Remake de un Viernes Negro

Llegó diciembre de 2009 y sucedió lo mismo que todos los años. Centros comerciales abarrotados, ferias inventadas, buhoneros por todos lados, ofertas en cualquier medio, todo con la finalidad de que se gastara lo ganado en un año más de una "supuesta" crisis. Algunos aguinaldos llegaron y se fueron igual que muchas de las dietas implementadas en el año. Se repitieron además los típicos comentarios “bonchones”: “¡Qué crisis va a ver, salgan a las calles para que vean las miles de compras!”, “¡Se han superado los récords de ventas hasta en el papel higiénico!” “¡Qué comunismo!, ¿no han ido al Sambil?”.

Sin embargo, el sábado 09 de enero de 2010 se convirtió en un nuevo diciembre, lo que algunos voceros de la oposición denominaron (de forma no particularmente “brillante”) el “Viernes Rojo”. Desde la madrugada miles de personas se congregaron como si fuesen a sacar el pasaporte o la cédula. ¿Dónde? En las tiendas de electrodomésticos. Muchas santamarías permanecieron cerradas, mientras los dueños de los comercios se preparaban ansiosamente por remarcar los precios de sus inventarios, en previsión por lo que venía. Aumentos de precios con el frenesí del momento, convertidos en orgasmos económicos.

La razón de todo esto fueron las medidas informadas por el Presidente Hugo Chávez desde el Palacio de Miraflores. De una manera anormalmente calmada y relajada -considerando la magnitud del anuncio- informó de cambios en el valor del Bolívar frente al Dólar. En esta ocasión, el Gobierno Nacional no consideró que la devaluación del Bolívar Fuerte ameritaba un anuncio en cadena nacional, tal como se han informado decenas o centenares de acciones o medidas con un impacto político, económico y social infinitamente menor. Aún así, más de uno estaba frente al televisor pensando en cómo hacer (o deshacer) las maletas. ¿Bajo perfil pre-electoral? (Veremos si se mantiene durante la campaña).

Durante su intervención, el Presidente Hugo Chávez informó que se establecería un tipo de cambio dual: el dólar “preferencial” (al cual decidimos llamar así por el parecido con su primo lejano de RECADI) pasó de 2,15 Bs. a cotizarse en 2,60, una devaluación de aproximadamente 20%, y que será utilizado para la importación y las operaciones cambiarias en los sectores de alimentación, salud, ciencia y tecnología, maquinaria y equipos, el envío de remesas a familiares y estudiantes venezolanos en el exterior, los Consulados y Embajadas acreditadas en el país, así como los jubilados y pensionados. El otro dólar, denominado por el Gobierno Nacional el “dólar petrolero”, tendrá un valor de 4,30 Bs. (100% de devaluación) y será utilizado para todos los demás sectores de la economía, incluyendo el automotriz, el comercio y las telecomunicaciones.
Son inevitables las comparaciones con el “Viernes Negro” de la denominada “IV República”, durante el Gobierno de Luís Herrera Campins, considerado históricamente como el punto de inflexión para el inicio de la crisis terminal del Puntofijismo. Tal como han destacado algunos partidarios del Presidente Chávez, no deja de resultar sorprendente que el Gobierno Nacional decidiera devaluar a 4.30 Bs. por dólar justamente un viernes. ¿Por qué no un martes o un jueves? ¿Por qué no a 4.20 o 4.55? Pareciera una involuntaria ironía, fruto de la crisis sistémica que parece estar afectando el desempeño del Estado a todos los niveles.

En primer lugar, nos llama la atención la reticencia de los funcionarios y simpatizantes del Gobierno Nacional hablar de “devaluación”, optando por eufemismos como “corrección monetaria” o “ajustes”. Incluso, se ha llegado al extremo de referirse a una presunta “revaluación” del Bolívar, sin vacilar ante tamaña aberración.

¿Se puede hablar de devaluación de la moneda? Por supuesto: hubo una devaluación del 100% del Bolívar frente a la divisa con la cual se adquieren la mayoría de los productos que consumimos los venezolanos, puesto que lejos estamos de superar nuestra crónica dependencia de las importaciones. Incluso en el caso de los sectores como salud y alimentación, estamos frente a una devaluación del 20%. Negarlo o relativizarlo es como si un profesor hubiese revisado el examen para reducirle la nota a un alumno de veinte a diez puntos, pero le diga: “¡Igual pasaste!”.

Sin embargo, la sabiduría popular no se equivoca, y se podrá reconocer la devaluación cuando se tenga que llevar la comida a la mesa, pagar los servicios públicos (racionados o no), o comprar los útiles escolares y cueste cada vez más estirar la platica hasta la próxima quincena. Hacemos votos porque el Gobierno Nacional recupere la mística de sus inicios y decida hablarle a la gente con claridad y respeto.

Parece que el Gobierno Nacional pretendiera explotar hábilmente la mítica “corta memoria” de los venezolanos, hablándonos de un “reajuste” especial, cuando realmente todo vuelve como un deja vu. El Bolívar se ha devaluado frente al dólar aproximadamente 880% en los diez años del Gobierno del Presidente Hugo Chávez.

A ya dos años del establecimiento del “Bolívar Fuerte”, medida que en sí misma acarreó un fuerte gasto, queda cuestionarse qué tan fuerte era el Bolívar para debilitarse así en 740 días. Las propias cifras del Banco Central de Venezuela (BCV) nos muestran el comportamiento del Bolívar frente al dólar desde 1978: VARIACIONES EN EL VALOR DEL BOLÍVAR FRENTE AL DÓLAR (1978 – 2008) Fuente: BCV

AÑO	PRESIDENTE ELECTO	DÓLAR / BS.	SUCESOS
1978	Luís Herrera Campins	4.30
1979	Luís Herrera Campins	4.30
1980	Luís Herrera Campins	4.30
1981	Luís Herrera Campins	4.30
1982	Luís Herrera Campins	4.30
1983	Jaime Lusinchi	14.50	Viernes Negro / RECADI.
1984	Jaime Lusinchi	14.50
1985	Jaime Lusinchi	13.76
1986	Jaime Lusinchi	19.87
1987	Jaime Lusinchi	27.88
1988	Carlos Andrés Pérez	33.64
1989	Carlos Andrés Pérez	38.96	Fin de RECADI.
1990	Carlos Andrés Pérez	47.17
1991	Carlos Andrés Pérez	56.93
1992	Carlos Andrés Pérez	68.41
1993	Rafael Caldera	91.16	Destitución de CAP.
1994	Rafael Caldera	148.79	Crisis Bancaria.
1995	Rafael Caldera	176.84	Crisis Bancaria.
1996	Rafael Caldera	417.33
1997	Rafael Caldera	488.59
1998	Hugo Chávez Frías	547.55
1999	Hugo Chávez Frías	605.7
2000	Hugo Chávez Frías	679.93
2001	Hugo Chávez Frías	723.67
2002	Hugo Chávez Frías	1,160.95
2003	Hugo Chávez Frías	1,608.63	CADIVI
2004	Hugo Chávez Frías	1,885.49
2005	Hugo Chávez Frías	2,109.84
2006	Hugo Chávez Frías	2,150.00
2007	Hugo Chávez Frías	2,150.00
2008	Hugo Chávez Frías	2.15	Reconversión monetaria (Introducción del Bolívar Fuerte).
2009	Hugo Chávez Frías	2.15
2010	Hugo Chávez Frías	2.60 / 4.30	Devaluación del 08/01/10

Entonces, la devaluación nos habla realmente de una problemática estructural de nuestra economía, la dependencia del petróleo y la carencia de producción local, que nos lleva a depender exageradamente de las importaciones. Aparentemente, en estos diez años hemos avanzado muy poco en solventar esa debilidad y diversificarnos ¿Hasta cuándo viviremos de las rentas de una fuente de energía no renovable y crecientemente criticada en el mundo por sus efectos sobre el medio ambiente?

Mientras tanto, el Gobierno Nacional culpa de la vorágine de encarecimiento a los especuladores. Evidentemente, el INDEPABIS debe estar atento, pues no puede ser que productos adquiridos con el dólar a 2,150 Bs. se incrementen más del doble de la noche a la mañana. Pero ¿hasta cuándo podrá represarse la espiral inflacionaria?

Es imposible devaluar sin enfrentar un incremento de la inflación. Es la dura realidad. Sin embargo, se percibe que se pretende explotar la devaluación para avanzar en la estatización de la economía, como parece estar ocurriendo con la expropiación de la cadena de automercados ÉXITO, que dicho sea de paso, pareciera sugir como reacción a la incapacidad del Gobierno Nacional de concretar sus propias iniciativas, prefiriendo usurpar las infraestructuras y empresas construidas por otros actores. Ya sucedió en el caso de las cementeras de CEMEX y Holcim. Si el Gobierno Nacional decidiera desarrollar la red de la COMERSO para poner el ejemplo, otro gallo cantaría, pero pareciéramos estar frente a un caso de facilismo y viveza criolla disfrazada de “socialismo” y justicia social. Como en otros casos, será el pueblo quien juzgue.

Pero volviendo al tema de la “revaluación” (en negativo), no deja de sorprendernos que muchos de los “voceros” de oposición que clamaban por una devaluación “necesaria” e “impostergable”, ahora reaccionen de la manera más agresiva y descontrolada. El pueblo espera propuestas y soluciones concretas a sus problemas, alternativas válidas. Líderes creíbles. No necesita la crítica estéril - criticar por criticar- que a veces puede rayar en el absurdo, el ridículo y la histeria más pueril.

En vez de abocarse a explicar a los sectores populares los efectos de la devaluación, y a convocar un diálogo nacional para enfrentar la innegable crisis que afecta a Venezuela, tenemos que algunos políticos, como Julio Borges, realizan pronunciamientos francamente tontos, como decir que ahora el Gobierno tendrá mayores recursos financieros para continuar la “regaladera” a otros países y la 'compradera' de armamento. Tal como han señalado algunos comentaristas, alguien debería decirle al líder de Primero Justicia que la asistencia de Venezuela a otras naciones y la adquisición de insumos militares se realizan en dólares, los cuales ciertamente no se ven afectados por la devaluación. Indudablemente, es necesaria otra forma de hacer oposición.

Tras un pequeño ejercicio de memoria, podemos recordar que el 24 de septiembre de 2008, el Presidente Hugo Chávez Frías afirmó que Venezuela estaba “blindada” ante la crisis económica internacional, por lo cual no estaba preocupado por su país sino por las demás naciones. Ahora, el 03 de enero de 2009, el Presidente Hugo Chávez Frías reiteró que la Revolución Bolivariana había salvado a Venezuela de los efectos de la crisis económica internacional…

Ahora nos piden paciencia. ¿Seguiremos esperando?

Cárceles 2000–2009 ¿Una década perdida?

En esta oportunidad les presentamos este artículo escrito por el abogado Carlos Nieto Palma, activista por los DDHH de las personas privadas de libertad y merecedor de la Orden Luis María Olaso S.J. a la defensa y promoción de los DDHH otorgada por el Cabildo Metropolitano. Carlos Nieto nos trae su balance sobre el sistema penitenciario venezolano tras cumplirse una década bajo el mando del presidente Hugo Chávez Frías.
Les invitamos a leer y discutir, y a enviar sus propios textos a promedio.ecs@gmail.com

Cuando a finales de marzo de 1999 fui invitado por el entonces recién juramentado Presidente de la República Hugo Chávez Frías, a una visita que realizaría al Centro Penitenciario Metropolitano “Yare I” donde había estado durante un tiempo recluido, para reafirmar su compromiso con la transformación penitenciaria, pensé que estaba comenzando a cumplir el sueño de muchos años de llevar dignidad y respeto a los derechos humanos en nuestros recintos carcelarios.

Inmediatamente vino la Asamblea Nacional Constituyente y el más reconocido penitenciarista venezolano y mi maestro, Elio Gómez Grillo, fue electo como miembro y Presidente de la Comisión de Administración de Justicia, impulsando desde allí la inclusión en la Constitución de la República el articulo 272, que le daba forma y vida al nuevo penitenciarismo del país, lo que aunado a la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal en julio del mismo año daba una nueva dimensión al sistema de justicia penal ya que se creaba la novísima figura de los Jueces de Ejecución Penal, los cuales tienen como función principal la vigilancia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela. El sueño comenzaba.

Conocer el contenido del artículo 272 de nuestra Carta Magna es fundamental para comprender la magnitud del problema o la ineficiencia para solucionarlo. Allí se establecen 10 puntos esenciales: a) Sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna; b) Respeto a los derechos humanos; c) Espacios para el trabajo, el deporte y la recreación; d) Dirigidas por autoridades profesionales con credenciales académicas suficientes; e) Administración descentralizada a cargo de los gobiernos estadales o municipales; f) Pueden ser sometidas a modalidades de privatización; g) Se preferirá el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias; h) En general se aplicaran las formulas de cumplimiento de pena con preferencia a las penas de naturaleza reclusoria; i) Se crearan las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria; y j) Creación de un ente autónomo de carácter técnico para regir las políticas penitenciarias del Estado.

Han transcurrido diez años de haber imaginado la transformación penitenciaria en Venezuela, de soñar con una vida digna a los hombres y mujeres privados de su libertad que maestros como Gómez Grillo, el padre Olaso y otros me enseñaron: lograr la reeducación de los que están encarcelados y reinsertarlos de nuevo en la sociedad. Debo confesar que han sido 10 años perdidos luchando frente a un Estado que a través de sus instituciones, llámense Ministerio de Interiores y Justicia, Poder Judicial, Ministerio Publico o Defensoría del Pueblo han demostrado una alta incapacidad, impericia y negligencia en hacer su trabajo. Que a pesar de los miles de proyectos, “Planes de Humanización” y promesas (¿O mentiras?), nos han ofrecido las cárceles por años imaginadas. Hoy vemos con dolor como se han burlado de todos los que alguna vez pensamos que el inicio del nuevo milenio seria el regreso de la dignidad a nuestros recintos penitenciarios.

El balance de la década: 34 recintos carcelarios, solo 2 nuevos de los mas de 15 ofrecidos, aproximadamente 30 mil reclusos, unos 14 mil mas que en 1999; 3.664 muertos víctimas de la violencia intra - carcelaria entre el 2000 – 2008 y 11.401 heridas según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones. Falta el 2009 por sumar, infinidades de huelgas, retenciones de familiares e infinidad de conflictos que convierten a las cárceles venezolanas en las peores y mas violentas del continente Americano y del mundo, sumando una figura que creíamos execrada en nuestro país: los “presos políticos”, cada día en aumento.

Sin embargo la lucha sigue, el sueño no se ha terminado, sé que algún día veremos la verdadera transformación del sistema penitenciario, que no hemos arado en la arena y que la dignidad, la justicia y el verdadero respeto a los derechos humanos serán el norte de nuestras cárceles, cada día lo veo mas cerca y espero que con el apoyo y la ayuda de todos juntos gritemos ¡Triunfamos!

Carlos Albreto Nieto Palma
Abogado. Activista por los DDHH de las personas privadas de libertad
ventanaalalibertad@gmail.com
Twitter: @cnietopalma

Corrupción y anticorrupción en Venezuela (II)

“Cuando el dinero y el poder se encuentran muy cerca, el dinero se convierte en un medio para adquirir poder; y el poder se convierte en un medio para adquirir dinero”.
Fernando Mires (“Los 10 Peligros de la Democracia en América Latina”)

A propósito de las recientes intervenciones de bancos, aseguradoras y casas de bolsa, efectuadas por el gobierno nacional en reacción a manejos irregulares por parte de directivos de estas instituciones financieras -principalmente el origen dudoso de los fondos para la constitución y adquisición de entes bancarios y el mal uso de las influencias políticas de algunos de los involucrados- ProMedio quisiera rescatar un texto del 31 de julio de 2007, donde abordábamos el tema de la corrupción en Venezuela.

En aquella oportunidad, intentábamos evaluar el desempeño del Gobierno del Presidente Chávez en cuanto a la corrupción, no porque hubiese sido erradicada, lo cual es imposible en Venezuela y cualquier otro país del mundo, sino particularmente porque se estaban discutiendo los diversos enfoques para abordarla desde el punto de vista normativo y ético.

La lucha contra la corrupción ha sido siempre una de las banderas del proyecto político del Presidente Chávez, cuyo surgimiento como líder nacional se da en un contexto donde una causa importante del desgaste de los partidos políticos tradicionales y del sistema puntofijista se ubicaba precisamente en la creciente corrupción de sus prácticas y actores, expresada en la evidente incapacidad del aparato estatal para garantizar el bienestar mínimo necesario y mantener el pacto social con la población.

Adicionalmente, el modelo histórico de Estado rentista existente en Venezuela, el cual lamentablemente se ha reforzado en los últimos años, es particularmente susceptible de sufrir embates agudos de corrupción. Tanto durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) como en el gobierno del presidente Chávez (principalmente de 2004 a 2007), los períodos de altos precios del crudo generan en Venezuela -y en todos los Petroestados- crisis de corrupción y severas distorsiones económicas, consecuencias de la incapacidad institucional del sistema para manejar, adecuada y transparentemente, el profuso ingreso de recursos financieros.

En este sentido, siempre nos ha parecido que el tema de la corrupción es uno de los puntos donde los ciudadanos venezolanos de todas las tendencias políticas pueden encontrar un terreno fértil para dialogar y establecer mecanismos de cooperación. Es un asunto de interés común y de máxima importancia, sobre el que pueden generarse espacios para el entendimiento y la colaboración a lo largo de todo el espectro político y social.

De allí se desprende que también es importante no “politizarlo”, no porque no sea un tema eminentemente político, en cuanto atañe al colectivo y los basamentos institucionales del país, sino en lo relativo a no convertirlo en un asunto que deba ser abordado principalmente con la única pretensión de encontrar la manera de restarle popularidad al rival en un ambiente pre-electoral.

En relación con las recientes intervenciones de entes financieros por parte del gobierno nacional, no nos interesa discutir aquí los intríngulis de los diversos casos, cuyos detalles no manejamos a cabalidad, en parte porque evidentemente suponen aspectos técnicos complicados. Pero sí nos interesa realizar ciertas aseveraciones puntuales de carácter general sobre el manejo político que se le ha dado a la situación.

Algunos sectores de la oposición han sido reacios a reconocer que el gobierno del presidente Chávez aunque tal vez de forma tardía, ha tomado medidas justas, necesarias, y sobre todo precisas en señalar culpables, indiferentemente de su cercanía con el poder público, además de actuar concertadamente con la banca privada, lo que ha permitido evitar daños mayores y brindar mejor atención a los ciudadanos afectados.

La falta de cooperación y coordinación del gobierno nacional con otros actores políticos, sociales y económicos se ha venido constituyendo como una de las críticas recurrentes de los sectores que lo adversan. En este punto, debería haber algún tipo de reconocimiento por parte de la oposición con respecto a que no puede mantenerse constantemente una actitud descalificadora aun cuando el Ejecutivo esté actuando de forma distinta, aunque sea coyunturalmente.

Adicionalmente, si la oposición tiene pruebas sólidas sobre los casos, deben entregarlas institucionalmente y hacer las denuncias de una forma concertada y ordenada; no limitarse a enfatizar la corrupción de los empresarios afines al gobierno, cuando deben tomar en cuenta no sólo que es posible que estas malas prácticas sobrepasen a este grupo empresarial, sino que además la experiencia durante los gobiernos previos no fue la mejor, como bien lo deben saber algunos personajes del escenario político actual que, en ciertos casos, llegaron a formar parte de la estructura gobernante durante los escándalos financieros anteriores.

Aquí lanzamos una propuesta, sin ánimos de pelea aunque sí de polémica: ¿en vez de limitarse a criticar, por qué los actores de la oposición no se abocan a colaborar con las investigaciones y a ofrecer algún tipo de apoyo a aquellos ciudadanos que se vieron afectados? Una alternativa en este sentido sería evaluar la posibilidad de ofrecer algún tipo de asistencia concreta a familias que se hayan visto afectadas por el colapso e intervención de los bancos, que en algunos casos lo han perdido todo.

Esta asistencia puede ir desde la asesoría jurídica e informativa (a través de voluntarios) para ayudar a los ciudadanos a realizar sus reclamos correctamente, y de esta forma disminuir los lapsos para la recuperación del dinero, hasta la constitución de un fondo de donaciones para otorgar préstamos puntuales a quienes se hayan visto afectados de una forma más severa. Estos préstamos luego podrían ser devueltos a través de trabajo voluntario o donaciones para causas comunitarias, permitiendo la articulación de redes de solidaridad.

En cuanto al gobierno nacional y al presidente Chávez, el hecho de que su reacción haya tenido una acogida favorable en la población y haya evitado que el colapso de los bancos llegara a mayores, no debe impedirle reconocer que fue tardía, así como la necesidad de evaluar posteriormente, con detenimiento, qué fue lo que sucedió y por qué, en aras de determinar los responsables y llegar a las últimas consecuencias.

Es importante destacar que para la política nacional y la colectividad es necesario que las denuncias realizadas por los medios de comunicación sean investigadas pertinentemente. Aunque el periodismo venezolano sufre de innumerables vicios, vale la pena resaltar que muchos de los hechos y nombres del caso de los bancos habían sido ya mencionados por algunos periodistas como Patricia Poleo, Nelson Bocaranda, Miguel Salazar o J.J. Almenar.

De igual forma, algunos de los implicados en la situación de las intervenciones financieras, como Arné Chacón, habían manifestado públicamente desde hace varios años su participación en los bancos y la dinámica detrás de su participación en los procesos de constitución y modificaciones accionarias de los mismos. Semanarios como “La Razón” los habían entrevistado ya desde 2005, y diarios como “Tal Cual” habían desarrollado detalladamente el tema en sus editoriales de portada.

La labor de los periodistas se limita a eso, a investigar y denunciar. Corresponde al Poder Judicial corroborar estas denuncias sin esperar órdenes del Poder Ejecutivo. Difícilmente pueda hablarse de que la actual situación de irregularidades financiera pueda ser algo nuevo o desconocido si se ha ventilado tan abiertamente. Tanto los medios de comunicación como el Estado deben colaborar para lograr que se cumpla efectivamente la función contralora de la comunicación social, indispensable para la solidez del entramado institucional.

El gobierno nacional, de forma paralela a la captura de los banqueros y especuladores que sean culpables (siempre con elementos de convicción, pues no se puede desatar una cacería de brujas alocada), debe examinar detenidamente por qué razones instancias como SUDEBAN y la Superintendencia de Seguros, teniendo por función la de monitorear esas operaciones, no advirtieron anteriormente las irregularidades. ¿Hay funcionarios cómplices dentro de estos entes? En ese caso, debe ser establecida su responsabilidad y tomar los correctivos correspondientes. ¿No fue una colaboración directa, pero sí un titubeo por el temor a enfrentarse a poderosos grupos económicos creados al amparo del poder? De ser así, se debe no sólo sancionar a los funcionarios sino realizar una profunda reflexión sobre la forma en que se ejerce el poder, que llega a limitar la capacidad del Estado al momento de enfrentarse a actores afines a ciertas personalidades cercanas al partido de gobierno y al Ejecutivo.

El presidente Chávez debe evaluar concienzudamente la cooperación de la banca y otros actores privados en la resolución de la crisis. ¿No es la colaboración en asuntos puntuales a favor del bienestar colectivo, en temas como la inseguridad, un modelo que deba replicarse? ¿No estamos mejor cuando en vez de enfrentarnos, discutimos y llegamos a acuerdos pragmáticos, de los cuales todos nos beneficiamos sin que ninguno renuncie a sus principios?

Nuestro llamado es a canalizar las cuestiones institucionalmente. La justicia debe dirimirse en las cortes, no en los espacios de transmisión televisiva, porque corremos el riesgo de mediatizar y debilitar los fundamentos democráticos del país.

Es el momento de hacer las cosas seriamente.

Proponer, proponer

En años electorales como el que se avecina, es usual que esa impostura artificial llamada polarización se intensifique. Los partidos, movimientos y candidatos se organizan para maximizar sus posibilidades de triunfo. Los ciudadanos contribuimos de alguna manera con esa organización, pero sobre todo nos corresponde saber decidir y elegir la mejor propuesta.

El escenario para las venideras elecciones parlamentarias es muy particular. El Gobierno Nacional -y los factores políticos y movimientos sociales que lo respaldan - tienen como objetivo minimizar la cantidad de escaños que podría perder y, en consecuencia, mantener una amplia mayoría en el Poder Legislativo.

Las probabilidades de éxito en esta estrategia no son pocas, debido, sobre todo, a dos razones: que el Presidente Chávez mantiene una popularidad bastante más que aceptable, la cual se ha demostrado que puede ser transmitida casi a cualquier candidato que cuente con su aprobación; la segunda es que la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales favorece ampliamente a los factores políticos mayoritarios mientras que perjudica de manera importante a las organizaciones minoritarias. Nosotros hemos suscrito desde nuestro Manifiesto que no creemos en la dictadura de las mayorías, por lo cual sería insincero que no manifestásemos abiertamente nuestro rechazo a una normativa tan antidemocrática. Es decir, una mayoría del PSUV de 50,01% de los votos le aseguraría una representación de más del 80% en la Asamblea Nacional.

Por su parte, reconocido el error de 2005, el objetivo de los factores políticos que se oponen al proyecto del Presidente Chávez, no es otro que la recuperación de espacios dentro de la Asamblea Nacional, aspirando a la obtención de una mayoría de diputados que puedan hacer contrapeso efectivo al Ejecutivo Nacional y demás instancias del Poder Público. Esto permitiría debatir las preocupaciones de venezolanos que puedan no identificarse con el proceso político que vive el país, y legislar también a favor de esa parte del pueblo que no ve en el Socialismo del Siglo XXI una solución a sus problemas, además de regular y controlar las propuestas del Ejecutivo.

Las probabilidades de éxito, hasta ahora, no son muchas, dado que, por una parte, los diferentes partidos de oposición no gozan de una gran aceptación –ni siquiera juntos- dentro del pueblo por causas que no pretendemos analizar en este texto, puesto que sería tema para profundizar por sí solo; por otra parte los líderes de la oposición parecen no haber llegado a acuerdos sustantivos en cuanto a postulación de candidatos, quizá por la prevalencia de intereses individuales y partidistas que, si bien no tienen nada de pecaminoso en sí mismos, para nada favorecen al proceso de negociación, en un contexto donde la mentada “unidad”, más que un cliché representa una estrategia ineludible para los fines partidistas de la oposición política.

En suma, el Presidente Chávez procura profundizar el proceso sociopolítico que lidera ¿Cómo? Monopolizando las discusiones, evitando obstáculos y sabotajes, y sancionando leyes que aceleren el proceso (muchas, hay que decirlo, en el mismo espíritu de algunos planteamientos que fueron rechazados en diciembre de 2007); así, la oposición busca frenar ese mismo proceso ¿Cómo? Ejerciendo contraloría, haciendo contrapeso, sancionando leyes apegadas a la negativa del referéndum sobre la reforma y, quién sabe, derogando o modificando algunas de las leyes aprobadas recientemente.

Adicionalmente, el Gobierno Nacional goza en estos momentos de la ventaja que usualmente disfrutan las administraciones en el poder, es decir, la capacidad de utilizar estratégicamente la gestión pública para favorecer sus opciones electorales, a través del incremento de la asignación de recursos en momentos puntuales o la capacidad de coordinar el anuncio de acciones populares justo en el período donde pueden tener el mayor impacto positivo posible sobre la campaña electoral. Todo esto de forma totalmente legítima, racional desde la óptica política e históricamente eficaz.

Sobra decir que si la oposición va dividida a estas elecciones perderá estrepitosamente, cosa que no le ocurrirá a las fuerzas revolucionarias, unificadas en la figura de un mismo partido: el partido de gobierno, es decir, una gran maquinaria política. Pero hay que agregar que, como sostiene Luis Vicente León y al contrario de lo que piensa una buena parte de los líderes políticos de la Mesa de Unidad, el solo hecho de unirse no garantiza el triunfo. Por otra parte, las organizaciones minoritarias que apoyan el proceso político del Presidente Chávez, se les ennegrece el panorama al poder verse aplastadas por la polarización de los votos, mezclado con el efecto artificial que da la la nueva Ley al proceso electoral parlamentario.

Si el gobierno quiere ganar las próximas elecciones parlamentarias no debe hacer grandes cambios en su estrategia. Va muy bien encaminado.

Pero si la oposición quiere lograr una mayoría en el parlamento, tiene que reconocer que si bien la popularidad del PSUV ha decaído, la de sus partidos no ha crecido en lo más mínimo. Está obligada a responder al alerta que ha levantado esa multitudinaria población que todavía no se identifica con ninguno de los partidos del escenario actual. Tiene que llegar a acuerdos internos, pero renunciando a la torpeza de designar candidatos a dedo. Tiene que tomar en cuenta el liderazgo y la trayectoria de los candidatos dentro de sus regiones específicas. La oposición no debe enfrascarse en cuestiones metodológicas –que si tarjeta única, alianza perfecta o primarias-, ni retardar más las acciones. Debe actuar pronto, comenzar a definir y ejecutar. Pero, sobre todo, más importante que todo lo demás, la oposición debe formular –más allá de intenciones redentoras, pretendidamente heroicas y “súper democráticas” - planteamientos específicos y proyectos puntuales en materia de legislación propiamente dicha, capaces de atraer genuinamente la atención del pueblo.

De nuestra parte, queda invitarlos a que participen, se informen y comenten sobre este tema. Sean cuales sean nuestras intenciones de voto, los ciudadanos tenemos el deber de activarnos. Para ello, sugerimos hacer seguimiento a las discusiones fomentadas por personas como Gabriel López, periodista de ANTV a través de su cuenta en twitter (@gabovzla), y Eugenio Martínez, columnista de El Universal (@puzkas), así como vale la pena revisar y participar en iniciativas como la del blog Cumbre Ciudadana (@CunbreC).

Lo que queremos en ProMedio es, en definitiva, propiciar la discusión sobre el tema. Tienen los lectores la palabra…

De la personalización del conflicto al diálogo interpersonal

En esta oportunidad les traemos un texto que nos envía el compañero Elías Darío Paz. Un texto cargado de buenas reflexiones y que nos recordó casi de inmediato aquellos primeros días de nuestro Blog, cuando creamos el Manifiesto que dio origen a este espacio. Esperamos que disfruten el texto y que no solo sea Elías, sino tú también, el que de uso a este Blog para soltar sus reflexiones.

De la personalización del conflicto al diálogo interpersonal

Estamos llegando a un punto peligroso del conflicto sociopolítico que vive hoy Venezuela. Pero primero, es necesario hacer una aclaración. Cuando se habla de “conflicto” no estamos hablando de algo negativo. Conflicto es una palabra que deriva del idioma griego y significa los que se influyen o afectan mutuamente. Y es que las relaciones humanas son por naturaleza conflictivas, porque permanentemente estamos en interacción y permanentemente nos influenciamos. La palabra conflicto suele ser vista como algo negativo porque se le asocia automáticamente a la palabra “violencia”. Pero la violencia es sólo una de las maneras en que los seres humanos canalizan o resuelven los conflictos, y no es la más común. Diariamente las personas enfrentamos conflictos que resolvemos o canalizamos pacíficamente, sólo que simplemente - quizá por la rutina - pasan desapercibidos. La paz, es la forma más común en que los seres humanos resolvemos o canalizamos los conflictos. Y de hecho es la manera más constructiva de regular nuestras diferencias de intereses, necesidades u objetivos.

En situaciones conflictivas como las que se viven hoy en Venezuela, existen elementos fundamentales para que el conflicto pueda ser canalizado de una manera óptima. Es necesario reconocer al “otro” como una figura que posee humanidad y validez como yo la tengo. Es fundamental que exista voluntad de resolver el conflicto por vías pacíficas, y para ello es necesario tener claros cuales son las prioridades del país desde el punto de vista del bienestar general. Y el hecho es que todos en Venezuela merecen su espacio, pero ese espacio se gana también a partir de la capacidad para consensuar posiciones plurales e incluyentes que satisfagan al mayor número de personas y tendencias políticas. He ahí otro de los elementos necesarios para que la regulación de un conflicto tenga éxito: la negociación con base a intereses y no a objetivos excluyentes. Quizá el elemento más nocivo en los conflictos es cuando se personalizan los problemas. En Venezuela, tanto sectores que respaldan el proyecto del Gobierno Nacional como aquellos que lo rechazan desde la Oposición están llegando a un punto peligroso al personalizar el conflicto en la figura del presidente Chávez. Por una parte, se escuchan frases como “Con Chávez todo, sin Chávez nada”, “Chávez hasta el 2021”, “marchar contra Chávez es marchar contra el pueblo” o “lo que diga Chávez es ley”. Por otra, se organizan marchas de “no más Chávez” y se oyen frases como “Chávez es el demonio” o descalificativos como “Chaburro” entre otros.

A ambas partes parece olvidárseles que el Presidente de la República es un servidor público, tal como lo es un gobernador, un alcalde, un concejal, un diputado, etc. Pero lo cierto es que estas posiciones se hacen cada vez más excluyentes porque, en vez de centrarse en intereses, se personalizan y cuando esto sucede es muy difícil llegar a un punto consensuado.

El primer elemento para revertir esta situación es la verdadera voluntad de diálogo y la disposición a ceder en algunas de las posturas en función de un bien incluyente y plural. Porque créanlo o no, la historia está llena de trágicos ejemplos donde ninguna de las partes ha podido eliminar a la otra. Ni la derecha ha podido eliminar a la izquierda ni al contrario. Lo único seguro cuando se mantienen posturas excluyentes, centradas en personas y no en intereses, cuando se le quita al otro la cualidad de ser humano con validez en sus opiniones y posturas, es que más temprano que tarde se pueden empezar a generar regulaciones violentas. De las regulaciones violentas no queda más que los muertos y si de ello hay duda podemos preguntar a los centroamericanos que de esto tienen bastante experiencia. Al final será necesario sentarse en una mesa de diálogo, en 10, 20 o 40 años. La única diferencia será un país empobrecido, en ruinas y con una cantidad de familias destruidas por los muertos y los desaparecidos.

Entonces los venezolanos debemos preguntarnos ¿qué nos interesa como venezolanos? ¿Qué aspiramos como sociedad? ¿Queremos seguir los pasos de países hermanos como Colombia, El Salvador o Nicaragua?

En Promedio estamos de acuerdo con que los distintos sectores sociopolíticos protesten pacíficamente a favor o en contra de distintas causas, ideas, leyes o propuestas. Sin embargo vemos con preocupación cuando se protesta a favor o en contra de una persona. La personalización del conflicto habla mucho del nivel de sordera racional y del nivel de inmadurez política de los sectores en pugna. No obstante, estamos a favor de que se inicie en Venezuela un gran diálogo nacional, con verdadera voluntad política de incluir al otro, de escuchar al otro y de ceder en función del otro, porque el otro también es parte del país.

Si algunos no desean dialogar, ni tienen interés en escucharse mutuamente, otros muchos sí lo están. Si algunos no ven espacios comunes por los cuales vale la pena consensuar, otros muchos sí los ven y están dispuestos a emprender acciones en función del encuentro y la reconciliación. Es hora de dar ese paso por la paz y la convivencia en democracia.

LOE: ¿Docencia o indecencia?

No han pasado muchos días desde la aprobación Express y madrugadora de la nueva Ley Orgánica de Educación por parte de la Asamblea Nacional, y muchas son las posturas que se escuchan a favor y contra de la misma. Intentando hacer un balance de dichas posiciones y exhortando a nuestros lectores a ser los jueces, procuramos precisar algunos elementos que llaman poderosamente nuestra atención; por ejemplo, el divorcio casi absoluto de la ley que se presentó en primera discusión y la aprobada. En la última existen más de 7 artículos que no se encontraban en el primer borrador, esto sin mencionar los cambios “estéticos” que sufrió desde su aprobación hasta su publicación en Gaceta Oficial. Cabe preguntarse ¿Quién o quienes la modificaron? ¿Por qué no se consultó con los profesionales de la educación y los estudiantes que son directamente los más afectados?

Quienes adversan la ley sostienen que con este instrumento jurídico lo único que se pretende es adoctrinar a niños y jóvenes sobre el Socialismo del siglo XXI, ya que queda en manos del Estado todo lo concerniente al diseño, control, y evaluación de la educación, es decir, el gobierno del Presidente Chávez (encargado de hacer valer el orden jurídico del Estado) es quien tendrá el poder absoluto sobre qué debemos o no aprender los venezolanos. Dice claramente el Art. 39 “El Estado a través de los subsistemas de educación básica y de educación universitaria diseña, dirige, administra y supervisa la política de formación permanente para los y las responsables y los y las corresponsables de la administración educativa y para la comunidad educativa, con el fin de lograr la formación integral como ser social para la construcción de la nueva ciudadanía…”. Llama la atención, pues, no sólo que deberá emerger una “nueva ciudadanía”, sino que deberá estar determinada, exclusivamente, por los Ministerios de Educación y de Educación Superior.

Los partidarios de esta ley se burlan de esas acusaciones, señalando que la propuesta lo que intenta es llevar una educación de calidad y gratuita a los sectores más desfavorecidos donde además tengan cabida "todas las corrientes del pensamiento". El Ministro de Educación, Héctor Navarro, dijo en rueda de prensa a Radio Nacional de Venezuela que la legislación es necesaria, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y destacar la responsabilidad social en un país dividido en clases sociales.

Además señaló que es totalmente falso que el Estado sea quien vele por la patria potestad de los niños y jóvenes. Y aquí debemos darle la razón al titular de ese despacho, debido a que esta claramente establecido en el Art. 17 que: “Las familias tienen el deber, el derecho y la responsabilidad en la orientación y formación en principios, valores, creencias, actitudes y hábitos en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas, para cultivar respeto, amor, honestidad, tolerancia, reflexión, participación, independencia y aceptación. Las familias, la escuela, la sociedad y el Estado son corresponsables en el proceso de educación ciudadana y desarrollo integral de sus integrantes”.

Sin embargo, existen artículos que merecen la lupa y que desde antes de su promulgación han causado escozor, como el Art. 9 donde se obliga a los medios públicos y privados a conceder espacios que materialicen los fines de la educación, además de sostener que el currículo educativo en sus distintos subsistemas, incluirá unidades de formación que contribuyan al conocimiento, comprensión, uso y análisis crítico de contenidos de los medios de comunicación social. Y el Art. 10, el cual, resumidamente, prohíbe la incitación al odio y la propaganda en las escuelas. Cabe preguntarse si se enseñará a los muchachos a criticar Globovisión del mismo modo que el “Aló Presidente”. ¿Se le enseñará a los niños a ver “La Hojilla” con detenimiento analítico? Y con respecto al último artículo citado, solamente esperamos que se cumpla de verdad; que no haya propaganda de ningún tipo en las aulas.

Posiblemente veremos a nuestros hijos estudiando los postulados críticos de la Escuela de Frankfurt, ¿o serán los postulados de la crítica de la razón mediática del profesor Juan Barreto? En todo caso, esto nos parece positivo, siempre y cuando la construcción de una mentalidad crítica esté enfocada a la evaluación general de toda la realidad y actores sociales, incluyendo al Gobierno y al Presidente Chávez, y no sólo aquellos sectores que manifiestan posturas diversas a las que en la actualidad se promueven desde el Estado. Recordemos que uno de los postulados fundamentales del pensamiento crítico es el análisis y el cuestionamiento del Poder, sus estructuras e instrumentos, y en la Venezuela contemporánea el Estado/Gobierno es precisamente la encarnación más evidente del Poder.

Hay artículos que no sólo han causado polémica sino que han propiciado protestas y, además, agresiones físicas a manifestantes, como el caso de los periodistas de la Cadena Capriles que protestaban pacíficamente en contra de uno de ellos, el Artículo 50, que pasó a ser la Primera disposición transitoria, que en su numeral 2 afirma que “Para garantizar los principios establecidos en la Constitución de la República y en la presente Ley, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Educación podrá clausurar o exigir la reorganización de las instituciones educativas privadas en los cuales se atente contra ellos. Los propietarios, directores o educadores que resulten responsables de tales hechos serán inhabilitados hasta por diez años para el ejercicio de cargos docentes o administrativos en cualquier tipo de plantel, lapso durante el cual no podrán fundar ni dirigir por sí ni por interpuestas personas ningún establecimiento educativo”.

En esa misma Disposición transitoria, numeral 12, se establece lo siguiente: “Quienes dirijan medios de comunicación social están obligados a prestar su cooperación a la tarea educativa y ajustar su programación para el logro de los fines y objetivos consagrados en la Constitución de la República y en la presente Ley. Se prohíbe la publicación y divulgación de impresos u otras formas de comunicación social que produzcan terror en los niños, niñas y adolescentes, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina, deformen el lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la moral y las buenas costumbres, la salud mental y física de la población. En caso de infracción de este numeral, los órganos rectores en materia de educación solicitarán a la autoridad correspondiente la suspensión inmediata de las actividades o publicaciones de que se trate, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano”.

No hay que ser jurista para entender que este numeral restringe la libertad de expresión y el derecho a la información oportuna de la población, afectando la independencia de las políticas editoriales y favoreciendo la discrecionalidad de las autoridades docentes de condenar a la radio, la prensa y la televisión cuando los funcionarios -según su interpretación- consideren que estos inciten al odio y la violencia ¿No les parece muy parecido a una propuesta presentada por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz llamada Ley Contra Delitos Mediáticos? En honor a la verdad, la Ley Orgánica de Educación de 1980, establecía la misma regulación en su artículo 11, con la pequeña salvedad de que en este instrumento jurídico, ya derogado, no se le daba la atribución al Ministerio de Educación de solicitar la suspensión del medio que violara la norma.

Todavía hay más. El Art 7. enuncia que: “El Estado mantendrá en toda circunstancia su carácter laico en materia educativa, preservando su independencia respecto a todas las corrientes y organismos religiosos...”, por lo que queda a discrecionalidad de la familia impartir la religión que ellos consideren pertinente. Pero se produce un dilema ¿Qué va a pasar con la gran cantidad de escuelas e institutos que tienen como base de su educación la religión católica? ¿Se suprimirán? Esto no queda claro en el articulado analizado.

Aunque apoyamos una educación laica y separada de cualquier tipo de influencia religiosa (en ProMedio tenemos al menos a un ateo declarado, que ha esperado esta decisión por largo tiempo), no podemos respaldar bajo ningún concepto la desaparición de los colegios y universidades asociados a la Iglesia Católica, algunos de los cuales, como Fe y Alegría, han hecho una encomiable labor social entre los sectores menos favorecidos de la población. ¿No debería quedar a la discrecionalidad de los padres si desean que sus hijos sean formados en instituciones educativas piadosas? De nuevo estamos ante el tema del libre albedrío y la libertad de escoger.

En todo caso, lo que causa suspicacia, en este y otros aspectos, es la ambigüedad de la recién aprobada ley. Un punto medio sería la desaparición de las materias religiosas obligatorias de la currícula de escuelas y universidades, ofreciendo la opción de inscribirlas como optativas (en el caso de la Educación Superior) u ofrecer la posibilidad de que los alumnos asistan a seminarios de contenido religioso como actividades de extensión fuera del horario de clase, en el caso de la Educación Primaria.

Aunque en la ley no se habla en ningún lado de socialismo hemos de resaltar que en sus artículos 6 y 33, además de mencionar el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, lo cual es lógico, se ratifica la preponderancia del Estado. Esto no ofrecería dificultades de ningún tipo, sino fuera porque en Venezuela parecemos estar observando una constante desaparición de los límites, fundamentales y necesarios, entre Estado y (Partido de) Gobierno, como ya lo hemos denunciado en otras oportunidades, incluyendo nuestro Manifiesto Fundacional.

El Art. 6 prevé las atribuciones del Estado Docente, que llegan a un total de 46, sin contar que el numeral 6 indica que otras competencias podrán derivarse de los principios de la ley (otra ambigüedad que pueda traer sorpresas a posteriori). Por su parte, en el último numeral del Art. 33 la autonomía universitaria queda un poco cuestionada o, cuando menos, vigilada y controlada por el Estado. ¿No es este un tema que amerita la consulta a las organizaciones rectorales y estudiantiles de las universidades, electas por el voto de su propia comunidad? Comunidad además modificada por el numeral tercero de este mismo artículo, que rescata y “entuba” la rechazada reforma de aquel polémico Artículo 109 de la Constitución.

En este orden, el Art 34 establece las líneas temáticas para una futura ley especial de Universidades que entre otras cosas regularía “La oferta de algunas carreras que por su naturaleza, alcance, impacto social e interés nacional deban ser reservadas para ser impartidas en instituciones especialmente destinadas para ello”. Todo lo cual podría derivar en un monopolio educativo por parte del Estado, ya que sin lugar a dudas no todas las universidades podrán ofrecer las carreras que deseen. No es de extrañarnos que muy pronto se fortalezcan y se creen universidades especializadas en una profesión, como por ejemplo, Comunicación Social (o “Comunicación Popular”), una profesión que ha sido muy cuestionada por este gobierno ¿Sería justo que quienes deseen cursar alguna carrera en específico se vean obligados a hacerlo exclusivamente en una universidad estatal, donde es posible (de acuerdo con las últimas tendencias) que no se imparta una educación plural y con espacio para todas las teorías, lo cual sería la negación de todo lo que una universidad representa?

Haciendo de nuevo honor a la verdad, el articulado que privilegiaba a los Consejos Comunales por encima de la Comunidad Educativa en su influencia sobre los asuntos en los Institutos educativos fue modificado, cuando no suprimido. Es así que el Art. 18 define de alguna manera la estructura del Poder Popular en “consejos comunales, los pueblos y comunidades indígenas y demás organizaciones sociales de la comunidad”, y le da el protagonismo a la Comunidad Educativa en su Art. 20, que indica que “La comunidad educativa es un espacio democrático, de carácter social comunitario, organizado, participativo, cooperativo, protagónico y solidario”.

Estimados lectores, este instrumento jurídico es crucial para el futuro del país y sus generaciones. La educación es un tema sensible y fundamental que no se puede discutir cabalmente en 4 horas. Desde ProMedio creemos que es imprescindible informarse debidamente, sin tomar mucho en cuenta que la ley ya haya sido sancionada. La falta de voluntad del Poder Legislativo y la velocidad del proceso impidieron que nos incorporáramos al debate, pero eso no excluye la posibilidad de que todos los ciudadanos conozcamos la ley para seguir discutiéndola, porque para avanzar en la democracia o para formar ciudadanos demócratas, más allá de leguleyismos, habría que propinarle un zarpazo a la politiquería, a la indiferencia, al bajo nivel en la discusión. Sólo así lograremos construir una sociedad verdaderamente crítica y cuestionadora.

Por cierto, si nos hubiera tocado hacer una recomendación hubiéramos dicho, por ejemplo, que no estaría demás la existencia de un artículo que procure la enseñanza y capacitación a los ciudadanos para que puedan leer entre líneas los artículos de las leyes. Pero seguro no nos habrían hecho mucho caso.