¿"Medio" golpe?

No deja de ser indignante cómo algunos medios de comunicación han decidido ignorar la gravedad de los acontecimientos ocurridos en Honduras y, concretamente, cómo han evadido el sintagma nominal “Golpe de Estado” en sus contenidos.

Dado que no podemos presentar a nuestros lectores un estudio riguroso sobre el tratamiento que los medios venezolanos han dado al Golpe del día de ayer, nos concentraremos en comentar algunas intervenciones de algunos de los periódicos de circulación nacional y regional.

Sin ahondar demasiado en detalles, si sólo nos limitamos a leer los titulares de algunas portadas de la prensa venezolana del día lunes 29 de junio, veremos no sin preocupación, por ejemplo, que Tal Cual es el único periódico escrito en Caracas que, siendo abiertamente de oposición, habla de Golpe de Estado en su portada-editorial (“Golpe en Honduras”).

El titular de primera página de El Nacional es, probablemente, el menos feliz de la jornada: “Poderes públicos aprobaron la destitución de Zelaya”. Acá no hay rastros de Golpe militar, ni de violencia, ni de protestas. Al contrario, ese titular podría ser aplicable a un largo juicio en que los poderes públicos, autónomos y apegados a la magna constitución hondureña, determinan, con evidencias y sentencias justas, que hay que relevar a Zelaya de sus funciones, dándole, seguramente, un lapso prudente a él y a su familia para que abandonen la residencia presidencial. Este titular no sólo ignora la gravedad del golpe, sino legitima la actuación de los militares hondureños y da un espaldarazo –no tan indirecto- a Michelletti.

Consideramos que ese titular es un grave error, porque atenta contra la verdad de los hechos y contra la inteligencia de los lectores. El periodismo existe para mostrar los hechos como son, no para enseñar el ángulo más bonito de la realidad, el perfil menos feo de la vida. Por eso ese titular nos avergüenza, porque habla muy mal del manejo que los medios hacen de la realidad, corriendo el riesgo de poner en crisis –más aún- su credibilidad. Nos avergüenza porque intuimos que detrás de ese titular no hay más que vaciedad, indolencia y estupidez, y eso nos duele porque El Nacional, además de una empresa, es una institución para el periodismo venezolano; y duele -y repugna- que sacrifique su tradición de una manera tan baja. La evasión, sin embargo, no causa extrañeza si recordamos el hecho consabido de que en 2002 el mismo periódico ordenó a sus periodistas que sustituyeran en sus textos “Golpe de Estado” por “vacío de poder”.

El Universal, otro ícono del periodismo venezolano, se contentó con escribir “Honduras en vilo” y aunque un poco menos insensato que el titular citado, éste también revela una voluntad de evasión que atenta contra la verdad. Ciertamente, todo hecho puede ser visto de una y mil maneras, pero ante un delito la noticia es el delito y, en todo caso, un testigo –¿qué son los periodistas y los medios sino testigos vivos?- no está en posición de absolver al delincuente.

Del mismo modo, otros periódicos tuvieron titulares bastante evasivos y eufemísticos (casi inverosímiles) como el del 2001: “Jefe del Congreso asume presidencia en Honduras”. Por ese orden, El Carabobeño tituló “Congreso destituyó al presidente Zelaya”, el Correo del Caroní se inclinó por “Destituido presidente de Honduras”. Pero creemos que uno de los menos atinados es el del diario La Hora, de Nueva Esparta: “Chávez advierte a Honduras con la guerra y afirma que la FANB ha sido puesta en alerta”. Vale acotar que además de la incómoda sintaxis y la rara extensión del titular, la portada está acompañada por una foto en la que aparece Michelletti muy sonriente, a cuatro columnas, con pose presidencial. Los diarios larenses no se quedan atrás con “Toque de queda en Honduras” (El Impulso) y “Venezuela en alerta militar por Honduras” (El Informador). Otro que llama poderosamente la atención es el del diario tachirense La Nación, el cual decidió titular, como en un cuento de hadas: “Nuevo presidente en Honduras: expulsado Zelaya a Costa Rica”. También destaca el titular de El Siglo: “Fuerza armada en alerta”; así como el de La región: “Toque de queda en Honduras”, diario en el cual este titular aparece jerárquicamente de tercero en la página, después un flamante cintillo de Michael Jackson y de la noticia de un arrollamiento.

Hay que destacar que algunos periódicos regionales fueron mucho más atinados y frontales al momento de dar cuenta de los hechos, llamando Golpe al Golpe. Sin embargo, la mayor parte de estos son medios afiliados al oficialismo, lo cual nos parece menos loable, habida cuenta de las buenas relaciones de los presidentes de Honduras y Venezuela. Lo que queremos subrayar acá es la falta de sensatez con que la mayoría de los medios impresos más críticos al gobierno han tratado, casi en bloque, el Golpe Militar ocurrido ayer en la nación centroamericana, confundiendo, en nuestro criterio, una cosa con la otra y, sobre todo, el rol de agente político con el rol de medio de servicio público, torpemente por cierto.

En este sentido, no puede pasar inadvertido el comunicado del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) sobre la situación en Honduras, en el cual a pesar de condenar las acciones de los golpistas contra los medios de comunicación y el derecho a la información, se afirma que el "CNP no pretende fijar posición en torno a la crisis política, ni opinar sobre el fondo del asunto, de modo tal que ello pudiera ser considerado como injerencia extranjera en un asunto nacional”.

Es evidente que el CNP sí fija una posición mientras afirma precisamente que no pretende hacerlo. Calificar un Golpe de Estado como una “crisis política” ya es todo un manifiesto político. Por cierto, bien debería saber el CNP que una característica común a todas las tiranías y autocracias es invocar el derecho a la “no intervención extranjera” en sus asuntos internos, como una manera de pasar un manto de silencio sobre sus tropelías y abusos.

Asumiendo este tipo de actitudes sutiles, eufemistas y preciosistas, los medios venezolanos y el CNP sólo contribuyen a incrementar su propio descrédito doméstico e internacional, haciéndole un flaco servicio al gremio. Los invitamos, ahora, a examinar concienzudamente el asunto y preguntarse si parte de la indiferencia de la “comunidad internacional” a muchos de los abusos reales que se cometen en Venezuela contra la libertad de expresión y el derecho a la información, no estará motivada, precisamente, por el rechazo que generan unos medios que actúan abiertamente al servicio de intereses políticos y un gremio que, acaso sin proponérselo, sacrifica su ética profesional en el altar de la polarización.

Ojalá esta modesta crítica sirva de alerta. No podemos perder la facultad del entendimiento. No podemos permitir que nuestro oficio siga convirtiéndose en un instrumento de las opiniones y líneas políticas más insólitas. Y si no lo decimos nosotros, entonces quién.

ProMedio se pronuncia en contra del Golpe de Estado en Honduras

Apegados a los principios que rigen este grupo, consagrados en nuestro Manifiesto y, sobre todo, respondiendo a los principios democráticos que nos rigen como ciudadanos; los integrantes de ProMedio manifestamos, por esta vía, nuestro profundo desagrado por los hechos suscitados hoy en la República de Honduras.

En horas de la mañana, y luego de haber logrado un clima de calma y de diálogo para resolver la crisis política de las últimas semanas, el ejército de Honduras ha hecho preso y ha expulsado del país al Presidente legítimamente electo de esta hermana república, Manuel Zelaya.

No nos pronunciaremos acá sobre los detalles de la crisis que ha desembocado en tan vergonzosa actuación militar, puesto que sería irresponsable de nuestra parte sentar posición sobre temas de política interna que no conocemos sino superficialmente, pero sí expresamos nuestra convicción de que los caminos del diálogo y del debate siempre serán los únicos válidos y legítimos para dirimir las diferencias entre los factores políticos de cualquier país. Sí sostenemos que, independientemente de las conductas de los presidentes electos por el pueblo, nada justifica un golpe de Estado, puesto que siempre que haya institucionalidad y transparencia, habrá mecanismos soberanos para que los mandatarios se adecuen a sus funciones y se pongan a derecho y al servicio exclusivo del pueblo que decidió transferirle ciertas competencias. Pero, en todo caso, la voluntad popular no puede ser irrespetada por nada ni nadie.

No es tarea de los militares, ni debe serlo nunca, el inmiscuirse en los asuntos civiles, mucho menos si dichos asuntos se refieren al hecho político. Y es motivo de indignación, incluso más que el hecho de barbarie militar, el aval civil que otros poderes del Estado hondureño están haciendo sobre el golpe.

Creemos que ya son etapas históricamente superadas en Latinoamérica, aquellas donde las diferencias políticas son arregladas bajo la imposición del poder militar dentro de un mismo país. Creemos firmemente en la democracia, y creemos por ende, que los uniformes, las botas y las balas no son compatibles con las elecciones, el diálogo y el debate.

Esperamos que la comunidad internacional sepa presionar de manera firme a aquellos apologistas del militarismo que hoy pretenden hacer borrón y cuenta nueva en Honduras, y que no solo su accionar se quede en los pronunciamientos y las resoluciones, sino que busquen, por vías no violentas ni ilegales, la vuelta al país de Manuel Zelaya ejerciendo el cargo para el que fue electo, y del que sólo podrá separarse cuando el mimo pueblo que lo eligió, decida que ya no debe estar allí, o en todo caso, cuando constitucionalmente le corresponda entregar el cargo a un nuevo Presidente elegido por la vía electoral.

Notas sobre la [In]Justicia (o de cómo avalar o rechazar sentencias desde la poltrona del televisor)

“Cuídate de vivir tiempos interesantes”: Este famoso proverbio chino nos viene a la mente cuando tratamos de discutir la reciente condena de treinta años de prisión contra los comisarios y efectivos de la Policía Metropolitana involucrados en los hechos violentos del 11 de abril de 2002. Es una oportunidad propicia para una breve discusión sobre el “interesante” estado de las cosas en esta sociedad polarizada, fracturada y disfuncional.

Decimos involucrados, así, en cursiva, porque no tenemos duda de que la PM estuvo involucrada en los lamentables sucesos del 11 de abril. Al igual que muchísimos otros grupos de choque de ambos sectores en pugna, así como unos cuantos miles de personas de diversa tendencia y posición política.

Sin embargo, el que estos oficiales hayan estado involucrados no quiere decir que sean efectivamente culpables de las muertes que se les imputan. Y es aquí que lamentablemente se pone “interesante” esta reflexión.

Como punto de partida, nos confesamos incapaces de pronunciarnos firmemente sobre la condena emitida en contra de los ex funcionarios policiales. El motivo para esta franca admisión de incapacidad es sencillo: no hicimos un concienzudo seguimiento del accidentado juicio que se le siguió a estos funcionarios por más de cuatro años. Asimismo, no hemos leído detalladamente ni las condenas en sí mismas, ni examinado las pruebas presentadas por cada una de las partes.

De tal forma, que a priori consideramos irresponsable manifestarse a favor o en contra de una sentencia resultante de un juicio del cual no conocemos mayores detalles. Y en este reconocimiento tan sencillo diferimos de un nutrido grupo de personas que se han lanzado prontamente a avalar o rechazar un fallo judicial, sin tener mayores conocimientos sobre los elementos que lo sustentan. Es lo mismo que comentar un libro que no hemos leído, o reseñar una película que no hemos visto, con la nada sutil diferencia de que en este caso se trata de seres humanos, de la vida de hombres y mujeres de carne y hueso: la de las víctimas de los aberrantes sucesos de abril; la de sus familiares; la de los ex funcionarios policiales; la de sus esposas e hijos.

Es por ello que esta breve reflexión no pretende ser judicial en su naturaleza, sino política en la valoración de los hechos y del ambiente político en el cual se desarrollan. Creemos que los sucesos de abril son lo suficientemente graves como para hacer apreciaciones superficiales con base sólo en nuestros propios (pre)juicios políticos; menos aún a partir de lo que hemos leído, visto u oído en los periódicos y medios audiovisuales de nuestra preferencia.

A estas alturas ya parece estar claro, incluso entre los sectores de oposición recalcitrante, que en abril de 2002 tuvo lugar un Golpe de Estado, promovido por algunos sectores militares, empresariales y civiles radicales. Todo indica que el detonante para esta acción inconstitucional, de larga fragua, fue el ataque indiscriminado por parte de un grupo de francotiradores (aún no identificados) en contra de los venezolanos que se encontraban en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, tanto los opositores que marchaban como los partidarios del Presidente Chávez, ambos grupos de ciudadanos, convocados irresponsablemente a Miraflores por parte de sus respectivos líderes políticos. Y fue allí donde los francotiradores desataron la muerte entre los allí presentes, venezolanos todos.

Para nosotros, este es uno de los puntos de mayor confusión. Por los videos, imágenes y recuerdos de ese día, pareciera ser la acción de francotiradores expertos la que causa la mayoría de las bajas entre los presentes. Los mismos documentos desclasificados de la CIA nos confirman que los sucesos estaban planeados con antelación. Sin embargo, una vez iniciada la confusión, es difícil señalar quién agredía y quién se defendía: si tenemos a miles de personas exaltadas reunidas en un sitio, y empiezan a caer muertos, es probable que se comience a disparar de forma indiscriminada.

Todos recordamos las imágenes de un grupo de partidarios del Presidente Chávez disparando desde el Puente Llaguno. Y todos hemos vistos las imágenes de la PM utilizando sus armas en la marcha. Pero de allí a afirmar que los muertos fueron causados por unos u otros hay un largo trecho, sobre todo si tomamos en consideración que las evidencias y la creencia común apuntan hacia la acción de francotiradores, que aparentemente fueron filmados e incluso algunos capturados, pero cuya identidad luego nunca supimos. Cabe destacar que tampoco tuvimos noticia de que fueran juzgados alguna vez.

Ahora, con el mismo razonamiento, admitimos que si bien los oficiales condenados pudieron haber participado activamente en los sucesos del 11 de abril, esto no es lo mismo que decir que son responsables directos de esas muertes y merecedores de la máxima pena. Lo que nos remite al tema de la duda razonable.

El juicio de los ex policías, dada su duración y todos los elementos polémicos que lo rodean, distó mucho de ser un proceso transparente. De hecho, podríamos decir que es parte de una cadena de sucesos, los de abril de 2002, que aún hoy están rodeados de múltiples incógnitas y misterios. Entonces, nuestra duda surge en torno a lo siguiente: ¿Cómo dictar la máxima pena de treinta años, sin ningún tipo de beneficio procesal, aún considerando que los acusados ya han estado cuatro años presos? ¿Hay algún tipo de mensaje aquí? ¿Se trata de una sentencia ejemplar?

Reiteramos: no queremos condenar o absolver con base a informaciones de prensa. Pero es precisamente lo confuso de esos hechos, y la alta carga emocional que los rodea, lo que nos lleva a preguntarnos si no es este “interesante” ambiente de crispación y polarización política el que lleva a una sentencia tan dura y definitiva hacia un hecho rodeado de la mayor opacidad. Es precisamente la duda la que nos lleva a retroceder y cuestionar. Y por otro lado, ¿dónde están los francotiradores? ¿Son los condenados, o estamos satisfaciendo ciegamente un clamor general de justicia?

Todos los sectores políticos deberían estar interesados en que se haga una verdadera justicia. Y más aún, en que la sociedad no cometa la injusticia de condenar no con los hechos sino con las vísceras. Y esto nos lleva directamente a uno de los mayores dramas de Venezuela: la disfuncionalidad de nuestro sistema judicial, acaso uno de los más graves síntomas de la crisis institucional que vive el país en los actuales momentos.

¿Debemos creer en que un fallo judicial en Venezuela es una limpia, irrefutable y “ciega” materialización concreta de la Justicia? ¿Con tanta presión política y social, este fallo no pudo haberse contaminado? ¿Por qué la duda? o, en todo caso, ¿Por qué prescindir de ella?

La destrucción y decadencia de las instituciones comienza cuando segmentos importantes de la población dejan de creer en ellas. Y el juicio de los ex policías se da justamente en un contexto en el cual la oposición política del país percibe que el sistema judicial está siendo utilizado como un arma política por parte del gobierno nacional. Esto es una situación peligrosa, pues sin credibilidad institucional, son oscuros los vaticinios para la estabilidad y gobernabilidad a mediano plazo.

Por ello, se debe demandar mayor transparencia a las instituciones, con un comportamiento que no sea abiertamente parcial (¿Recuerdan los gritos de “Uh, ah, Chávez no se va en el TSJ”?). Así como se debe exigir mayor madurez al pueblo, pues uno de los máximos provechos que, como sociedad, podemos extraer de los últimos diez años de vida política nacional, debe ser el de aprender a dudar de todo y armarse un criterio propio a partir del análisis razonado de los hechos.

Por principio, no nos oponemos a que se investigue la corrupción o se castiguen los desmanes. Pero no deja de generar suspicacia que aunque existan 17 gobernaciones en poder de los partidarios del Presidente Chávez, junto a más del 80 % de las Alcaldías y la casi totalidad de la Asamblea Nacional, prácticamente todas las investigaciones y acciones judiciales estén dirigidas contra políticos opositores y disidentes del chavismo, mientras que algunos personajes confesos, como los miembros del Colectivo La Piedrita, campean a sus anchas.

En este mismo sentido, si bien admitimos ser incapaces de valorar efectivamente la sentencia emitida en contra de los ex PM, sí creemos que no se ha dado con la transparencia que demandan estos “interesantes” tiempo que vivimos. Y las sensaciones encontradas que experimentan los ciudadanos, casi siempre atadas a una postura en pro o en contra del gobierno, puede ser un signo de que se continúan profundizando las divisiones entre los venezolanos. Y una nación dividida no es lo que necesitamos ni a lo que aspiramos.

La justicia es una herramienta política toda vez que en ella reposa la potestad de regular el equilibrio del sistema en el marco de ciertas normas establecidas colectivamente, es decir, la responsabilidad de poner orden en la sociedad (polis) mediante mecanismos, sanciones y límites de contención legal. Pero cuando los criterios de justicia están sometidos a afinidades y parcialidades políticas, o a intenciones arbitrarias, o a intereses personales, esa justicia se resquebraja; deja de ser justicia para convertirse en otra cosa, a veces en injusticia, por decir lo menos...