Uno de los objetivos fundamentales de ProMedio es el de delimitar y discutir aquellos temas donde la sociedad venezolana pueda llegar a un consenso que permita formular soluciones integrales con la participación de todos los sectores. Como un primer paso en esta dirección, hacemos una breve reflexión sobre la corrupción, problemática que salpica a moros y cristianos, y sobre las políticas que se han efectuado en Venezuela para reducirla. Intentamos hacer un breve abordaje del problema, desde un enfoque concentrado en el flagelo dentro del poder público, así como de los aciertos y desaciertos que han comportado las medidas para controlarlo.Ante todo, hay que entender la corrupción como un fenómeno complejo y multicausal. Efectivamente hay diversas modalidades (política, administrativa, económica), pero todas derivan de un conflicto ético relacionado con la deshonestidad. Es una maximización de los intereses particulares en desmedro del bienestar colectivo. Para combatirlo, es menester empezar a concebir la dimensión social del problema. Ciertamente, constituye una amenaza al sistema democrático; y lo es en la medida en que erosiona la credibilidad del propio sistema y de su institucionalidad.
Desde luego que la corrupción no es tema nuevo en nuestra historia republicana, y también es un constructo profundamente arraigado en la simbología sociocultural venezolana. Tulio Bruni Celli comentaba que “como consecuencia de la impunidad de que han gozado y gozan los corruptos en Venezuela, se ha creado por la fuerza del mal ejemplo y de las circunstancias, no
sólo una generalizada indiferencia frente a los delitos contra los dineros públicos, sino todavía algo peor: se ha llevado a la exaltación, a la veneración y hasta al aplauso social a quienes cínicamente exhiben y alardean de sus fortunas mal habidas”. En el siglo XIX, Bolívar lo advertía, llegando incluso a establecer la pena de muerte a quienes se atrevieran a lesionar el tesoro nacional, por lo que puso su empeño en la configuración de un Poder Moral. El siglo XX, bastante más flexible, pudo conocer de cerca los más altos niveles de corrupción tanto en sus gobiernos dictatoriales como en algunos de los regímenes democráticos. Y el camino andado del siglo XXI no ha sido la excepción. Hoy hay mucho dinero circulante y la corrupción ha encontrado acomodo en su “prima-hermana”: la burocracia. La proliferación de ministerios, institutos y oficinas dificulta la detección de irregularidades en medio de un Estado que ha devenido en una instancia poliédrica, multiforme y harto difícil de domesticar.El actual gobierno está emprendiendo algunas medidas para la reducción de la corrupción. En el plano normativo, nuestros legisladores sancionaron en el 2003 la Ley contra la corrupción(en sustitución de la vieja Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público). En el plano ejecutivo las acciones de vigilancia y control han quedado, principalmente, en manos de la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional y la contraloría social. Cabe destacar que en este último punto la organización no gubernamental Transparencia Venezuela ha trabajado conjuntamente con el Estado, particularmente en el área de promoción y capacitación y, especialmente, en la evaluación de gestiones del poder municipal.
La contraloría social ha sido, entonces, el pilar fundamental de la actual política anticorrupción. Consiste en la organización comunitaria mediante la promoción de la ética pública y del principio de corresponsabilidad. Bajo esas premisas, se han organizado comités encargados de la fiscalización del patrimonio público y de la canalización de las denuncias. Estos comités están llamados a hacer frente a la corrupción y a la burocracia que la permite. En nuestra opinión, consideramos que sería muy útil que estos estrecharan vínculos con los Consejos Comunales.
Por medio de la contraloría social es que, en muchos casos, los órganos de control han asignado responsabilidades políticas y administrativas a funcionarios públicos. La sociedad ha elevado sus denuncias, especialmente ante la Asamblea Nacional y la Contraloría General, agilizando y facilitando los procesos. Esto le ha permitido al Estado tomar acciones en casos como los de Fondafa, el Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora, y más recientemente, Pdvsa, gobernación de Amazonas y alcaldías de municipios de Delta Amacuro (Pedernales y Tucupita).
Aún hay corrupción impune porque, a pesar de los avances en materia de participación ciudadana, todavía perviven el modelo burocrático y remanentes de la cultura de “aplauso social”. Si bien ahora hay un aparato jurídico importante, las probabilidades de su aplicación siguen siendo menores que las probabilidades de impunidad, y los organismos del Poder Ciudadano siguen teniendo ascendencia limitada en la ciudadanía. Algunos líderes del gobierno bolivariano han señalado que la revolución y la corrupción no son compatibles. Indiscutiblemente que no es revolucionario permitir (menos aún aupar) la corrupción. Hace falta más disciplina y rigurosidad en la determinación de responsabilidades y sanciones, pero no hay que olvidar que combatir la corrupción es una empresa de largo aliento.
