Urgencia parlamentaria

Si fuésemos ciudadanos de otro país, quizás lo primero que se nos vendría a la mente al escuchar la frase “urgencia parlamentaria”, sería la convocatoria de un cuerpo legislativo para tocar temas relacionados con guerras, conflictos internos, terrorismo, criminalidad, o incluso con alguna catástrofe de orden natural o social.

¿En qué consiste la “urgencia parlamentaria” que hemos estado padeciendo en este último mes los venezolanos? No es la Ley de desarme lo que se aprobó bajo esta figura; esa se engavetó. No es una ley de materia penitenciaria; esa ni siquiera ha tomado protagonismo. Tampoco se trata de alguna ley relacionada con el impacto de las intensas lluvias que sufrimos recientemente; esa tarea se la dejaron al Presidente mediante una Ley Habilitante de 18 meses.

Esta “urgencia parlamentaria” ha abarcado hasta ahora tres grandes temas: conocimiento, información y opinión. Es curioso, en el pasado estos temas resultaban sensibles de regulación en regímenes totalitaristas, como el de Franco en España, Pinochet en Chile o Videla en Argentina, incluso para el de Pérez Jiménez en Venezuela, y ¿qué tienen en común estos gobiernos con el nuestro? Si somos rigurosos, tal vez sólo podamos atinar en un punto: son gobiernos militares.

Casi siempre de madrugada o muy tarde en la noche, los asambleístas de los partidos que apoyan al Gobierno sancionaron, en este último mes del año 2010, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos; la reforma a la Ley de Telecomunicaciones; la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones; la reforma a la Ley de Educación Superior y la modificación del Reglamento Interno de Debates de la propia AN; además de la Ley de Bancos, la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley de Instituciones del Sector Bancario y tal vez alguna otra que se nos pase.

Corresponde ahora a la sociedad civil en general, leer las distintas leyes con atención –cuando sus versiones definitivas estén disponibles- y evaluar sus implicaciones, especialmente en lo que concierne a la autonomía universitaria, a la posible censura (o autocensura) que provoquen en Internet y sobre todo en lo referente al tema de la criminilización de la opinión, por medio de sanciones concretas a funcionarios y a ciudadanos en general, por expresar sus ideas en cualquier ámbito. Creemos que si la sociedad no reacciona –nos referimos al ámbito de la opinión pública y la movilización pacífica- ante un cerco a la autonomía, entonces es que no tiene signos vitales. Y con una “sociedad vegetativa” pocas esperanzas se pueden albergar...

¿Por qué la prisa en legislar sobre materias, en algunos casos, tan sensibles? ¿Por qué no esperar la instauración de la nueva AN que aún cuenta con mayoría pro-gobierno? ¿Por qué imponer el criterio discrecional de una sola rama de pensamiento para los contenidos de esas leyes?

Pudiéramos estar de acuerdo con parte, e incluso con la totalidad, de los contenidos de las leyes aprobadas recientemente, pero lo cierto es que no hubo en ningún momento una consulta amplia como la que siempre se ha pretendido promover desde la bancada del PSUV en la AN. Cabría mencionar que aún hoy desconocemos los textos que fueron aprobados, pues la página de la AN lleva días caída y apenas hemos podido leer los textos de las proyectos de ley que se fueron filtrando en la prensa ¿Amplia consulta? ¿Transparencia informativa? ¿Democracia participativa y protagónica?

La actual Asamblea fue electa con una abstención superior al 70% de los electores inscritos en el CNE, y está a escasos días de culminar su período parlamentario. Aún así, ha aprobado a la velocidad de la luz todas las leyes mencionadas anteriormente y, además, ha recortado el ámbito de acción de la próxima AN a través de la Ley Habilitante otorgada -también en tiempo récord- al Presidente de la República.

Consideramos que esa no es precisamente una vía para bajar los niveles de confrontación política, y una muestra de ello es el resurgimiento de la tesis del 350 y de los promotores de los atajos políticos que buscan “salir de Chávez” sin profundizar mucho en el cómo. Por lamentable que sea, estas reacciones parecen ser una reacción natural al empeño de ejercer la dictadura de las mayorías en un momento en el cual, dicho sea de paso, esa mayoría se encuentra en entredicho.

El año 2011, año previo al importantísimo evento electoral para el nuevo período presidencial, se vislumbra como un año donde probablemente alcancemos los niveles de polarización que tuvimos en el año 2002, y todos sabemos cómo terminaron las cosas entonces. La aplicabilidad de las leyes aprobadas por la AN en este mes de diciembre también está en duda, pero las leyes están allí, algunas de las cuales ciertamente son bastante punitivas con respecto a los delitos de opinión y de expresión. Con mucha vergüenza y desesperanza, debemos afirmar que hoy somos un país menos democrático que ayer. Ante este panorama, no nos queda más que sugerir que usemos estas fechas festivas no para la congoja y la pura aflicción, sino para la reflexión y la resistencia. En el fondo, esta lucha es una lucha por el respeto a todo nivel.