diciembre 26, 2010

Urgencia parlamentaria


Si fuésemos ciudadanos de otro país, quizás lo primero que se nos vendría a la mente al escuchar la frase “urgencia parlamentaria”, sería la convocatoria de un cuerpo legislativo para tocar temas relacionados con guerras, conflictos internos, terrorismo, criminalidad, o incluso con alguna catástrofe de orden natural o social.


¿En qué consiste la “urgencia parlamentaria” que hemos estado padeciendo en este último mes los venezolanos? No es la Ley de desarme lo que se aprobó bajo esta figura; esa se engavetó. No es una ley de materia penitenciaria; esa ni siquiera ha tomado protagonismo. Tampoco se trata de alguna ley relacionada con el impacto de las intensas lluvias que sufrimos recientemente; esa tarea se la dejaron al Presidente mediante una Ley Habilitante de 18 meses.

Esta “urgencia parlamentaria” ha abarcado hasta ahora tres grandes temas: conocimiento, información y opinión. Es curioso, en el pasado estos temas resultaban sensibles de regulación en regímenes totalitaristas, como el de Franco en España, Pinochet en Chile o Videla en Argentina, incluso para el de Pérez Jiménez en Venezuela, y ¿qué tienen en común estos gobiernos con el nuestro? Si somos rigurosos, tal vez sólo podamos atinar en un punto: son gobiernos militares.

Casi siempre de madrugada o muy tarde en la noche, los asambleístas de los partidos que apoyan al Gobierno sancionaron, en este último mes del año 2010, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos; la reforma a la Ley de Telecomunicaciones; la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones; la reforma a la Ley de Educación Superior y la modificación del Reglamento Interno de Debates de la propia AN; además de la Ley de Bancos, la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley de Instituciones del Sector Bancario y tal vez alguna otra que se nos pase.

Corresponde ahora a la sociedad civil en general, leer las distintas leyes con atención –cuando sus versiones definitivas estén disponibles- y evaluar sus implicaciones, especialmente en lo que concierne a la autonomía universitaria, a la posible censura (o autocensura) que provoquen en Internet y sobre todo en lo referente al tema de la criminilización de la opinión, por medio de sanciones concretas a funcionarios y a ciudadanos en general, por expresar sus ideas en cualquier ámbito. Creemos que si la sociedad no reacciona –nos referimos al ámbito de la opinión pública y la movilización pacífica- ante un cerco a la autonomía, entonces es que no tiene signos vitales. Y con una “sociedad vegetativa” pocas esperanzas se pueden albergar...


¿Por qué la prisa en legislar sobre materias, en algunos casos, tan sensibles? ¿Por qué no esperar la instauración de la nueva AN que aún cuenta con mayoría pro-gobierno? ¿Por qué imponer el criterio discrecional de una sola rama de pensamiento para los contenidos de esas leyes?


Pudiéramos estar de acuerdo con parte, e incluso con la totalidad, de los contenidos de las leyes aprobadas recientemente, pero lo cierto es que no hubo en ningún momento una consulta amplia como la que siempre se ha pretendido promover desde la bancada del PSUV en la AN. Cabría mencionar que aún hoy desconocemos los textos que fueron aprobados, pues la página de la AN lleva días caída y apenas hemos podido leer los textos de las proyectos de ley que se fueron filtrando en la prensa ¿Amplia consulta? ¿Transparencia informativa? ¿Democracia participativa y protagónica?

La actual Asamblea fue electa con una abstención superior al 70% de los electores inscritos en el CNE, y está a escasos días de culminar su período parlamentario. Aún así, ha aprobado a la velocidad de la luz todas las leyes mencionadas anteriormente y, además, ha recortado el ámbito de acción de la próxima AN a través de la Ley Habilitante otorgada -también en tiempo récord- al Presidente de la República.

Consideramos que esa no es precisamente una vía para bajar los niveles de confrontación política, y una muestra de ello es el resurgimiento de la tesis del 350 y de los promotores de los atajos políticos que buscan “salir de Chávez” sin profundizar mucho en el cómo. Por lamentable que sea, estas reacciones parecen ser una reacción natural al empeño de ejercer la dictadura de las mayorías en un momento en el cual, dicho sea de paso, esa mayoría se encuentra en entredicho.


El año 2011, año previo al importantísimo evento electoral para el nuevo período presidencial, se vislumbra como un año donde probablemente alcancemos los niveles de polarización que tuvimos en el año 2002, y todos sabemos cómo terminaron las cosas entonces. La aplicabilidad de las leyes aprobadas por la AN en este mes de diciembre también está en duda, pero las leyes están allí, algunas de las cuales ciertamente son bastante punitivas con respecto a los delitos de opinión y de expresión. Con mucha vergüenza y desesperanza, debemos afirmar que hoy somos un país menos democrático que ayer. Ante este panorama, no nos queda más que sugerir que usemos estas fechas festivas no para la congoja y la pura aflicción, sino para la reflexión y la resistencia. En el fondo, esta lucha es una lucha por el respeto a todo nivel.

noviembre 04, 2010

El qué y el cómo (sobre las expropiaciones inmobiliarias)

El amigo Rui Santos escribió en su Blog su visión particular sobre el tema de la expropiaciones inmobiliarias recientemente realizadas por el Estado venezolano. La visión de Rui, además de legitimarse en el hecho de que es una de las víctimas de la medida, nos pareció particularmente lúcida. Por eso reproducimos el texto en nuestro Blog. Lean y emitan sus propias opiniones. Recuerda que tú también puedes enviar tus textos por mail.
El domingo 31 de octubre se anunció la expropiación de (entre otras cosas) varios proyectos inmobiliarios en todo el país. La excusa es que las construcciones presentaban retraso, había sobreprecio en algunos casos y abusos relacionados con el cobro irregular de IPC/INPC. En fin, había trácalas, estafas y engaños. En muchos casos eso es cierto, y en esos casos, evidentemente, hay que actuar.

Y el problema, obviamente, no viene de que el Estado actúe protegiendo a la población, que para eso está. El problema viene de cómo lo hace. Y es que parece que a veces no se mide el alcance y las consecuencias de las medidas que se toman.

Sucede que sí, es cierto que hay casos donde se han cometido errores y abusos, y que deben ser corregidos, pero también es verdad que en muchos casos hay retrasos que obedecen a fallas en el suministro de cemento o acero (ambos rubros controlados desde hace algún tiempo por empresas del Estado), y en otros muchos casos, apartamentos ya listos no han podido ser entregados por no haber obtenido el permiso de habitabilidad, normalmente por atrasos en la instalación de luz eléctrica o suministro de agua (nuevamente, rubros controlados por empresas del Estado). Entonces, digamos que como mínimo yo le exigiría al Estado que demuestre el nivel de eficiencia que le exige a las constructoras. Vamos, que con el control de los medios de producción relacionados a esos sectores de la economía, no debería ser tan difícil, ¿cierto?

Por otro lado, anunciar medidas así, de golpe, y sin dar detalles, no es la manera más inteligente de ganarse a la clase media. Es decir, a veces lo que le preocupa a uno no es el qué sino el cómo. Y en este caso, el cómo no está claro para nadie. El término ocupación temporal suena tan parecido a invasión que más de uno durmió ayer con taquicardia. Y cuando se habla de expropiar un conjunto residencial, pues a nadie le queda muy claro qué cosa le expropian a quién.

Me explico: si expropian un edificio, y yo soy propietario ya, con hipoteca firmada con el banco, llaves en mis manos y en proceso de remodelación del apartamento o mudanza, ¿también expropian mi apartamento? ¿o expropian sólo los apartamentos que son propiedad de la constructora promotora?, ¿y las áreas comunes de quién son?

Por otra parte, si aún no soy propietario pero ya pagué lo acordado con la constructora/promotora, ¿me harán un nuevo contrato, esta vez con el Estado? Porque al parecer no están expropiando la empresa con la que tengo el contrato, sino la construcción como tal. Jurídicamente hablando tengo un contrato con una empresa, sobre un inmueble que ya no es suyo. Las dudas son peores si soy un comprador que no ha terminado de pagar lo convenido con la empresa. Es decir, ¿a quién le pago a partir de ahora?

Todo lo anterior se reduce a un hecho bien simple: todos los compradores tienen algún tipo de relación contractual con una empresa, en base a un proyecto que esa empresa ofreció en preventa. El problema es que el proyecto que es objeto del contrato en cuestión ya no pertenece a la empresa, mientras que el contrato sigue siendo entre las mismas partes. Y saldrá alguno a decir “el gobierno hace esto para favorecer a los compradores, y harán las cosas bien”. Pues no. De haber hecho “las cosas bien”, las habrían planificado como debe ser, y habrían emitido el fulano anuncio de expropiación, con todos los puntos sobre las íes.

Por otro lado, en relación con las denuncias y las sanciones, sólo hay dos cosas sobre las que me gustaría reflexionar:

Primero, si se quiere ser verdaderamente democrático y favorecer a las mayorías, la próxima vez que haya un volumen de denuncias, que no representa ni el 10% del total de posibles afectados, no estaría de más hacer su trabajo e investigar el asunto, antes de tomar medidas de tan alto impacto, en televisión y al estilo rockstar prepotente.

Segundo, en un país donde las cosas funcionan de verdad,  los conflictos no se resuelven a punta de expropiaciones. Que si tienes una Defensoría del pueblo, un Indepabis y unos tribunales competentes, cualquier ciudadano que se sienta perjudicado en algo debería poder resolverlo usando esos organismos. Y si no, jubilen a ese gentío, y que el tío Hugo siga resolviendo todo, que ya está bueno de botar los reales pagándole a ineptos.

octubre 07, 2010

Post-Electoral IV: La relatividad de un resultado

Llevamos ya tres “Post-electorales” analizando los resultados de los comicios en torno a la relatividad de los triunfos y las derrotas. Éste, más que nunca, se centrará en lo mismo. Hemos tardado un poco en escribir sobre los resultados de las recientes elecciones parlamentarias, en tanto que hemos querido dejar que los partidos y analistas políticos "serios" nos ayuden a entender un poco lo que sucedió.

Esa madrugada del 27 de septiembre, el balcón volvió a dejar al pueblo esperando, el “carómetro”, que se ha vuelto la herramienta principal de análisis político-electoral en nuestro país, indicaba lo contrario a lo que sus oradores de orden declamaban: Ganar con cara de perder, perder con cara de ganar.

“¿En qué país 65 es más que 98?”, dijo Aristóbulo Istúriz, ahora diputado electo por el circuito 1 del Distrito Capital. Sólo se trasmitió el discurso de Istúriz desde el Alba Caracas y corten, vamos a Máster. No hubo el ya acostumbrado discurso rimbombante y triunfalista del líder de la revolución en Miraflores.

Por el lado opositor, en cambio, se veían rostros de satisfacción y triunfo, y discursos que iban por la misma vía: “Perdió el comunismo”, “perdió el centralismo”, “perdió el totalitarismo”, y así iban enumerándose todos los ismos que perdieron según la subjetividad del que estuviera en el micrófono.

Resultados que son y que pudieron ser

La Oposición obtuvo entonces un 53% de votos a nivel nacional (sumando los del PPT) pero sólo 65 curules, una cifra muy por encima de los esperados 50 diputados, y aún más por encima de los 45 que el PSUV pensó que obtendría la MUD. El PSUV entonces vio cómo sus proyecciones de 120 diputados no fueron alcanzadas y tuvieron que conformarse con la mayoría simple, que en algunos casos los pondrá en ventaja, en otras los obligará a negociar, y en no menos casos los obligará a irse por las ramas.

El asunto es que, con métodos favorables al gobierno o no, la AN recuperó su pluralismo, y en aquellas circunscripciones donde la oposición era mayoría, se lograron más o menos equiparar las fuerzas de las circunscripciones que favorecieron al PSUV. La aberración del sistema de elección le dio beneficios y afectó a ambas partes. Aunque habría que hacer notar que, habiendo aplicado el método D’Hont para los cargos nominales, la oposición habría obtenido al menos unos 75 diputados, según un cálculo que nos hizo llegar un lector, lo que aún no significaba la mayoría a pesar de la suma nacional tan reiterada.

Las reacciones que son y las que pudieron ser

Los resultados invitaban a ambos polos a reflexionar sobre su actuación, no sólo sobre la campaña, sino acerca del karma que cada uno viene arrastrando desde que comenzó la Era Chávez en Venezuela. Las preguntas eran sencillas: ¿en qué fallamos?, ¿en qué acertamos? ¿qué podemos hacer para cambiar las fallas?, ¿qué podemos hacer para afianzar los aciertos? Era sencillo, pero de nuevo los partidos obviaron el acto reflexivo y se concentraron en celebrar -algunos con menos ánimos que otros- el triunfo relativo que cada polo aseguró haber obtenido.

Al PSUV y a Chávez (máximo líder, imagen de campaña y principal manejador del carro rojo rojito), se les presentaban dos opciones: radicalizar ciegamente su posición, o reflexionar sobre el camino del proceso. Tal parece que escogieron la primera opción, con todo y el costo político que esa actitud le ha traído al partido de gobierno desde su primera derrota electoral el 2D. Incluso, se han visto amenazas de aprobar leyes y nombramientos que corresponderían al nuevo Parlamento por parte del actual, poniendo en evidencia la desesperación propia de quien es despedido o desalojado.

La oposición todavía tiene ante sí un par de retos: el de retomar el protagonismo desde el Parlamento, y el de trabajar arduamente por lograr la mayoría que sus contrarios han jurado que no volverán a tener. Por otra parte, rlarse del “fracaso” (también relativo) del PPT no es la mejor forma de comenzar a construir esa nueva mayoría, pues la emoción del “triunfo” a veces nos lleva a cometer torpezas. Esperemos que esas torpezas no persistan cuando se asuma el trabajo parlamentario.
Por su parte el PPT, con sus tres diputados electos, tiene el reto más grande de todos: el de mantener el discurso que los llevó allí en el que reivindican el derecho a disentir y a no formar parte de la estructura manipuladora de la polarización. Ciertamente, los resultados de Lara son un duro golpe en sus proyecciones, pero también es cierto que Amazonas no estaba en sus puntos a favor. Deberá el PPT mostrar con hechos, y ya no con eslogans de campaña, que merecen un puesto en el lado contrario al gobierno, y que merecen el apoyo de los mal llamados “ninis”.

Sobre los resultados individuales obtenidos por los partidos, se ve con claridad que AD, UNT y PJ siguen siendo los partidos más representativos de la oposición, pero no quisiéramos ahondar demasiado en este punto, porque nos parece un poco absurdo hablar de números partidistas en unas elecciones cuyas candidaturas estaban “entubadas” en los acuerdos pre-electorales y las primarias celebradas por la MUD.

Estamos seguros de que lo más sencillo para el bien del país, sería que el Gobierno Nacional rectificara su camino en la vía de la inclusión de las minorías y la reducción del lenguaje de confrontación. No queremos que nadie tumbe al Presidente. Lo que queremos -y estamos seguros de que es el clamor de mucha gente- que cada quién (oposición, gobierno y sectores independientes) asuma su papel.

Lamentablemente, hasta ahora ninguno de estos sectores da señales claras de tomar el rumbo que debería ser... De lo que sí estamos seguros en ProMedio, es de que la dinámica parlamentaria será muy entretenida a partir de enero del 2011. Estamos buscando alguien que nos ofrezca una chamba cubriendo el Parlamento, ¿saben de algo? ¡Avísennos!

septiembre 22, 2010

Agenda Parlamentaria 2011-2015 de la MUD: Ni tan sorda, ni tan MUDa

Y resulta que sí, que la MUD sí tenía propuestas. No solo la que analizamos hace poco -que es un boceto de proyecto de gobierno-, sino que hasta Agenda Parlamentaria te tienen. Calladito se lo tenían. Quizás demasiado, pensamos por acá. Pero el asunto es que existe y, con suerte, debe haberle llegado a su hogar este fin de semana encartado en la prensa, y si no, puede usted ingresar en la página Web de la Unidad y descargarla.

Nosotros lo hicimos, y lo que encontramos a primera vista nos agradó. Consideramos que es perfectible pero no le sobra nada. Empieza con una especie de declaración de principios que deja buen sabor, porque reivindica el carácter ciudadano de la democracia, sobre la cual se dice lo siguiente: “... debe ser una forma de organización de la sociedad que permite autotransformarse y propiciar ciudadanos libres, autónomos y responsables”.

Tolerancia, diversidad, pluralismo y ciudadanía son palabras recurrentes en los primeros párrafos de la Agenda. Sin embargo, hay algo de triunfalismo también en estos primeros párrafos. Tal vez por la necesidad de crear una alarma en los votantes, la MUD condiciona su Agenda a ganar la mayoría parlamentaria: “El triunfo de los sectores democráticos en dichas elecciones parlamentarias tendrá un significado trascendente...”, dicen.

La MUD reclama una Asamblea Nacional al servicio de la sociedad, y aunque obvian el mea culpa por el abandono que protagonizaron en 2005 y que permitió la configuración de la AN que hemos soportado hasta hoy, no dudan en esgrimir, casi en tono amenazante, lo que son sus tópicos más importantes una vez estén en el Parlamento: revisión de leyes aprobadas por la actual AN, rescate de la descentralización y amnistía para los presos políticos. Prioridades que vemos un poco egoístas, porque llegan a solapar otras quejas de la sociedad como la inseguridad y la inflación que, aunque son nombradas en el documento, llegan a lucir como aspectos “segundones” dado el énfasis puesto en los tres puntos nombrados anteriormente.

Para “cambiar la cultura política del país”, la MUD propone cinco puntos fundamentales. A saber:

  1. Hacer de la AN un foro democrático para el debate, el diálogo y el consenso. En este punto, tímidamente hacen referencia indirecta a lo que hoy conocemos como Parlamentarismo de calle.
  2. Hacer de la AN un ente fiscalizador y contralor de la Administración Pública. Dónde por momentos pareciera que propusieran tomar atribuciones de la Fiscalía y de la Contraloría, aunque hacen referencia a la “complementariedad de los poderes públicos”.
  3. Hacer de la AN una institución auspiciadora y defensora de los derechos sociales. Acá se hace referencia, tal vez con un tono ligeramente demagógico, a la acción parlamentaria orientada a “mejorar” la calidad de vida, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social y personal y otras promesas electorales a las que ya estamos acostumbrados. Se habla de “reducir el clima de violencia”, y vemos esto como positivo en tanto tiene como punto de partida un diagnóstico: vivimos en un entorno lleno de violencia.
  4. Hacer de la AN un centro para el impulso y la defensa de los derechos políticos. En este apartado se propone, de nuevo, una ley de amnistía general para los presos políticos. También se habla de la garantía de las libertades de expresión e información y se asoma una posible ampliación de los derechos políticos de la gente, haciendo un guiño medio tímido al tema del Poder Popular. Además, se menciona la repotenciación del Poder Ciudadano.
  5. Hacer de la AN un órgano que apuntale la transformación del Estado. En este punto, la MUD incluye los temas de la descentralización y el manejo de los dineros públicos, mencionando no sólo el aspecto internacional, sino también la corrupción interna. Aquí es donde se hace oficial que la oposición adopta, sin guabineos, la Constitución Bolivariana como norte para crear un Estado incluyente. Importante es también la mención que el texto hace sobre el excesivo militarismo en el que estamos inmersos hoy en día, planteando devolver a la Fuerza Armada su carácter apartidista (que no apolítico). En ProMedio pensamos que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el presente, y juzgamos sano que en el futuro exista una frontera más clara entre lo militar y lo civil.


Una vez planteados los cinco puntos anteriores, el documento se dispone a enumerar una serie de leyes que se propondrían de parte del bloque político que surja de los escaños logrados por la MUD. No vamos a nombrar todas las propuestas (son 22, entre nuevas leyes y reformas de leyes ya existentes), sino que daremos nuestra impresión general y nos detendremos en aquellas que más nos llaman la atención.


Insistimos en que al leer el documento, incluyendo la enumeración de propuestas de ley, se nota una excesiva importancia al tema de los presos políticos. No es que creamos que no sea un tema importante, pero ciertamente sabemos, y los estudios de opinión así lo han dicho, que ese no es el tema principal que aqueja a la ciudadanía; de hecho, la ley que se refiere a la inseguridad, es relegada a puestos muy por debajo de las 10 primeras propuestas. Pareciera, pues, que los temas que más interesa a la MUD para plantear en la nueva AN son: presos políticos, descentralización, persecución política, manejo de dineros públicos, propiedad privada y reforma de leyes polémicas como la Ley RESORTE o la LOE.

Todavía notamos muy tímidos a los sectores opositores en algunos de los temas que el chavismo ha puesto sobre el tapete con elevada importancia: Poder Popular, Comunas, Consejos Comunales y todo aquello que signifique participación protagónica del pueblo y de los ciudadanos de a pie en los asuntos políticos. Se menciona apenas una “revisión” de la Ley de Consejos Comunales para garantizar su autonomía (esto está muy bien). Pensamos que debió haber más énfasis en estos temas.

Por otra parte, hay propuestas concretas en torno a temas que tradicionalmente han sido bandera de lucha de movimientos progresistas: igualdad de género, protección obrera y sindical, empleo, seguridad social, sin embargo vemos un vacío en propuestas más atrevidas. No leemos nada sobre derechos de la comunidad GLBTI, o sobre temas como el aborto y la legalización de drogas suaves. En ese sentido, son bastante tradicionales las propuestas de nuestros candidatos de oposición. Pensamos que ese terreno, que ha sido abandonado por el discurso pretendidamente “progresista” de los sectores pro-Gobierno, es un terreno que bien se pudiera tomar como propio para configurar una oposición no tan acartonada como a la que estamos acostumbrados.

Hay tres propuestas que nos agradan. La número 4 habla de un “Código Nacional de Convivencia”, que hace referencia indirecta al tema de los jueces de paz (que vienen siendo una especie de versión opositora del asunto comunal), que darían forma a un régimen de sanciones de delitos menores ejecutadas “barrio adentro” y no con carácter penal sino social (el trabajo comunitario como sanción). La segunda es la propuesta de un proyecto de ley de “Protección al ciudadano de exceso de requisitos y trámites administrativos” (¡CADIVI, Dios!) y finalmente el ofrecimiento de revisar la actual Ley de Conscripción y Alistamiento Militar, tema que pasó muy por debajo de la mesa (no de la Mesa) y que nos parece que reviste importancia, en tanto que la nueva ley incluye temas como la obligatoriedad de los patronos de solicitar la inscripción militar a los nuevos ingresos, so pena de multas elevadas y otras sanciones, o el derecho a las autoridades de pedir la tristemente célebre libreta militar a cualquier ciudadano, estableciendo también sanciones y multas al que no la tenga (¿Y el derecho al trabajo? ¿Y el derecho a la libre circulación? ¿Y el derecho a no inscribirnos en ningún listado militar porque simplemente no nos da la gana?)

En líneas generales, y asumiendo que la enumeración de las propuestas tiene la intención de priorizar las mismas en la Agenda Parlamentaria de Oposición, nosotros hubiésemos puesto casi perfectamente al revés dichas prioridades, sin embargo allí están. Además, están disponibles, han sido distribuidas entre los ciudadanos (tal vez no de manera muy eficiente, pero se he hecho) y es una gran manera de responder a las matrices de opinión que dictan que la oposición carece de propuestas concretas, pues si bien eso pudo ser cierto en algún momento, la realidad actual parece distinta.

Cabe destacar que en ninguna parte del documento se habla de socialismo, capitalismo, derecha o izquierda. Mucho menos se habla de “frenar el comunismo”. Pareciera que el redactor de la Agenda Parlamentaria no es el mismo Redactor Creativo de las campañas de algunos candidatos opositores.

El documento cierra con un reconocimiento a los sectores independientes como fuerza de opinión y ejecución necesaria para lograr una sociedad incluyente. Queremos ver la materialización de ese reconocimiento en la actividad parlamentaria de los diputados opositores que logren alcanzar escaños en la nueva Asamblea Nacional, a definir el próximo domingo.

No lo olviden, nuestro lema “Infórmate y Vota” no es simple discurso. Hemos dedicado todo este mes a contribuir con el flujo de la información, dándoles temas de conversación que a veces los grandes medios olvidan (u obvian) mencionar. En cuanto el voto, la responsabilidad recae sobre ustedes, queridos (e)lectores.

septiembre 18, 2010

Normas de Campaña Electoral: La ley de la selva

Así como cuando los ruidos de campaña te despiertan en la madrugada. Así es una infracción a las normas de propaganda electoral. El 26 de septiembre los venezolanos estrenaremos en una elección la Ley Orgánica de Procesos Electorales (julio, 2009). Valdría la ocasión para hacerla letra viva durante lo que queda de campaña, así que repasemos algunas normas.


La propaganda electoral hecha con sistemas de sonido sólo está permitida los días viernes, sábados y domingos entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche y, por todos los dioses: “se prohíbe el volumen que altere la tranquilidad ciudadana”.


Tampoco se puede lastimar a los árboles con los “muy ecológicos” pendones de las campañas. De hecho, si usted observa un cartel de propaganda electoral en alguno de estos sitios, se está incumpliendo la norma:

  1. Edificios de entes públicos.
  2. Templos, clínicas, hospitales y unidades geriátricas.
  3. Monumentos públicos y árboles.
  4. Lugares públicos destinados a actividades infantiles.
  5. Centros de educación preescolar, básica y media.

Hay una norma tan básica que casi podría resumirse así: “no matarás y no obstaculizarás el libre tránsito de personas y vehículos en los sitios públicos”. Señores candidatos, la campaña electoral no es la excepción. Sumar minutos al tráfico de la ciudad debería restarles votos.

A ver… Sobre los bienes públicos: desde los vehículos institucionales hasta la computadora de trabajo de un empleado público, por ejemplo, pertenecen al Estado venezolano. Es decir, eso no es suyo, quítele la calcomanía del partido. ¿Han pasado recientemente por algún MinPoPo o una Gobernación?

Por otro lado, si alguien le empastela la fachada de su casa o edificio con propaganda electoral, sin su autorización, usted no sólo está en el derecho de retirarla, sino de denunciar al abusador.

La campaña de estas elecciones parlamentarias culmina el jueves 23 de septiembre a la medianoche. Eso implica dos cosas: que a partir de ese día no se puede hacer campaña y que comienzan a correr los 30 días de plazo que tienen los partidos para retirarla de las calles. Esto, por supuesto, no exime de la misma responsabilidad a las Alcaldías, encargadas de velar por el orden de las municipalidades.

Campaña en medios

Hicimos un cuadro. Cada partido político u organización postulante tiene derecho al siguiente espacio en los medios de comunicación por día. ¿Oyó, Señor Presidente?



Prensa
Radio
Televisión
(Nacional y por suscripción)
Estándar
Tabloide
½ pág
1 pág
4 minutos
3 minutos


Pero, en el caso de las alianzas (cuando distintos partidos apoyan exactamente a los mismos candidatos), “se entenderá como una sola agrupación”.

La campaña vía telefonía celular también está regulada: María Corina, reina, los candidatos no pueden enviar más de tres mensajes de texto semanales por operadora telefónica. Gracias.

La propaganda en los medios de comunicación debe estar identificada por el nombre de la organización que la promueve y su RIF. Sin estos datos, la pieza se considerará anónima y la propaganda anónima está prohibida.

Para comprar los espacios de publicidad, cada partido designó a un “Autorizado para contratar”. Cualquier publicidad pautada por personas distintas a las autorizadas tampoco está permitida. De hecho, si los medios publican o transmiten una pieza de propaganda que no esté identificada, ni provenga del “autorizado para contratar”, podría ser sancionado porque “los medios de comunicación no podrán efectuar por cuenta propia ningún tipo de difusión de propaganda” tendente a apoyar o desalentar las simpatías hacia una candidatura.

Además, aun cuando una pieza sea tan mala que incumpla con la mayoría de las normas, los medios no podrán negarse a transmitirla o publicarla. La norma dice que “en caso de duda o controversia, los interesados podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que determine si la propaganda electoral cumple con los requisitos establecidos en la Ley”.

He aquí el resto de pecados capitales de las piezas de campaña en medios de comunicación:



  • Atente contra el honor, vida privada, intimidad, propia imagen confidencialidad y reputación de las personas.
  • Promueva la guerra, discriminación o intolerancia.
  • Promueva la desobediencia a las leyes.
  • Desestimule el ejercicio del derecho al voto.
  • Contenga expresiones obscenas y denigrantes contra los órganos y entes del Poder Público, instituciones y funcionarias o funcionarios públicos.
  • Que utilicen la imagen, sonido o la presencia de niñas, niños o adolescentes.
  • Utilice los símbolos nacionales o regionales de la patria o de los próceres de la República Bolivariana de Venezuela, o los colores de la Bandera Nacional o Regional.
  • Utilice la imagen, nombres o apellidos de cualquier ciudadano, así como los colores y símbolos que identifiquen a un partido, sin su autorización.
  • Violente la normativa establecida en la legislación en materia de protección animal.
  • Sea financiada con fondos de origen ilícito.
  • Sea financiada con fondos públicos distintos a los previstos en la ley.
  • Sea financiada con fondos de origen extranjero.
  • Sea financiada con fondos privados no declarados al CNE y al SENIAT.
  • Atente contra la salud mental de las ciudadanas y ciudadanos.
  • Promueva estereotipos de discriminación de género de cualquier otro tipo.

De toda esta lista que prácticamente se explica sola, quisiéramos detenernos en dos aspectos: la normativa en materia de protección animal (¿WTF? ¿No les da mucha curiosidad?) y el financiamiento con fondos públicos “distintos a los previstos en la ley”. NPI, tampoco sabemos…

Encuestas y resultados

Continuando con la propaganda electoral en medios, sólo se pueden publicar resultados de encuestas hasta el sábado 18 de septiembre y eso incluye los programas grabados en el caso de los medios audiovisuales. Antes de ese día, todas las encuestas deben ser publicadas con su ficha técnica, no sólo porque lo diga la norma, sino porque aporta profundidad a la información. ¡Seamos serios!

Ningún medio de comunicación podrá emitir resultados electorales antes del primer boletín del CNE. Ninguno, Telesur. No se puede. Esto incluye la información que emiten los medios a través sus portales de Internet y sus cuentas en las redes sociales. En caso de que ocurra, el CNE puede ordenar a Conatel “la interrupción inmediata de la señal”.

Así como la “participación de candidatos y dirigentes de los partidos en programas de opinión e informativos de radio o televisión o en los medios de comunicación social impresos, digitales u otros medios de información masiva, no se considera propaganda electoral”, la opinión de los particulares en las redes sociales tampoco estará normada. Faltaba más.

¿Denuncias? Asegúrese de tener pruebas.


En ProMedio creemos que una ciudadanía bien informada puede hacer grandes diferencias. El CNE, a través de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, tiene a los Fiscales Electorales en todo el país, y también varios sistemas de monitoreo de la campaña en medios; el CNE puede abrir averiguaciones administrativas de oficio e imponer multas elevadísimas a los infractores, pero, sabemos, no es suficiente.


El papel del Ciudadano Rector es clave en el adecentamiento de nuestras campañas electorales. Si usted observa alguna de estas irregularidades, hágase con una prueba: una foto, un video, un clip de audio, un panfleto o un recorte de prensa. Luego vaya a este link “Denuncias de Campaña” en la página del CNE, llene todos los datos y denuncie con la confianza del que sabe que tiene la razón. Luego publíquelo en su blog y en sus redes, para que el resto del mundo tenga la oportunidad de saberlo.

Una opción adicional sería decidir su voto a favor de la candidatura que respete a cabalidad las normas de campaña, pero en ProMedio nunca nos ha gustado llamar a la abstención.

Nota: el caso de los funcionarios públicos en campaña amerita todo un texto a parte, por la importancia y gravedad del tema. Haremos un esfuerzo por entregárselos pronto.

Fuentes:

septiembre 16, 2010

La MUD propone…



El programa de gobierno, que a continuación presento a la ignorancia pública, tiene entre otras virtudes fundamentales, la de que no podrá ser ejecutado en Venezuela durante los próximos setenta y cinco años, lo cual es una verdadera garantía de su efectividad, puesto que es perfectamente conocido que toda cosa que se ejecuta o se pone en práctica en Venezuela termina por ser un desastre.
(José Ignacio Cabrujas, “Mi programa de gobierno”)



La cita del epígrafe viene a cuento sencillamente porque siempre es necesaria una cita de Cabrujas, sobre todo cuando de propuestas políticas se trata, puesto que todas, por más buenas que sean, parecen guardar cierta relación secreta con el humor.

Las presentadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no son la excepción. No obstante, más allá del “criticonismo” estéril, lo que queremos en ProMedio es presentarle al lector un breve comentario sobre algunas de ellas.

Llama la atención que una de las críticas más recurrentes a la MUD en particular, y a la oposición política venezolana en general, sea su presunta “falta de propuestas”, cuando hay a disposición un documento como el que hemos leído no sin detenimiento, lo cual habla más de “falta de difusión” y que de ideas, muchas de ellas valiosas.

En una oportunidad anterior, para hacer un breve análisis sobre la noción de separación de poderes que maneja el Gobierno, nos fundamentamos en las bases programáticas oficiales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). De igual forma, esta vez decidimos revisar las Propuestas Programáticas de la MUD, denominadas “un centenar de soluciones para la gente”, y que se esbozan a partir de cinco ejes fundamentales:


A) Reconciliar al país y fortalecer la institucionalidad democrática
B) Vigorizar y remozar el Poder Público
C) Construir una sociedad productiva y de progreso
D) Mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos
E) Proyectar y promover confianza, respeto y prosperidad en el mundo 


Advertencia: 
Dada la inviabilidad de comentarlo todo, nos concentramos en algunas de las propuestas que juzgamos más relevantes. Aunque es fruto de una esmerada selección, lo que sigue no es sino un comentario sucinto de algunas de las premisas más representativas de cada uno de los cinco objetivos generales. Adicionalmente, esperamos la contribución de todos para generar el debate.


… 

A) Reconciliar al país y fortalecer la institucionalidad democrática 
La primera propuesta de la MUD consiste en: “1. Reivindicar la Constitución de 1999, como base para la acción política y punto de encuentro entre quienes pertenecen a distintas plataformas partidistas o ideológicas”. Recogemos este enunciado porque consideramos que hay que destacar que este documento programático tiene como punto de partida y punta de lanza al texto constitucional; como si la consigna principal de la Mesa fuera la propia defensa de la Constitución, ese proyecto de país que reúne a los ciudadanos venezolanos en un solo clamor.

En el mismo marco de reconciliación, la MUD se propone promover la pluralidad en el ámbito comunicacional: “Garantizar que todos los medios de comunicación en manos del Estado respondan a los intereses de todos los ciudadanos, sin ninguna discriminación, y no a los del gobierno o de cualquier parcialidad política” (8) y “Restituir, con sujeción a la ley, las concesiones de radio y televisión eliminadas contraviniendo derechos humanos” (9). De esta forma, no deja de ser interesante que la reconciliación nacional pase –desde la óptica de la MUD- por la libertad de prensa y la libertad de expresión. Sin embargo, esta proposición debe alimentarse de un enérgico debate sobre el ejercicio del buen periodismo y el deber ser de los medios de comunicación en una sociedad democrática. La revisión y actualización del Proyecto RATELVE podría ser un inicio prometedor para esta nueva visión.

Otro de los puntos neurálgicos de esta primera parte lo constituye el planteamiento número 5: “Promover una amnistía para liberar a todos los que permanecen detenidos por razones políticas; permitir el regreso de los exiliados y declarar el cese de la persecución política”. Que existan “presos políticos” en una sociedad que se precie de llamarse “democrática” es, cuando menos, una inmoralidad. Sin embargo, se debe tener cuidado con el concepto mismo de “preso político”, pues es un arma que corta para los dos lados, un concepto tan ideológico y susceptible como el de “terrorismo”. Por ejemplo, ¿alguien que esté tras rejas por haber participado en un Golpe de Estado, es un preso político o un delincuente justamente convicto? ¿Cuáles son los límites legales para expresar disidencia? Estas discusiones deberán pasar por la depuración y despolitización de los tribunales, y por el establecimiento de reglas de juego claras para la vida pública.

B) Vigorizar y remozar el Poder Público 
Para darle un nuevo espíritu a la política nacional, las 16 organizaciones que aglutina la MUD se comprometen a promover “la independencia y autonomía de las ramas del Poder Público en sus diferentes ámbitos Nacional, Estadal y Municipal” (11). Trabajar por la autonomía de los poderes públicos es, sin duda, uno de los más grandes y nobles retos por cumplir en medio del contexto actual (Ver “Separación de poderes” I y II). En la misma línea se inscribe la propuesta número 19: “Dotar a la Alcaldía Metropolitana de Caracas de competencias y recursos suficientes, que le permitan cumplir el papel que le asigna el artículo 18 de la Constitución. Además, debe preverse el carácter electivo del Jefe o Jefa del Gobierno del Distrito Capital”. Más allá de las simpatías y antipatías hacia el que ostente la Alcaldía Metropolitana, consideramos que devolverle competencias a una institución, cuyo dirigente es elegido por el pueblo, es un acto de justicia. No se pueden supeditar los esquemas legales a la coyuntura del momento o al funcionario de turno. La estabilidad de las instituciones es indispensable para el desarrollo de cualquier país.


Llama la atención, no obstante, que en el parágrafo 21 se proponga una reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales “para garantizar la representación proporcional de todos los grupos políticos en las instancias de representación popular”. De este modo, quienes suscriben parecen compartir la misma distorsión con la que fue alterada originalmente la configuración de los circuitos. Creemos que esa ordenación no puede tener fines concretamente electorales. La pregunta es: ¿se entiende por “grupos políticos” a grupos de seres humanos que cambian de opinión, o a masa de electores que viven para votar y sólo saben hacerlo de una forma? Es decir, la intención última nos parece válida, pero ¿no sería mejor solicitar restituir la configuración original de los circuitos y ya?                  

C) Construir una sociedad productiva y de progreso 
Este objetivo está orientado hacia los asuntos nacionales en materia económica, financiera, monetaria y fiscal. Podría decirse que la base de este punto estriba en la inclusión del sector privado en el aparato productivo. Así se evidencia en la propuesta número 30: “Conformar una gran alianza de los sectores público y privado que facilite la creación de millones de empleos de calidad en las próximas décadas, a través de la consolidación y ampliación de las empresas radicadas en Venezuela y el aumento de las inversiones socialmente productivas”. Como está registrado en el artículo 299 de la Constitución, el desarrollo de la economía venezolana no es responsabilidad exclusiva del Estado, sino también de la “iniciativa privada”.

La MUD parte de la necesidad de la generación de fuentes de trabajo de calidad para incrementar los niveles de producción. Por ello, también propone la reiterada diversificación de nuestro aparato productivo y “Eliminar la excesiva dependencia de nuestra economía de los recursos derivados de la producción petrolera” (32). Utopía o no, es una de las premisas contempladas en el documento. Venga de donde venga, sería deseable que se lograra cumplir esta propuesta: romper con la tendencia histórica de utilizar los recursos petroleros para apalancar la permanencia del gobernante de turno, a través de redes clientelares y gastos efectistas, en vez aprovecharlos para generar crecimiento y desarrollo en el mediano y largo plazo.

D) Mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos 
Este es, probablemente, el eje vital de las propuestas programáticas de la MUD. Dentro de él, las organizaciones de la Unidad prevén “Garantizar la continuidad y la más alta calidad de las políticas y programas sociales en el marco de un sistema de protección social moderno e integral” (48). Dicho en cristiano, no está contemplado, al menos programáticamente, intentar frenar el trabajo de las Misiones ni de otro tipo de programas sociales, uno de los argumentos más reiterados por el Presidente Hugo Chávez Frías al momento de desacreditar a los partidos de oposición.

Antes de tener calidad de vida, indudablemente es necesario preservar a la vida misma. Con un enfoque preventivo, la propuesta número 57 enuncia la estrategia para enfrentar el problema que más aqueja a la ciudadanía venezolana: “Desarrollar un plan de seguridad ciudadana que esté compuesto por elementos de: pedagogía de la no violencia, organización social, control de factores de riesgos y fortalecimiento de organismos policiales, así como la integración de la acción de municipios, estados y el gobierno nacional”.

De igual modo, aparece la idea de “Aprobar una Ley de Desarme y Control de Armas por parte del Estado, que incluya la regulación estricta del porte de armas y la rendición de cuentas del presupuesto ejecutado por el Estado en su compra” (58). De esta forma, lo que más se destaca es el enfoque integral en materia de seguridad, que contempla desde la prevención a través de la educación (uno de los enfoques clásicos de la izquierda a nivel mundial) hasta una mejor coordinación de las acciones por parte de todos los organismos nacionales, regionales y municipales, articulación que en este momento no se está dando plenamente, sobre todo con la creación de la Policía Nacional y la progresiva pérdida de recursos y relevancia de las policías municipales, que son las que están en mejor capacidad de abordar las acciones en el plano comunitario o “comunal”.

Sobre la educación, la propuesta 65 está orientada hacia las mejoras del personal docente: “Mejorar y ampliar los incentivos para hacer atractiva la profesión Docente. Para ello se deberán introducir mejoras sustantivas en las condiciones de trabajo, en remuneraciones y beneficios sociales de los maestros y profesores, así como en los sistemas de seguimiento de las funciones docentes en todos los niveles educativos. Se trata de promover en los docentes una perspectiva de especificidad y especialidad”. Aunque no entendemos del todo a qué se refieren con “perspectivas de especificidad y especialidad”, sí nos queda claro que, como con la profesión del policía, la MUD se compromete a velar por las mejoras del recurso humano para procurar la resolución de los problemas macro.

Por otra parte, es evidente que la MUD no exhibe una orientación demasiado clara en materia de vivienda. Si bien propone la elaboración de un Plan Nacional de Urbanización Básica (81) encaminado a la recuperación de espacios públicos, la número 79 se empeña en “Diseñar e implementar una política de satisfacción de las necesidades de alojamiento de la población, destinada a facilitar el acceso al crédito hipotecario y a mejorar integralmente las condiciones de las viviendas. Dicha política se centrará en la capacidad nacional y en la autoconstrucción”. En vez de pormenorizar la manera en que se podría ejecutar la construcción de viviendas, esta propuesta se desconecta del clamor popular y se extravía en una meditación sobre créditos y mejoras de viviendas que no existen todavía. En cuanto a la última oración, nos preguntamos ¿qué es la “autoconstrucción” sino la única alternativa que los pobres han tenido para tener una casa?

Sin embargo, el elemento de “capacidad nacional” sí parece una mejora importante en el enfoque habitacional, pues se han dado una serie de proyectos de vivienda con países como China, Brasil e Irán, que si bien han avanzando relativamente bien, no permiten el efecto multiplicador sobre la economía que tendría la utilización de constructoras nacionales, que tienen la capacidad, la tecnología y los recursos necesarios para emprender estos proyectos a menor costo: verbigracia, el nuevo viaducto Caracas– La Guaira, 100% criollo y construido en tiempo récord.

A pesar de los esfuerzos, no son pocas las propuestas de la MUD que tienen un tono demagógico ciertamente cuestionable. Por ejemplo, el planteamiento 51 no sólo parece quimérico, sino insensato: “Eliminar la pobreza extrema a través de la implementación de programas de apoyo familiar que estén condicionados a la asistencia escolar, a la cobertura de los sistemas de salud y de nutrición, y al reentrenamiento laboral”. Es cuestionable que se crea que es posible superar la exclusión y la pobreza a través de programas inspirados en el asistencialismo. Ahora, programas de asistencia escolar como los que existen en Brasil y México sí son dignos de estudiar, a pesar de que han tenido poca discusión en Venezuela, donde Gobierno y oposición se han centrado en discutir sobre las misiones sociales que se adelantan desde 2004, sin detenerse a evaluar seriamente qué experiencias han tenido otras naciones latinoamericanas.
En materia de salud, se propone “Aprobar un seguro público de salud de cobertura amplia y universal, financiado con recursos fiscales, que garantice a toda la población servicios adecuados y de buena calidad” (69). Igualmente, “Mejorar de manera sustantiva la atención en programas prioritarios: salud materno-infantil, alimentación de grupos vulnerables, atención de adultos mayores, control de enfermedades endémicas y crónicas” (72). En este aspecto, las propuestas suenan un poco generales, sin ideas concretas que destaquen cómo lograr esas mejoras, que parecen de necesidad obvia. Asimismo, la instauración de un “seguro público de salud” no está muy clara. ¿La mejora de la red asistencial pública no haría innecesaria la instauración de un seguro de salud gubernamental? ¿Uno de los problemas actuales del país no es precisamente el agudo decrecimiento de la calidad de la atención en las clínicas privadas, dada la difusión de los seguros privados por la ausencia de una red hospitalaria pública funcional y un sistema integrado de salud? 

En cuanto a “Diseñar y ejecutar un programa de fortalecimiento de los postgrados nacionales de la salud, y aprobar medidas que eviten la migración de profesionales recién graduados a otros países y promuevan el retorno de profesionales especializados” (74), ¿cómo es que puede evitarse que los médicos recién graduados migren y otros especialistas regresen, si no es mejorando sustancialmente sus condiciones? Puede promoverse que “otros especialistas” regresen al país través de incentivos, pero ¿cómo evita la emigración de los profesionales recién graduados? ¿Se va a aprobar una Ley que se los prohíba? ¿No es precisamente este tipo de medidas coercitivas las que algunos miembros de la MUD le critican al Gobierno Nacional del Presidente Hugo Chávez?

Asimismo, también se propone “Diseñar y ejecutar un amplio programa de inversión pública para la recuperación y ampliación de los servicios de salud (ambulatorios y hospitales), y de los espacios para educación, cultura y deportes” (84). Esta propuesta particular pretende abarcar tanto que acaba diciendo muy poco, a diferencia de la número 85: “Diseñar y ejecutar un amplio plan de vialidad y transporte para las próximas décadas que cuente con recursos de la inversión pública y se combine con opciones de participación de la iniciativa privada”.

En materia cultural las propuestas de la MUD destacan pero por su vaguedad: “Desarrollar una política que respete la libertad de creación, y promueva la protección y restauración del patrimonio, la ampliación de la infraestructura, la formación y capacitación de los artistas, administradores y gerentes, y la difusión amplia de los bienes culturales” (92). En este punto, creemos que el plan es un poco escueto y absolutamente perfectible. Pero convencidos de que sólo puede construirse a través del diálogo, consideramos que una de las razones de ser de esta discusión, es la de lograr que aquellos sectores que no se sienten bien representados en las propuestas hagan llegar sus voces.

E) Proyectar y promover confianza, respeto y prosperidad en el mundo 
El último eje de acción se focaliza en el posicionamiento de Venezuela en el plano internacional. Nos atreveríamos a afirmar que en este punto la propuesta crucial es “Evaluar los compromisos internacionales suscritos por la República a la luz de los valores que sustentan esta alianza y de políticas de genuina y democrática cooperación, seguridad e integración” (96). En este punto la palabra clave nos parece “evaluación”, a la que habría que darle el buen uso del término: veamos desde una posición equilibrada qué es lo que se está haciendo, qué es bueno y exitoso, qué necesita mejorarse y ejecutarse de otra manera y qué requiere una reformulación estratégica.

La MUD parece estar clara en que la manera de mejorar y optimizar nuestra política exterior no es dando un giro radical de 180º grados, sino trabajando sobre aquello que puede mejorar, y una de esas áreas es precisamente la firma de innumerables acuerdos internacionales por parte del Gobierno Nacional, convenios que en algunos casos parecen innecesarios, que probablemente se emprenden sin el debido proceso de licitación y que, además, en ocasiones parecen beneficiar más al vínculo político con otra nación que a las verdaderas necesidades o fortalezas del país (Venezuela no necesita contratar, por ejemplo, cooperación para fabricar bicicletas o construir viviendas, pues en el país hay muchos empresarios que en caso de presentarles la oportunidad podrían aprovecharla con resultados positivos para todos).

Finalmente, la número 95 parece una propuesta justa: “Diseñar y ejecutar una política internacional amplia y soberana, que promueva la convivencia amistosa con todos los países sobre la base de la confianza y beneficios mutuos, y proyecte los valores de nuestra democracia: garantía de todos los derechos humanos, cooperación, justicia, respeto a la autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de los conflictos”. Más claro, imposible.

Corolario: 
Pertinentes o no, factibles o no, adecuadas o no, las propuestas de la MUD sí existen, están sobre el papel y acá les hemos presentado algunas, con cierto arbitrio pero con criterio. En eso que llaman “sociedad democrática”, la tarea de los ciudadanos es la de exigir de parte de sus líderes propuestas para evaluarlas y, eventualmente, decidir. Esa es, entonces, nuestra sencilla invitación: evaluemos, discutamos y decidamos entre todos.

septiembre 09, 2010

Diputados y diputadas… ¿y con qué se come eso?

Probablemente hoy exista más conocimiento que hace cinco años sobre la función de un diputado de la Asamblea Nacional. En 2005, con un 75% de abstención y con la sombra del abandono de la competencia electoral por parte de los partidos de oposición, se eligió la Asamblea Nacional que hoy tenemos y que vamos a modificar este próximo 26 de septiembre. Muchas cosas que han pasado desde entonces nos han obligado a prestar mayor atención a una institución poco tomada en cuenta en el pasado por la mayoría de la población venezolana. Sin embargo, aún existe un gran desconocimiento sobre la verdadera función de un diputado, cosa que se refleja en las ofertas electorales de los candidatos y en las demandas de la gente cuando los reciben de campaña en sus comunidades.

Podemos aclarar, en primera instancia, qué no es un diputado. Un diputado no puede “resolver” problemas de la cotidianidad, como una calle en mal estado o un servicio público deficiente; esto porque el diputado no es parte del Poder Ejecutivo, donde sí figuran cargos gerenciales como el de los Alcaldes, Gobernadores y el del propio Presidente de la República. Un diputado no puede enjuiciar a un corrupto o dictar sentencia sobre algún caso judicial, porque no es parte de la Fiscalía ni de la Contraloría. Un diputado no puede defender a una persona del abuso de terceros, públicos o privados, porque no forma parte de instituciones que sí lo deben hacer como la Defensoría del Pueblo.

Un diputado, en cambio, puede interpelar a funcionarios y personas en torno a hechos de interés nacional, y emitir informes sobre estas interpelaciones que ayuden a los integrantes de los poderes que sí se encargan de estos asuntos, a dictar sentencias y llevar juicios. Un diputado sí puede impulsar leyes que regulen la actuación de los órganos de la República y el cumplimiento de funciones que garanticen que la calle no esté rota y que el servicio público funcione.

En términos generales, un diputado es el integrante del Poder Legislativo –encarnado en nuestro caso por la Asamblea Nacional- y es elegido por votación libre, directa y secreta por los electores de cada región del país, de quienes es su representante.

En tal sentido, un diputado debe representar los intereses de las regiones, que deben ser tan diversos como se necesiten en tanto que la Asamblea Nacional es la que promulga leyes que regirán todos los aspectos de la vida nacional, incluyendo la elección de los integrantes de los otros poderes (Judicial, Electoral y Moral) y la supervisión de los actos que realice el Ejecutivo. En pro de esa diversidad de intereses, los diputados no necesariamente deben ser miembros de partidos políticos, sino que también podrían incluir activistas de toda índole (sindicalistas, artistas, periodistas, científicos), siempre y cuando prive el criterio y la organización que exige la tarea de hacer leyes. En suma, la ocupación de un diputado debería ser una amalgama entre los "conocimientos parlamentarios" y la conexión con la gente y sus necesidades.

Nuestra actual Asamblea Nacional está conformada por 167 diputados y diputadas, de los cuales 110 se eligen uninominalmente (en las distintas circunscripciones), 52 se eligen por listas estadales y los tres restantes son representantes de las etnias indígenas. La Ley Orgánica de Procesos Electorales, aprobada por la actual gestión de la Asamblea Nacional, en su artículo 8 desvincula la incidencia de los cargos nominales en la adjudicación de cargos lista, con lo cual quien logre la mayoría, por pequeña que sea, obtendrá un número de escaños mayor en proporción al número de votos obtenidos.

AN por Estados (haz clic)
En caso de dudas, nunca está demás consultar nuestra Constitución, que dedica gran parte del Título V a definir las tareas de los diputados y del Poder Legislativo. Los artículos que tocan el tema son los conformados desde el 186 hasta el 224. El artículo 187 establece detalladamente las atribuciones que le corresponden a la Asamblea Nacional, de las cuales destacaremos las siguientes:
  • Ordinal 1: Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional.
  • Ordinal 3: Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca.
  • Ordinal 6: Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público.
  • Ordinal 7: Autorizar los créditos adicionales al presupuesto.
  • Ordinal 8: Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los casos establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela.
  • Ordinal 10: Autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles del dominio privado de la Nación, con las excepciones que establezca la ley.
  • Ordinal 14: Autorizar el nombramiento del Procurador o Procuradora General de la República y de los Jefes o Jefas de Misiones Diplomáticas Permanentes.
  • Ordinal 17: Autorizar la salida del Presidente o Presidenta de la República del territorio nacional cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos.
  • Ordinal 18: Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución.
Además, la Asamblea Nacional elige a los Rectores del Consejo Nacional Electoral, al Fiscal General y al Defensor del Pueblo y a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí radica gran parte de la importancia del Poder Legislativo, del que depende el funcionamiento de casi toda la institucionalidad del país.

Si echamos un breve vistazo a las funciones anteriormente señaladas, podemos identificar fácilmente que hay algunas de ellas que no se cumplen totalmente en la actualidad, o al menos no con la transparencia esperada, sobre todo las que se refieren a los viajes del Presidente, a la firma de convenios internacionales y a la aprobación del Presupuesto nacional y presupuestos ordinarios y extraordinarios de las instituciones públicas. Asimismo, la Asamblea Nacional se ha mostrado tímida, en el mejor de los casos, a la hora de interpelar a funcionarios del Poder Ejecutivo por casos como el de PDVAL.

Este 26 de septiembre estaremos eligiendo a los diputados que integrarán la Asamblea Nacional desde enero del 2011 hasta enero del 2016, no sólo a los diputados nominales y por lista de la AN, sino también a los del Parlamento Andino y a los representantes indígenas. Es menester, pues, que los electores estén informados acerca de quiénes son sus candidatos. La información detallada la podemos encontrar en la página del CNE.

De esta manera iniciamos en ProMedio nuestra ya acostumbrada campaña de época electoral: Infórmate y vota.

septiembre 07, 2010

Franklin Brito… ¡mis respetos!

El amigo Julio Jiménez (@JulioCoco en Twitter), nos ha enviado este texto publicado originalmente en su Tumblr a propósito de la reciente muerte del productor agrícola Franklin Brito, quien murió de inanición producto de una huelga de hambre extensa y recurrente en protesta por las irregularidades cometidas en torno a la expropiación y luego devolución en términos dudosos de sus tierras. Así como Julio Jiménez, tu también puedes enviar tu texto a nuestro correo, con gusto lo revisaremos y publicaremos.

Franklin Brito
Debo comenzar diciendo que lamento y deploro que muchos opositores, incluso algunos de sus dirigentes, desearan su muerte para usarlo como bandera política y así descalificar al régimen de Chávez. A Franklin Brito (FB) lo conocí al inicio de su huelga de hambre, allí conversé con él y percibí inmediatamente su gallardía y voluntad para hacer valer su posición. Nunca pidió, ¡Siempre Exigió!

Su lucha fue un proceso enmarcado en un enredo jurídico y de patrañas políticas desde la cúspide de ambos bandos. Eso afectó su capacidad de lucha y su credibilidad. ¿Cómo la huelga de hambre de Ledezma y la de los estudiantes en la OEA perjudicaron la lucha de FB? ¿Qué consecuencias le trajo esto? Ciertamente la huelga de hambre de FB carecía de apoyo mediático, pero el giro que se le dio durante esos sucesos no le ayudó, las “recomendaciones” y “asesorías” que recibió en el ínterin lo llevaron a entender y llevar su proceso de otra manera.

Un momento clave en su lucha es cuando levanta su huelga de hambre y se ve obligado a reiniciarla. En mi opinión fue allí donde pasó lo peor; ese momento aún está poco claro a nivel político y jurídico porque aún no se sabe qué oferta le hizo el gobierno y qué fue lo que no cumplió.

Todo proceso de lucha tiene una táctica para lograr un objetivo. En ese momento Franklin Brito transformó la táctica en el objetivo; si su huelga de hambre se transformó en punto de honor fue por la indolencia del gobierno y la mala asesoría de los opositores involucrados con la familia. Calculó mal el gobierno las intenciones de un FB afectado por la inanición y de una familia sin preparación para tomar decisiones. La estrategia del gobierno de enredar la cosa jurídica y declarar la “insanidad” de FB le dio resultados en medio del hecho electoral, donde viene el segundo capítulo clave en la lucha de FB: su estado de salud se hace irreversible. No va a mejorar. Hay que esperar lo peor… En ese punto se creyó que Brito o lograba sus objetivos o Chávez se afectaba seriamente. Grave e irresponsable error.

¿Dónde estuvo el error? Por un lado, en pensar que el gobierno se iba a quedar de brazos cruzados, y por el otro, en no entender que la lucha estaba feneciendo y que había que cambiar de método, porque en esos términos ya estaba perdida. Impulsar la huelga de hambre de Franklin Brito al punto de quiebre, sin ver que podían combinarse otros métodos y discursos, fue una BARRABASADA. Los que tomaron decisiones, incluyendo al mismo FB, no calibraron que su caso no era apoyado, y que era desconocido por las mayorías. Así que la inminente inmolación de Brito obedecía a mantener un punto de honor para afectar al gobierno en la opinión pública, lo que…

Franklin Brito
Aunque no nos guste y nos duela, la lucha de la familia Brito no tuvo apoyo popular, ni fue referente en la lucha social venezolana. ¿Por qué? porque el venezolano común no vio ese proceso de lucha como un hecho colectivo, ni como un suceso que les afectase, principalmente porque la difusión de la lucha fue mal llevada. El hecho de presentar ante la opinión pública a Franklin Brito como un héroe y un mártir tuvo un efecto inverso. No lo hicieron parecer del pueblo. Quienes por Twitter y en los programas de opinión hacían loas e impulsaban la huelga de FB lo llevaron al punto de no retorno.

En mi opinión, muchos opositores -incluso “dirigentes”- son responsables de la muerte de Franklin Brito y ahora hablan de ÉL como héroe… ¡Coños de su Madre! Pero eso no exculpa para nada la actuación del Gobierno Chavista que se gradúa de Fascista y de extrema derecha con la muerte de Franklin Brito. Para los que no lo saben, FB era chavista y al verle el tuétano al régimen y criticarlo comenzó a pagar el precio de rebelarse: todos los ataques, acciones y agresiones que lo llevaron a decidir y ejecutar su huelga fueron producto de la retaliación política. Quienes lo invaden y despojan de sus tierras y bienes no son otros que quienes él criticó y combatió cuando era chavista.

El Gobierno cometió tres actos durante la lucha de Franklin Brito que hay que ver con detenimiento antes de asquearse. En el inicio, el Gobierno intentó negociar con FB en condiciones muy por debajo de sus exigencias sin contar con su determinación, y como el chavismo -acostumbrado a chantajear y comprar voluntades- no encontró fisuras en Franklin Brito, tuvo que desacreditarlo. Fue criminal la campaña gubernamental de descrédito en su contra, sin contar el chantaje y la presión que el Gobierno ejerció y ejerce sobre los productores agropecuarios amigos y vecinos de FB, presión que fue y es arrecha. En segundo lugar, la decisión política del Gobierno para que FB no se les muriera antes del 26 de septiembre fue un hecho que definió todas sus acciones y su discurso; el secuestro forzado, el célebre video donde FB señala a Globovisión, las restricciones, TODO lo calcularon en términos electorales. Es asqueante -a niveles de baño de carretera- lo sucedido a Franklin Brito en cautiverio.

Digan lo que digan, el gobierno lo tenía preso para ganar tiempo. En tercer lugar, el montaje político, jurídico y mediático del Gobierno en el escenario de su muerte antes del 26 de septiembre ya estaba preparado. Ciertamente, hace un tiempo Franklin Brito perdió conciencia y capacidad de decidir producto de la inanición, el gobierno encontró un arma; usó esa condición de la mejor manera y en las narices de todos.

Hicieron de Brito una víctima ajena al gobierno de Chávez y dejaron que se dijera de todo en los círculos opositores, en el medio de un conjunto de inconsistencias de método, discurso y decisiones, lo cual, conjuntamente con el aislamiento físico del huelguista, llevo al régimen a tomar el control sobre el caso. Las acusaciones sobre la familia Brito cesarán después de las elecciones. Su intención es desensibilizar al electorado chavista de la muerte de Franklin Brito. No se extrañen, incluso, de que si el impacto electoral de la muerte de FB supera lo estimado por el gobierno, éste haga algunas concesiones con la familia Brito.

Caricatura de Edo
Es importante que podamos abstraer de lo sucedido con Franklin Brito un conjunto de conclusiones y reflexiones. Si no, habrá muerto en vano.

  1. Franklin Brito fue un hombre que, junto a su familia, se enfrentó a un Estado autoritario y perdió. Una lucha no se sustenta sólo bajo la fuerza de voluntad y un espíritu indoblegable como el suyo, pues también hace falta inteligencia. Hubo un momento donde no fue inteligente continuar la huelga. Se pudo haber hecho otras cosas, pero escogieron el peor camino.
  2. Con el deceso de Franklin Brito Chávez se pone a nivel de Margaret Tatcher, a quien también se le murió un huelguista por inanición. Con esta experiencia se demuestra el total desprecio del Gobierno por las causas humanas y demuestra su decidida intención de superponer el poder sobre lo social. En mi opinión, quien diga que el Gobierno actuó torpemente con Franklin Brito se equivoca. Este gobierno es así e hizo y hace lo planificado.
  3. Una lucha Justa y Digna como la de Franklin Brito no puede ser asimilada y decidida sobre la base del odio e intereses oscuros.
  4. La muerte de Franklin Brito no tendrá las repercusiones esperadas por muchos opositores que la esperaban con ansias. Duélale a quien le duela, la gente en los sectores populares, las mayorías lo ven como otro muerto más, igual al familiar que perdieron en manos del hampa. La sensibilidad del venezolano en situación de pobreza va en función de realidades e intereses distintos a la causa de Brito; por eso mi arrechera e indignación hacia quienes desde la oposición estimularon que FB se inmolara. Inhumanos que no conocen este pueblo.
  5. Con el deceso de Franklin Brito -sumado a la parodia estudiantil y al show de Ledezma- se deslegitima la huelga de hambre como método de lucha. ¿Después de su muerte quién coño va a tomar esa ruta? Ha sido agotado un método de lucha pacífica en la confrontación contra Chávez.
  6. No entiendo ni entenderé en este momento otro apoyo a la lucha que dio Franklin Brito que no sea trabajar más duro para ganar el 26 de septiembre. Que alguien me explique cómo una vigilia ayuda a conseguir la victoria en la Asamblea Nacional ¿Quieren reivindicar a Franklin Brito? ¡Trabajemos más duro! Fariseos y malos samarios quienes lloran por él y hablan pestes de Chávez en las redes sociales y por pin, pero no ayudan en la lucha.

Traslado de restos de Brito al cementerio
Finalizo con las siguientes palabras… aunque maldigo el día y la hora en que debo escribirlas: Franklin Brito, te ganaste mi respeto, aunque hace días que no te apoyo en tu forma de lucha, porque no quería que murieras. Pienso que pudiste hacer otras cosas para vencer, y que vivo podías hacer más que muerto. Para mí valías más vivo que muerto. ¡Fue tu decisión! La respeto aunque no la comparto. Aprendí de tu determinación, de tu voluntad y de tu espíritu indoblegable; pero también aprendí de los errores que cometiste y los que se cometieron contigo ¡Le echaste bola, viejo! Es hora de que descanses. ¡Un Abrazo!