Proletarios… ¡uníos!

Proletarios… ¡uníos! ¿No fue acaso eso lo que escribieron los viejos Marx y Engels por allá en el siglo XIX? Parece insólito y paradójico que un gobierno autoproclamado como revolucionario, marxista y progresista vaya a contracorriente del interés de los trabajadores del sector público, al extremo de amenazar con militarizar instituciones como el Metro de Caracas en caso de que sus empleados ejercieran su derecho a huelga, previsto por cierto en el artículo 97 de la Constitución Nacional (por supuesto, con las limitaciones contempladas en los artículos 496 y 497 de la Ley Orgánica del Trabajo para aquellos que presenten un servicio público esencial).

¿Y no es este el mismo gobierno -altamente sensible y preocupado- que en noviembre del año antepasado promovía una Reforma Constitucional para reducir la cantidad de horas laborales en beneficio de la calidad de vida y el esparcimiento de los trabajadores? ¿Entonces podemos concluir que ese artículo de la no-aprobada reforma sí resultó ser la zanahoria caza-conejos, como manifestamos en aquella oportunidad? Porque resulta que casi todos los aspectos de dicha reforma se han impulsado por la vía de las leyes, menos éste y la creación del Fondo de Estabilidad Social para Trabajadores y Trabajadoras por Cuenta Propia.

Contestar las razones para esto no parece una cuestión fácil. Sin embargo, al menos quisiéramos recordar el tema y traerlo a la atención de nuestros lectores. Uno de los males históricos de la vida política nacional ha sido la corta memoria de los ciudadanos quienes, por ejemplo, parecen no rememorar que hace menos de dos meses estábamos “blindados” frente a la crisis económica internacional y no teníamos necesidad de tomar “medidas tácticas en lo económico” ni llamar “voraz” a sindicato alguno (sobre todo considerando que muchos de estos mismos sindicalistas andaban haciendo campaña activa por la Enmienda Constitucional).

Así las cosas, bajo el contexto de la grave crisis económica que vive el mundo entero y de austeridad nacional por los bajos ingresos de la renta petrolera, el movimiento sindical venezolano atraviesa una de las situaciones más conflictivas de los últimos años, cuando 1.42 millones de trabajadores públicos -un 62% del sector- están laborando bajo contrataciones colectivas vencidas o próximas a vencer. Esto incluye unos 800 mil de la administración pública centralizada y 500 mil empleados del sector magisterial que tienen tres años con la contratación vencida. Asimismo, los trabajadores petroleros están solicitando mejoras salariales. La discusión de la convención colectiva –consagrada en el artículo 96 de la CRBV- de los 36 mil empleados del sector eléctrico se paralizó en diciembre pasado, sin contar la situación de los médicos y enfermeros que laboran en nuestros hospitales.

Por fortuna, luego de una tensa situación en el Metro de Caracas, finalmente se logró firmar la contratación colectiva de los 4.500 empleados de esa institución. La movilización interna de los trabajadores tuvo su efecto, pero fue necesario llegar a un clima de tensión exacerbada –amenazas de paralización por un lado, y de militarización por el otro- para que cristalizara la convención. No deja de ser interesante que luego de unos tres meses de angustia, el presidente de la compañía celebre la firma como un triunfo del “gobierno obrerista”.

Ante el evidente descontento del resto de los sindicatos –los que siguen esperando una convención-, la respuesta oficial ya ha sido la descalificación por parte del Jefe de Estado, a quien le parece un exabrupto voraz y corrupto, por ejemplo, que los empleados de las empresas básicas de Guayana exijan sueldos de 3.000 y 5.000 Bs., seguros médicos y bonos para la educación privada de sus hijos.

Los trabajadores –muchos de ellos políticamente identificados con la Revolución Bolivariana- han insistido en que el Presidente Chávez está equivocado y ya hemos visto cómo el mismo primer mandatario ha tenido que retractarse parcialmente. No obstante, parece evidente que al presidente no le agradan los sindicatos. Valdría la pena recordar que el 24 de marzo del 2007, en un acto oficial, dijo que “en la revolución los sindicatos deben desaparecer”, enunciado claramente contrario a la libertad sindical consagrada en la Constitución (artículo 95), así como en convenios firmados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y sobre todo contrario a los principios de la lucha de clases, de la toma del poder por parte de la clase obrera, pilares fundamentales del marxismo.

El movimiento sindical, en efecto, no escapa a la realidad política y, al igual que el resto de la sociedad, exhibe fracturas hondas que dificultan la eficacia de sus solicitudes reivindicativas. Sin embargo, en menor o mayor grado, algunas de sus organizaciones han separado sus convicciones ideológicas de las necesidades reales para alzar sus voces y exigir sus derechos, lo cual, como deja entrever el discurso presidencial (antisindical), no deja de ser percibido –simplificadoramente- como un acto de indisciplina e individualismo intolerables. En ese mismo sentido, el Presidente Chávez ha sostenido que el que pare una empresa está provocando un “sabotaje” y, más aún, se está “metiendo” con él (con su persona, no con el país). Siendo así, parece evidente que se transita por un camino equivocado y denota una actitud muy de “patrón capitalista tradicional explotador”. Curioso ¿no?

Es cierto que la mayoría de los sindicatos muchas veces, tal como hacen los políticos usan a la masa trabajadora para obtener votos y después se olvidan de las promesas hechas, quizás por eso, en muchos sectores de la administración pública, hablar de sindicato es igual a hablar de ineficiencia y corrupción. Para nadie es un secreto que muchos de estos “lideres” son parte de la nómina de algún ministerio pero NO laboran en el mismo, solo hacen según su propio criterio gestiones en pro de las luchas sociales, pero cabría preguntarse ¿la lucha social se materializa negociando derechos “por debajo de cuerda” con alguna oficina de Recursos Humanos? Es cierto que muchos empleados no se sienten debidamente representados por algunos sindicatos de la administración pública, pero esto no puede fundamentar la actitud poco conciliadora del gobierno con el personal de las diferentes instituciones. ¿O es que acaso no es un derecho adquirido que un grupo de empleados y obreros quiera dignificar su sueldo por el trabajo que realizan día a día?

Tampoco podemos dejar de mencionar un fenómeno frecuente en las oficinas de la administración pública, uno de los “trapos sucios” mejor guardados del actual gobierno del Presidente Chávez: la situación de los trabajadores “contratados a tiempo determinado”. La amplia difusión de esta modalidad de contratación entre los principales ministerios y sus entes adscritos, nos permite inferir que, más que una ocurrencia casual de la gestión de un Ministro determinado, parece una política de Estado.

En muchos casos, estos funcionarios “disfrutan” de contratos draconianos que, por supuesto, no contemplan los mismos beneficios del personal fijo. En algunas situaciones, a estos “contratados” se les niega específicamente su condición de “empleados públicos” (para que no los proteja la Ley del Estatuto de la Función Pública, ni les toquen los aumentos correspondientes anunciados anualmente por el Presidente el 01 de mayo, ni los ampare la correspondiente convención colectiva); se les establecen cláusulas para que puedan ser despedidos en cualquier momento sin justificación ni pago de utilidad o compensación alguna; se les reduce arbitriamente el sueldo sin “derecho a pataleo” (lo que legalmente constituye despido indirecto); y la práctica más perversa y neoliberal: algunos son despedidos por quince días para que se venza la continuidad laboral y luego son “reenganchado”, pero, claro está, sin los beneficios y protecciones adquiridos a través de la contratación continua.

Lo dramático –trágico- es que bajo esta modalidad, aplicada incluso a los obreros que ganan sueldo mínimo, los contratados deben soportar cualquier tipo de vejación (trabajar continuamente fines de semana u horas extras, participación obligada en eventos políticos) sin poder reclamar. Con todo, parece insólito que muchos de nuestros ministros hayan sido ex sindicalistas. Estos testimonios no provienen de Polar, Coca Cola o Cargill: vayan a su ministerio más cercano y pregunten, que no hará falta mucha indagación. Esta es una forma barata y efectiva de incrementar la nómina del Estado sin incurrir en los gastos adicionales que esto conlleva.

Ante este panorama, acaso cabría preguntarse por qué los altos funcionarios públicos, los ministros, viceministros, legisladores, magistrados, rectores, no se ponen de ejemplo ante el país, y se reducen el sueldo para enfrentar la crisis y adaptarse al espíritu de “austeridad”. Lo que es justo para los empleados del Metro, también debería serlo para Rafael Ramírez ¿no?

A propósito, es importante recordar que una de las primeras acciones del gobierno del Presidente Evo Morales en Bolivia, con un alto valor simbólico, fue reducir su sueldo y el de sus ministros por la mitad. Pero al parecer, a diferencia de Evo y su equipo de gobierno, la moral revolucionaria criolla es un híbrido sui generis –¿mutante?- de socialismo verbal con capitalismo fáctico.

En todo caso, las ideas “de avanzada” que el gobierno nacional presume tener no parecen girar de la misma forma en torno al problema sindical. Ya hemos visto que el gobierno nacional no negocia con empresarios, pero ahora vemos no sin cierta e incómoda sorpresa que, en calidad de patrono, tampoco está demasiado dispuesto a dialogar con obreros, a menos que éstos le sean útiles para alguna acción gubernamental, como la intervención de las arroceras, por citar un ejemplo. Todo esto, insistimos, es muy curioso, al menos para tratarse de una “revolución socialista y progresista”.