febrero 18, 2010

Venezuela: ¿A punto de bajar el breaker?

Las pocas semanas que lleva este 2010 han sido quizás para muchos venezolanos los días de mayor incertidumbre de los últimos años, y es que más allá de ser testigos o víctimas de la inseguridad que aqueja al país, ahora se les han sumado otros problemas como la devaluación de la moneda, el cese de las transmisiones de algunos medios de comunicación audiovisuales, las expropiaciones, la escasez de agua y una emergencia eléctrica decretada oficialmente por el Gobierno nacional.

Esta última se genera a pesar de que hace algunos años, expertos en materia eléctrica, ambientalistas y consejeros de gobierno, habían alertado sobre la necesidad de invertir en gabarras generadoras de electricidad, a la par de hacer un eficiente mantenimiento a las principales represas del país, entre ellas la de la cuenca del Rio Caroní en el estado Bolívar, conocida como la represa hidroeléctrica del Guri, que, para nadie es un secreto, es de donde proviene más del 70% (9.870 MW) de la electricidad que consumen los venezolanos.

Depender casi en su totalidad de una sola fuente para surtir de luz a todo un país –cuya población aumenta continuamente- puede ser un mal síntoma, sobre todo si hay elementos de la naturaleza que no podemos controlar como el fenómeno de “El Niño”, al cual el Gobierno Nacional atribuye la responsabilidad de que Venezuela esté a un paso de bajar el breaker. Pero, ¿realmente el tristemente célebre fenómeno natural es responsable exclusivo de la crisis eléctrica?

El mismo Comité de Profesionales y Técnicos de Electrificación del Caroní (EDELCA), a través de un comunicado, advirtió a la opinión pública nacional que “la crisis de insuficiencia de energía eléctrica no se debe al evento climatológico El Niño, cuya aparición en nuestra zona geográfica es cíclica y se hace presente en períodos regulares (…) La principal causa de que actualmente nos encontremos en la situación de alarma se debe a que el Gobierno nacional no ha sido capaz de realizar, de manera oportuna las inversiones requeridas en los sistemas de generación, transmisión, subtransmisión, distribución, comercialización y gestión del sistema eléctrico nacional".

Esta afirmación, hecha por los propios trabajadores de EDELCA, no es nada despreciable tomando en cuenta que, según los especialistas, no es la primera vez que los niveles de agua del Gurí estén por debajo de lo esperado: en 2003 los niveles de esta represa fueron menores a los que se deseaban, sin embargo el Gobierno Nacional actuó con celeridad en ese momento para solventar dicha realidad e incluso invirtió en la construcción de nuevas centrales de producción de energía térmicas –que vale acotar no han sido terminadas en su totalidad- tal como lo afirma el periodista Eugenio Martinez (@puzkas) en su artículo “O llueve o nos quedamos sin luz”, publicado el 7 de enero 2010 en el diario El Universal.

Cabe preguntarse: si había antecedentes e indicios de que esto podía ocurrir, entonces ¿qué paso?

¿Falta de planificación?, ¿de gerencia?, ¿de presupuesto?, ¿de personal?… No lo sabemos, lo cierto es que desde 2009 Venezuela atraviesa una gran sequía que ha disminuido sustancialmente los niveles de las principales represas, tanto así que en el embalse La Honda Río Uribante -ubicado en el estado Táchira y famoso por haber sido construido encima de un desaparecido pueblo llamado Potosí-, ya se pude visualizar casi por completo la iglesia que yacía bajo sus aguas.


El nivel máximo de la represa del Guri es de 270 metros; el nivel mínimo que
garantiza generación eléctrica suficiente es de 240 metros; el nivel actual es de 260 y bajando. Dicen los expertos que deben tomarse medidas enérgicas sobre los planes de racionamiento y desarrollar nuevas fuentes de energía. Una de las medidas más comentadas por la Opinión Pública es la de cambiar (de nuevo) el huso horario que se implementó en 2007. Tal parece que atrasar los relojes media hora, sirvió para que los venezolanos también encendiéramos media hora antes nuestras luces al llegar la noche. Es decir, 30 minutos extras de consumo de energía eléctrica que se nos hacen invaluables en la actual coyuntura.

Pese a estas consecuencias pareciera que el Gobierno Nacional no quiere revertir esta decisión. Percibimos que esta reticencia pueda deberse a que se trata de evitar el costo político que tendría admitir que el cambio de huso horario fue una decisión errada, que contribuye a exacerbar la crisis eléctrica nacional, sin otorgar beneficios claros en otros ámbitos. Sin embargo, como ya lo ha manifestado el Presidente Hugo Chávez: “Rectificar es de sabios”.

En este sentido, es necesario acotar que todos los actores deben asumir constructivamente su responsabilidad ante esta crisis, incluyendo al Gobierno Nacional, que el pasado lunes 9 de febrero bajo decreto Nº 7.228 anunció "Se declara el estado de emergencia sobre la prestación del servicio eléctrico nacional y sus instalaciones y bienes asociados por un lapso de 60 días prorrogables". Dicho decreto penaliza la actitud de consumidores “derrochadores”, entendido esto como consumidores residenciales o comerciales que consuman mas de 500Kv al mes, quienes al hacerlo pagaran una multa entre 75 y 100% del total de la factura por incrementos del consumo superiores al 10%, y de 200% si incremente el consumo entre un 10 y un 20%.

Los usuarios que por el contrario, presenten un descenso de al menos 10% en su consumo, recibirán descuentos en su factura entre 25 y 50%.

Para el sector Comercio, las medidas son bastante más punitivas:


Adicionalmente el decreto de emergencia permite al Ministerio de Energía Eléctrica realizar contrataciones con proveedores tanto nacionales como internacionales para suministro de energía, sin abrir el respectivo proceso de licitaciones que establecen las leyes venezolanas.

Es un hecho que la penalización y premiación de los hábitos de consumos de usuarios fue la mejor solución que encontró el ejecutivo al déficit de generación de energía eléctrica. Consideramos que es insuficiente.

De igual forma, la penalización por sí misma no es una medida acertada para abordar la crisis, que es de características sistémicas. Se deben también realizar inversiones en los sistemas de distribución de gas doméstico. No es lo mismo penalizar a los consumidores que tienen acceso a gas directo para cocinar y calentar el agua (dos de los artefactos que gastan más energía), que aquellos consumidores que dependen de un errático suministro de bombonas, quienes en muchos casos invirtieron en calentadores y cocinas eléctricas precisamente ante la irregularidad y deficiencia del servicio de gas doméstico.

El Gobierno Nacional debe asimismo, ante todo, comulgar con el ejemplo del uso racional de la energía. Ya es célebre el juego de softball organizado por el Presidente Chávez en Fuerte Tiuna, con un derroche de luz eléctrica destinada a la iluminación del estadio cuyos objetivos prácticos (que no político – propagandísticos) no están claros. Si bien presuntamente se usaron generadores eléctricos, como lo afirmaron algunos personajes del PSUV en Twitter en el momento del evento, de igual manera no pareciera ser conveniente un mensaje tipo “se vale todo para manipular la Opinión Pública” cuando se debería enfatizar en la conciencia ciudadana en el ahorro energético, háyase generado como sea. Sin mencionar que esos generadores eléctricos son bastante contaminantes.

Flujo generador de Guri actual. Foto: @Naldoxx
Si era necesario e indispensable este juego de softball, ¿por qué no organizarlo de día y aprovechar la luz solar? Medida que podría ser replicada por las diversas ligas deportivas del país, que deberían, en lo posible (sobre todo los fines de semana), programar los partidos de día, eliminando la necesidad del gasto en iluminación.

En todo caso, es necesario que todos, sin distinciones de ningún tipo, entendamos que estamos en un callejón literalmente oscuro. Que ya es tarde para echarle la culpa al Gobierno “aunque la tenga”, pues el problema ya existe y lo que debemos es buscar soluciones, que concienticemos que en la medida que crece la población se consume más agua y por lo tanto más luz, y que es imperioso que cada de uno de nosotr@s ponga su granito de arena siendo garantes de un adecuado uso de estos servicios.

De no hacerlo, corremos el riesgo no sólo de vivir en la oscuridad, dependientes de un horario inflexible de racionamiento, y de perder gran parte de la calidad de vida a la que estamos acostumbrados, sino de ser cómplices de la destrucción del planeta. El calentamiento global es problema de todos. Nuestra época nos convoca a ser multiplicadores de conciencia al tratar al ambiente, a enseñarle a los gobernantes y, más a aún, a nuestros hijos que somos capaces de construir un mundo mejor.

En la capital del país hace pocos días vivimos los sinsabores que trae consigo el racionamiento, eso sin contar que muchas ciudades del interior ya llevan meses en esta perenne agonía. Por eso, desde esta tribuna, no nos queda más que apelar a la conciencia y la austeridad de los individuos; empecemos con acciones tan básicas como aprovechar al máximo la luz natural, cambiar los bombillos incandescentes por las de ahorro de energía, abrir el refrigerador sólo cuando sea necesario, desenchufar todos los equipos electrónicos que no se usen regularmente, lavar a carga completa y con agua fría, así como usar la lavadora y la plancha en las mañanas.

Preocupa mucho que los amagues de racionamiento que ha hecho el Gobierno sean recibidos de manera tan irracional por los ciudadanos. Podemos reclamar la mala aplicación de las medidas, la premura en su implementación o la mala planificación de las mismas. Podemos provocar rectificaciones gubernamentales y destituciones de Ministros, pero la regulación es necesaria. Y más allá de ello, como ciudadanos responsables debemos realizar ahorros voluntarios planificados con nuestra familia.

Pero también preocupa ver por momentos que el propio gobierno nacional no se cree su propio decreto de emergencia, puesto que, además de ser insuficientes las medidas, también se rechaza la posibilidad de ayuda de otros países, como ocurrió de principio con la propuesta de Colombia en ese sentido, dejando prevalecer las divergencias políticas internacionales en momentos de crisis para toda la nación.

¿Se imaginan una Caracas en plena colapso energético? ¿Sin luz por días, semanas, quizás por meses? ¿Caótico verdad? No debemos esperar a que llegue ese día. Ahorremos luz y exijamos un Plan de racionamiento serio.

febrero 02, 2010

De nuevo RCTV

La cosa parece telenovelesca. Una historia de esas tradicionales en las que el malo es un malo-malote-malísimo, y el bueno es un bueno-pendejo-bobísimo. Lejos de señalar víctima o victimarios, nosotros para empezar creemos que nada justifica el cierre de un medio de comunicación, menos aún el evidente ensañamiento del Gobierno Nacional y el Presidente Hugo Chávez contra RCTV.

A pesar de que también han sido suspendidos American Network, Ritmo Son (ambos del grupo mexicano Televisa) TV Chile, Momentum (mexicano) y America TV (peruano), es evidente que, por razones de política interna, la medida ha estado dirigida principalmente a RCTV-Internacional, cuya concesión para transmitir en señal abierta, como se sabe, no fue renovada en mayo de 2007.

Asimismo, tampoco se ha tomado en cuenta el principio de la no retroactividad de la ley, pues se evaluó el desempeño de estos canales durante los últimos cuatro (4) meses antes de su salida de las transimisiones por suscripción. Lo lógico, y justo, es que luego de la aprobación de la norma técnica de CONATEL, se le diera a estos canales un período de tiempo para su adaptación antes de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones. Es decir, la evaluación de su programación debió hacerse durante los cuatro (4) meses posteriores a la aprobación de la norma técnica

Quien sabe un poquito del negocio de la publicidad entiende que aplicar la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (RSRT) a un canal por suscripción es igual a ponerlo al borde de la quiebra. La cosa no es sólo de himnos y cadenas, como se quiere hacer ver, pues en esos casos, la dinámica publicitaria no es la misma que la de un canal de señal abierta. Y resulta más grave la situación al leer la Norma Técnica Sobre los Servicios de Producción Nacional Audiovisual, de fecha 22 de diciembre de 2009, que fue la que originó esta crisis.

Es sencillo: la publicidad en señal abierta es más cara porque tiene más audiencia. En cambio, dado que las audiencias de televisión por suscripción son más pequeñas, la publicidad en canales por suscripción es menor y, por tanto, el espacio es más barato. De esta forma, para compensar el modelo de negocio hay que buscar un mayor número de anunciantes.

El artículo 6 de la Norma Técnica plantea una serie de regulaciones sobre difusión de publicidad y propaganda e impone una serie de restricciones que ahogarían a un canal de televisión cuyo mercado publicitario sea tan reducido. Más aún si sus contenidos programáticos son de naturaleza local.

Adicionalmente, un anunciante internacional no va a invertir dinero en un canal que podría ser encadenado constantemente por varias horas, y que además debe ceder espacios para mensajes institucionales del Estado. Hemos visto que últimamente el Presidente Chávez ha transmitido cadenas casi diariamente, situación que podría agudizarse en un año electoral, sin olvidar que constituye un abuso de los mecanismos de difusión de información pública.

Como reseñó un interesante artículo de la BBC, según los parámetros internacionales, la frecuencia con que el Gobierno Nacional “encadena” las televisoras es anormal.

Un gobierno que valorara la paz a través del consenso, se plantearía esta cuestión y crearía alguna ley especial para el caso, previa consulta con las partes interesadas. Por el contrario, un gobierno que busca la confrontación y la polarización, emite normativas inconsultas e ilógicas, otorgando, además, el mínimo margen de maniobra para que los afectados reaccionen a ello. No hay que hurgar mucho para saber cuál es el estilo de nuestro gobierno actual.

También cabría preguntarnos qué tipos de gobiernos son los que buscan presionar las voces críticas hasta ahogarlas, en lugar de “contrarrestar” esas voces con base en el debate y la discusión. Sólo un gobierno autoritario con fines egoístas –por decir lo menos –es capaz de presionar el cierre de medios de información para llevar adelante un proyecto excluyente de país.

Ya hemos realizado duras críticas a nuestra fauna mediática desde este mismo espacio y no seremos nosotros quienes defendamos a ultranza a RCTV. Pero ¿qué pasa con la gente a la que sí les gusta ese canal y que debería tener la opción de verlo? ¿Dónde queda el respeto a su criterio? ¿Dónde quedan los derechos a la libertad de expresión, la información y la comunicación libre y plural consagrados en los artículo 57 y 58 de la Constitución Nacional? Lamentablemente estamos en un punto en que para ser respetado por este Estado que confunde sus acciones con las del Gobierno y las del Partido de Gobierno, parece que sólo se puede ser complaciente y poco crítico, o simplemente ser “de su bando”.

Justificar la legalidad de la medida contra los “Productores Nacionales” que funcionan en servicios de suscripción, es caer en sutilezas que probablemente ya no es conveniente aceptar. Por no hablar de la gente que defiende la medida argumentando que RCTV se debe “poner a derecho” para volver a trasmitir libremente por cable. Para que RCTV se adapte a las exigencias de CONATEL solo tenía una opción: Cambiar su programación de un día para otro –cosa súper difícil –, y declararse en quiebra luego de ver cómo se van los anunciantes, haciendo milagros para maniobrar y darle espacio a los pocos que le queden para anunciarse en solo “diecisiete minutos por cada sesenta de programación”. Cabría aquí mencionar que la Norma Técnica en cuestión, posee su propio articulado sobre publicidad, muchísimo más restrictivo que el articulado de la Ley RSRT. A todas luces, se trata de una medida malintencionada.

RCTV usó otra opción: rebelarse. Actitud cuestionable pero válida ante el abismo en que se encontraba. Reiteramos, esta situación no se restringe solamente al Himno Nacional y las cadenas. La Ley RSRT no es una ley para canales por suscripción. El modelo de negocios de un canal por suscripción es distinto al de un canal de señal abierta. Por lo tanto, aún siendo "productor nacional", la ley debería ser distinta, o considerar opciones especiales para estos casos. Sin embargo, creemos que eso poco le preocupa al gobierno.

La Norma Técnica Sobre los Servicios de Producción Nacional Audiovisual que CONATEL diseñó fue concebida por y para RCTV, eso no necesita tampoco mucho análisis. Lo que agrava aún más el asunto, porque un Estado no puede ser discrecional al momento de crear leyes y normas, ni supeditar sus funciones legislativas al interés puramente político. Se podría decir incluso que el único que ha convertido a RCTV en mártir, ha sido el propio Gobierno Nacional con su ensañamiento patológico.

Las protestas y manifestaciones que ha desencadenado la segunda salida del aire de RCTV, nos hacen recordar sutilmente las manifestaciones de los convulsionados días previos a abril de 2002. También recordamos que fue el propio Presidente de la República el que reconoció ante la Asamblea Nacional haber provocado aquella crisis.

Admitir como “justo” el nuevo cerco administrativo de RCTV es aceptar, finalmente, que pensar distinto es en sí mismo un delito por el que hay que pagar.

enero 22, 2010

Remake de un Viernes Negro

Llegó diciembre de 2009 y sucedió lo mismo que todos los años. Centros comerciales abarrotados, ferias inventadas, buhoneros por todos lados, ofertas en cualquier medio, todo con la finalidad de que se gastara lo ganado en un año más de una "supuesta" crisis. Algunos aguinaldos llegaron y se fueron igual que muchas de las dietas implementadas en el año. Se repitieron además los típicos comentarios “bonchones”: “¡Qué crisis va a ver, salgan a las calles para que vean las miles de compras!”, “¡Se han superado los récords de ventas hasta en el papel higiénico!” “¡Qué comunismo!, ¿no han ido al Sambil?”.

Sin embargo, el sábado 09 de enero de 2010 se convirtió en un nuevo diciembre, lo que algunos voceros de la oposición denominaron (de forma no particularmente “brillante”) el “Viernes Rojo”. Desde la madrugada miles de personas se congregaron como si fuesen a sacar el pasaporte o la cédula. ¿Dónde? En las tiendas de electrodomésticos. Muchas santamarías permanecieron cerradas, mientras los dueños de los comercios se preparaban ansiosamente por remarcar los precios de sus inventarios, en previsión por lo que venía. Aumentos de precios con el frenesí del momento, convertidos en orgasmos económicos.

La razón de todo esto fueron las medidas informadas por el Presidente Hugo Chávez desde el Palacio de Miraflores. De una manera anormalmente calmada y relajada -considerando la magnitud del anuncio- informó de cambios en el valor del Bolívar frente al Dólar. En esta ocasión, el Gobierno Nacional no consideró que la devaluación del Bolívar Fuerte ameritaba un anuncio en cadena nacional, tal como se han informado decenas o centenares de acciones o medidas con un impacto político, económico y social infinitamente menor. Aún así, más de uno estaba frente al televisor pensando en cómo hacer (o deshacer) las maletas. ¿Bajo perfil pre-electoral? (Veremos si se mantiene durante la campaña).

Durante su intervención, el Presidente Hugo Chávez informó que se establecería un tipo de cambio dual: el dólar “preferencial” (al cual decidimos llamar así por el parecido con su primo lejano de RECADI) pasó de 2,15 Bs. a cotizarse en 2,60, una devaluación de aproximadamente 20%, y que será utilizado para la importación y las operaciones cambiarias en los sectores de alimentación, salud, ciencia y tecnología, maquinaria y equipos, el envío de remesas a familiares y estudiantes venezolanos en el exterior, los Consulados y Embajadas acreditadas en el país, así como los jubilados y pensionados. El otro dólar, denominado por el Gobierno Nacional el “dólar petrolero”, tendrá un valor de 4,30 Bs. (100% de devaluación) y será utilizado para todos los demás sectores de la economía, incluyendo el automotriz, el comercio y las telecomunicaciones.
Son inevitables las comparaciones con el “Viernes Negro” de la denominada “IV República”, durante el Gobierno de Luís Herrera Campins, considerado históricamente como el punto de inflexión para el inicio de la crisis terminal del Puntofijismo. Tal como han destacado algunos partidarios del Presidente Chávez, no deja de resultar sorprendente que el Gobierno Nacional decidiera devaluar a 4.30 Bs. por dólar justamente un viernes. ¿Por qué no un martes o un jueves? ¿Por qué no a 4.20 o 4.55? Pareciera una involuntaria ironía, fruto de la crisis sistémica que parece estar afectando el desempeño del Estado a todos los niveles.

En primer lugar, nos llama la atención la reticencia de los funcionarios y simpatizantes del Gobierno Nacional hablar de “devaluación”, optando por eufemismos como “corrección monetaria” o “ajustes”. Incluso, se ha llegado al extremo de referirse a una presunta “revaluación” del Bolívar, sin vacilar ante tamaña aberración.

¿Se puede hablar de devaluación de la moneda? Por supuesto: hubo una devaluación del 100% del Bolívar frente a la divisa con la cual se adquieren la mayoría de los productos que consumimos los venezolanos, puesto que lejos estamos de superar nuestra crónica dependencia de las importaciones. Incluso en el caso de los sectores como salud y alimentación, estamos frente a una devaluación del 20%. Negarlo o relativizarlo es como si un profesor hubiese revisado el examen para reducirle la nota a un alumno de veinte a diez puntos, pero le diga: “¡Igual pasaste!”.

Sin embargo, la sabiduría popular no se equivoca, y se podrá reconocer la devaluación cuando se tenga que llevar la comida a la mesa, pagar los servicios públicos (racionados o no), o comprar los útiles escolares y cueste cada vez más estirar la platica hasta la próxima quincena. Hacemos votos porque el Gobierno Nacional recupere la mística de sus inicios y decida hablarle a la gente con claridad y respeto.

Parece que el Gobierno Nacional pretendiera explotar hábilmente la mítica “corta memoria” de los venezolanos, hablándonos de un “reajuste” especial, cuando realmente todo vuelve como un deja vu. El Bolívar se ha devaluado frente al dólar aproximadamente 880% en los diez años del Gobierno del Presidente Hugo Chávez.

A ya dos años del establecimiento del “Bolívar Fuerte”, medida que en sí misma acarreó un fuerte gasto, queda cuestionarse qué tan fuerte era el Bolívar para debilitarse así en 740 días. Las propias cifras del Banco Central de Venezuela (BCV) nos muestran el comportamiento del Bolívar frente al dólar desde 1978: VARIACIONES EN EL VALOR DEL BOLÍVAR FRENTE AL DÓLAR (1978 – 2008) Fuente: BCV


AÑO

PRESIDENTE ELECTO

DÓLAR / BS.

SUCESOS

1978

Luís Herrera Campins

4.30


1979

Luís Herrera Campins

4.30


1980

Luís Herrera Campins

4.30


1981

Luís Herrera Campins

4.30


1982

Luís Herrera Campins

4.30


1983

Jaime Lusinchi

14.50

Viernes Negro / RECADI.

1984

Jaime Lusinchi

14.50


1985

Jaime Lusinchi

13.76


1986

Jaime Lusinchi

19.87


1987

Jaime Lusinchi

27.88


1988

Carlos Andrés Pérez

33.64


1989

Carlos Andrés Pérez

38.96

Fin de RECADI.

1990

Carlos Andrés Pérez

47.17


1991

Carlos Andrés Pérez

56.93


1992

Carlos Andrés Pérez

68.41


1993

Rafael Caldera

91.16

Destitución de CAP.

1994

Rafael Caldera

148.79

Crisis Bancaria.

1995

Rafael Caldera

176.84

Crisis Bancaria.

1996

Rafael Caldera

417.33


1997

Rafael Caldera

488.59


1998

Hugo Chávez Frías

547.55


1999

Hugo Chávez Frías

605.7


2000

Hugo Chávez Frías

679.93


2001

Hugo Chávez Frías

723.67


2002

Hugo Chávez Frías

1,160.95


2003

Hugo Chávez Frías

1,608.63

CADIVI

2004

Hugo Chávez Frías

1,885.49


2005

Hugo Chávez Frías

2,109.84


2006

Hugo Chávez Frías

2,150.00


2007

Hugo Chávez Frías

2,150.00


2008

Hugo Chávez Frías

2.15

Reconversión monetaria (Introducción del Bolívar Fuerte).

2009

Hugo Chávez Frías

2.15


2010

Hugo Chávez Frías

2.60 /

4.30

Devaluación del 08/01/10


Entonces, la devaluación nos habla realmente de una problemática estructural de nuestra economía, la dependencia del petróleo y la carencia de producción local, que nos lleva a depender exageradamente de las importaciones. Aparentemente, en estos diez años hemos avanzado muy poco en solventar esa debilidad y diversificarnos ¿Hasta cuándo viviremos de las rentas de una fuente de energía no renovable y crecientemente criticada en el mundo por sus efectos sobre el medio ambiente?

Mientras tanto, el Gobierno Nacional culpa de la vorágine de encarecimiento a los especuladores. Evidentemente, el INDEPABIS debe estar atento, pues no puede ser que productos adquiridos con el dólar a 2,150 Bs. se incrementen más del doble de la noche a la mañana. Pero ¿hasta cuándo podrá represarse la espiral inflacionaria?

Es imposible devaluar sin enfrentar un incremento de la inflación. Es la dura realidad. Sin embargo, se percibe que se pretende explotar la devaluación para avanzar en la estatización de la economía, como parece estar ocurriendo con la expropiación de la cadena de automercados ÉXITO, que dicho sea de paso, pareciera sugir como reacción a la incapacidad del Gobierno Nacional de concretar sus propias iniciativas, prefiriendo usurpar las infraestructuras y empresas construidas por otros actores. Ya sucedió en el caso de las cementeras de CEMEX y Holcim. Si el Gobierno Nacional decidiera desarrollar la red de la COMERSO para poner el ejemplo, otro gallo cantaría, pero pareciéramos estar frente a un caso de facilismo y viveza criolla disfrazada de “socialismo” y justicia social. Como en otros casos, será el pueblo quien juzgue.

Pero volviendo al tema de la “revaluación” (en negativo), no deja de sorprendernos que muchos de los “voceros” de oposición que clamaban por una devaluación “necesaria” e “impostergable”, ahora reaccionen de la manera más agresiva y descontrolada. El pueblo espera propuestas y soluciones concretas a sus problemas, alternativas válidas. Líderes creíbles. No necesita la crítica estéril - criticar por criticar- que a veces puede rayar en el absurdo, el ridículo y la histeria más pueril.

En vez de abocarse a explicar a los sectores populares los efectos de la devaluación, y a convocar un diálogo nacional para enfrentar la innegable crisis que afecta a Venezuela, tenemos que algunos políticos, como Julio Borges, realizan pronunciamientos francamente tontos, como decir que ahora el Gobierno tendrá mayores recursos financieros para continuar la “regaladera” a otros países y la 'compradera' de armamento. Tal como han señalado algunos comentaristas, alguien debería decirle al líder de Primero Justicia que la asistencia de Venezuela a otras naciones y la adquisición de insumos militares se realizan en dólares, los cuales ciertamente no se ven afectados por la devaluación. Indudablemente, es necesaria otra forma de hacer oposición.

Tras un pequeño ejercicio de memoria, podemos recordar que el 24 de septiembre de 2008, el Presidente Hugo Chávez Frías afirmó que Venezuela estaba “blindada” ante la crisis económica internacional, por lo cual no estaba preocupado por su país sino por las demás naciones. Ahora, el 03 de enero de 2009, el Presidente Hugo Chávez Frías reiteró que la Revolución Bolivariana había salvado a Venezuela de los efectos de la crisis económica internacional…

Ahora nos piden paciencia. ¿Seguiremos esperando?

enero 08, 2010

Cárceles 2000–2009 ¿Una década perdida?

En esta oportunidad les presentamos este artículo escrito por el abogado Carlos Nieto Palma, activista por los DDHH de las personas privadas de libertad y merecedor de la Orden Luis María Olaso S.J. a la defensa y promoción de los DDHH otorgada por el Cabildo Metropolitano. Carlos Nieto nos trae su balance sobre el sistema penitenciario venezolano tras cumplirse una década bajo el mando del presidente Hugo Chávez Frías.
Les invitamos a leer y discutir, y a enviar sus propios textos a promedio.ecs@gmail.com

Cuando a finales de marzo de 1999 fui invitado por el entonces recién juramentado Presidente de la República Hugo Chávez Frías, a una visita que realizaría al Centro Penitenciario Metropolitano “Yare I” donde había estado durante un tiempo recluido, para reafirmar su compromiso con la transformación penitenciaria, pensé que estaba comenzando a cumplir el sueño de muchos años de llevar dignidad y respeto a los derechos humanos en nuestros recintos carcelarios.

Inmediatamente vino la Asamblea Nacional Constituyente y el más reconocido penitenciarista venezolano y mi maestro, Elio Gómez Grillo, fue electo como miembro y Presidente de la Comisión de Administración de Justicia, impulsando desde allí la inclusión en la Constitución de la República el articulo 272, que le daba forma y vida al nuevo penitenciarismo del país, lo que aunado a la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal en julio del mismo año daba una nueva dimensión al sistema de justicia penal ya que se creaba la novísima figura de los Jueces de Ejecución Penal, los cuales tienen como función principal la vigilancia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela. El sueño comenzaba.

Conocer el contenido del artículo 272 de nuestra Carta Magna es fundamental para comprender la magnitud del problema o la ineficiencia para solucionarlo. Allí se establecen 10 puntos esenciales: a) Sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna; b) Respeto a los derechos humanos; c) Espacios para el trabajo, el deporte y la recreación; d) Dirigidas por autoridades profesionales con credenciales académicas suficientes; e) Administración descentralizada a cargo de los gobiernos estadales o municipales; f) Pueden ser sometidas a modalidades de privatización; g) Se preferirá el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias; h) En general se aplicaran las formulas de cumplimiento de pena con preferencia a las penas de naturaleza reclusoria; i) Se crearan las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria; y j) Creación de un ente autónomo de carácter técnico para regir las políticas penitenciarias del Estado.

Han transcurrido diez años de haber imaginado la transformación penitenciaria en Venezuela, de soñar con una vida digna a los hombres y mujeres privados de su libertad que maestros como Gómez Grillo, el padre Olaso y otros me enseñaron: lograr la reeducación de los que están encarcelados y reinsertarlos de nuevo en la sociedad. Debo confesar que han sido 10 años perdidos luchando frente a un Estado que a través de sus instituciones, llámense Ministerio de Interiores y Justicia, Poder Judicial, Ministerio Publico o Defensoría del Pueblo han demostrado una alta incapacidad, impericia y negligencia en hacer su trabajo. Que a pesar de los miles de proyectos, “Planes de Humanización” y promesas (¿O mentiras?), nos han ofrecido las cárceles por años imaginadas. Hoy vemos con dolor como se han burlado de todos los que alguna vez pensamos que el inicio del nuevo milenio seria el regreso de la dignidad a nuestros recintos penitenciarios.

El balance de la década: 34 recintos carcelarios, solo 2 nuevos de los mas de 15 ofrecidos, aproximadamente 30 mil reclusos, unos 14 mil mas que en 1999; 3.664 muertos víctimas de la violencia intra - carcelaria entre el 2000 – 2008 y 11.401 heridas según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones. Falta el 2009 por sumar, infinidades de huelgas, retenciones de familiares e infinidad de conflictos que convierten a las cárceles venezolanas en las peores y mas violentas del continente Americano y del mundo, sumando una figura que creíamos execrada en nuestro país: los “presos políticos”, cada día en aumento.

Sin embargo la lucha sigue, el sueño no se ha terminado, sé que algún día veremos la verdadera transformación del sistema penitenciario, que no hemos arado en la arena y que la dignidad, la justicia y el verdadero respeto a los derechos humanos serán el norte de nuestras cárceles, cada día lo veo mas cerca y espero que con el apoyo y la ayuda de todos juntos gritemos ¡Triunfamos!

Carlos Albreto Nieto Palma
Abogado. Activista por los DDHH de las personas privadas de libertad
ventanaalalibertad@gmail.com
Twitter: @cnietopalma

diciembre 24, 2009

Corrupción y anticorrupción en Venezuela (II)

“Cuando el dinero y el poder se encuentran muy cerca, el dinero se convierte en un medio para adquirir poder; y el poder se convierte en un medio para adquirir dinero”.
Fernando Mires (“Los 10 Peligros de la Democracia en América Latina”)
A propósito de las recientes intervenciones de bancos, aseguradoras y casas de bolsa, efectuadas por el gobierno nacional en reacción a manejos irregulares por parte de directivos de estas instituciones financieras -principalmente el origen dudoso de los fondos para la constitución y adquisición de entes bancarios y el mal uso de las influencias políticas de algunos de los involucrados- ProMedio quisiera rescatar un texto del 31 de julio de 2007, donde abordábamos el tema de la corrupción en Venezuela.

En aquella oportunidad, intentábamos evaluar el desempeño del Gobierno del Presidente Chávez en cuanto a la corrupción, no porque hubiese sido erradicada, lo cual es imposible en Venezuela y cualquier otro país del mundo, sino particularmente porque se estaban discutiendo los diversos enfoques para abordarla desde el punto de vista normativo y ético.

La lucha contra la corrupción ha sido siempre una de las banderas del proyecto político del Presidente Chávez, cuyo surgimiento como líder nacional se da en un contexto donde una causa importante del desgaste de los partidos políticos tradicionales y del sistema puntofijista se ubicaba precisamente en la creciente corrupción de sus prácticas y actores, expresada en la evidente incapacidad del aparato estatal para garantizar el bienestar mínimo necesario y mantener el pacto social con la población.

Adicionalmente, el modelo histórico de Estado rentista existente en Venezuela, el cual lamentablemente se ha reforzado en los últimos años, es particularmente susceptible de sufrir embates agudos de corrupción. Tanto durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) como en el gobierno del presidente Chávez (principalmente de 2004 a 2007), los períodos de altos precios del crudo generan en Venezuela -y en todos los Petroestados- crisis de corrupción y severas distorsiones económicas, consecuencias de la incapacidad institucional del sistema para manejar, adecuada y transparentemente, el profuso ingreso de recursos financieros.

En este sentido, siempre nos ha parecido que el tema de la corrupción es uno de los puntos donde los ciudadanos venezolanos de todas las tendencias políticas pueden encontrar un terreno fértil para dialogar y establecer mecanismos de cooperación. Es un asunto de interés común y de máxima importancia, sobre el que pueden generarse espacios para el entendimiento y la colaboración a lo largo de todo el espectro político y social.

De allí se desprende que también es importante no “politizarlo”, no porque no sea un tema eminentemente político, en cuanto atañe al colectivo y los basamentos institucionales del país, sino en lo relativo a no convertirlo en un asunto que deba ser abordado principalmente con la única pretensión de encontrar la manera de restarle popularidad al rival en un ambiente pre-electoral.

En relación con las recientes intervenciones de entes financieros por parte del gobierno nacional, no nos interesa discutir aquí los intríngulis de los diversos casos, cuyos detalles no manejamos a cabalidad, en parte porque evidentemente suponen aspectos técnicos complicados. Pero sí nos interesa realizar ciertas aseveraciones puntuales de carácter general sobre el manejo político que se le ha dado a la situación.

Algunos sectores de la oposición han sido reacios a reconocer que el gobierno del presidente Chávez aunque tal vez de forma tardía, ha tomado medidas justas, necesarias, y sobre todo precisas en señalar culpables, indiferentemente de su cercanía con el poder público, además de actuar concertadamente con la banca privada, lo que ha permitido evitar daños mayores y brindar mejor atención a los ciudadanos afectados.

La falta de cooperación y coordinación del gobierno nacional con otros actores políticos, sociales y económicos se ha venido constituyendo como una de las críticas recurrentes de los sectores que lo adversan. En este punto, debería haber algún tipo de reconocimiento por parte de la oposición con respecto a que no puede mantenerse constantemente una actitud descalificadora aun cuando el Ejecutivo esté actuando de forma distinta, aunque sea coyunturalmente.

Adicionalmente, si la oposición tiene pruebas sólidas sobre los casos, deben entregarlas institucionalmente y hacer las denuncias de una forma concertada y ordenada; no limitarse a enfatizar la corrupción de los empresarios afines al gobierno, cuando deben tomar en cuenta no sólo que es posible que estas malas prácticas sobrepasen a este grupo empresarial, sino que además la experiencia durante los gobiernos previos no fue la mejor, como bien lo deben saber algunos personajes del escenario político actual que, en ciertos casos, llegaron a formar parte de la estructura gobernante durante los escándalos financieros anteriores.

Aquí lanzamos una propuesta, sin ánimos de pelea aunque sí de polémica: ¿en vez de limitarse a criticar, por qué los actores de la oposición no se abocan a colaborar con las investigaciones y a ofrecer algún tipo de apoyo a aquellos ciudadanos que se vieron afectados? Una alternativa en este sentido sería evaluar la posibilidad de ofrecer algún tipo de asistencia concreta a familias que se hayan visto afectadas por el colapso e intervención de los bancos, que en algunos casos lo han perdido todo.

Esta asistencia puede ir desde la asesoría jurídica e informativa (a través de voluntarios) para ayudar a los ciudadanos a realizar sus reclamos correctamente, y de esta forma disminuir los lapsos para la recuperación del dinero, hasta la constitución de un fondo de donaciones para otorgar préstamos puntuales a quienes se hayan visto afectados de una forma más severa. Estos préstamos luego podrían ser devueltos a través de trabajo voluntario o donaciones para causas comunitarias, permitiendo la articulación de redes de solidaridad.

En cuanto al gobierno nacional y al presidente Chávez, el hecho de que su reacción haya tenido una acogida favorable en la población y haya evitado que el colapso de los bancos llegara a mayores, no debe impedirle reconocer que fue tardía, así como la necesidad de evaluar posteriormente, con detenimiento, qué fue lo que sucedió y por qué, en aras de determinar los responsables y llegar a las últimas consecuencias.

Es importante destacar que para la política nacional y la colectividad es necesario que las denuncias realizadas por los medios de comunicación sean investigadas pertinentemente. Aunque el periodismo venezolano sufre de innumerables vicios, vale la pena resaltar que muchos de los hechos y nombres del caso de los bancos habían sido ya mencionados por algunos periodistas como Patricia Poleo, Nelson Bocaranda, Miguel Salazar o J.J. Almenar.

De igual forma, algunos de los implicados en la situación de las intervenciones financieras, como Arné Chacón, habían manifestado públicamente desde hace varios años su participación en los bancos y la dinámica detrás de su participación en los procesos de constitución y modificaciones accionarias de los mismos. Semanarios como “La Razón” los habían entrevistado ya desde 2005, y diarios como “Tal Cual” habían desarrollado detalladamente el tema en sus editoriales de portada.

La labor de los periodistas se limita a eso, a investigar y denunciar. Corresponde al Poder Judicial corroborar estas denuncias sin esperar órdenes del Poder Ejecutivo. Difícilmente pueda hablarse de que la actual situación de irregularidades financiera pueda ser algo nuevo o desconocido si se ha ventilado tan abiertamente. Tanto los medios de comunicación como el Estado deben colaborar para lograr que se cumpla efectivamente la función contralora de la comunicación social, indispensable para la solidez del entramado institucional.

El gobierno nacional, de forma paralela a la captura de los banqueros y especuladores que sean culpables (siempre con elementos de convicción, pues no se puede desatar una cacería de brujas alocada), debe examinar detenidamente por qué razones instancias como SUDEBAN y la Superintendencia de Seguros, teniendo por función la de monitorear esas operaciones, no advirtieron anteriormente las irregularidades. ¿Hay funcionarios cómplices dentro de estos entes? En ese caso, debe ser establecida su responsabilidad y tomar los correctivos correspondientes. ¿No fue una colaboración directa, pero sí un titubeo por el temor a enfrentarse a poderosos grupos económicos creados al amparo del poder? De ser así, se debe no sólo sancionar a los funcionarios sino realizar una profunda reflexión sobre la forma en que se ejerce el poder, que llega a limitar la capacidad del Estado al momento de enfrentarse a actores afines a ciertas personalidades cercanas al partido de gobierno y al Ejecutivo.

El presidente Chávez debe evaluar concienzudamente la cooperación de la banca y otros actores privados en la resolución de la crisis. ¿No es la colaboración en asuntos puntuales a favor del bienestar colectivo, en temas como la inseguridad, un modelo que deba replicarse? ¿No estamos mejor cuando en vez de enfrentarnos, discutimos y llegamos a acuerdos pragmáticos, de los cuales todos nos beneficiamos sin que ninguno renuncie a sus principios?

Nuestro llamado es a canalizar las cuestiones institucionalmente. La justicia debe dirimirse en las cortes, no en los espacios de transmisión televisiva, porque corremos el riesgo de mediatizar y debilitar los fundamentos democráticos del país.

Es el momento de hacer las cosas seriamente.