Tanto las bases programáticas del PSUV, como aquellas declaraciones de la Presidenta del TSJ, derivan, posiblemente, de una concepción holística del sistema sociopolítico, según la cual “el Estado es una totalidad que no sólo representa la suma de las partes, sino que tiene prioridad teleológica, causal y jerárquica sobre éstas (…) No son las personas o los individuos los que dan lugar al Estado, sino viceversa y el bien supremo es el bien de la totalidad que es completamente independiente del de los individuos que de ella forman parte y se impone sobre éstos”(1).
Adicionalmente, si los distintos poderes del Estado venezolano progresivamente van subordinándose a uno solo (en este caso, el Ejecutivo), encarnado en una persona que asegura representar la “voluntad del Pueblo”, y el Estado a su vez se impone sobre los individuos, vemos que comenzamos a entrar en la definición clásica de lo que constituye una tiranía o autocracia. Tal vez no se pueda aseverar que se ha llegado a este nivel, pero los indicios analizados del programa del PSUV y las declaraciones de Estela Morales parecen indicar esa dirección.
Frágil libertad
La imposición del Estado sobre los individuos y la subordinación del Estado al Poder Ejecutivo, presunto representante de esa abstracción denominada “Pueblo” (utilizada como justificación universal, pero rara vez escuchada), lejos de incrementar la libertad y el bienestar, termina –como se afirma en un trabajo de Antonio José Herrera y Miguel Ángel Latouche- “privatizando lo público a favor de los intereses de la clase política en el poder” a partir de un “proceso paulatino pero constante que lleva a determinar los intereses colectivos en función de las visiones de lo público que tiene la clase política dominante y, en consecuencia, el ámbito de lo político se particulariza” (2).
Si algo debemos retomar (o exhumar) del Libertador Simón Bolívar –más que sus restos mortales- es precisamente la base de su pensamiento político, inspirado en el de grandes filósofos de la Ilustración y precursores de la Revolución Francesa, como el Barón de Montesquieu, quien sobre estos puntos fijó -en su obra El Espíritu de las Leyes- una posición que ha servido de fundamento a la democracia moderna:
“Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad; falta la confianza, porque puede tenerse que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y el poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos; como que el juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre los particulares”.
De esta forma, lejos de estar sugiriendo malabarismos teóricos con finalidades difusas u orientaciones reaccionarias, consideramos que el PSUV y el Presidente de la República deberían plantearle claramente al país cuál es su proyecto político y cuál es su fundamento ideológico y estratégico, puesto que lo expresado en su base programática tiene más tintes de “socialismo real” (eufemismo utilizado para designar indirectamente al comunismo “duro”), neo-estalinismo y “democracia popular” (pero de las que existieron en Europa del Este, con Stasi incluida) que de otra cosa.
Eso es lo que se estará decidiendo el próximo 26 de septiembre, y los venezolanos merecen (y deben exigirlo) escuchar la verdad claramente, para decidir fundamentándose en elementos sólidos y no emocionales.
En ProMedio, somos de la opinión de que en pocos momentos de la historia democrática moderna de Venezuela ha estado más patente la necesidad de una verdadera autonomía y separación de los poderes públicos. Tal como plantea uno de los corredactores de la Constitución Nacional, Vladimir Villegas, el “cambio revolucionario no puede interpretarse como la vuelta a un esquema de poder en el cual se le dé rango constitucional, por vía de hecho y no de derecho, a la sumisión de unos poderes frente a otros, y a la consagración del culto a la personalidad, propio de sistemas políticos atrasados, los cuales pueden llegar a cautivar durante un buen tiempo a las grandes mayorías, pero que terminan erosionados por sus propias limitaciones, contradicciones e incluso barbaridades”.
Autonomía palpable
La reflexión sobre el destino de la democracia en Venezuela no puede verse reducida a la elucubración abstracta: la supeditación de los Poderes Públicos al Poder Ejecutivo tiene consecuencias palpables en el venezolano de pie, que impactan directamente su bienestar, bolsillo y seguridad.
Tomemos por ejemplo el nunca suficientemente discutido “Caso PDVAL”. En cualquier país del mundo, la putrefacción (o “vencimiento”) de miles de toneladas de alimentos, por un monto de cientos de millones de dólares, sería un escándalo político de inmensas proporciones, que habría implicado renuncias y arrestos a funcionarios del más alto nivel, además de investigaciones independientes que habrían conducido a la implementación verificable de correcciones integrales sobre toda la política alimentaria.
Pero en Venezuela, donde el Gobierno Nacional ha expropiado cientos de fincas, fábricas y galpones, así como destinado cuantiosos recursos a una “soberanía alimentaria” que no termina de verse por ningún lado (salvo en las cuentas bancarias de los exportadores brasileños, argentinos y uruguayos) y acosado a los mayores productores alimenticios del país, este caso apenas sirve para cuestionar los fundamentos mismos de la gestión gubernamental y su proyecto de país. Pues, resulta que toda la responsabilidad de este inmenso entramado de ineptitud y corrupción es culpa de sólo tres personas: nuestros nuevos y criollitos “Chinos de RECADI”.
¿Dónde está la Contraloría, que debe prevenir e investigar este tipo de situaciones a gran escala? ¿Dónde está el Contralor, quien debería no sólo abordar la corrupción implícita en el caso PDVAL, sino también el funcionamiento y la ineficacia de una política económica y alimentaria que ha debilitado la producción nacional y nos ha hecho dependientes del extranjero en proporciones nunca vistas desde la mitad del siglo XX?
¿Por qué la Asamblea Nacional se ha negado, por lo menos siete veces, a realizar las investigaciones del caso y a exigir la comparecencia del responsable de esta situación, el Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo y Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, de quien dependía en última instancia PDVAL?
¿Por qué el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, no se avoca a rectificar sus políticas, y a exigir el fin de la “impunidad” y el cumplimiento de todo el peso de la ley sobre los responsables, como sí lo hace en otros casos? ¿Por qué no demuestra que, efectivamente, la autonomía de los Poderes Públicos funciona en Venezuela, caiga quien caiga?
¿Por qué algunos seguidores del Presidente, que saben la gravedad de lo ocurrido con el caso PDVAL y sufren día a día los efectos de la corrupción y la ineficiencia, prefieren callar sus voces y dejan las críticas que desearían hacer en las manos de una oposición que dicen detestar?
Denostar a la oposición por “explotar políticamente” este caso es absurdo, pues es un caso político por definición, en virtud de que afecta el bienestar común de todos los venezolanos, y da cuenta de los detalles de una gestión que nos gobierna a todos y debería tratar de gobernar para todos. Al contrario, esta vez las críticas de la oposición toman mayor relevancia precisamente ante la inacción y pasividad de los Poderes Públicos que deberían actuar para prevenir, castigar y corregir estas situaciones.
Estas son algunas de las reflexiones que juzgamos fundamentales para pensar en las elecciones del 26 de septiembre de 2010, en las que nos pronunciaremos precisamente sobre el Poder Legislativo, poder que, con una clara incidencia sobre su funcionamiento, hoy promueve el modelo de país propuesto por el Presidente de la República.
Ahora esperamos poder oír y leer sus reflexiones al respecto, e iniciar una sana e incluyente discusión que apunte hacia la construcción colectiva del bienestar común.
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(1) Rey, Juan Carlos: “Ensayos de Teoría Política”. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1998. Pág. 241.
(2) Herrera, Antonio y Latouche, Miguel Ángel: “Hugo Chávez: Personalismo revolucionario en formato democrático”. Foreign Affairs Latinoamérica, Vilumen 8, Número 3
