Corrupción y anticorrupción en Venezuela (II)

“Cuando el dinero y el poder se encuentran muy cerca, el dinero se convierte en un medio para adquirir poder; y el poder se convierte en un medio para adquirir dinero”.
Fernando Mires (“Los 10 Peligros de la Democracia en América Latina”)

A propósito de las recientes intervenciones de bancos, aseguradoras y casas de bolsa, efectuadas por el gobierno nacional en reacción a manejos irregulares por parte de directivos de estas instituciones financieras -principalmente el origen dudoso de los fondos para la constitución y adquisición de entes bancarios y el mal uso de las influencias políticas de algunos de los involucrados- ProMedio quisiera rescatar un texto del 31 de julio de 2007, donde abordábamos el tema de la corrupción en Venezuela.

En aquella oportunidad, intentábamos evaluar el desempeño del Gobierno del Presidente Chávez en cuanto a la corrupción, no porque hubiese sido erradicada, lo cual es imposible en Venezuela y cualquier otro país del mundo, sino particularmente porque se estaban discutiendo los diversos enfoques para abordarla desde el punto de vista normativo y ético.

La lucha contra la corrupción ha sido siempre una de las banderas del proyecto político del Presidente Chávez, cuyo surgimiento como líder nacional se da en un contexto donde una causa importante del desgaste de los partidos políticos tradicionales y del sistema puntofijista se ubicaba precisamente en la creciente corrupción de sus prácticas y actores, expresada en la evidente incapacidad del aparato estatal para garantizar el bienestar mínimo necesario y mantener el pacto social con la población.

Adicionalmente, el modelo histórico de Estado rentista existente en Venezuela, el cual lamentablemente se ha reforzado en los últimos años, es particularmente susceptible de sufrir embates agudos de corrupción. Tanto durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) como en el gobierno del presidente Chávez (principalmente de 2004 a 2007), los períodos de altos precios del crudo generan en Venezuela -y en todos los Petroestados- crisis de corrupción y severas distorsiones económicas, consecuencias de la incapacidad institucional del sistema para manejar, adecuada y transparentemente, el profuso ingreso de recursos financieros.

En este sentido, siempre nos ha parecido que el tema de la corrupción es uno de los puntos donde los ciudadanos venezolanos de todas las tendencias políticas pueden encontrar un terreno fértil para dialogar y establecer mecanismos de cooperación. Es un asunto de interés común y de máxima importancia, sobre el que pueden generarse espacios para el entendimiento y la colaboración a lo largo de todo el espectro político y social.

De allí se desprende que también es importante no “politizarlo”, no porque no sea un tema eminentemente político, en cuanto atañe al colectivo y los basamentos institucionales del país, sino en lo relativo a no convertirlo en un asunto que deba ser abordado principalmente con la única pretensión de encontrar la manera de restarle popularidad al rival en un ambiente pre-electoral.

En relación con las recientes intervenciones de entes financieros por parte del gobierno nacional, no nos interesa discutir aquí los intríngulis de los diversos casos, cuyos detalles no manejamos a cabalidad, en parte porque evidentemente suponen aspectos técnicos complicados. Pero sí nos interesa realizar ciertas aseveraciones puntuales de carácter general sobre el manejo político que se le ha dado a la situación.

Algunos sectores de la oposición han sido reacios a reconocer que el gobierno del presidente Chávez aunque tal vez de forma tardía, ha tomado medidas justas, necesarias, y sobre todo precisas en señalar culpables, indiferentemente de su cercanía con el poder público, además de actuar concertadamente con la banca privada, lo que ha permitido evitar daños mayores y brindar mejor atención a los ciudadanos afectados.

La falta de cooperación y coordinación del gobierno nacional con otros actores políticos, sociales y económicos se ha venido constituyendo como una de las críticas recurrentes de los sectores que lo adversan. En este punto, debería haber algún tipo de reconocimiento por parte de la oposición con respecto a que no puede mantenerse constantemente una actitud descalificadora aun cuando el Ejecutivo esté actuando de forma distinta, aunque sea coyunturalmente.

Adicionalmente, si la oposición tiene pruebas sólidas sobre los casos, deben entregarlas institucionalmente y hacer las denuncias de una forma concertada y ordenada; no limitarse a enfatizar la corrupción de los empresarios afines al gobierno, cuando deben tomar en cuenta no sólo que es posible que estas malas prácticas sobrepasen a este grupo empresarial, sino que además la experiencia durante los gobiernos previos no fue la mejor, como bien lo deben saber algunos personajes del escenario político actual que, en ciertos casos, llegaron a formar parte de la estructura gobernante durante los escándalos financieros anteriores.

Aquí lanzamos una propuesta, sin ánimos de pelea aunque sí de polémica: ¿en vez de limitarse a criticar, por qué los actores de la oposición no se abocan a colaborar con las investigaciones y a ofrecer algún tipo de apoyo a aquellos ciudadanos que se vieron afectados? Una alternativa en este sentido sería evaluar la posibilidad de ofrecer algún tipo de asistencia concreta a familias que se hayan visto afectadas por el colapso e intervención de los bancos, que en algunos casos lo han perdido todo.

Esta asistencia puede ir desde la asesoría jurídica e informativa (a través de voluntarios) para ayudar a los ciudadanos a realizar sus reclamos correctamente, y de esta forma disminuir los lapsos para la recuperación del dinero, hasta la constitución de un fondo de donaciones para otorgar préstamos puntuales a quienes se hayan visto afectados de una forma más severa. Estos préstamos luego podrían ser devueltos a través de trabajo voluntario o donaciones para causas comunitarias, permitiendo la articulación de redes de solidaridad.

En cuanto al gobierno nacional y al presidente Chávez, el hecho de que su reacción haya tenido una acogida favorable en la población y haya evitado que el colapso de los bancos llegara a mayores, no debe impedirle reconocer que fue tardía, así como la necesidad de evaluar posteriormente, con detenimiento, qué fue lo que sucedió y por qué, en aras de determinar los responsables y llegar a las últimas consecuencias.

Es importante destacar que para la política nacional y la colectividad es necesario que las denuncias realizadas por los medios de comunicación sean investigadas pertinentemente. Aunque el periodismo venezolano sufre de innumerables vicios, vale la pena resaltar que muchos de los hechos y nombres del caso de los bancos habían sido ya mencionados por algunos periodistas como Patricia Poleo, Nelson Bocaranda, Miguel Salazar o J.J. Almenar.

De igual forma, algunos de los implicados en la situación de las intervenciones financieras, como Arné Chacón, habían manifestado públicamente desde hace varios años su participación en los bancos y la dinámica detrás de su participación en los procesos de constitución y modificaciones accionarias de los mismos. Semanarios como “La Razón” los habían entrevistado ya desde 2005, y diarios como “Tal Cual” habían desarrollado detalladamente el tema en sus editoriales de portada.

La labor de los periodistas se limita a eso, a investigar y denunciar. Corresponde al Poder Judicial corroborar estas denuncias sin esperar órdenes del Poder Ejecutivo. Difícilmente pueda hablarse de que la actual situación de irregularidades financiera pueda ser algo nuevo o desconocido si se ha ventilado tan abiertamente. Tanto los medios de comunicación como el Estado deben colaborar para lograr que se cumpla efectivamente la función contralora de la comunicación social, indispensable para la solidez del entramado institucional.

El gobierno nacional, de forma paralela a la captura de los banqueros y especuladores que sean culpables (siempre con elementos de convicción, pues no se puede desatar una cacería de brujas alocada), debe examinar detenidamente por qué razones instancias como SUDEBAN y la Superintendencia de Seguros, teniendo por función la de monitorear esas operaciones, no advirtieron anteriormente las irregularidades. ¿Hay funcionarios cómplices dentro de estos entes? En ese caso, debe ser establecida su responsabilidad y tomar los correctivos correspondientes. ¿No fue una colaboración directa, pero sí un titubeo por el temor a enfrentarse a poderosos grupos económicos creados al amparo del poder? De ser así, se debe no sólo sancionar a los funcionarios sino realizar una profunda reflexión sobre la forma en que se ejerce el poder, que llega a limitar la capacidad del Estado al momento de enfrentarse a actores afines a ciertas personalidades cercanas al partido de gobierno y al Ejecutivo.

El presidente Chávez debe evaluar concienzudamente la cooperación de la banca y otros actores privados en la resolución de la crisis. ¿No es la colaboración en asuntos puntuales a favor del bienestar colectivo, en temas como la inseguridad, un modelo que deba replicarse? ¿No estamos mejor cuando en vez de enfrentarnos, discutimos y llegamos a acuerdos pragmáticos, de los cuales todos nos beneficiamos sin que ninguno renuncie a sus principios?

Nuestro llamado es a canalizar las cuestiones institucionalmente. La justicia debe dirimirse en las cortes, no en los espacios de transmisión televisiva, porque corremos el riesgo de mediatizar y debilitar los fundamentos democráticos del país.

Es el momento de hacer las cosas seriamente.