Desde la condición de universitario de clase media, es fácil decir que no todos los venezolanos deben ingresar en una universidad puesto que un país también requiere ciudadanos que contribuyan y produzcan desde otros ámbitos. Eso tiene lógica y razón de ser, pero no es fácilmente sustentable cuando quien argumenta cuenta, precisamente, con la fortuna de ser estudiante universitario. El tema es traído a colación porque la propuesta del Ministerio de Educación Superior de la confección de un nuevo Sistema Nacional de Ingreso podría resumirse, escuetamente, en la idea de que todo el que quiera ingresar a una casa de estudios superiores lo haga. Buena parte de los rectores de distintas universidades del país han coincidido en el espíritu de la propuesta del ministro Acuña pero discrepan en cuanto a los mecanismos y otros detalles. El planteamiento prevé una atención preferencial para bachilleres “pertenecientes a sectores sujetos a exclusión social” y ese ha sido su punto más polémico, primero por las condiciones del trato preferencial, el número de cupos y, luego, por la imprecisión de la propia población mencionada. De momento, no nos atrevemos a asegurar que la posición social sea, per se, un aval que le garantice al Estado la voluntad y el rendimiento que la universidad reclama, de la misma manera en que no abogamos por lo contrario. No creemos que la pobreza –o la comodidad, o la opulencia- sean condiciones determinantes o susceptibles de preferencia a la hora de obtener un cupo en la universidad. Ahora bien, detrás de la condición socioeconómica y la opresión hay, en este contexto, un problema más trascendental, nada oculto y relevante: el acceso a la educación media y diversificada y, en última instancia, la calidad de esa instrucción. Y entonces surge la inquietud ¿cuántos venezolanos de los estratos sociales bajos ingresan a la universidad?
Pensamos que hay que estar claros en que la universidad venezolana es excluyente, pero también hay que apuntar que eso no es un capricho de la universidad. El sistema de ingreso (CNU/Prueba Interna/Acta y convenio) es profundamente imperfecto, pero su exclusión es también el producto de un sistema que es excluyente en todas las demás esferas de la vida nacional. ¿O acaso es incluyente que el niño que vive en el barrio no pueda comer decentemente, jugar libremente y, finalmente, acceder a una educación digna en una escuela digna? Entonces hay que preguntarse, cuando menos, dónde comienza la exclusión, quién la propicia o quién la permite.La prueba de aptitud académica del Consejo Nacional de Universidades, altamente viciada e ineficaz, ha quedado eliminada. Igualmente, desde el Ministerio se ha manifestado la intención de suprimir las pruebas de admisión internas que tienen algunas universidades, exámenes que serían sustituidos por un análisis de las notas de los alumnos con respecto a los compañeros de sus propios planteles y por un proceso de consignación de documentos personales. Nosotros comprendemos la necesidad de un redimensionamiento del sistema de ingreso, pero creemos que ello no debería pasar por la eliminación de exámenes que, con todo, si son bien formulados, son los únicos instrumentos que tratan indiscriminadamente a la masa estudiantil: las mismas preguntas para un grupo numeroso, del que sólo ingresan quienes contesten mejor. Ciertamente la oferta es mucho más reducida que la demanda, pero eso obedece a un tema de capacidad física, docente y presupuestaria. Entonces nos preguntamos no sin ingenuidad, ¿el Estado está apuntando adónde debe? O, ahora con suspicacia, ¿será que, más que revolucionaria, la propuesta es simplemente demagógica?
No pretendemos tener la razón absoluta, pero consideramos que hay cierta distorsión sobre la idea de universidad y sus funciones, pues ésta es, por definición, una élite, por cuanto comprende a un grupo selecto –siempre tiene que haber mecanismos de selección- que se debe a la productividad de un país desde la academia, la investigación. Una universidad de espaldas al país es aquella que es vista como una fábrica de títulos en serie, una opción para conseguir trabajo o, peor aún, como un donativo social. En este punto, tomamos en cuenta una de las múltiples y pertinentes reflexiones del profesor Orlando Albornoz, pues mucho se habla del ingreso, pero ¿qué pasa con el egreso?, ¿qué ocurre en el campo laboral? y, también, ¿qué papel tiene ahora para el Estado venezolano la educación superior en contraposición a la educación familiar y ciudadana? La universidad, insistimos, es un espacio para la creación, el debate y la producción de conocimiento que es una de las formas de contribuir con la nación. Pero no es un espacio impermeable, sino uno conectado con su entorno y tan lleno de vicios como esa realidad que le da contexto, en la cual creemos, ha de residir alguna posible solución. Esto es, consideramos que la realidad universitaria no puede ser tratada como algo diametralmente diferente de realidad social, pues la una está imbuida por la otra, por lo cual a la hora de una reestructuración sería menester revisar, minuciosa e inteligentemente, las variables del entorno.Nuestro llamado no tiene que ver con los gritos vacíos de autonomía, ni con las pintas que, apartando los insultos, demandan una universidad “vestida de pueblo”. Nuestro llamado está orientado hacia la construcción de universidad llena de jóvenes talentosos, vengan de dónde vengan, una universidad justa y equitativa y, ante todo, hacia la consolidación de una sociedad con iguales y sinceros niveles de justicia y equidad.
