Notas sobre la [In]Justicia (o de cómo avalar o rechazar sentencias desde la poltrona del televisor)

“Cuídate de vivir tiempos interesantes”: Este famoso proverbio chino nos viene a la mente cuando tratamos de discutir la reciente condena de treinta años de prisión contra los comisarios y efectivos de la Policía Metropolitana involucrados en los hechos violentos del 11 de abril de 2002. Es una oportunidad propicia para una breve discusión sobre el “interesante” estado de las cosas en esta sociedad polarizada, fracturada y disfuncional.

Decimos involucrados, así, en cursiva, porque no tenemos duda de que la PM estuvo involucrada en los lamentables sucesos del 11 de abril. Al igual que muchísimos otros grupos de choque de ambos sectores en pugna, así como unos cuantos miles de personas de diversa tendencia y posición política.

Sin embargo, el que estos oficiales hayan estado involucrados no quiere decir que sean efectivamente culpables de las muertes que se les imputan. Y es aquí que lamentablemente se pone “interesante” esta reflexión.

Como punto de partida, nos confesamos incapaces de pronunciarnos firmemente sobre la condena emitida en contra de los ex funcionarios policiales. El motivo para esta franca admisión de incapacidad es sencillo: no hicimos un concienzudo seguimiento del accidentado juicio que se le siguió a estos funcionarios por más de cuatro años. Asimismo, no hemos leído detalladamente ni las condenas en sí mismas, ni examinado las pruebas presentadas por cada una de las partes.

De tal forma, que a priori consideramos irresponsable manifestarse a favor o en contra de una sentencia resultante de un juicio del cual no conocemos mayores detalles. Y en este reconocimiento tan sencillo diferimos de un nutrido grupo de personas que se han lanzado prontamente a avalar o rechazar un fallo judicial, sin tener mayores conocimientos sobre los elementos que lo sustentan. Es lo mismo que comentar un libro que no hemos leído, o reseñar una película que no hemos visto, con la nada sutil diferencia de que en este caso se trata de seres humanos, de la vida de hombres y mujeres de carne y hueso: la de las víctimas de los aberrantes sucesos de abril; la de sus familiares; la de los ex funcionarios policiales; la de sus esposas e hijos.

Es por ello que esta breve reflexión no pretende ser judicial en su naturaleza, sino política en la valoración de los hechos y del ambiente político en el cual se desarrollan. Creemos que los sucesos de abril son lo suficientemente graves como para hacer apreciaciones superficiales con base sólo en nuestros propios (pre)juicios políticos; menos aún a partir de lo que hemos leído, visto u oído en los periódicos y medios audiovisuales de nuestra preferencia.

A estas alturas ya parece estar claro, incluso entre los sectores de oposición recalcitrante, que en abril de 2002 tuvo lugar un Golpe de Estado, promovido por algunos sectores militares, empresariales y civiles radicales. Todo indica que el detonante para esta acción inconstitucional, de larga fragua, fue el ataque indiscriminado por parte de un grupo de francotiradores (aún no identificados) en contra de los venezolanos que se encontraban en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, tanto los opositores que marchaban como los partidarios del Presidente Chávez, ambos grupos de ciudadanos, convocados irresponsablemente a Miraflores por parte de sus respectivos líderes políticos. Y fue allí donde los francotiradores desataron la muerte entre los allí presentes, venezolanos todos.

Para nosotros, este es uno de los puntos de mayor confusión. Por los videos, imágenes y recuerdos de ese día, pareciera ser la acción de francotiradores expertos la que causa la mayoría de las bajas entre los presentes. Los mismos documentos desclasificados de la CIA nos confirman que los sucesos estaban planeados con antelación. Sin embargo, una vez iniciada la confusión, es difícil señalar quién agredía y quién se defendía: si tenemos a miles de personas exaltadas reunidas en un sitio, y empiezan a caer muertos, es probable que se comience a disparar de forma indiscriminada.

Todos recordamos las imágenes de un grupo de partidarios del Presidente Chávez disparando desde el Puente Llaguno. Y todos hemos vistos las imágenes de la PM utilizando sus armas en la marcha. Pero de allí a afirmar que los muertos fueron causados por unos u otros hay un largo trecho, sobre todo si tomamos en consideración que las evidencias y la creencia común apuntan hacia la acción de francotiradores, que aparentemente fueron filmados e incluso algunos capturados, pero cuya identidad luego nunca supimos. Cabe destacar que tampoco tuvimos noticia de que fueran juzgados alguna vez.

Ahora, con el mismo razonamiento, admitimos que si bien los oficiales condenados pudieron haber participado activamente en los sucesos del 11 de abril, esto no es lo mismo que decir que son responsables directos de esas muertes y merecedores de la máxima pena. Lo que nos remite al tema de la duda razonable.

El juicio de los ex policías, dada su duración y todos los elementos polémicos que lo rodean, distó mucho de ser un proceso transparente. De hecho, podríamos decir que es parte de una cadena de sucesos, los de abril de 2002, que aún hoy están rodeados de múltiples incógnitas y misterios. Entonces, nuestra duda surge en torno a lo siguiente: ¿Cómo dictar la máxima pena de treinta años, sin ningún tipo de beneficio procesal, aún considerando que los acusados ya han estado cuatro años presos? ¿Hay algún tipo de mensaje aquí? ¿Se trata de una sentencia ejemplar?

Reiteramos: no queremos condenar o absolver con base a informaciones de prensa. Pero es precisamente lo confuso de esos hechos, y la alta carga emocional que los rodea, lo que nos lleva a preguntarnos si no es este “interesante” ambiente de crispación y polarización política el que lleva a una sentencia tan dura y definitiva hacia un hecho rodeado de la mayor opacidad. Es precisamente la duda la que nos lleva a retroceder y cuestionar. Y por otro lado, ¿dónde están los francotiradores? ¿Son los condenados, o estamos satisfaciendo ciegamente un clamor general de justicia?

Todos los sectores políticos deberían estar interesados en que se haga una verdadera justicia. Y más aún, en que la sociedad no cometa la injusticia de condenar no con los hechos sino con las vísceras. Y esto nos lleva directamente a uno de los mayores dramas de Venezuela: la disfuncionalidad de nuestro sistema judicial, acaso uno de los más graves síntomas de la crisis institucional que vive el país en los actuales momentos.

¿Debemos creer en que un fallo judicial en Venezuela es una limpia, irrefutable y “ciega” materialización concreta de la Justicia? ¿Con tanta presión política y social, este fallo no pudo haberse contaminado? ¿Por qué la duda? o, en todo caso, ¿Por qué prescindir de ella?

La destrucción y decadencia de las instituciones comienza cuando segmentos importantes de la población dejan de creer en ellas. Y el juicio de los ex policías se da justamente en un contexto en el cual la oposición política del país percibe que el sistema judicial está siendo utilizado como un arma política por parte del gobierno nacional. Esto es una situación peligrosa, pues sin credibilidad institucional, son oscuros los vaticinios para la estabilidad y gobernabilidad a mediano plazo.

Por ello, se debe demandar mayor transparencia a las instituciones, con un comportamiento que no sea abiertamente parcial (¿Recuerdan los gritos de “Uh, ah, Chávez no se va en el TSJ”?). Así como se debe exigir mayor madurez al pueblo, pues uno de los máximos provechos que, como sociedad, podemos extraer de los últimos diez años de vida política nacional, debe ser el de aprender a dudar de todo y armarse un criterio propio a partir del análisis razonado de los hechos.

Por principio, no nos oponemos a que se investigue la corrupción o se castiguen los desmanes. Pero no deja de generar suspicacia que aunque existan 17 gobernaciones en poder de los partidarios del Presidente Chávez, junto a más del 80 % de las Alcaldías y la casi totalidad de la Asamblea Nacional, prácticamente todas las investigaciones y acciones judiciales estén dirigidas contra políticos opositores y disidentes del chavismo, mientras que algunos personajes confesos, como los miembros del Colectivo La Piedrita, campean a sus anchas.

En este mismo sentido, si bien admitimos ser incapaces de valorar efectivamente la sentencia emitida en contra de los ex PM, sí creemos que no se ha dado con la transparencia que demandan estos “interesantes” tiempo que vivimos. Y las sensaciones encontradas que experimentan los ciudadanos, casi siempre atadas a una postura en pro o en contra del gobierno, puede ser un signo de que se continúan profundizando las divisiones entre los venezolanos. Y una nación dividida no es lo que necesitamos ni a lo que aspiramos.

La justicia es una herramienta política toda vez que en ella reposa la potestad de regular el equilibrio del sistema en el marco de ciertas normas establecidas colectivamente, es decir, la responsabilidad de poner orden en la sociedad (polis) mediante mecanismos, sanciones y límites de contención legal. Pero cuando los criterios de justicia están sometidos a afinidades y parcialidades políticas, o a intenciones arbitrarias, o a intereses personales, esa justicia se resquebraja; deja de ser justicia para convertirse en otra cosa, a veces en injusticia, por decir lo menos...