¿Por qué prescindir de ella?

La destrucción y decadencia de las instituciones comienza cuando segmentos importantes de la población dejan de creer en ellas. Y el juicio de los ex policías se da justamente en un contexto en el cual la oposición política del país percibe que el sistema judicial está siendo utilizado como un arma política por parte del gobierno nacional. Esto es una situación peligrosa, pues sin credibilidad institucional, son oscuros los vaticinios para la estabilidad y gobernabilidad a mediano plazo.

Por ello, se debe demandar mayor transparencia a las instituciones, con un comportamiento que no sea abiertamente parcial (¿Recuerdan los gritos de “Uh, ah, Chávez no se va en el TSJ”?). Así como se debe exigir mayor madurez al pueblo, pues uno de los máximos provechos que, como sociedad, podemos extraer de los últimos diez años de vida política nacional, debe ser el de aprender a dudar de todo y armarse un criterio propio a partir del análisis razonado de los hechos.

Por principio, no nos oponemos a que se investigue la corrupción o se castiguen los desmanes. Pero no deja de generar suspicacia que aunque existan 17 gobernaciones en poder de los partidarios del Presidente Chávez, junto a más del 80 % de las Alcaldías y la casi totalidad de la Asamblea Nacional, prácticamente todas las investigaciones y acciones judiciales estén dirigidas contra políticos opositores y disidentes del chavismo, mientras que algunos personajes confesos, como los miembros del Colectivo La Piedrita, campean a sus anchas.

En este mismo sentido, si bien admitimos ser incapaces de valorar efectivamente la sentencia emitida en contra de los ex PM, sí creemos que no se ha dado con la transparencia que demandan estos “interesantes” tiempo que vivimos. Y las sensaciones encontradas que experimentan los ciudadanos, casi siempre atadas a una postura en pro o en contra del gobierno, puede ser un signo de que se continúan profundizando las divisiones entre los venezolanos. Y una nación dividida no es lo que necesitamos ni a lo que aspiramos.

La justicia es una herramienta política toda vez que en ella reposa la potestad de regular el equilibrio del sistema en el marco de ciertas normas establecidas colectivamente, es decir, la responsabilidad de poner orden en la sociedad (polis) mediante mecanismos, sanciones y límites de contención legal. Pero cuando los criterios de justicia están sometidos a afinidades y parcialidades políticas, o a intenciones arbitrarias, o a intereses personales, esa justicia se resquebraja; deja de ser justicia para convertirse en otra cosa, a veces en injusticia, por decir lo menos...

Proletarios… ¡uníos!

Proletarios… ¡uníos! ¿No fue acaso eso lo que escribieron los viejos Marx y Engels por allá en el siglo XIX? Parece insólito y paradójico que un gobierno autoproclamado como revolucionario, marxista y progresista vaya a contracorriente del interés de los trabajadores del sector público, al extremo de amenazar con militarizar instituciones como el Metro de Caracas en caso de que sus empleados ejercieran su derecho a huelga, previsto por cierto en el artículo 97 de la Constitución Nacional (por supuesto, con las limitaciones contempladas en los artículos 496 y 497 de la Ley Orgánica del Trabajo para aquellos que presenten un servicio público esencial).

¿Y no es este el mismo gobierno -altamente sensible y preocupado- que en noviembre del año antepasado promovía una Reforma Constitucional para reducir la cantidad de horas laborales en beneficio de la calidad de vida y el esparcimiento de los trabajadores? ¿Entonces podemos concluir que ese artículo de la no-aprobada reforma sí resultó ser la zanahoria caza-conejos, como manifestamos en aquella oportunidad? Porque resulta que casi todos los aspectos de dicha reforma se han impulsado por la vía de las leyes, menos éste y la creación del Fondo de Estabilidad Social para Trabajadores y Trabajadoras por Cuenta Propia.

Contestar las razones para esto no parece una cuestión fácil. Sin embargo, al menos quisiéramos recordar el tema y traerlo a la atención de nuestros lectores. Uno de los males históricos de la vida política nacional ha sido la corta memoria de los ciudadanos quienes, por ejemplo, parecen no rememorar que hace menos de dos meses estábamos “blindados” frente a la crisis económica internacional y no teníamos necesidad de tomar “medidas tácticas en lo económico” ni llamar “voraz” a sindicato alguno (sobre todo considerando que muchos de estos mismos sindicalistas andaban haciendo campaña activa por la Enmienda Constitucional).

Así las cosas, bajo el contexto de la grave crisis económica que vive el mundo entero y de austeridad nacional por los bajos ingresos de la renta petrolera, el movimiento sindical venezolano atraviesa una de las situaciones más conflictivas de los últimos años, cuando 1.42 millones de trabajadores públicos -un 62% del sector- están laborando bajo contrataciones colectivas vencidas o próximas a vencer. Esto incluye unos 800 mil de la administración pública centralizada y 500 mil empleados del sector magisterial que tienen tres años con la contratación vencida. Asimismo, los trabajadores petroleros están solicitando mejoras salariales. La discusión de la convención colectiva –consagrada en el artículo 96 de la CRBV- de los 36 mil empleados del sector eléctrico se paralizó en diciembre pasado, sin contar la situación de los médicos y enfermeros que laboran en nuestros hospitales.

Por fortuna, luego de una tensa situación en el Metro de Caracas, finalmente se logró firmar la contratación colectiva de los 4.500 empleados de esa institución. La movilización interna de los trabajadores tuvo su efecto, pero fue necesario llegar a un clima de tensión exacerbada –amenazas de paralización por un lado, y de militarización por el otro- para que cristalizara la convención. No deja de ser interesante que luego de unos tres meses de angustia, el presidente de la compañía celebre la firma como un triunfo del “gobierno obrerista”.

Ante el evidente descontento del resto de los sindicatos –los que siguen esperando una convención-, la respuesta oficial ya ha sido la descalificación por parte del Jefe de Estado, a quien le parece un exabrupto voraz y corrupto, por ejemplo, que los empleados de las empresas básicas de Guayana exijan sueldos de 3.000 y 5.000 Bs., seguros médicos y bonos para la educación privada de sus hijos.

Los trabajadores –muchos de ellos políticamente identificados con la Revolución Bolivariana- han insistido en que el Presidente Chávez está equivocado y ya hemos visto cómo el mismo primer mandatario ha tenido que retractarse parcialmente. No obstante, parece evidente que al presidente no le agradan los sindicatos. Valdría la pena recordar que el 24 de marzo del 2007, en un acto oficial, dijo que “en la revolución los sindicatos deben desaparecer”, enunciado claramente contrario a la libertad sindical consagrada en la Constitución (artículo 95), así como en convenios firmados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y sobre todo contrario a los principios de la lucha de clases, de la toma del poder por parte de la clase obrera, pilares fundamentales del marxismo.

El movimiento sindical, en efecto, no escapa a la realidad política y, al igual que el resto de la sociedad, exhibe fracturas hondas que dificultan la eficacia de sus solicitudes reivindicativas. Sin embargo, en menor o mayor grado, algunas de sus organizaciones han separado sus convicciones ideológicas de las necesidades reales para alzar sus voces y exigir sus derechos, lo cual, como deja entrever el discurso presidencial (antisindical), no deja de ser percibido –simplificadoramente- como un acto de indisciplina e individualismo intolerables. En ese mismo sentido, el Presidente Chávez ha sostenido que el que pare una empresa está provocando un “sabotaje” y, más aún, se está “metiendo” con él (con su persona, no con el país). Siendo así, parece evidente que se transita por un camino equivocado y denota una actitud muy de “patrón capitalista tradicional explotador”. Curioso ¿no?

Es cierto que la mayoría de los sindicatos muchas veces, tal como hacen los políticos usan a la masa trabajadora para obtener votos y después se olvidan de las promesas hechas, quizás por eso, en muchos sectores de la administración pública, hablar de sindicato es igual a hablar de ineficiencia y corrupción. Para nadie es un secreto que muchos de estos “lideres” son parte de la nómina de algún ministerio pero NO laboran en el mismo, solo hacen según su propio criterio gestiones en pro de las luchas sociales, pero cabría preguntarse ¿la lucha social se materializa negociando derechos “por debajo de cuerda” con alguna oficina de Recursos Humanos? Es cierto que muchos empleados no se sienten debidamente representados por algunos sindicatos de la administración pública, pero esto no puede fundamentar la actitud poco conciliadora del gobierno con el personal de las diferentes instituciones. ¿O es que acaso no es un derecho adquirido que un grupo de empleados y obreros quiera dignificar su sueldo por el trabajo que realizan día a día?

Tampoco podemos dejar de mencionar un fenómeno frecuente en las oficinas de la administración pública, uno de los “trapos sucios” mejor guardados del actual gobierno del Presidente Chávez: la situación de los trabajadores “contratados a tiempo determinado”. La amplia difusión de esta modalidad de contratación entre los principales ministerios y sus entes adscritos, nos permite inferir que, más que una ocurrencia casual de la gestión de un Ministro determinado, parece una política de Estado.

En muchos casos, estos funcionarios “disfrutan” de contratos draconianos que, por supuesto, no contemplan los mismos beneficios del personal fijo. En algunas situaciones, a estos “contratados” se les niega específicamente su condición de “empleados públicos” (para que no los proteja la Ley del Estatuto de la Función Pública, ni les toquen los aumentos correspondientes anunciados anualmente por el Presidente el 01 de mayo, ni los ampare la correspondiente convención colectiva); se les establecen cláusulas para que puedan ser despedidos en cualquier momento sin justificación ni pago de utilidad o compensación alguna; se les reduce arbitriamente el sueldo sin “derecho a pataleo” (lo que legalmente constituye despido indirecto); y la práctica más perversa y neoliberal: algunos son despedidos por quince días para que se venza la continuidad laboral y luego son “reenganchado”, pero, claro está, sin los beneficios y protecciones adquiridos a través de la contratación continua.

Lo dramático –trágico- es que bajo esta modalidad, aplicada incluso a los obreros que ganan sueldo mínimo, los contratados deben soportar cualquier tipo de vejación (trabajar continuamente fines de semana u horas extras, participación obligada en eventos políticos) sin poder reclamar. Con todo, parece insólito que muchos de nuestros ministros hayan sido ex sindicalistas. Estos testimonios no provienen de Polar, Coca Cola o Cargill: vayan a su ministerio más cercano y pregunten, que no hará falta mucha indagación. Esta es una forma barata y efectiva de incrementar la nómina del Estado sin incurrir en los gastos adicionales que esto conlleva.

Ante este panorama, acaso cabría preguntarse por qué los altos funcionarios públicos, los ministros, viceministros, legisladores, magistrados, rectores, no se ponen de ejemplo ante el país, y se reducen el sueldo para enfrentar la crisis y adaptarse al espíritu de “austeridad”. Lo que es justo para los empleados del Metro, también debería serlo para Rafael Ramírez ¿no?

A propósito, es importante recordar que una de las primeras acciones del gobierno del Presidente Evo Morales en Bolivia, con un alto valor simbólico, fue reducir su sueldo y el de sus ministros por la mitad. Pero al parecer, a diferencia de Evo y su equipo de gobierno, la moral revolucionaria criolla es un híbrido sui generis –¿mutante?- de socialismo verbal con capitalismo fáctico.

En todo caso, las ideas “de avanzada” que el gobierno nacional presume tener no parecen girar de la misma forma en torno al problema sindical. Ya hemos visto que el gobierno nacional no negocia con empresarios, pero ahora vemos no sin cierta e incómoda sorpresa que, en calidad de patrono, tampoco está demasiado dispuesto a dialogar con obreros, a menos que éstos le sean útiles para alguna acción gubernamental, como la intervención de las arroceras, por citar un ejemplo. Todo esto, insistimos, es muy curioso, al menos para tratarse de una “revolución socialista y progresista”.

Problemas como arroz

Prácticamente hemos perdido las esperanzas de que nuestro Presidente asuma la altura de su investidura y deje de lado su lenguaje divisionista, guerrerista y fanfarrón que sólo contribuye a polarizar más al país. Lejos estamos de tener un Presidente que tienda puentes, que se atreva a ser humilde y reconocer que la verdad no le pertenece y que, tal como rezan los principios dialécticos, busque en la posición contraria aquellas cosas que complementarían su visión de país.

Y es que el Presidente se torna cada vez más totalitarista, convierte cada vez más su revolución en un proyecto personalista y en las adversidades, ataca y somete en lugar de buscar lazos y unir.

Es así como, ante una situación económica difícil, y en vista de lo difícil que se le torna al gobierno mantener programas como Mercal o PDVAL, se lanza sobre la empresa privada e interviene, expropia y amenaza, y aún cuando ve a su “enemigo” agachar la cabeza y pedir diálogo, la respuesta del gobierno sigue siendo más amenazas, más insultos y cero negociación. ¿Acaso no comprende Chávez que su gobierno, y cualquier gobierno democrático, necesita del sector privado para impulsar la economía? ¿Acaso no sabe que el Estado no puede asumir todo el peso de los medios de producción porque simplemente eso provocaría el incremento de la burocracia y de la corrupción? La empresa privada comprende que necesita al gobierno, y que debe negociar con los entes reguladores. Pueden ejercer posiciones tramposas como es su naturaleza y por lo tanto especulan, evaden y manipulan valiéndose de su poder de producción, pero al final saben que sin el apoyo del Estado no pueden sobrevivir y que sólo es cuestión de buscar un punto común donde todos ganen. Pero el gobierno no.

Es tan ególatra y autosuficiente este gobierno, que aún sabiendo que no posee recursos para financiar una expropiación de una empresa tan grande como lo es Polar, no “come coba” en mostrar su poder y ejercer terror sobre los privados. Porque desde el principio esta “revolución” no llegó para curar heridas, sino para vengarlas. Vino a sustituir unos nombres por otros (conservando algunos que simplemente se tiñeron de rojo la franela) pero bajo la premisa de la venganza, del desquite. No, qué va, la reconciliación no es un objetivo de este gobierno. Su lema es simple y terrible: Si no te gusta, te vas.

Uno no puede, por sentido común, estar de acuerdo con las prácticas oligopólicas tradicionales de nuestra industria privada. Sabemos y reconocemos que las empresas formadas bajo el manto de la ideología neoliberal, solo piensan en cómo manipular los factores del mercado a su favor. Sabemos y reconocemos que evadir regulaciones sustituyendo artificialmente un producto primario por uno derivado (como el arroz blanco y el saborizado) es una práctica despiadada. Sabemos y reconocemos que una arepa en Bs.F. 20, 18 o 15 pudiera ser una exageración y una aberración comercial. Pero tampoco creemos que la solución sea adoptar medidas castigadoras como imponer un precio tan bajo como el 1,50 sugerido por el nuevo ministro de comercio Eduardo Samán (quien por cierto tuvo que corregir su comentario alegando que los medios lo habían "mal interpretado"). Ni siquiera los tarantines callejeros venden una arepa en ese precio. ¿Qué busca el gobierno entonces? ¿Ahogar terminalmente al sector privado, incluyendo a los pequeños y medianos comerciantes? ¿Se inventarán una “ruta de la arepa” jurando estar dando solución a los problemas? ¿Y cuando los dueños de las areperas dejen de vender arepas? ¿Cuándo cierren y despidan a sus trabajadores? ¿El Estado va a absorber esa masa laboral? ¿Cómo lo harán? ¿Bajo la modalidad de personal contratado, una práctica criticada por ellos mismos, pero bastante generalizada en los ministerios? ¿Y luego? ¿Anunciarán nuevas fusiones de ministerios para prescindir de los servicios de este personal contratado? ¿O cuando estos trabajadores comiencen a exigir sus derechos y a reclamar un discurso consecuente con la realidad de parte del gobierno, intervendrán y militarizarán las empresas como está ocurriendo con el Metro y con las empresas de Guayana?

Lo peor de todo esto es que la política del gobierno sigue siendo coyuntural, proselitista y cortoplacista. Y mientras los ministerios se abocan ahora a solucionar el problema de la “soberanía alimentaria” porque es el tema que Chávez puso de moda, y mientras el CICPC se ocupa de analizar muestras de una exposición científica, en las calles de Caracas el hampa nos sigue matando. La Morgue de Bello Monte continúa con una patrulla improvisada como furgoneta recogiendo los cadáveres de los muertos de los fines de semana, los cuerpos que sí duelen de verdad. El TSJ continúa dando beneficios de libertad condicional a los asesinos de las bandas que la policía anuncia como “desmanteladas” por TV y graduando de delincuentes a los que por “mala leche” no se ven tocados por esos beneficios (que resultan ser más inocentes que los que si salen beneficiados). Los funcionarios policiales corruptos continúan financiando y protegiendo secuestradores, asaltantes de bancos y sicarios. Los tribunales continúan discriminando la aplicación de justicia con base en los que pueden pagar un soborno y los que no. Y a fin de cuentas, se sigue alimentando el monstruo insaciable de la impunidad. ¿Y la oposición? Nada esperanzadora: si no van y se reúnen con un personaje tan terrible como Aznar para impulsar una “hoja de ruta contra los gobiernos totalitarios”, entonces se limitan a seguirle el rastro a la agenda temática que impone Hugo Chávez. No crean, no accionan, no impulsan sus propias iniciativas, no salen de su parálisis post-electoral.

No estamos hablando paja. No nos referimos a un capítulo de alguna serie de TV. Hablamos de Venezuela y de una bomba de tiempo a la que cada vez el conteo se le va quedando más corto ¿A quién le estallará en la cara?

Post-electoral III: ¿Quién ganó, quién perdió?

“Sepan administrar su victoria… no se desboquen ahora”
Hugo Chávez. Diciembre, 3-2007.

Sólo escuchando al Presidente en su cadena nacional (triunfalista) y leyendo lo que la gente escribe en facebook se puede ver cómo el discurso electoral del Gobierno caló en sus electores –y en los partidarios del NO también-. Por un lado, quienes se sienten ganadores parecen creer que han dado punto final a la historia, tal cual Fukuyama. Pero algunos de los que se sienten perdedores, quizás lo son dos veces, porque asumen que el país, la vida y la esperanza se han perdido.

El sistema democrático tiene ganadores y perdedores, e incluso, una misma opción puede ser ganadora o perdedora según el momento. Si nos limitamos a hablar de personas y candidatos, podemos poner por ejemplo a Rafael Caldera: Rómulo Betancourt lo venció en 1958, pero luego Caldera le ganó a Gonzalo Barrios en 1967, para volver a perder en 1982 frente a Jaime Lusinchi, y finalmente salir victorioso en 1992 entre las opciones de Claudio Fermín, Andrés Velásquez y Oswaldo A. Paz.

Este sistema “participativo y protagónico” no tiene por qué ser la excepción. A veces gana una opción, a veces gana la otra, pero siempre la decisión final está y estará, mientras siga la democracia viva, en nosotros frente a la maquinita electoral.

Si hablamos de números, el SÍ ha resultado ganador con una ventaja no muy amplia de nueve puntos porcentuales. ¿Qué significa esto? Pues que Chávez puede ser candidato nuevamente en el 2012. Sólo eso. Así como ahora Morel Rodríguez y Tarek W. Saab también lo pueden seguir siendo, si así lo desearan. Pero ser candidato no es ser presidente, alcalde o gobernador. Ciertamente ser candidato oficialista es una gran ventaja, pero no hay razones de peso para que unos y otros pensemos que ya la batalla está perdida, o ganada.

¿Qué ganó el PSUV?

Su primera victoria como partido y la permanencia de su líder único y eterno como su -también único- candidato posible para ejercer la jefatura del Estado.

¿Qué perdió la oposición?

La oportunidad de enfrentarse contra un contrincante distinto a Chávez.

¿Qué ganó y/o perdió el pueblo?

Nosotros creemos que nada. Los principales problemas del pueblo siguen siendo los mismos ahora que ayer: Inseguridad, inflación, vivienda, desigualdad. Tal vez el pueblo haya ganado la posibilidad de que, sin elecciones del poder ejecutivo a la vista y sin época de campaña próxima, entonces los gobernantes se dediquen a gobernar de una vez por todas y no suspendan sus actividades para hacer campaña como lo hizo de manera oficial la Asamblea Nacional y de manera extra-oficial el jefe de campaña del SÍ y Alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez.

El reto de los proponentes de la enmienda (¿enmiendadores?) es ahora pensar en el pueblo, de verdad, darles respuestas, de verdad. El de los oponentes (¿enmendados?) es, también, trabajar conjuntamente con el pueblo, pero no por una candidatura, sino por la preservación del valioso e indispensable sentido de la crítica y el contrapeso. Ya no hay oportunidad de discursos –de lexis sin praxis-, ya no hay chance de hacer nada que no sea actuar. El hambre del pueblo, en el sentido amplio de la palabra, no se sacia con palabras bonitas dichas por TV, ni cambiando de nombre o tiñendo unilateralmente de un color todo cuanto se encuentre. Esto tarde o temprano, va a premiar o a demandar a los líderes políticos.

El presidente Chávez, justo después de conocerse los resultados dijo "Seré como San Pablo, me consumiré por la patria... desde ya soy precandidato para el 2012". De esta forma, el mismo promotor de la enmineda, le dió la razón a la oposición que durante un mes exacto señaló al país que "Chávez quería perpetuarse en el poder".(¿Lo hará?) En vez de echarse la soga al cuello, la oposición debe apretarse los pantalones, actuar con firmeza para proponer un proyecto de país y empezar a perfilar un liderazgo que pueda aglutinar, no solo al 45% de los electores, sino también a esa parte considerable de ese 55% que ya ve de reojo a la revolución y, además, que pueda aglutinar una idea de nación, necesariamente apartada del caudillismo y el clientelismo.

Es más que lamentable, deplorable, que después de 15 procesos electorales en 10 años, estamos lejos de ser un país de inclusión donde se respire hermandad. Tampoco se trata de idealizar La Tierra Prometida o un País maravilloso como el de Alicia, pero al menos una patria donde seamos menos hostiles y donde podamos exhibir nuestro punto de vista sin ser acusados, subestimados o excluidos. Puede ser que el "gigante" haya ganado ayer, pero más que Goliat, ayer ganó un discurso, y ese discurso es el que la oposición tendrá que desmontar,o el chavismo tendrá que convertir en hechos en los sucesivos días.

En 2004, George W. Bush ganó las elecciones en EEUU, entonces Michael Moore, documentalista norteamericano y firme opositor a Bush, publicó diez razones para no suicidarse en su página Web. La primera razón era que Bush no podía lanzarse de nuevo como candidato. Nosotros no tenemos diez razones para decirles a los “perdedores” que no se suiciden, ni nueve –si sustraemos la primera de Moore-, tenemos una razón: Venezuela, donde NO hay seis millones de "focas ignorantes" ni cinco millones de "apátridas capitalistas", hay 27 millones de Venezolanos luchando por un país que necesita trabajo, crítica, civismo, tolerancia y también resistencia. ¡Hoy no es día para perder la esperanza sino para nutrirnos de ella!

Un punto de inflexión (II)

Una vez la periodista italiana, Oriana Fallaci escribió: “El silencio de los que no reaccionan e incluso aplauden al poder, lo he considerado siempre como la muerte verdadera de una mujer o de un hombre”.

Hablar de la cuenta regresiva que nos plantea el referéndum sobre la Enmienda Constitucional este 15 de febrero, es sin duda ponerse en los zapatos del electorado del bloque del SÍ y del bloque del No, de los abstencionistas, de los Ni - Ni y de los jóvenes a los que el CNE les negó el derecho al sufragio. La decisión tomada tendrá repercusiones significativas, pues a partir del 16 de febrero puede que el rumbo del país sea otro más definido.

En cualquier caso, los venezolanos estamos convocados a ejercer nuestro derecho masivamente, y a defender lo que creemos es la mejor opción. Sabemos que las campañas han sido desiguales, porque el Estado ha usado a través del gobierno todas sus instituciones para avasallar a sus adversarios, y aunque la oposición ha hecho uso de su ya acostumbrado, y nada débil, poder mediático, esta vez la pugna por espacios de propaganda en TV no pareciera interesar al gobierno pues descubrieron que repetir el jingle de campaña en los parlantes del Metro es mejor. Además, a falta de propaganda, buenas son las cadenas.

Sin embargo, el NO también ha conseguido movilizar a sus seguidores. Creemos que no se ha dado plenamente una contienda argumentativa, sino un enfrentamiento emotivo del que, siendo muy acuciosos, acaso podrían rescatarse algunas disquisiciones. Con todo, es ineludible salir a votar.

En un país polarizado como el nuestro y donde lo mediático priva, es casi imposible no caer en el juego de repetir discursos, de lo que dijo el líder del gobierno o de la oposición, delante de las cámaras, para convencer del porque votar por el SÍ o por el NO, pero ¿Qué pasa cuando el que habla es el soberano, el que no usa Mercedes Benz, el que sube escaleras día tras días para llegar a casa, el que carga tobitos de agua, el que no come en restaurantes lujosos, sino lo poco de la cesta básica, el que no usa escoltas, sino que se encomienda a Dios? Sencillo: el discurso llega.

Así llego esta frase a nuestros oídos: “Esta gente cree que el pobre no sabe lo que es bueno, ¿Por qué no me regalan un LG o una Electrolux?”. Lo expresó una mujer a un militante del PSUV, refiriéndose a unas lavadoras llamadas “bolivarianas” que estaban entregando en la estación de Petare. Aquella frase retumbó en nuestra mente como tantas otras que hemos venido escuchando de parte del pueblo, frente a las estrategias de algunos “astutos” dirigentes.

Y aquí radica el problema, cuando se subestima a la población, cuando se cree que con regalos y palabras “seductoras”, el ciudadano de a pie ceda a favor de una u otra opción. ¿Será que nuestros “líderes” están convencidos de que el resto de los venezolanos somos borregos? ¿Que no tenemos criterios propios? ¿Que somos material de relleno o simplemente títeres de su circo?

Los venezolanos somos por naturaleza un pueblo noble, muchas veces permisivo y dejado, pero no pendejo. Contrariamente a lo que algunos líderes parecen pensar, en nuestro país hay muchísima gente valiosa, capaz de discernir gracias a un sentido ético y crítico bien formado. Ante estas eminentes elecciones es bueno recordarles que no voten pensando en personalidades y figuras, sino en los proyectos que estos representan; que no piensen en lo que ya está hecho sino en lo que esta por venir; que no cedan a la tentación del show mediático, ni se dejen confundir por “rectificaciones” de última hora que debieron haberse hecho hace años.

¡Ciudadanos! Tengamos la valentía y el coraje de defender desde nuestra trinchera el enfoque que mejor nos parezca, pero no repitiendo como grabadora lo que vemos y escuchamos por los medios de comunicación, sino estudiando los posibles escenarios, cuestionándonos todo el tiempo por qué elegir esa opción y no otra, analizando, comparando y pensando con cabeza fría si esa pregunta -por demás inducida- merece un sí o un no.

Aunque pueda parecerlo, la próxima consulta no es una evaluación de la gestión del presidente que circunstancialmente tenemos –tampoco un examen de la oposición-, sino, al contrario, una revisión sustantiva de nuestra estructura jurídica y política, sin embargo hay ciertas cosas que es mejor tomar en cuenta. Para nadie es un secreto que el gobierno del Presidente Chávez ha tenido aciertos y muy buenas iniciativas y desde aquí en su momento las hemos aplaudido. No obstante hemos alertado sobre algunas discrepancias entre el discurso y la praxis, evidenciado, por ejemplo, en la forma descarada en la que se han usado nuestros recursos para fines personales y partidistas ¿Dónde quedaron las promesas de cero derroches y vida digna para los niños de la calle? ¿Por qué al que disiente se le castiga y se le considera traidor a la patria? ¿Hasta cuándo soportar la cháchara de que el Imperio y la oposición están fraguando un golpe? ¿Qué pasó con la autonomía de los poderes? ¿Por qué será que hasta la fecha el presidente y sus seguidores no han podido responder con firmeza por qué las elecciones son justo ahora y no en otro momento?

También es una realidad que la oposición no se ha caracterizado precisamente por su sensatez y raciocinio. De hecho, durante estos diez años ha sido claramente superada por el Gobierno Nacional en el juego político propiamente dicho, no en el desempeño de sus gestiones sino en la batalla política por los corazones y mentes de los venezolanos. Ha cometido gravísimos errores y sus credenciales democráticas no han sido las mejores, sobre todo en el período 2000 – 2004. En definitiva, no ha logrado calar dentro de la sociedad como una alternativa verdadera y válida a la propuesta política del Presidente Chávez.

Sin embargo, en los últimos años las fuerzas opositoras han logrado victorias importantes que demuestran que si el deseo va acompañado de buena fe, convicciones democráticas y sensatez, puede cristalizar, aunque habría que aclarar que varios de estos triunfos son asignables al colectivo, y no a sus dirigentes. La oposición ha colocado muchas veces sus intereses partidistas e individuales por encima del colectivo lo que ha ocasionado derrotas en momentos estratégicos. Múltiples veces han caído en la trampa del gobierno y en el embeleco de los mass media y estos hechos tampoco deben olvidarse.

A los que no se sienten identificados con ningún proyecto y también a los que no se les dio la oportunidad de inscribirse en el registro electoral les insistimos en que la lucha es peleando por los que crean sus derechos. No ejercer la lucha sería formar parte de la masa acrítica –sin criterio- y poco sensible de este país. No estar alineado a ningún bloque o partido no significa ser apático, pues la independencia en la política también es una posición digna del individuo que, preocupado por su entorno, celebra su propia autonomía. Así que desde esta tribuna donde siempre hemos respetado a los que comulgan con nosotros y, más aún, a quienes están en desacuerdo con nuestra posición, les pedimos simplemente que voten con conciencia y quienes no puedan hacerlo que salgan a la calle pacíficamente a defender su punto de vista, pensando en un proyecto a largo plazo: Venezuela.

¿Enmienda o remiendo?

"La poesía, el arte, el pensamiento son como contrapeso del poder y de la sociedad. Aquél tiende a volverse perverso y ésta a aletargarse"

Rafael Cadenas

"Mostraos, conciudadanos, dignos de representar un pueblo libre, alejando toda idea que me suponga necesario para la república. Si un hombre fuese necesario para sostener el Estado, este Estado no debería existir, y al fin no existiría".

Simón Bolívar. 20 enero de 1830, ante el Congreso Constituyente de Colombia.

La primera cuestión que habría que plantearse es: ¿Por qué el poder necesita límites? ¿Por qué nuestra Constitución de 1999, como el resto de las constituciones latinoamericanas -con excepción de la cubana- restringe la cantidad de reelecciones para todos los funcionarios de elección popular?

El poder humano, quizá a diferencia del poder divino, requiere de muchas limitaciones. Las primeras son de orden básico: Unos límites espaciales que establezcan cuál es el radio de acción del poder y, segundo, unos límites temporales que determinen la duración exacta de quien lo ejerce. Es evidente que el poder sin límites es pernicioso para el colectivo porque, ante la ausencia de mecanismos de contención, se incrementan las tendencias egoístas de maximización individual por encima del bienestar colectivo. La historia atestigua que los gobiernos largos acaban por ser experiencias contraproducentes y, en todos los casos, antidemocráticas.

Queremos ofrecer un ejemplo concreto sobre el particular. Robert Mugabe llegó al poder en Zimbabwe en 1980, con una inmensa legitimidad de origen sustentada sobre su rol como símbolo de la independencia y libertad en toda África. Para el momento, su país era conocido como Rhodesia, y estaba gobernado por un régimen racista blanco muy similar al de Sudáfrica. De tal forma, que Mugabe pudo haber sido una figura parecida a la de Nelson Mandela: un símbolo universal de la lucha por la igualdad y la justicia.

Sin embargo, 29 años después de su heroica gesta, no se puede dejar de sentir tristeza por la actual situación de Mugabe y la nación que ayudó a liberar. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. La permanencia ininterrumpida en el poder ha hecho de Mugabe un personaje cada vez más sectario, arrogante, autoritario y desconectado de la realidad. Mientras su país se sumerge en una epidemia de cólera y una hiperinflación de aproximadamente 11.200.000 % anual, su líder sólo parece estar centrado en la manera de prevalecer sobre la oposición y limitar las comprensibles aspiraciones de cambio de sus ciudadanos. Pocos en el mundo recuerdan ya la estampa heroica de Mugabe, el prócer.

Entonces, ¿Por qué nuestra constitución restringe el lapso durante el cual puede gobernar un individuo y las veces que puede ser postulado para ser reelecto? Evidentemente, porque en la mayoría de los sistemas democráticos, los candidatos del gobierno siempre tendrán más ventaja sobre cualquier otro, dado que ya tienen un poder y sólo buscan renovarlo con un aval popular que puede incluso ser sólo simbólico. Esto no quiere decir que los candidatos oficialistas sean in-derrotables, pero sí que son siempre más poderosos. ¿Qué tiene que hacer el aparato jurídico de una colectividad? Regularlos en beneficio no de individualidades, sino de esa colectividad.

No hay que ser Bolívar, ni Montesquieu ni Hobbes para advertir que el poder sin límites deriva en caos. Ciertamente, el pueblo tiene la última palabra, pero si se aprobara la enmienda a los artículos 160, 162, 174, 192 y 230, la palabra del pueblo seguirá siendo la última, pero condicionada e interferida por el ventajismo que puede tener un candidato apoyado por el Estado.

¿Por qué hablar de ventajismo? Las elecciones no las organiza el pueblo, aun cuando pueda sugerir convocarlas: las elecciones las organiza el Estado. Quien dirige el Estado es el gobierno y, en los países presidencialistas, quien dirige el gobierno no es otro que el Presidente de la República. Ahí está la razón por la cual en regímenes presidencialistas, como el nuestro, el número de reelecciones presidenciales ha de ser limitado. En los países europeos los Primeros Ministros dirigen parcialmente el Estado, sólo supeditados a los congresistas del Parlamento, caso totalmente diferente del caso latinoamericano.

Hemos visto con preocupación una progresiva difuminación de la línea divisoria entre Estado y gobierno en Venezuela. Para nadie es un secreto la participación activa de ministerios, órganos de seguridad, y la utilización masiva de fondos públicos y medios de comunicación oficiales en la campaña electoral. Si bien este es un mal que se remonta a la IV República, su crónica agudización bajo el actual mandatario se convierte en un motivo para un serio cuestionamiento. Si alguien ha contado con la popularidad necesaria para "revolucionar" y corregir con firmeza estas taras del puntofijismo, esa persona ha sido el Presidente Chávez. Una verdadera revolución debería luchar por la construcción de un Estado fuerte regido por la institucionalidad, y no aprovecharse de las debilidades del sistema bipartidista de Punto Fijo para convertir al Estado en un órgano proselitista al servicio del partido de gobierno.

La tradicional ventaja de la cual gozan los incumbentes se ve marcadamente acentuada, pues éstos, sin importar su partido o tendencia política, son capaces de utilizar todo los mecanismos del Poder (con mayúsculas) para su particular beneficio electoral. No es normal, ni deseable, que los ministerios organicen marchas y repartan franelas, que los cuerpos de seguridad permanezcan impávidos ante la acción de bandas como "La Piedrita", o que la sede de la Alcaldía Mayor se encuentre pintarrajeada, tiroteada y ocupada ilegalmente por individuos que no fueron electos por voto popular.

En cualquier caso, las elecciones por sí solas no garantizan la democracia. Es sabido que en Cuba hay elecciones y después de cincuenta años de revolución parece obvio que los métodos no han sido democráticos, independientemente de la discusión que pueda plantearse sobre el estado de bienestar de la población. La democracia depende de un conjunto de derechos y libertades accesibles en medio de una atmósfera signada por la justicia social, la tolerancia -respeto a la diversidad, minorías y disidencia-, el pluralismo.

La alternabilidad por sí sola tampoco garantiza el buen funcionamiento de un sistema democrático, pero es un elemento constitutivo de los regímenes democráticos. En nuestro caso particular, es principio fundamental de nuestra Constitución, que determina en el artículo No. 6 de los Principios Fundamentales que el gobierno "es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, responsable, pluralista y de mandatos revocables", todo eso junto. Un gobierno alternativo garantiza que el Estado no sea siempre manejado por las mismas personas, lo cual es en la práctica una regulación ante el monopolio del poder político; y ofrece la oportunidad a los ciudadanos de renovar autoridades y contar con diferentes personas, líderes y criterios para la solución de sus problemas colectivos. Es cierto que la enmienda no acaba con la alternabilidad pero la lesiona profundamente, toda vez que no la facilita, sino que sencillamente permite -o promueve- que los gobiernos no cambien de gobernantes.

La constitución de 1961 no contemplaba la reelección inmediata. Sin embargo, durante la Cuarta República hubo dos reelecciones no inmediatas. No hará falta rememorarlas para aludir a lo perjudicial que pueden ser las reelecciones, habida cuenta de la atrocidad de los daños del bipartidismo -irónicamente señalado también por los defensores directos o indirectos de un monopartidismo a ultranza-. La Constitución de 1999 decidió admitir esa figura pero sólo una vez, pensando quizá en que los "buenos gobiernos" merecen una segunda oportunidad de continuar inmediatamente su trabajo. Ahora bien, asumiendo que un "buen gobierno" argumenta que necesita otra oportunidad para continuar su trabajo, ¿No es posible pensar que, indirectamente, se le está cercenando la posibilidad a otros venezolanos que propongan un "gobierno mejor", o simplemente un proyecto diferente?

Un proyecto de país no puede descansar en los hombros de una sola persona; simplemente porque entonces no es un modelo de país, sino un modelo personalista. Los modelos personalistas no funcionan a favor de la comunidad, sino de la perpetuación de la persona en el poder, a expensas de la gratitud con que "su pueblo" reconoce los favores de esa persona, sea presidente, el gobernador, o el alcalde. Esa no es la vía para la construcción de un país como tampoco lo fue el puntofijismo. La vía es la institucionalidad., esa que no reposa en individuos sino en organizaciones serias, independientes de los vaivenes y humores de los hombres.

Nosotros creemos en la importancia filosófica y política del individuo dentro de la sociedad. Consideramos un error ignorar la subjetividad particular, homologar a las personas y arrollar la identidad individual en pro de una identidad nacional, social, partidista. Pero creemos que la Presidencia, la Asamblea Nacional, la Gobernación, la Alcaldía son INSTITUCIONES, cuyo funcionamiento no puede depender en ningún sentido de las aspiraciones y deseos -ni siquiera de la capacidad, por muy alta que sea- de una sola persona.

Como el mismo Presidente lo había dicho en 2007, permitir la reelección continua de gobernadores y alcaldes es fomentar la creación de caudillos regionales y locales muy peligrosos para nuestro sistema democrático. Tal es el caso incipiente de Morel Rodríguez en Nueva Esparta, o el potencial de Tarek William Saab en Anzoátegui, Manuel Rosales en Zulia, y Enrique Mendoza en Miranda, o el mismo Leopoldo López en Chacao.

Lo que curiosamente no ha dicho nunca el Presidente es que enmendar el artículo 230 fomenta también el fortalecimiento del caudillismo central (y centralista) ¿Por qué en el caso de gobernaciones y alcaldías se producirían caudillos y en la Presidencia no? El Presidente, habría que decir inteligentemente, relaciona directamente la reelección continua al caudillismo, sólo que omite esa comparación cuando habla del caso presidencial. Es evidente, primero, que la enmienda a los artículos relativos al poder regional y municipal es una estrategia electoral y, segundo, que la perpetuación de un hombre en el poder -al nivel que sea- facilita la instauración de un caudillismo, basado en la autoridad personal y supralegal de un hombre, excesivamente seguro de sí, indiferente frente a las leyes y los límites.

La enmienda no amplía los derechos del pueblo (ni siquiera de los electores) como lo indica la pregunta formulada por la Asamblea y aprobada por el Poder Electoral, sospechosamente proclive a hacer lo posible dentro del ámbito de sus atribuciones para complacer al Poder Ejecutivo (aquello de la fusión entre Estado y gobierno). La enmienda sólo amplía los derechos políticos de los candidatos, y no de todos sino de algunos: los candidatos que son gobierno. Al contrario, cercena el derecho de los electores a tener autoridades alternativas, y a su vez el derecho no menos importante de potenciales candidatos que deseen poner su capacidad directiva al servicio de la colectividad.

Hemos sabido de personas que, en este momento, prefieren tener a Chávez cien años más de Presidente que permitir que vuelvan adecos y copeyanos al poder. A estas alturas de la historia política, nos atrevemos a suponer que nadie quiere el retorno del bipartidismo ni de la plutocracia en nuestro país. La experiencia histórica no es nunca gratuita, incluso cuando lo parece.

Si el movimiento afiliado a la línea política del Presidente de la República quiere continuar un proyecto de país, entonces ha llegado el momento para dejarle trabajo a los nuevos líderes. Si bien es cierto que para la concreción de un proyecto de país hace falta mucho tiempo, también lo es que para el momento de las próximas elecciones presidenciales, en 2012, el Presidente Chávez ya habrá gobernado por 14 años consecutivos.

¿Cuántos Presidentes han gobernado por ese lapso continuo durante nuestra historia republicana? Sólo Juan Vicente Gómez, y no lo hizo manteniendo el título de forma continua, más allá de su poder fáctico.

No se trata de que los partidarios del Presidente Chávez desistan en la construcción del modelo sociopolítico que desean, y que hasta ahora ha sido respaldado por la mayoría de los venezolanos. Se trata precisamente de examinar si las bases ideológicas de este proceso están calando realmente dentro de la población, trascendiendo el carisma de nuestro primer mandatario. Se trata de la construcción de cuadros políticos, de que el PSUV sea capaz de generar una estructura de liderazgo colectivo con la capacidad de debatir y generar propuestas concretas, con espesura intelectual e ideológica, donde la disidencia quepa. Y por supuesto, se trata de que trasciendan sus divisiones personales, y las rencillas entre diversos grupos de poder, para no depender exclusivamente del liderazgo del Presidente Chávez.

Si el proyecto político no es sostenible sin Chávez, entonces se trata de un proyecto débil, apenas sostenido por la fina hebra del liderazgo carismático. Los proyectos de país son construcciones colectivas, producidas por el debate, el consenso, la disidencia. Un proyecto de país no puede regirse bajo el esquema mandar-obedecer, porque un proyecto de país va más allá de un proyecto de gobierno. No puede estar sujeto a la presencia de una persona al mando. Las nuevas generaciones también tienen mucho que aportar.

Muchas veces hemos discutido sobre el profundo problema de liderazgo, individual y colectivo, que padece la oposición venezolana. Y en este mismo orden de ideas, creemos que la Enmienda Constitucional tiene mucho que ver con la incapacidad del PSUV para dar una respuesta efectiva y consensuada a su propia crisis de liderazgo colectivo. Además, nada de lo anteriormente expuesto va en desmedro de que el Presidente Chávez pueda seguir teniendo, luego de 2012, una participación principal y activa en la vida política nacional. La Primera Magistratura no es la única plataforma disponible para trabajar en pos de un proyecto de país, teniendo en cuenta que todos los habitantes del país (hasta los que se oponen al modelo reinante) tenemos (o al menos deberíamos tener) "voz y voto" en la construcción de la patria. Asimismo, el Presidente Chávez podrá postularse nuevamente en 2018, de ser ese su deseo para entonces.

Aunque la enmienda sea propuesta en términos concretos de inmediatez, no podemos limitarla a ese sentido. Es tarea de los venezolanos evaluar también cómo repercute esa enmienda en términos más abstractos, apartando nombres y circunstancias, y plantearnos la pregunta de un modo más franco: ¿Queremos que cualquier presidente, gobernador, alcalde o diputado tenga derecho a ser reelegido una y otra vez, siempre, a lo largo de los años futuros?

Es momento de debatir y reflexionar sobre esa respuesta que será definitiva, directa y secreta el 15 de febrero.

PD: los invitamos a comentar, debatir y generar reflexiones. Sin embargo, sugerimos primero leer directamente los artículos que serán objetos de modificación con la enmienda, así como la pregunta que ha sido aprobada por el CNE para ser sometido a votación el 15 de febrero de 2009. Saludos a todos.