¿Ganamos algo votando?

Hemos tomado este texto de Xavier Rodríguez Franco directamente de su Blog y con su autorización, ya que concordamos perfectamente con lo que plantea. Recuerden que ustedes tambien pueden enviar sus textos al correo y con gusto lo publicaremos.

La pregunta con la que inicio este breve escrito, la he encontrado formulada en diversas circunstancias familiares, ha sido debatida entre diferentes grupos de la sociedad y hasta enunciada en los espacios de opinión pública de los más diversos países. Por fortuna en todas estas discusiones que he presenciado, ésta pregunta nunca ha despertado indiferencia y siempre ha propiciado un debate germinalmente ciudadano, con implicaciones más directas de lo que muchos de nosotros hemos creído.

No han sido pocos, aquellos que relativizando la importancia de su aporte electoral en cada comicio, aseguran que votando afianzan aún más un sistema vicioso y su continuidad en la asignación de cargos en el sistema político imperante. También existen otros muchos que dicen que como “ellos no pusieron” a los gobernantes de turno, entonces que el mal gobierno sea removido por quienes lo eligieron. Este tipo de argumentos que algunos solemos escuchar y en ocasiones esgrimir, siempre consigue alimentar aquel alegato a la violencia tan poco constructivo de que “lo ilegal no se discute sino que se combate”.

Sin embargo, cuando se reflexiona de esta manera, se deja de lado la posibilidad de que con nuestro concurso la eventual práctica tramposa, tenga mayor cantidad de agraviados y que a su vez puedan estar éstos más dispuestos a fiscalizar e interpelar un proceso de tan grandes implicaciones ciudadanas.

Recordando una reflexión hecha al respecto por el profesor chileno Fernando Mires [1] es importante el rescate ciudadano de la percepción de “agente social” que tienen aquellas sociedades, que por cualquier circunstancia, están sometidas al ejercicio autoritario del poder. En ese artículo Mires argumenta que “votando no hay nada que perder. No votando, los abstencionistas de hoy, deberán vivir arrepentidos para siempre”. En efecto, al no ejercer nuestro derecho al voto no podemos exigir la respetabilidad del mismo, así como tampoco podemos evitar perder la posibilidad de poder ver materializada la opinión política de cada uno de nosotros. Es por ello que lo que perdemos es único, incalculable y además irrepetible.

En nuestro país han habido innumerables eventos que nos demuestran lo amenazante que nos resulta la abstención para la supervivencia de un ambiente mínimo de pluralidad y de convivencia ciudadana. La desaparición sistemática de opciones, ha sido alimentada también por aquellos que al no ver su opción representada, han preferido alejarse y no participar. Lo cual le habilita el espacio a las posiciones más radicales, haciendo del juego político un asunto bipolar de “pros” versus “antis”. Esto además consigue alimentar la concepción totalitaria de la democracia (Claude Lefort; 1994) que asegura que la mayoría, por su condición numeraria, ha de abrogarse la representación total de la voluntad general, por lo tanto las minorías, los discrepantes y los indiferentes han de asumir el mismo rol: el anonimato en los asuntos públicos.

Por estas y otras muchas razones, la pregunta y su respuesta colectiva tiene mucho sentido cívico, pues nuestra participación electoral hace visible socialmente el ejercicio de nuestra conciencia de lo público. Circunstancia que en los actuales momentos, muchos países precisamente no tienen dentro de su patrimonio cultural. Es por ello que la redacción de estas líneas es a su vez una invitación a llenar con nuestros designios los espacios públicos que podamos mientras existan.

Nota publicada originalmente en Ciudadanía Estudiantil

Separación de poderes II: de libertades y contrapesos

Tanto las bases programáticas del PSUV, como aquellas declaraciones de la Presidenta del TSJ, derivan, posiblemente, de una concepción holística del sistema sociopolítico, según la cual “el Estado es una totalidad que no sólo representa la suma de las partes, sino que tiene prioridad teleológica, causal y jerárquica sobre éstas (…) No son las personas o los individuos los que dan lugar al Estado, sino viceversa y el bien supremo es el bien de la totalidad que es completamente independiente del de los individuos que de ella forman parte y se impone sobre éstos”(1).

Adicionalmente, si los distintos poderes del Estado venezolano progresivamente van subordinándose a uno solo (en este caso, el Ejecutivo), encarnado en una persona que asegura representar la “voluntad del Pueblo”, y el Estado a su vez se impone sobre los individuos, vemos que comenzamos a entrar en la definición clásica de lo que constituye una tiranía o autocracia. Tal vez no se pueda aseverar que se ha llegado a este nivel, pero los indicios analizados del programa del PSUV y las declaraciones de Estela Morales parecen indicar esa dirección.

Frágil libertad

La imposición del Estado sobre los individuos y la subordinación del Estado al Poder Ejecutivo, presunto representante de esa abstracción denominada “Pueblo” (utilizada como justificación universal, pero rara vez escuchada), lejos de incrementar la libertad y el bienestar, termina –como se afirma en un trabajo de Antonio José Herrera y Miguel Ángel Latouche- “privatizando lo público a favor de los intereses de la clase política en el poder” a partir de un “proceso paulatino pero constante que lleva a determinar los intereses colectivos en función de las visiones de lo público que tiene la clase política dominante y, en consecuencia, el ámbito de lo político se particulariza” (2).

Si algo debemos retomar (o exhumar) del Libertador Simón Bolívar –más que sus restos mortales- es precisamente la base de su pensamiento político, inspirado en el de grandes filósofos de la Ilustración y precursores de la Revolución Francesa, como el Barón de Montesquieu, quien sobre estos puntos fijó -en su obra El Espíritu de las Leyes- una posición que ha servido de fundamento a la democracia moderna:

“Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad; falta la confianza, porque puede tenerse que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y el poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos; como que el juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre los particulares”.

De esta forma, lejos de estar sugiriendo malabarismos teóricos con finalidades difusas u orientaciones reaccionarias, consideramos que el PSUV y el Presidente de la República deberían plantearle claramente al país cuál es su proyecto político y cuál es su fundamento ideológico y estratégico, puesto que lo expresado en su base programática tiene más tintes de “socialismo real” (eufemismo utilizado para designar indirectamente al comunismo “duro”), neo-estalinismo y “democracia popular” (pero de las que existieron en Europa del Este, con Stasi incluida) que de otra cosa.

Eso es lo que se estará decidiendo el próximo 26 de septiembre, y los venezolanos merecen (y deben exigirlo) escuchar la verdad claramente, para decidir fundamentándose en elementos sólidos y no emocionales.

En ProMedio, somos de la opinión de que en pocos momentos de la historia democrática moderna de Venezuela ha estado más patente la necesidad de una verdadera autonomía y separación de los poderes públicos. Tal como plantea uno de los corredactores de la Constitución Nacional, Vladimir Villegas, el “cambio revolucionario no puede interpretarse como la vuelta a un esquema de poder en el cual se le dé rango constitucional, por vía de hecho y no de derecho, a la sumisión de unos poderes frente a otros, y a la consagración del culto a la personalidad, propio de sistemas políticos atrasados, los cuales pueden llegar a cautivar durante un buen tiempo a las grandes mayorías, pero que terminan erosionados por sus propias limitaciones, contradicciones e incluso barbaridades”.

Autonomía palpable

La reflexión sobre el destino de la democracia en Venezuela no puede verse reducida a la elucubración abstracta: la supeditación de los Poderes Públicos al Poder Ejecutivo tiene consecuencias palpables en el venezolano de pie, que impactan directamente su bienestar, bolsillo y seguridad.

Tomemos por ejemplo el nunca suficientemente discutido “Caso PDVAL”. En cualquier país del mundo, la putrefacción (o “vencimiento”) de miles de toneladas de alimentos, por un monto de cientos de millones de dólares, sería un escándalo político de inmensas proporciones, que habría implicado renuncias y arrestos a funcionarios del más alto nivel, además de investigaciones independientes que habrían conducido a la implementación verificable de correcciones integrales sobre toda la política alimentaria.

Pero en Venezuela, donde el Gobierno Nacional ha expropiado cientos de fincas, fábricas y galpones, así como destinado cuantiosos recursos a una “soberanía alimentaria” que no termina de verse por ningún lado (salvo en las cuentas bancarias de los exportadores brasileños, argentinos y uruguayos) y acosado a los mayores productores alimenticios del país, este caso apenas sirve para cuestionar los fundamentos mismos de la gestión gubernamental y su proyecto de país. Pues, resulta que toda la responsabilidad de este inmenso entramado de ineptitud y corrupción es culpa de sólo tres personas: nuestros nuevos y criollitos “Chinos de RECADI”.

¿Dónde está la Contraloría, que debe prevenir e investigar este tipo de situaciones a gran escala? ¿Dónde está el Contralor, quien debería no sólo abordar la corrupción implícita en el caso PDVAL, sino también el funcionamiento y la ineficacia de una política económica y alimentaria que ha debilitado la producción nacional y nos ha hecho dependientes del extranjero en proporciones nunca vistas desde la mitad del siglo XX?

¿Por qué la Asamblea Nacional se ha negado, por lo menos siete veces, a realizar las investigaciones del caso y a exigir la comparecencia del responsable de esta situación, el Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo y Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, de quien dependía en última instancia PDVAL?

¿Por qué el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, no se avoca a rectificar sus políticas, y a exigir el fin de la “impunidad” y el cumplimiento de todo el peso de la ley sobre los responsables, como sí lo hace en otros casos? ¿Por qué no demuestra que, efectivamente, la autonomía de los Poderes Públicos funciona en Venezuela, caiga quien caiga?

¿Por qué algunos seguidores del Presidente, que saben la gravedad de lo ocurrido con el caso PDVAL y sufren día a día los efectos de la corrupción y la ineficiencia, prefieren callar sus voces y dejan las críticas que desearían hacer en las manos de una oposición que dicen detestar?

Denostar a la oposición por “explotar políticamente” este caso es absurdo, pues es un caso político por definición, en virtud de que afecta el bienestar común de todos los venezolanos, y da cuenta de los detalles de una gestión que nos gobierna a todos y debería tratar de gobernar para todos. Al contrario, esta vez las críticas de la oposición toman mayor relevancia precisamente ante la inacción y pasividad de los Poderes Públicos que deberían actuar para prevenir, castigar y corregir estas situaciones.

Estas son algunas de las reflexiones que juzgamos fundamentales para pensar en las elecciones del 26 de septiembre de 2010, en las que nos pronunciaremos precisamente sobre el Poder Legislativo, poder que, con una clara incidencia sobre su funcionamiento, hoy promueve el modelo de país propuesto por el Presidente de la República.

Ahora esperamos poder oír y leer sus reflexiones al respecto, e iniciar una sana e incluyente discusión que apunte hacia la construcción colectiva del bienestar común.

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(1) Rey, Juan Carlos: “Ensayos de Teoría Política”. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1998. Pág. 241.

(2) Herrera, Antonio y Latouche, Miguel Ángel: “Hugo Chávez: Personalismo revolucionario en formato democrático”. Foreign Affairs Latinoamérica, Vilumen 8, Número 3

Separación de poderes I: discursos encontrados

“Los príncipes que han querido hacerse tiranos, han comenzado siempre por reunir en su persona todas las magistraturas”

Barón de Montesquieu (“El Espíritu de las Leyes”)

El 18 de julio de 2010, el diario El Universal publicó un sencillo reportaje sobre las “Bases Programáticas” y la “Declaración de Principios” del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en un intento por determinar si el programa político del Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, se corresponde con las premisas básicas del comunismo (como lo ha denunciado el Cardenal Jorge Urosa Savino) o si realmente estamos frente a un nuevo modelo de socialismo adecuado a las particularidades del Siglo XXI y sus realidades políticas, económicas y sociales.

Durante la lectura del reportaje, llama la atención la denuncia que realizara su autor, el periodista Francisco Olivares, acerca de ciertas pretensiones expresadas en la plataforma programática del PSUV, incluida la “necesidad” de reinterpretar el concepto clásico de la separación de los poderes públicos, uno de los pilares de la democracia universalmente aceptados, al cual se le inscribe dentro de lo que se ha dado en llamar “concepción liberal burguesa”. Hoy, a pocas semanas de una nueva oportunidad para elegir los integrantes de uno de esos poderes –el Legislativo-, se nos hace urgente volver la mirada sobre este asunto.

Cuando el río suena...

Ante la alarma que genera la lectura del conciso reportaje de Olivares, por la potencial implicación de sus aseveraciones, y convencidos del peligro que encierran las distorsiones mediáticas, decidimos acudir directamente a la fuente primaria: las Bases Programáticas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), publicadas en la página oficial del partido de gobierno. De esta forma, se pudo verificar que -tal como lo expresó en su momento el periodista de El Universal- el programa político del PSUV cuestiona la necesidad de la división de los poderes públicos. De hecho, lo hace de una manera aún más contundente que la expresada en el artículo del diario El Universal (posiblemente por limitaciones de espacio): “El ejercicio intransferible de la soberanía, de la cual emanan y a la cual están subordinados todos los poderes públicos (legislativo, judicial, ejecutivo, electoral y moral), implica necesariamente que el pueblo los concentre en sus manos como forma de superar la concepción liberal burguesa de la separación formal de poderes. Por eso, los mandatos que delega el pueblo en diversas esferas del poder, sólo pueden ser ejercidos obedeciendo a sus intereses y como expresión directa de la participación popular en la constitución de los poderes públicos y en la formación, ejecución y control de políticas públicas”.

Aunque es bastante preocupante lo planteado como guía programática del PSUV, no es la primera vez que términos similares han sidomanifestados públicamente. Se debe recordar que el 05 de diciembre de 2009, la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estela Morales, generó controversia al pronunciarse a favor de una nueva modificación de la Constitución Nacional.

En esa oportunidad Morales manifestó que “la división de poderes es un principio que debilita al Estado", señalando que una “cosa es la separación de poderes y otra es la división" y destacando que aunque cada Poder Público debe actuar independientemente, la “existencia del Consejo de Estado o el principio de colaboración entre los poderes son muy sanos y permiten que el Estado, que es uno, y el Poder, que es uno divido en competencias, puedan coordinar".

Poco después, el 09 de diciembre de 2009, Morales amplió sus declaraciones, cuando indicó que el nuevo “constitucionalismo” nace en la República Bolivariana de Venezuela “con la modernidad de la participación popular y, sobre todo, el nacimiento de un nuevo pacto social”, al tiempo que enfatizaba en que la autonomía de los poderes públicos debía ser interpretada de una manera “lógica y racional”, distinta del “aislamiento”.

En este sentido, llama la atención la ambigüedad (¿calculada?) de estas opiniones. Las declaraciones de la magistrada nos permiten reflexionar a partir una serie de inquietudes que surgen: ¿qué buscaba la Presidenta del TSJ con semejantes señalamientos? ¿Por qué “debilitaría” al Estado venezolano la división de funciones y competencias entre sus diferentes Poderes? ¿No existe suficiente coordinación entre ellos? Si es así, ¿por qué? ¿Se resolvería esa situación con nuevas modificaciones de carácter constitucional? ¿O lo planteado por la Presidenta del TSJ y el programa político del PSUV sencillamente apuntan hacia otra dirección?

A todo esto se suman las reiteradas y enfáticas afirmaciones del Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, manifestando que el Gobierno Nacional respeta la autonomía de los poderes públicos, y que los cuestionamientos al respecto se derivan del interés de poderosos sectores económicos, aliados del Imperialismo, que se quieren mantener por encima del cumplimiento de la Ley.

Entonces, ¿qué provoca que el Presidente de la República se esfuerce tanto en desmentir lo que está establecido en el programa político de su partido?

Cable a tierra

El artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) establece que el Poder Público Nacional se divide en cinco (5) poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. De esta forma, observamos que lejos de cuestionar la necesidad de la separación de los poderes públicos, los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente agregaron dos (2) poderes a la tríada que ha sido tradicional en la cultura y la historia política Occidente: el Poder Ciudadano (ejercido por el Consejo Moral Republicano, cuyos órganos son la Contraloría General, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, de acuerdo al artículo 273) y el Poder Electoral (ejercido por el Consejo Nacional Electoral, tal como lo establece el artículo 292).

El mismo artículo 136 determina que “cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. Por lo tanto, la “colaboración” dentro del Poder Público Nacional para el logro de los objetivos del Estado ya está constitucionalmente establecida. Es decir, no hacen falta nuevas modificaciones sobre este punto. La “colaboración” implica necesariamente la coordinación entre los diversos poderes, pero con la salvedad de que cada uno mantiene sus competencias e independencia de acción.

Así, dado que la realidad política nos impulsa a releer su proyecto original, podríamos sugerirle a la Presidenta del TSJ una detenida relectura del artículo 145 de la Constitución Nacional, el cual determina que “los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna (…) Su nombramiento o remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política”.

Es necesario recalcar esto en el sentido de que Estela Morales debe limitarse a realizar su trabajo con base en la interpretación del marco constitucional y legal vigente, y no a partir de lineamientos emanados -o recibidos- a propósito de su filiación política. No está demás aclarar que aunque la Presidenta del TSJ puede expresar su deseo de una nueva Constituyente o modificaciones a la Carta Magna, debe tener bien en cuenta que mientras eso no suceda, los Poderes Públicos en Venezuela son autónomos, y que las decisiones del Poder Judicial no deben provenir -directa ni indirectamente- del Ejecutivo, algo que no siempre parece quedar claro en nuestra actual coyuntura política.

Militarismo mágico

por Yimmi Castillo

El Gabo posiblemente nunca pensó que Macondo en alguna parte del futuro se le convertiría en realidad, y no tan mágica. Pero está sucediendo aquí mismo, al lado, en un país que acaba de romper relaciones formalmente (porque informalmente ya estaban rotas) con el de su Aracataca natal.

En este nuevo capítulo del realismo mágico venezolano, fuimos convocados -vía televisión de señal abierta -a la exhumación del Padre de la Patria. Y en un show tremendamente producido, con al menos tres cámaras en puntos estratégicos, incluyendo una en picado perfecto sobre el ataúd, vimos el mito del héroe uniformado hasta los huesos.

El Presidente no es ningún tonto. Los fines de semana sigue muriendo gente de forma violenta y los kilos de alimentos podridos no dejan de aparecer. De nada sirvió cambiarle el nombre a PDVAL y que Rafael Ramírez insinuara que todo estaba “excesivamente normal” en esa dependencia que, hasta hace poco, era suya. Así que no había mejor forma de cambiar el tema de conversación que darles un show lleno de magia, esoterismo, religión y hasta moralismo.

El prólogo de este capítulo se inició con la importación de tierrita de la casa de la Libertadora del Libertador, la nunca bien ponderada Manuela Sáenz, en forma de “restos simbólicos” para traerla “al lado de su amado” Simón Bolívar. Así comenzaba a gestarse, en la opinión pública venezolana, un discurso “reivindicativo de la mujer” por un lado, y “escandalosamente moralista” por el otro.

Las lenguas más ortodoxas de la oposición venezolana comenzaron a lanzar cualquier tipo de improperios sobre el Presidente por avalar la “conducta inmoral” de una mujer que fue una más de las “barraganas” de Bolívar, obviando hechos históricos y manipulando leyendas del personaje. Además de impertinente, es incorrecto decir que Manuela Sáenz era “barragana”, porque en todo caso Bolívar fue su amante, no al revés (recordemos que la única esposa de Bolívar había muerto unos cuántos años antes) Hecho que también es discutible porque Manuela había dejado definitivamente a su esposo para unirse al Libertador, y habría que recordar que la palabra “divorcio” no era muy popular que digamos por entonces.

Por otra parte, ¿se puede hablar de un discurso “reivindicativo de la mujer” cuando lo que se resalta es que se le está reuniendo al lado de su hombre? Es curioso ver, por ejemplo, cómo el único discurso que habló del papel jugado por Manuela Sáenz en la independencia suramericana fue el del Presidente Rafael Correa. Es interesante: aquí trajimos a Manuelita porque había que juntar a los amantes en polvos, mientras que en Ecuador sí conocen bien que su “Generala de Honor” peleaba en batallas mucho antes de conocer a Bolívar.

Pasada la página de Manuelita, el gobierno siguió con su historia mágica desenterrando a Bolívar, sometiéndolo a estudios, y viendo en vivo y directo, vía medios masivos, cómo el Presidente le preguntaba “¿Eres tú, Padre?” a una pila de huesos (muy bien conservados, por cierto, gracias al trabajo del doctor José María Vargas), y viendo cómo lloraba un mandatario rodeado de un halo de humanidad; de nuevo, todo muy bien producido, con todas las tomas, planos y encuadres necesarios. Y otra vez recordando mucho de la gesta emancipadora, y poco del pensamiento civilista del personaje.

Recordamos mucho del plomo y la batalla, y poco de su labor e ideología política. Lanzamos teorías conspirativas de asesinatos y magnicidios del pasado y del presente, pero nada se dice de los que mueren hoy por la ineficiencia de un Estado que no garantiza a sus ciudadanos el derecho a la vida.

En otros países a los personajes históricos se les respeta, se les estudia por su legado. Aquí les preguntamos a sus restos si de verdad son ellos y se les procura el amor más allá de la muerte. Mientras tanto, en un episodio paralelo –aunque menos mágico y menos cómico-, la Guardia Nacional detiene a unos periodistas por tomar fotos del Presidente y se las borran y se les decomisa la cámara. Entretanto, se imputan a unos ciudadanos por “iniciar rumores” en Twitter, y entonces nos preguntamos: ¿Hasta dónde puede llegar un Gobierno con rasgos autoritarios, totalitarios y paranoides que puede hacer, literalmente, lo que le da la gana, hasta desenterrar los huesos de los próceres del país y meter preso a cualquier fulano con cualquier excusa?

Ese fin de semana que desenterraron el mito del héroe uniformado, cuarenta ciudadanos murieron a manos del crimen y la irresponsabilidad de quienes no han sabido -o tal vez no han querido- hacerle la guerra al hampa. Ellos desentierran leyendas, mientras nosotros enterramos a nuestra gente.

Diría Miranda, que doscientos años después, seguimos siendo un bochinche.